lunes 16 de noviembre de 2026

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El derecho a saber, la protección de datos personales y la creación de archivos para tener una memoria histórica han dado pasos hacia atrás por razones multifactoriales que serán objeto de un análisis posterior, pero las resistencias a la transparencia han llegado al extremo en Veracruz donde Yolli García Álvarez, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) se encuentra no sólo privada de su libertad, sin razones jurídicas atendibles para ello, sino que es víctima de violencia de género y un trato que no respeta el más básico de los derechos humanos.

Veamos.

Primero. Tanto en el ámbito federal como en los estados, las personas que integran los plenos de los organismos garantes son resultado del acuerdo de cuotas partidistas. Lo importante es que el comisionado o la comisionada en funciones ejerza su autonomía de criterio y se sujete sólo a la Constitución y a las leyes. Es el caso de la excomisionada, a quien sus detractores la acusan de haber sido designada en su encargo por el exgobernador Javier Duarte. El punto central que debe evaluarse no es por quién llega alguien a un cargo, sino cómo se conduce en la función pública. Los resultados de la gestión durante el periodo en el que estuvo García Álvarez indican que la mayor parte de las resoluciones fueron a favor de los solicitantes de información y se adoptaron criterios a la luz del principio pro-persona y la interpretación conforme prevista en el artículo­ 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía la protección de los gobernados al obligar a las autoridades a aplicar la norma que le sea más favorable.

Con el nuevo gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, Yolli junto con sus dos compañeros comisionados tuvieron la osadía de hacer cumplir la ley al eliminar, a vía de ejemplo, reservas hechas por el gobierno de Veracruz para no entregar información que es pública y no se encuentra en los supuestos de excepción de la ley.

Segundo. Un diferendo interpretativo sobre la naturaleza jurídica del Órgano Interno de Control (OIC) del IVAI y sus integrantes escaló rápidamente y se tradujo en una estrategia mediática y jurídica para posicionar el mensaje de que Yolli era corrupta y que había nombrado a servidores públicos del OIC del IVAI sin atribuciones para ello.

Al revisar las supuestas responsabilidades en que habría incurrido la ahora expresidenta del IVAI es de advertirse que no se actualizan las hipótesis normativas de los tipos penales utilizados en perjuicio de esta servidora pública, quien ha mantenido prestigio de mujer proba como le consta a la comunidad dedicada a la transparencia. Las supuestas evidencias presentadas contra la excomisionada no llegan ni siquiera a indicios razonables de la comisión de delito alguno.

Una de las conductas que se le atribuyen a ella fue que había una discrepancia entre sus bienes inmuebles y sus declaraciones de modificaciones a su situación patrimonial, obviando que en la declaración inicial había indicado sus propiedades y no en las declaraciones de modificación simple y sencillamente porque esos bienes no sufrieron cambio alguno. Ese dato duro se filtró con sesgos con el propósito de crear las condiciones en la opinión pública para una acción penal que se concretó al ser detenida por los delitos de abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido del servicio público, en marzo de 2020, en un caso que no es grave y, por ende, no se prevé la prisión preventiva oficiosa, pero la fiscalía logró que un juez ordenara esa medida cautelar sin haber fundado y motivado la racionalidad de semejante resolución.  Y, ¿casualmente?, el fiscal encargado de la carpeta de investigación contra Yolli fue ungido como comisionado del IVAI, acaso como bono de éxito por méritos en campaña.

Tercero. Si bien la denuncia era contra quien resultara responsable (en este caso los tres comisionados) de haber nombrado a unos servidores públicos adscritos al OIC, el juez de la causa, Gregorio Esteban Noriega Velasco, obsequió la orden de aprehensión sólo contra Yolli, aunque es claro que ella en lo personal no hizo nombramiento alguno, sino que fue el pleno que está integrado, como ya se anotó, por los tres comisionados. Por si hubiera duda alguna de que Yolli se ha conducido conforme a derecho, no se consideró que el propio titular del OIC sometió al pleno los nombres de los funcionarios de referencia, quienes aún siguen en funciones en el IVAI. El juez Noriega Velasco ha hecho causa común con la fiscalía veracruzana para ajustar cuentas con esta mujer que si alguna falta cometió fue ¡honrar el interés público! Es increíble a los niveles a los que se ha llegado.

Pero las cosas no se han quedado ahí. En días pasados, Yolli fue intervenida quirúrgicamente de un serio problema cardiaco, después de haber sorteado una serie de dilaciones del penal y de diagnósticos contradictorios para minimizar su padecimiento a efecto de impedir que saliera para ser atendida de un mal que ponía en riesgo su integridad física y su vida. Prueba palmaria de la animosidad en su máxima expresión del gobernador veracruzano es la impactante foto que exhibe cómo esta excomisionada fue mantenida esposada durante su estancia hospitalaria. Ni que fuera una asesina serial, por favor. Es el colmo.

Cuando uno piensa que en materia de procuración y administración de justicia se ha visto todo, Cuitláhuac García Jiménez tiene la habilidad de que siempre puede haber algo más ilegal y burdo en perjuicio de las líneas esenciales de un estado de derecho, que en Veracruz cada día que pasa se muestra como una cruel caricatura.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com