Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, quiere sustituir el delito de ultrajes a la autoridad por el de violencia contra la autoridad.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó su inconstitucionalidad, argumenta que ese tipo penal es clave para su estrategia de seguridad.
En marzo de 2021 el gobernador García Jiménez propuso reformar el código penal veracruzano para introducir un concepto expulsado del régimen constitucional mexicano cinco años antes.
En 2016 la SCJN había decretado, contrario a la Carta Magna, el ultraje a la autoridad por lesionar la libertad de expresión y también por la vaguedad del concepto.
Sin embargo, en 2021 el Congreso veracruzano aprobó el artículo 331 del Código Penal de la entidad, el cual prevé privación de la libertad por un lapso de seis meses a dos años a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
El gobernador García defendió este artículo, argumentando que dicho delito permite aprehender con eficacia a los líderes criminales. Según sus cuentas, gracias a él su administración ha encarcelado a más de 40 jefes de plaza y a 525 lugartenientes de la delincuencia organizada.
¿Por qué se requeriría resucitar el delito de ultrajes a la autoridad cuando hay en México una montaña de leyes y normas para combatir el crimen?
De las palabras del gobernador veracruzano se infiere la necesidad del delito de ultrajes porque, dada su vaguedad y también el potencial subjetivo de quien acusa, puede dictarse prisión preventiva con gran laxitud en contra de quien se quiera.
O, peor aún, puede usarse como mecanismo de extorsión para que las personas imputadas por ultrajes, con tal de evitarse el encarcelamiento, terminen ofreciendo testimonios o confesiones fabricadas que, a su vez, sirvan para imputar a terceros.
Hay abundante evidencia de que la fiscalía general veracruzana abusó de este mecanismo para conmutar delitos en favor de sus investigaciones.
El problema comienza con la definición del término “ultraje”. La RAE refiere a la acción de despreciar o tratar con desvío a una persona. Se entiende por “desvío” indiferencia, frialdad o esquivez.
Es decir que, según el artículo 331 del código penal veracruzano, cometería ultraje contra la autoridad aquella persona que trate con indiferencia, frialdad o esquivez a un funcionario público y por tal motivo, entre otros, debería enfrentar privación carcelaria por un lapso que va de los seis a los dos años.
La imprecisión del concepto de ultraje salta a la vista. Tan puede ser considerado un acto ultrajante mirar con altivez cuando el policía se dirige a un ciudadano, como proferir una palabra que sea percibida por la autoridad como inconveniente, o bien, una agresión verbal e incluso física de quien, en un momento dado, sea señalado justa o injustamente como un criminal.
La ministra de la SCJN Margarita Ríos Fajart combatió la constitucionalidad del artículo 331 argumentando que “no puede quedar al gran margen de apreciación de la autoridad cuándo una conducta es ofensiva o injuriosa o amenazante o agresiva”. Y, sin embargo, precisamente por esta ambigüedad del término es que el delito de ultraje a la autoridad se convirtió en una suerte de comodín, utilizado por policías y ministerios públicos para arrestar a las personas cuando no se cuenta con otras pruebas, testimonios o evidencia que permitan presentar a los presuntos delincuentes ante la autoridad judicial.
En este contexto se entiende mejor la defensa que el gobernador García Jiménez ha hecho de este delito como una herramienta para detener delincuentes.
El delito de ultraje a la autoridad fue combatido por las barras de abogados de Veracruz y distintos defensores de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue la primera en denunciar su inconstitucionalidad (recomendación 146/2021).
Cuando, en conferencia de prensa, una periodista interrogó al gobernador García sobre las críticas, el mandatario reaccionó acusando a sus detractores, incluida esa misma interlocutora, de estar parados del lado del crimen organizado. Paradójicamente, su discurso podría haber sido señalado como ultrajante.
Como era de esperarse, este expediente llegó a la SCJN y ahí se resolvió, hace pocos días, la inconstitucionalidad del delito en disputa.
Después de analizar el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, una mayoría de nueve ministros invalidó el artículo 331 del código penal de Veracruz.
Los argumentos expresados en el pleno de la Corte fueron parecidos a los que ya se habían escuchado en 2016 cuando algo similar ocurrió con respecto al mismo delito entonces alojado en el código penal de la Ciudad de México
Además de la vaguedad y subjetividad propias de este tipo penal, se sumaron argumentos robustos a favor de la libertad de expresión. De acuerdo con el ministro Pardo Rebolledo, bajo el concepto de ultrajes a la autoridad se podía incurrir fácilmente en la criminalización del derecho a la protesta, la libertad de expresión e incluso de la libertad de prensa.
Es por tal motivo que tanto los tratados internacionales como la norma mexicana coinciden en considerarlo contrario al régimen democrático.
Gracias a la SCJN la posición del gobernador García fue derrotada. No obstante, quedan pendientes dos asuntos, cada cuál más complicado.
Primero, en sólo un año de vigencia, el artículo 331 fue utilizado en Veracruz para encarcelar a 4 mil personas acusadas de haber cometido el delito de ultrajes. No será tarea automática la que se requiere para liberar a las personas injustamente acusadas. Tal cosa implicaría de una generosa diligencia del gobierno encabezado por García Jiménez que muy probablemente no tendrá lugar.
Segundo, el mismo gobernador anunció que, en breve, el Congreso veracruzano reintroducirá el mismo delito, pero ahora bajo otro nombre –violencia contra la autoridad– dentro del código penal de su entidad. Avisó también que lo haría con celeridad, por obvias razones: para mantener a las personas encarceladas previamente por el delito de ultrajes.
Desde el punto de vista jurídico, Cuitláhuac García Jiménez, mandatario de Veracruz, es el más conservador, duro, retrógrado, necio y radical de los gobernadores mexicanos.








