lunes 16 de noviembre de 2026

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Señor director:

Sobre la nota titulada “La justicia va por Silvano Aureoles: Un desfalco a Michoacán por más de 50 mil millones de pesos”, del 27 de febrero del presente año, firmada por Pedro Zamora Briseño y en la cual se menciona que “La justicia va por Silvano Aureoles”, quiero solicitar me permita aclarar lo siguiente ante los dichos falsos del entrevistado:

La administración que yo encabecé en Michoacán tuvo un proceso adecuado de entrega-recepción y los procedimientos administrativos que marca la ley están en curso; no existe en este momento ningún juicio al respecto ni señalamientos formales contra mi persona por el ejercicio del encargo como gobernador del estado, de octubre de 2015 a septiembre de 2021.

El presunto desfalco que se señala en la nota periodística contiene información general que involucra, incluso, a administraciones que se remontan al menos al año 2002. La información es confusa y tendenciosa, sumando conceptos que están debidamente acreditados y que, de ninguna manera, constituyen un manejo indebido de recursos.

Los 20 mil millones de pesos que ahí se mencionan de créditos bancarios corresponden a la deuda pública registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), misma que yo recibí en 17 mil 813 millones de pesos, de conformidad con el informe del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015.

Efectivamente, en toda mi administración la deuda se incrementó en dos mil 61 millones de pesos, debidamente comprobados, registrados y regulados por la autoridad hacendaria. Debo decir, además, que las calificadoras especializadas reconocieron que Michoacán mejoró su calificación crediticia y la SHCP avaló la solvencia del estado para el pago de sus obligaciones y la capacidad de endeudamiento.

Los adeudos a proveedores que se mencionan por 13 mil millones de pesos se refieren a un pasivo circulante, mismo que se recibió en 2015 en 12 mil 914 millones de pesos, reduciéndose en 5 mil 79 millones de pesos durante mi administración. Por ello, al 30 de septiembre de 2021 el pasivo fue de 7 mil 835 millones de pesos, lo que representa una disminución de 39.33%. De este rubro, al 30 de septiembre de 2021, únicamente 892 millones de pesos, es decir 11.38%, eran adeudos a proveedores.

Respecto de lo que ahí llaman “pasivos a instancias gubernamentales por nueve mil millones de pesos”, debo decir que asumo que este tipo de “adeudos” derivan de los instrumentos celebrados con la federación para el financiamiento de algunas entidades de la administración pública descentralizada, donde invariablemente el Ejecutivo del estado se comprometía a aportar recursos hasta por la cantidad autorizada por el Congreso en el Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. Sin embargo, era común que las entidades demandaran recursos adicionales ante los incrementos otorgados por la federación sin contraparte estatal.

Por último, lo que señalan como “malos manejos en obras y adquisiciones por cinco mil millones de pesos”, corresponden a los señalamientos realizados en el sentido de la presunta comisión de actos que pudieran ser constitutivos de algún delito, toda vez que entendemos que se están llevando a cabo los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes. Al respecto, debemos esperar que los procesos concluyan y se puedan aclarar con datos y documentación las observaciones correspondientes.

Siempre he reconocido a la revista Proceso como un medio fundamental para documentar los hechos relevantes de nuestra sociedad y nuestro país. El periodismo crítico es indispensable en México, sobre todo en estos tiempos en que desde el poder se descalifica todo aquello que no resulta en adulación.

Sin embargo, en este caso quiero pedir se me conceda el derecho de réplica para publicar esta comunicación, ya que la nota firmada por Zamora Briseño me parece por demás falsa y tendenciosa, situación que no corresponde con la línea editorial de esta revista que dignamente dirige.

Atentamente,

Silvano Aureoles Conejo

Respuesta del corresponsal

Señor director:

Durante la investigación del trabajo periodístico se intentó, por distintas vías, contactar a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, para solicitarle su versión sobre este caso e integrarla al texto, como parte del reconocimiento de su derecho de réplica y, a la vez, para enriquecer la información ofrecida al lector.

Sin embargo, ello no fue posible porque, pese a que tanto en Morelia como en la Ciudad de México se pidió a personas cercanas al exmandatario transmitirle la petición de una entrevista sobre el referido tema, lamentablemente no hubo respuesta.

Como puede apreciarse en la edición 2365 de Proceso, la publicación a la que se refiere Aureoles Conejo se encuentra basada en información proveniente de diversas fuentes, entre ellas la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Contraloría y la Auditoría Superior de Michoacán, así como documentación relativa a la demanda de juicio político interpuesta ante el Congreso del estado por una empresa ganadera contra el exgobernador y algunos de sus excolaboradores.

Lo ideal sería haber tenido la oportunidad de incluir la versión de Silvano Aureoles en el mismo texto, pero aún así considero que su carta contribuye ahora a ampliar el espectro de puntos de vista que se han difundido sobre este asunto.

Atentamente,

Pedro Zamora Briseño