lunes 16 de noviembre de 2026

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El gobierno de López Obrador tiene con Europa una nueva fuente de conflicto, además de los reiterados roces con España. En esta ocasión el choque comenzó con la carta en la que el Parlamento Europeo pide a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad y protección de los periodistas y defensores de derechos humanos. En respuesta, el mandatario calificó a los remitentes de “borregos”, “injerencistas” y “golpistas”. En entrevista, activistas refrendan que la carta europea “está apegada a la realidad”.

“En México defender la libertad de expresión, el medio ambiente o los derechos humanos es un trabajo de altísimo riesgo que puede costar la vida (…) Vamos a ser claros, deben cesar los mensajes que el propio presidente mexicano lanza criminalizando a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil”, expuso el jueves 10 la eurodiputada catalana Diana Riba, de la fracción de los Verdes en el Parlamento Europeo, al presentar la propuesta de resolución urgente elaborada por la Subcomisión de Derechos Humanos de ese organismo.

Tras referirse a la historia de Simón Pedro Pérez López, líder indígena de las Abejas de Acteal, Chiapas, asesinado el 5 de julio de 2021, Riba alertó al pleno europeo sobre los datos ominosos de asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos –55 y 98, respectivamente, según datos oficiales–, prácticamente en la impunidad, ocurridos desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder.

La eurodiputada catalana alentó en su discurso a exigir al gobierno mexicano a que “se destinen todos los esfuerzos a construir una política pública de protección integral que atienda a la prevención, protección, investigación y reparación (…) Estas peticiones deben ser condición en la reforma del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México (acuerdo comercial), porque creer en el estado de derecho es precisamente esto: exigirlo dentro de nuestras fronteras, pero también a nuestros socios más estrechos”.

El texto, presentado al pleno por 78 eurodiputados de cinco fracciones parlamentarias –36 del Partido Popular Europeo (PPE), dos de Los Verdes/Alianza Libre, tres de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, 18 de Renew Europe, 18 del bloque de Conservadores y Reformistas Europeos y uno a título personal–, desató la ira del presidente López Obrador, mencionado con nombre y apellido por utilizar con frecuencia “una retórica populista en las conferencias de prensa diarias, para denigrar e intimidar a los periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”.

El pronunciamiento advierte que la retórica presidencial “de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”; también considera que la sección “Quién es quién en las mentiras” es una “plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica”.

El documento contiene datos de fuentes gubernamentales y públicos sobre los asesinatos de periodistas y activistas, de las personas beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la impunidad en la que se encuentran las investigaciones, de los acuerdos firmados por México en que se compromete a proteger a defensores del medio ambiente, sobre informes de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como una iniciativa impulsada por Morena en la Cámara de Diputados para “prohibir a cualquier organización no gubernamental que reciba financiación extranjera que intente influir en la legislación o participar en litigios extranjeros”, entre otros asuntos.

La carta de AMLO

La resolución del Parlamento Europeo, aprobada con 607 votos en favor, dos en contra y 73 abstenciones, fue desestimada por el presidente López Obrador, quien en respuesta divulgó la misma noche del jueves 10 un comunicado de su autoría en el cual calificó a los eurodiputados como “borregos”, “injerencistas” y “golpistas” de la Cuarta Transformación, mientras alardeó de contar con una aprobación popular de más de 60%.

El documento presentado por Diana Riba en el pleno del Parlamento Europeo condensó el trabajo de incidencia y cabildeo que durante al menos cinco años realizaron organizaciones sociales de México y Europa, y que en esta ocasión encontraron “terreno fértil” para su consideración, después de que en los primeros dos meses del año seis periodistas fueron asesinados, como lo ha reconocido la Secretaría de Gobernación.

“Hay una genuina preocupación de los eurodiputados por la violencia contra periodistas y personas defensoras; como organizaciones, a nosotros nos correspondió reforzar el proceso con información y argumentos, pero nunca pensamos que la redacción de la Subcomisión de Derechos Humanos fuera tan directa, que mencionara a López Obrador”, confía Olga Guzmán Vergara, consejera de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza.

La OMCT es una de las organizaciones que desde 2017, junto con la red de incidencia EU-Lat, con sede en Bruselas, cabildeaban en el Parlamento Europeo para llegar a una resolución como la votada el jueves 10, aunque “siempre había resistencias de algunos partidos, como el PPE, que priorizaban el acuerdo comercial con México”, recuerda Guzmán Vergara en entrevista.

Apunta que durante la administración de Enrique Peña Nieto “supimos que hubo llamadas de la Cancillería a eurodiputados para advertirles que, de aprobar una resolución sobre la situación de periodistas y personas defensoras, sólo iba a ralentizar la actualización del Acuerdo Global, que sigue en proceso, y que por eso el año pasado hubo visitas a México de eurodiputados de la Comisión de Comercio”.

Guzmán Vergara resalta que hace tres semanas la OMCT y organizaciones de EU Lat, sabedoras de la plenaria que se realizaría el jueves 10, reforzaron su cabildeo entre legisladores sensibles a temas de derechos humanos, para impulsar dos resoluciones: una sobre Guatemala y otra sobre México, por lo que entregaron dichos documentos como base de una probable resolución final sobre cualquiera de los dos países.

El borrador sobre México, del que este medio tiene copia, contiene información pública, como las resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos sobre México, nombres de periodistas asesinados, numeralia de desaparecidos, de cuerpos sin identificar, de víctimas de desplazamiento forzado, de espionaje telefónico y la persecución judicial a defensoras de derechos humanos y periodistas, así como las declaraciones estigmatizantes contra comunicadores y defensores en las conferencias matutinas de López Obrador, práctica observada por la RELE de la CIDH.

En cada sesión plenaria del Parlamento Europeo se someten a consideración resoluciones sobre tres países; el jueves 10, además de la correspondiente a México, los eurodiputados también se pronunciaron sobre el golpe de Estado en Myanmar y la destrucción de monumentos en Armenia, por el conflicto con Azerbaiyán.

“Todavía un día antes de la resolución los eurodiputados nos buscaban para pedirnos información; entendemos que había una preocupación legítima más allá de nuestra insistencia. Lo que nos sorprendió un poco es que fueran poco diplomáticos; no era el lenguaje que esperábamos, pero también sabemos que se trata de una declaración meramente política, pero que debería ser atendida porque no se dice nada que no sea cierto ni que no se haya dicho antes”, expone la defensora.

Al recordar que antes que el Parlamento Europeo, la representante del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, exigió en mayo de 2017 “pronta” investigación de los asesinatos de periodistas, y llamó a México como “uno de los países más peligrosos del mundo” para ejercer el oficio, Guzmán Vergara insiste en que la resolución esta “estrictamente” apegada a la realidad.

“Que se diga que desde la elección de 2018 hay un deterioro en la institucionalidad o del estado de derecho, la verdad es que sí, siendo objetivas; durante estos años hemos visto una serie de instituciones que se han desmantelado, intentos por desacreditar el trabajo de las propias instituciones del propio Estado y la cooptación de otras, de manera que, estrictamente, hay un deterioro del estado de derecho”, agregó la consultora de la OMCT.

Lamentan respuesta de México

Michael Chamberlin, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y de la Consultora Solidaria, recuerda que la situación de derechos humanos en México ha sido un tema presente en el Parlamento Europeo.

Antes de la resolución urgente del jueves 10 por los asesinatos a periodistas y defensores, hubo siete más, cuatro aprobadas entre 1994 y 1995, relacionadas con el alzamiento zapatista en Chiapas; en 2007 una más por los feminicidios en México y Centroamérica; en 2010 se aprobó una resolución por la escalada de violencia, luego de la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, y en 2014 los eurodipu­tados expresaron su preo­cupación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sorprendido por el “lenguaje florido” que usaron los eurodiputados en la reciente resolución, “discurso que no se lee en las anteriores, que son más diplomáticas”, Chamberlin alerta que ese tono “evidencia que a escala internacional el bono democrático de este gobierno ya se está desgastando, porque pese a que se diga que no son iguales (a sus antecesores), si miras los resultados del lado de las víctimas, sigue habiendo una escalada de violencia e impunidad”.

Al destacar que el pronunciamiento del Parlamento Europeo debería ser tomado como “un llamado fraterno a la cooperación y aceptar que las cosas no van bien”, el defensor considera equivocado que se interprete como un ataque.

“Dudo mucho que el Parlamento quiera criticar la Cuarta Transformación; la resolución revela una genuina preocupación por la situación de los derechos humanos, independientemente de quien esté, lo hicieron con Zedillo, con Calderón, con Peña Nieto.

“La resolución no tiene que ver con el presidente ni con su proyecto, sino con lo que se mira y se mide desde la perspectiva de las víctimas, no es tema de los conservadores contra los liberales, estamos hablando de la vida de la gente”, puntualiza Chamberlin.

El viernes 11 decenas de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas la OMCT, lamentaron la respuesta a la resolución expresada por López Obrador, como máximo representante del Estado mexicano, pues “lejos de reconocer el grave riesgo que enfrentan personas defensoras y periodistas, debilita las alianzas y desconoce la relación de estrecha cooperación que se ha mantenido durante años con las instituciones de la Unión Europea”.

Los firmantes se sumaron al llamado del Parlamento Europeo y exigieron al Estado mexicano “honrar sus obligaciones internacionales, fortaleciendo el Estado de derecho y haciendo cumplir los marcos normativos” impulsados por la sociedad civil.