lunes 16 de noviembre de 2026

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Señor director:

Desde hace más de tres años su revista decidió emprender una campaña abierta en contra de Grupo Salinas, sus empresas y el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Su más reciente edición (Proceso 2367) confirma que, lejos de detenerse, en Proceso están decididos a publicar cualquier mentira con tal de afectar nuestra reputación y operación.

Fiel a su estilo, su pseudoperiodista Arturo Rodríguez García –quien en los últimos dos años ha escrito cuando menos cuatro artículos en contra de las empresas de Grupo Salinas y/o el señor Salinas Pliego– presenta nuevamente una pieza que carece de cualquier rigor y ética periodística.

Me refiero al artículo “La Escuela Es Nuestra: fraudes y problemas legales de un programa estelar”, en el que el autor presenta información falaz y parcial, puesto que, otra vez fiel a su estilo, en ningún momento consultó nuestra postura sobre el tema. Es lamentable que su revista –que se jacta de hacer periodismo de investigación– nuevamente haya decidido no cubrir esa premisa básica del ejercicio periodístico.

No obstante lo anterior, podemos ayudarle al señor Rodríguez con su trabajo. En primer lugar, decir que el autor miente abiertamente cuando afirma que Banco Azteca se ha negado a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En segundo lugar, de haber hecho una investigación profunda, el autor habría dado cuenta que la entrega de información y documentación de una cuenta bancaria se encuentra regulada por la propia normatividad bancaria, en específico por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, del cual se desprende que dicha información es confidencial y sólo puede ser entregada al titular de la cuenta o a las personas y autoridades señaladas en dicha disposición legal, entre las que se encuentra la ASF, conforme al procedimiento previsto en la misma.

En ese sentido, en caso de ser requeridos a entregar información con fundamento en dicha disposición, estaríamos obligados a cumplir con la solicitud en tiempo y forma.

En tercer lugar, aclarar que, en caso que un tercero no facultado solicitase información o documentación relacionada con una cuenta bancaria, al igual que cualquier institución financiera, Banco Azteca se encuentra legalmente imposibilitado para entregar la misma puesto que su obligación, le parezca correcto o no al señor Rodríguez, es proteger el derecho a la privacidad de sus clientes.

Cabe señalar que constantemente entregamos a la Secretaría de Educación Pública, dependencia responsable del programa, la relación y detalle de las tesoreras que han acudido a nuestras sucursales a abrir su cuenta y recibido sus apoyos, existiendo total transparencia en la operación y entrega de recursos de parte de Banco Azteca.

Así, queda claro que la participación de Banco Azteca en la entrega de apoyos de este y otros programas sociales en los que presta sus servicios financieros, ha sido apegada a derecho y cumpliendo en todo momento con lo pactado con el Gobierno de México.

Banco Azteca refrenda su compromiso con México para seguir impulsando una prosperidad incluyente que permita a millones de mexicanos acceder a servicios financieros de calidad, así como a facilitar la entrega y disposición de sus apoyos sociales.

En uso de nuestro derecho de réplica, solicitamos la publicación de la presente en su próxima edición impresa y sus medios digitales.

Atentamente,

Ayax Carranza Segura, director general

de Comunicación Institucional de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros

Respuesta del reportero

Señor director:

En relación al pseudoderecho de réplica al que se responde, me permito ayudarle al vocero de Banco Azteca con algo de comprensión lectora. Dice un primer párrafo:

“… la información fue imposible de obtener pues el Banco Azteca, la institución encargada de dispersar el programa, opuso su negativa fundada en el secreto bancario”. (énfasis añadido)

Dicho párrafo reseña un fragmento del Informe de Auditoría 124 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en lo relativo al ejercicio presupuestal 2020, localizable entre las páginas 15 y 16, donde se lee:

“Cabe señalar que, como resultado de lo anterior, se solicitó a la SEP que requiriera a la institución financiera dispersora de los apoyos que proporcionara los saldos de las cuentas bancarias de los 616 casos restantes (687 totales menos 71 proporcionados por la CNBV), con el fin de constatar que los beneficiarios aún contaban con los recursos que se les otorgaron como apoyos por 273,700.0 miles de pesos; al respecto, la institución bancaria indicó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la información tenía carácter de confidencial, por lo que no fue proporcionada (…)”

Un segundo párrafo cita las consideraciones del investigador del ITESM y analista de México Evalúa, Marco Antonio Fernández, que, por lo demás, son fundadas en el propio informe de auditoría, en cuya página 11 se observa respecto de la formalización del contrato marco:

“Celebrado entre la entonces oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la institución financiera Banco Azteca, SA, en enero de 2019; al respecto, la SEP indicó que la citada institución presentaba las condiciones más favorables, dada su flexibilidad operativa y cobertura geográfica; sin embargo, no se demostró que se hubiesen realizado estudios o investigaciones que sustenten dicha manifestación.”

La observación de la ASF, en este caso, es a la forma en que se asignó el contrato marco, es decir, a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, y no a Banco Azteca. De ahí que la valoración del investigador consultado resultara periodísticamente pertinente.

Por lo antes expuesto, no existe consideración ni opinión expuesta por el autor sobre el papel de Banco Azteca en la dispersión de los fondos del programa al que se refiere el reportaje, en tanto, la comunicación remitida por el vocero de Banco Azteca, al margen de injurias y ruindades, sólo confirma lo publicado.

Atentamente,

Arturo Rodríguez García