martes 17 de noviembre de 2026

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En el pleito judicial que mantiene contra la empresa Aléatica, Paulo Díez Gargari, asesor jurídico de Infraiber, recibió un revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo fallo resolvió que cualquier persona puede ser acusada de violar la Ley del Mercado de Valores en caso de que difunda información falsa sobre las acciones de una compañía. Además, el Poder Judicial de la Ciudad de México confirmó contra Infraiber una condena por daño moral ocasionado por la publicación y divulgación de “imputaciones ilícitas” contra Aleática y Concesionaria Mexiquense.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló contra el abogado Paulo Díez Gargari en el largo conflicto judicial que mantiene con la empresa Aléatica, antes OHL; mientras que el Poder Judicial de la Ciudad de México también resolvió contra Infraiber, la empresa de la cual es asesor jurídico y que en 2013 perdió un millonario contrato en el cobro del peaje en el Estado de México.

Según el litigante, la difusión de esas sentencias busca “hacer ruido mediático” en vísperas de la audiencia en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputar a los abogados a los que el propio Díez Gargari acusa de extorsión.

La SCJN resolvió que cualquier persona, y no sólo las que intervienen en el mercado bursátil y casas de Bolsa, tales como inversionistas, corredores de bolsa, funcionarios del sector y asesores financieros, puede ser acusada de violar la Ley del Mercado de Valores en caso de que difunda información falsa sobre las acciones de una compañía, o bien sobre la situación financiera, administrativa, económica o jurídica de cualquier emisora que cotice acciones en una casa de Bolsa.

Al negar un amparo al abogado Díez contra la aplicación del artículo 338, fracción primera, de la Ley del Mercado de Valores, la Primera Sala de la Corte también determinó que el artículo impugnado tampoco viola la libertad de expresión, ya que la pena de cinco a 10 años de cárcel que implica esa norma se impone específicamente a quien difunda “información falsa”, y no a quien haga críticas a una empresa que esté listada en una casa de Bolsa.

La sentencia se deriva del amparo en revisión 331/2021, presentado por Díez contra la resolución de un juez de control que se negó a cerrar de manera definitiva la causa penal 397/2019, iniciada en su contra por la FGR, a petición de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la carpeta, el Ministerio Público de la Federación formuló la impu­tación contra Díez bajo la acusación de difundir “información falsa respecto de la situación financiera, económica y jurídica” de las compañías Aleática, SAB de CV (antes OHL México), y su filial Concesionaria Mexiquense, SA de CV, entre 2015 y 2016, afectando su reputación mediante desplegados, comunicados y entrevistas.

Sin embargo, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó auto de no vinculación a proceso el 15 de noviembre de 2019, con el argumento de que la fiscalía “no detalló respecto de cada desplegado, publicación o comunicado cuál era la información falsa de la situación financiera, económica y jurídica” que se le atribuía al abogado Paulo Díez, además de que no se hizo una comparación de la información verdadera con la que se calificaba como falsa.

Pese a la resolución favorable desde entonces, Díez promovió una apelación ante un tribunal unitario y, posteriormente, un juicio de amparo solicitando el desechamiento o sobreseimiento de la causa penal, argumentando que, con el auto de no vinculación a proceso, se regresaba la indagatoria a la etapa de investigación inicial.

Luego de que el amparo le fuera negado en dos ocasiones, promovió un amparo en revisión ante la Corte.

En ese recurso, Díez Gargari argumentó que él ha difundido información diversa de las citadas compañías para denunciar supuestas irregularidades en su operación y la entrega de concesiones en su favor.

Por lo anterior, señaló en su escrito de defensa, la imputación en su contra, por presuntamente violar la Ley del Mercado de Valores, afectó su libertad de expresión para denunciar lo que él califica como actos de corrupción, además de violar los precedentes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta misma materia.

“Contrario a lo expuesto por la parte quejosa, no es que la norma penal sancione la mera expresión de opiniones, ideas o difusión de información; pues lo que buscó el legislador con el tipo penal en examen es que no se difunda determinado tipo de información falsa –a sabiendas de su falsedad– mediante los medios ahí señalados, precisamente por su relación directa con el mercado de valores mexicano.

“En ese sentido, resulta inoperante el planteamiento de inconstitucionalidad de la norma reclamada, pues se encuentra sustentado en una premisa falsa, como es que aquel tipo de información, a que se refiere el tipo penal, se trata de la expresión de críticas, información, ideas u opiniones que se manifiestan mediante la denuncia pública de irregularidades o actos de corrupción relacionados con asuntos de interés público, y que debieran ser salvaguardadas por la libertad de expresión, de manera que no debieran ser restringidas con una sanción penal”, estableció la sentencia de la Primera Sala.

En la sentencia de la Corte no se mandata a la FGR a tomar ninguna acción concreta, por lo que efectivamente el Ministerio Público Federal tiene absoluta libertad para mandar el expediente a la reserva o realizar nuevos actos de investigación que podrían servir para concluir el cierre definitivo de la carpeta de investigación, o para volver a solicitar audiencia inicial contra el imputado, con el fin de intentar una nueva vinculación a proceso del litigante.

Advierte otra impugnación

Requerido, Díez tildó la resolución de la Suprema Corte como vergonzosa y, según él, atentatoria contra la libertad de expresión. Adelantó que impugnará la resolución de las autoridades judiciales mexicanas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no con el propósito de que se declare el sobreseimiento o desechamiento de la causa penal en su contra, sino con el fin de “proteger la libertad de expresión de la actividad periodística en México”.

Consideró que la sentencia definitiva de la Suprema Corte sobre el delito previsto en la Ley del Mercado de Valores ya no tiene ningún efecto práctico en la causa penal en su contra que no ha tenido ninguna variación o cambio sustantivo desde 2019, cuando le fue dictado el auto de no vinculación a proceso.

“Es una denuncia absurda, pero la sentencia de la Corte no tiene efectos prácticos, a excepción de que la investigación se mantiene abierta”, según dijo.

De acuerdo con el expediente, la resolución sobre la constitucionalidad del artículo 338, fracción primera, de la Ley del Mercado de Valores, se emitió desde el pasado 1 de diciembre en una sesión virtual de la Primera Sala de la SCJN, pero fue el pasado 23 de marzo cuando el máximo tribunal hizo público el engrose, es decir, la versión final de la sentencia, luego de hacer varios ajustes al proyecto del caso elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

En favor de la sentencia elaborada por la ministra Piña votaron la ministra Margarita Ríos-Farjat y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá. El único voto en contra fue del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Según el litigante, el ministro González Alcántara Carrancá se sumó al revés judicial porque uno de sus sobrinos está en la acusación formulada por el propio Díez de formar parte de una supuesta “red de extorsión”.

Daño moral

Un segundo frente que ganó Aleática en el largo litigio que mantiene contra la empresa Tecnología Aplicada Infraiber, SA, de la que Paulo Díez Gargari es asesor jurídico, es la confirmación por un tribunal de segunda instancia de la condena por daño moral dictada en su contra por la jueza cuarto de lo civil de proceso escrito de Primera Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de México, Flor de María Hernández Mijangos,

De acuerdo con el fallo, Infraiber y su empleado Vicente Zúñiga López fueron condenados a pagar la reparación del daño moral ocasionado a Aleática y Concesionaria Mexiquense por la publicación y divulgación de “imputaciones ilícitas” contra ambas compañías, mediante desplegados y una página de internet alojada en el sitio www.finalabuso.net.

La sentencia de primera instancia, confirmada el pasado 14 de marzo por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también condena a Infraiber y a Zúñiga López a publicar la sentencia íntegra en los mismos medios en los que aparecieron las acusaciones que ambas compañías consideraron falsas y calumniosas, causando una afectación a su patrimonio moral, por lo que se ordenó a Infraiber el pago de una indemnización a las empresas afectadas y el pago de los gastos generados por el juicio en sus dos etapas.

Sin embargo, el monto de la indemnización no se ha fijado y dependerá de la evaluación del daño causado a Aleática por la máxima difusión que se le haya dado “a las imputaciones ilícitas materia de la contienda”.

Según la sentencia por daño moral, las acusaciones de Infraiber contra Aleática obedecen a un objetivo comercial, además de que no se pudo acreditar la veracidad de al menos 18 señalamientos contra Aleática, antes OHL, entre los que destacan las supuestas causas para la revocación de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense y lo referente al vencimiento anticipado de los créditos para financiar el proyecto.

De acuerdo con el fallo, las imputaciones, además de falsas, fueron efectuadas con la intención de dañar a la compañía, por lo que se habrían excedido los límites constitucionales de la libertad de expresión, destacando que las imputaciones de Infraiber contra las compañías quejosas no cumplieron con los requisitos de veracidad e imparcialidad.

Díez dijo que interpondrá un juicio de amparo para impugnar la resolución de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aunque en la demanda no es uno de los señalados. La condena por daño moral la emitió la jueza de la causa contra Infraiber y su empleado Vicente Zúñiga. En el caso de Paulo Díez, en la resolución judicial es mencionado en siete ocasiones como representante legal de la compañía.

“Soy asesor jurídico de la empresa y no tengo poderes por parte de la empresa para actos comerciales, después de que se presentó la demanda por Aleatica me dieron un poder para cobranzas como a decenas de abogados, pero es falso que las expresiones materia del juicio hayan sido publicadas por mí como representante legal de Infraiber”, dijo.

Aseguró que la demanda por daño moral se presentó cuando agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) intentaron sembrarle un arma de fuego, situación que fue captada por una cámara de video evitando que fuera vinculado a proceso por el delito de portación de armas.

Díez atribuye los reveses judiciales al exconsejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, “para hacer ruido mediático” frente a la audiencia, prevista para el jueves 7, en la cual se considera que la FGR va a imputar a tres litigantes y a un operador financiero, acusados de “una red de tráfico de influencias” al amparo del exfuncionario presidencial.

En una carta publicada el 20 de marzo último (Proceso 2368), Scherer Ibarra aseguró que Díez le ha hecho esas imputaciones luego de ver frustrado un millonario negocio de Infraiber con la supervisión de peaje de todas las carreteras concesionadas en el Estado de México.

“No me sorprende –no podría– que Díez Gargari finalmente acudiera a la fiscalía que controla Alejandro Gertz Manero para presentar una denuncia manipulada en contra mía, de familiares y colegas míos.

“En su insidia, Díez Gargari se ha valido de información falsa y tergiversada con la que (la senadora y exsecretaria de Gobernación, Olga) Sánchez Cordero y Gertz Manero han intentado establecer una falsa red de extorsión y corrupción en la que sólo se reflejan ellos mismos.”