En el municipio de Altamirano un grupo paramilitar vinculado a la familia Pinto Kanter, el PVEM y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda están secuestrando masivamente a quienes se oponen al regreso de ese núcleo político al poder que detentó durante 12 años. Ante ello, el gobierno de Rutilio Escandón ha gestionado la liberación de algunas víctimas y la fiscalía estatal abrió carpetas de investigación, pero no han informado de los resultados.
ALTAMIRANO, Chis.— Secuestradas por un grupo paramilitar, 37 personas del pueblo indígena tojolabal padecen desde hace casi tres meses la privación de su libertad, como resultado de los resabios de un cacicazgo político que durante 12 años mantuvo el control de un pueblo que finalmente se rebeló, en esta región de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En los últimos meses varios secuestros masivos han mantenido en vilo a los habitantes de Altamirano, inmerso en un conflicto político y víctima de grupos de choque y civiles armados que, acusan, están vinculados o al servicio de políticos que intentan perpetuarse como autoridades locales.
En la marcha del domingo 13, organizada por el EZLN en seis cabeceras municipales de Chiapas, la de Altamirano fue singular, pues al contingente de hombres y mujeres rebeldes encapuchados se unieron miles de pobladores no zapatistas de los barrios y colonias, quienes denunciaron la crisis que viven desde el 14 de agosto de 2021.
Armando Pinto Kanter, Amilkar Pinto Kanter, Roberto Pinto Kanter, sus esposas, sus cuñados, algún primo o pariente de ellos, han figurado como presidentes municipales desde los noventa y hasta 2021, cuando fueron expulsados de Altamirano.
Contra eso se levantó el pueblo, dice el comisariado ejidal René Santiz Espinosa, una de las víctimas de un primer secuestro masivo en agosto pasado. Santiz sostiene que no cederán a presiones de grupos de civiles armados que pretenden obligar a renunciar al actual concejo
municipal.
La rebelión contra los caciques del pueblo (la familia Pinto Kanter) ha llevado a esta población a vivir atrincherada. Camiones con cadenas y hombres con radio en mano están en todos los accesos del pueblo como un filtro de control para evitar el ingreso de un grupo armado ligado, dicen, a quienes antes detentaron el poder político municipal en Altamirano.
En la mencionada marcha zapatista del día 13, los pobladores y sus autoridades ejidales hicieron suyas las demandas de los rebeldes. Al terminar la marcha, vecinos de la localidad expusieron en un mitin lo que vivieron más de 12 años y el hecho de que ahora padecen el plagio de integrantes de su movimiento.
El comisariado ejidal de Altamirano, Santiz Espinosa, fue uno de los primeros secuestrados del 14 de agosto de 2021. El suyo y el de otros de sus compañeros ejidatarios desataron la ira del pueblo. Lo liberaron en los primeros días de septiembre.
Ya en libertad y a la cabeza del movimiento social ciudadano, Santiz dice que fueron torturados y los tuvieron varios días sin comer, por eso le preocupa lo que ahora puedan estar sufriendo los 37 indígenas miembros de la resistencia civil Movimiento Ciudadano 14 de Agosto de Altamirano que permanecen cautivos.
El grupo armado que mantiene a los indígenas secuestrados exige 10 millones de pesos para liberarlos y la renuncia del concejo municipal popular.
Familia de caciques
En los comicios del 6 de junio de 2021 Gabriela Roque Tipacamú, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue elegida alcaldesa para relevar a su esposo, el alcalde saliente Roberto Pinto Kanter. Sus adversarios denunciaron que triunfó mediante la compra y coacción del voto en las comunidades rurales indígenas.
Altamirano está a 130 kilómetros de la capital del estado, pasando la región Altos de Chiapas y cerca de la región de la Selva Lacandona, junto a los municipios de Ocosingo, Comitán y Las Margaritas.
Es un municipio de más de 37 mil habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aunque más de 70% de la población es indígena, un puñado de ladinos ha gobernado muchos años.
Además de su cabecera municipal, que concentra a muchos barrios y colonias en sus alrededores, tiene 175 comunidades rurales habitadas por ladinos o mestizos, tseltales, tojolabales y tsotsiles.
La mayoría de las comunidades rurales de Altamirano padece extrema pobreza y marginación, según el más reciente censo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
La población de la cabecera municipal ya estaba inconforme con el resultado de la elección que ganó Gabriela Roque. La gota que derramó el vaso fue que cinco líderes ejidales, entre ellos el comisariado ejidal Santiz Espinosa, fueron secuestrados por un grupo civil armado vinculado con la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI) y llevados a Las Margaritas el 14 de agosto de 2021.
La ASSI es una organización dirigida por Antonio Hernández Cruz, exlíder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y padre del actual alcalde de Las Margaritas, Vladimir Hernández Álvarez, ambos aliados del PVEM y del exalcalde de Altamirano, Roberto Pinto Kanter, refiere Santiz Espinosa.
Recuerda que uno de los golpes más fuertes al cacizcago de los Pinto Kanter en Altamirano fue que el pueblo acordó cerrar las más de 200 cantinas, en las que, afirma, se vendían bebidas alcohólicas y drogas, además de que se fomentaba la prostitución.
Además se desmanteló una red de más de 100 mototaxis –vinculada como grupo de choque a la ASSI– que aterrorizaba a la población con bloqueos, ataques a disidentes y otras acciones violentas.
Tras la privación de la libertad del comisariado y sus compañeros a manos del grupo armado ligado a la ASSI, los pobladores de la cabecera municipal y de otras comunidades realizaron protestas para exigir su libertad.
Los pobladores de Altamirano sacaron a Pinto Kanter de su domicilio, quemaron la casa y a él lo retuvieron varias semanas, hasta que los cinco campesinos plagiados fueron puestos en libertad. A finales de octubre lograron que su esposa solicitara licencia indefinida al cargo y se nombrara un Concejo Municipal para la gobernanza de Altamirano.
Para tomar en cuenta la pluralidad del municipio, se nombró a María García López presidenta concejal, como parte del pueblo tseltal; a Fernando Gabriel Montoya Oseguera, concejal síndico, originario de la cabecera municipal. Además, fueron designados Mayra Teresa Pérez López, Cristóbal Gómez Santis y Óscar Gómez Velasco como concejales regidores de otras regiones, como la tojolabal.
La gente creyó que todo había sido solucionado y habría paz, pero el grupo armado ligado a Pinto Kanter y a la familia del exalcalde de Las Margaritas se reorganizó e instaló retenes ilegales, hizo incursiones armadas al pueblo y cometió secuestros de simpatizantes del Movimiento Ciudadano 14 de Agosto de Altamirano, a fin de exigir la renuncia de los miembros del Concejo Municipal.
El 29 de diciembre del mismo año fueron secuestradas 27 personas. Posteriormente, el 15 de enero, fueron plagiadas 11 más, todas de la comunidad indígena tojolabal de Puerto Rico. La mayoría permanece privada de su libertad en las montañas que rodean a la comunidad de Candelaria, donde tiene su bastión ese grupo armado ligado a la ASSI.
De las 38 víctimas de estos secuestros, sólo un adulto mayor fue liberado tras ponerse grave.
A fin de presionar al gobierno para que desapareciera el Concejo Municipal, el 7 de febrero pasado fueron secuestrados 19 no indígenas, entre mestizos representantes y empleados de empresas privadas ajenas al conflicto. Después de que las cámaras patronales presionaron al gobierno estatal, éste gestionó la liberación de los plagiados: 10 volvieron el 10 de marzo y los otros nueve el 22 del mismo mes.
América Torres y Hortensia Torres, quienes encabezan el movimiento de resistencia civil de Altamirano, piden al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al presidente Andrés Manuel López Obrador “que volteen a ver a este municipio de Chiapas”, bajo la amenaza permanente de un grupo político que se niega a soltar el poder.
Este corresponsal solicitó a la Secretaría General de Gobierno informes sobre su intervención o acerca de la estrategia del gobierno para atender el conflicto. La oficina de prensa únicamente remitió a varios comunicados oficiales pasados en los que señala que la Fiscalía General de Estado abrió carpetas de investigación por diversos incidentes delictivos ocurridos en Altamirano, pero a la fecha no se han dado a conocer los resultados de tales investigaciones.
Uno de esos comunicados dice que la Fiscalía de Justicia Indígena informó de un altercado ocurrido la tarde del 29 de diciembre del año pasado en el ejido San Andrés Puerto Rico, del municipio de Altamirano, “entre personas identificadas como integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicato de Izquierda (ASSI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de Las Margaritas contra miembros del Concejo Municipal de Altamirano, resultando lesionadas seis personas del sexo masculino, cuya identidad se desconoce hasta el momento, quienes ya son trasladadas a la cabecera municipal para su atención médica”.
El gobierno del estado se adjudica acciones de diálogo y la liberación de algunas de las personas secuestradas, particularmente de los empleados de las empresas de alimentos y bebidas, plagiados el 7 de febrero.
Nada dice de los 37 pobladores de Altamirano que siguen retenidos.








