Pese a que el 29 de marzo el presidente López Obrador anunció que propondrá una iniciativa para que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto de la ciudadanía, pocos saben por dónde viene esa bola. En la Cámara de Diputados ignoran el detalle de tal iniciativa y algunos consideran que tal propuesta es inviable. Sin embargo, fuentes consultadas por este semanario dan cuenta de que hay más de un documento sobre las nuevas reglas del juego electoral que pretende el mandatario, y que uno de ellos se encuentra en la Secretaría de Gobernación, a cargo de su titular.
La orden desde Palacio Nacional fue que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fuera el operador y guardara con candado el borrador de la Reforma Electoral. Mientras tanto, en sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador desgranaba las reglas del juego electoral que busca establecer.
Durante una semana el mandatario adelantó sus intenciones de renovar vía el voto popular la manera con la cual se elige a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), disminuir la cantidad de legisladores y restarle presupuesto al Poder Legislativo. Sin embargo, aún no hay ninguna propuesta sobre la reducción de los recursos para los partidos políticos.
Los planteamientos de López Obrador causaron múltiples reacciones entre actores políticos, coincidiendo, sobre todo, en la inviabilidad de la elección popular de los consejeros y magistrados electorales.
Reacciones
“Honestamente, (la propuesta presidencial) me parece sumamente difícil de entender y operar. La primera pregunta es ¿quién va a organizar la elección?, habría que crear un INE para formar otro INE; parece de risa, pero es preocupante”, dijo la exconsejera electoral María Marván Laborde en entrevista radiofónica.
Aclaró que los consejeros y magistrados no pueden ser puestos de elección popular porque no vienen de una votación ciudadana, y porque se requiere que los puestos los ocupen expertos en materia electoral y en leyes.
En ese mismo sentido se expresó Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de la Comisión Político Electoral, quien, en entrevista con Proceso, consideró que el proyecto del presidente es producto del enojo que tiene con los integrantes del INE.
Para la bancada de MC la clave está en restarle importancia a los dichos del mandatario, pues en la conferencia mañanera “se habla ¡hasta de Chumel! El presidente se mete en todo”.
“El propio presidente (López Obrador) fue electo por un órgano como es el INE. Que él no esté de acuerdo con el árbitro es un asunto normal para todos, pero que haga ese tipo de comentarios ya rebasa toda consideración a la realidad. No hay un documento; y si hay, vendrá de Palacio de Gobierno, que es de donde vienen todos los documentos de Morena”, expuso el legislador por el estado de Jalisco, quien ha estado en las reuniones de su comisión para escuchar –lo que calificó de– soliloquios de los morenistas sobre algo que no existe. Ya discuten un tema sin fundamento, agregó.
Para Rodríguez Carrillo es claro que los ataques del presidente al INE se basan en el descontento de Morena por la manera en la cual el instituto ha promovido la Consulta de Revocación de Mandato, y el supuesto de que las casillas no están en lugares de fácil acceso para la ciudadanía, por la razón de que la mayoría oficialista fue quien redujo el presupuesto del órgano electoral.
“Es algo armado que están llevando al extremo, para justificar todo lo que están diciendo; pero aún así no les alcanza para fundamentar, todo tiene un fundamento, no es que el INE esté actuando contra ellos”, dijo.
Para Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, el proyecto presidencial es “autoritario”. En una entrevista con El Universal, el experimentado político dijo que los planteamientos sobre el INE y el TEPJF están bajo el “diseño de un Maximato”, en referencia al periodo donde el general Plutarco Elías Calles impuso a tres presidentes que lo sucedieron hasta que lo detuvo el general Lázaro Cárdenas.
Operadores
En San Lázaro, los legisladores oficialistas han seguido la línea presidencial de resguardar con secrecía la iniciativa electoral. En las reuniones de la comisión los diputados de Morena y aliados han defendido los pronunciamientos de López Obrador sobre un dictamen que, hasta ahora, esta guardado en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sin embargo, fuentes legislativas aseguran a Proceso que el borrador de la reforma electoral llegó en enero al Congreso de la Unión, pero que este documento no contiene los recientes dichos de López Obrador respecto de la votación popular para renovar a consejeros y magistrados electorales, ni sobre la eliminación total de los legisladores plurinominales.
El primer borrador esta centrado en la austeridad, la reducción de salarios en todos los cargos de elección popular, desde lo municipal a lo federal, y la disminución de distritos: de 300 a 240, y diputaciones plurinominales, así como la homologación del gasto electoral.
Legisladores de todas las bancadas, que fueron consultados por este semanario, coinciden en que toda la reforma se está cocinando en la Segob y no en la Comisión Político Electoral de San Lázaro, creada ex professo para este proyecto. En las propias reuniones extraordinarias de la comisión han reiterado que ni siquiera cuentan con las iniciativas de gran calado, ni con un piso base para comenzar a estudiar y analizar el tema.
Extraoficialmente, este semanario confirmó con legisladores de la oposición que tampoco hay un cabildeo activo que esté en aras de convencer a las bancadas necesarias para lograr los votos suficientes que necesita una reforma constitucional, como la electoral.
Entre los distintos legisladores identificaron que, por lo pronto, hay tres grupos políticos dentro de Morena trabajando en borradores, que contienen, en algunos casos, propuestas de leyes secundarias, pues no todas las modificaciones irían a la Constitución.
Uno de esos grupos lo encabeza Horacio Duarte, actual director general de Aduanas, exrepresentante de Morena ante el INE e importante miembro del llamado Grupo Texcoco, al que también pertenece Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien, a su vez, ha sido el encargado de encabezar la disputa directa de los diputados de la 4T contra el INE y uno de los autores del “decretazo” que modificó el concepto de propaganda oficial (Proceso 2368).
Otro grupo está comandado por José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especializado en delitos electorales; fue secretario de Gobierno de López Obrador durante la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal; también es esposo de Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A este equipo también lo integran legisladores de Morena.
Finalmente, el tercer grupo lo comanda el propio Adán Augusto López, titular de la Segob, quien durante una reunión privada en Guanajuato el 27 de marzo último confirmó lo dicho por los diputados federales, que su oficina es el centro de comando de la Reforma Electoral.
Adelanto
“¿Nos están grabando? Voy a contar, nomás que no lo vayan a decir. Dentro de un mes todos los mexicanos van a saber que se presentó una iniciativa de Reforma Electoral”, dijo el secretario de Gobernación en un acto a puerta cerrada el 27 de marzo pasado en Guanajuato, para promover la Revocación de Mandato.
A dicha reunión, a cuya información tuvo acceso Proceso, asistieron la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y exalcalde leonés (entonces por el PAN), Ricardo Sheffield; las senadoras morenistas Malú Micher y Antares Vázquez Alatorre, así como diputados locales, regidores y el delegado del Bienestar, Mauricio Hernández. En medio de aplausos, Adán Augusto estaba adelantándose al presidente, quien dos días después hizo el mismo anuncio en su conferencia mañanera.
“¿Sabe cómo se va a elegir ahora a los consejeros electorales con esta reforma que vamos a presentar? Va a ser el único país en el mundo, por elección popular inmediata”, expresó el también gobernador de Tabasco con licencia.
El secretario de Gobernación –definido por los propios legisladores de su partido como un funcionario que no se presta a la polémica (Proceso 2369)– aprovechó la secrecía del encuentro para enaltecer al presidente, de quien, dijo, “no lo han doblado con nada”, y para lanzarse contra el INE, como si se tratara de un acto de campaña, siguiendo la narrativa de otros gobernantes y funcionarios cercanos al mandatario.
“Piensan que somos iguales a ellos, que se reparten todos los cargos: ‘Mira, un consejero para ti y otro para mí, ¿tú cuántos tienes, siete? Te sobran dos’. Nosotros somos distintos”, expresó.
Así, López Obrador saldría el 29 de marzo pasado a afirmar que en su reforma se propondría elegir por voto popular a consejeros y magistrados electorales y, al siguiente día, a hablar de las intenciones de recortar plurinominales y reducir el presupuesto al Poder Legislativo.
Los pocos enterados de cómo se está fraguando la redacción de la que podría ser la nueva ley electoral afirman que están enviando líneas a Gobernación de cómo pueden funcionar muchos temas que se mantendrán en legislaciones secundarias.
Desde las oficinas de Morena en la Cámara de Diputados se informó a Proceso que el orden de redacción fue, primero, pedir ideas a los tres equipos, después decidir quién concentraría la información y, finalmente, trabajar sobre lo confirmado por el presidente.
Entre las líneas que se propusieron fue que los tres poderes participaran en la integración del INE y del Tribunal Electoral, pues si se lo dejaban a uno, el tema se iba a politizar, explicaron las fuentes. Esta aseveración también fue confirmada por López Obrador en su conferencia, cuando aseguró que la intención sería que cada poder proponga 20 candidatos, 10 mujeres y 10 hombres, y con 60 candidatos realizar una votación.
El consejero presidente sería, dijo López Obrador, quien obtenga más votos. Ese cargo actualmente lo ocupa Lorenzo Córdova Vianello. Sobre las especificaciones de la terna de los 60 no se ha desarrollado.
Actualmente los requisitos para ser consejero electoral, establecidos por el TEPJF, son tener experiencia en el tema, no haber sido funcionario o miembro de algún partido político los cuatro años previos a la elección. El presidente del Consejo General, según las reglas actuales, lo eligen las dos terceras partes del Congreso de la Unión, durará seis años en el cargo, con opción a una reelección. Y los ocho consejeros estarán nueve años, sin opción de reelección.
Los magistrados actualmente son elegidos por el Senado, a propuesta de la SCJN, con cargos de nueve años.
En espera de la reforma
El 30 de marzo pasado, en la última reunión de la Comisión Político Electoral previa a la Consulta de Revocación de Mandato, la bancada morenista aprovechó para promover el ejercicio electoral del 10 de abril, pero llamó la atención que la presidenta de la comisión, Graciela Sánchez Ortiz, anunciara que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, la invitó a un desayuno con miembros del TEPJF para conversar sobre lineamientos generales de estudio y difusión en materia electoral para contribuir al dictamen.
En la reunión extraordinaria de la comisión, la diputada aseguró que el desayuno fue apenas el primer contacto formal, en nombre del Legislativo, con autoridades electorales.
Proceso pidió a la legisladora los detalles de ese encuentro y confirmó que sucedió en las instalaciones del Palacio Legislativo, con la presencia de tres magistrados, entre los cuales estuvo su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón.
Sánchez Ortiz aseguró que la reunión ya estaba planeada con antelación y fue, sobre todo, académica, para que el tribunal imparta cursos a los legisladores sobre política electoral comparada.
“Aquí en San Lázaro aún no conocemos cómo viene la iniciativa de reforma. El presidente informó que nos la hará llegar después del 10 de abril”, dijo la legisladora, quien dio a conocer que a la comisión que preside han llegado hasta 40 propuestas de diversos partidos para reformar leyes secundarias. Y reiteró que la reforma constitucional que viene tendrá tres ejes: equidad, austeridad y justicia, así como la propuesta de una sola institución electoral.
Respecto de la calendarización para procesar el tema, aseguró que la prioridad legislativa es la Reforma Eléctrica, y después no alcanzará el tiempo, porque el 28 de abril se termina el actual periodo de sesiones.
“En el periodo ordinario no se estaría revisando este tema, a menos que se abra un periodo extraordinario, lo vemos complicado. Si sí llegara la propuesta, tendríamos que estar impulsando el Parlamento Abierto en mayo o junio”, explicó.
Este semanario buscó las posiciones de los consejeros electorales. Sin embargo, su oficina de comunicación social respondió que ninguno daría declaraciones sobre el tema hasta esperar el proceso legislativo.
Córdova aludió indirectamente el tema en una reunión en Tamaulipas: “México cuenta con un sistema electoral robusto, que garantiza la periódica renovación de los poderes públicos en paz y con legalidad”.








