domingo 15 de noviembre de 2026

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Quedan al descubierto las maniobras del empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas para aparecer como contratista en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, sólo dos meses después de ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública por sus ligas con el caso Odebrecht. El tinglado empresarial de Tapia pasó filtros de la Secretaría de Energía y pone en apuros a Samsung e ICA, ahora obligadas a corroborar los antecedentes de sus subcontratistas.

Asociada con OHL y otras empresas el sexenio pasado, al grado de estar implicada en los presuntos sobornos que Odebrecht entregó a Emilio Lozoya Austin, los dueños de Construcciones Industriales Tapia (Cintapia) han superado la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) les impuso en 2019 y ahora participan en el megaproyecto energético de la 4T: la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Un tinglado de razones sociales nuevas y otras que ya estaban creadas, pero a las que se les cambió el nombre, cuyo accionista mayoritario es el empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, junto con familiares y otros asociados, hicieron posible dejar atrás las acusaciones y, de entrada, participar en un contrato por más de 78 millones de dólares.

El 5 de junio de 2019, la SFP emitió la sanción para Cintapia, además de otras tres empresas del sector energético, como parte de un expediente que acreditó la relación con las operaciones irregulares de la brasileña Odebrecht en México. La sanción fue por dos años y medio, de acuerdo con la comunicación emitida en esa fecha por la dependencia entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informando lo que sería uno de los casos emblemáticos de su gestión.

Casi dos meses después, PTI Infraestructura de Desarrollo, la filial de Pemex creada expresamente para construir la Refinería de Dos Bocas, adjudicó el contrato PTI-ID-S007/2019 a una empresa de los Tapia, Mexicana de Recipientes a Presión –en asociación con Kellogg Brown and Root LLC y Constructora Hostotipaquillo–, para el Paquete 6 del mencionado megaproyecto, por un monto neto de 78 millones 430 mil dólares.

De acuerdo con las actas asentadas en el Registro Público de la Propiedad, la razón social Mexicana de Recipientes a Presión tiene por accionistas a Juan Carlos Tapia, a su hermano Juan Gilberto, así como a Selene Martínez Abarca y a Carlos Morín Montes, este último identificado como el jurídico de Cintapia y quien ha fungido como vocero en diversos escándalos en los que se ha visto envuelta la firma.

Morín Montes fue precisamente quien se mantuvo activo en la comunicación empresarial desde 2017, luego de que una investigación de Quinto Elemento Lab, bajo la firma de Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, diera a conocer que Cintapia estuvo implicada en la corrupción de Odebrecht en México.

El reportaje fue publicado en la edición 2128 de Proceso. Ahí se informó, con base en los testimonios de tres altos ejecutivos inculpados, del maxiproceso brasileño. Entre los declarantes destaca la confesión de Luis Alberto de Meneses, quien expuso su interés por abordar a Lozoya en 2011 para conseguir contratos en el proyecto de la nueva refinería en Hidalgo, y lo que se pudiera, una vez que Enrique Peña Nieto ganara la Presidencia.

En el reportaje citado se expone la manera con la cual De Meneses narró sus encuentros con Lozoya, y que, en la primera de éstas el mexicano le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Cintapia. Las ligas entre Tapia y Lozoya fueron abordadas por este semanario en su edición 2283.

Según De Meneses, el empresario hidalguense poseía “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos en el PRI, PAN y PRD. Así nació la sociedad.

Morín Montes fue el vocero de Cintapia para “aclarar” que la empresa fue subcontratista, pero rechazó su implicación en los sobornos… Tres años después, las revelaciones del propio Lozoya Austin volvieron a implicar a la empresa hidalguense.

Y es que en la famosa denuncia de Lozoya, difundida la tercera semana de agosto de 2020, el exdirector de Pemex menciona que Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos y Juan Gilberto, fue pieza clave en el envío de dinero para sobornar a los legisladores federales para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, al ser empleados de ella quienes llevaban el dinero que era recogido por el jefe de ayudantes de Lozoya, identificado como José Velasco Vela.

Durante su declaración ministerial ante la Fiscalía General de la República, precisamente por el caso Odebrecht, celebrada el 14 de septiembre de 2018, Juan Carlos Tapia dijo que su hermana Fabiola fue su socia, administradora única y representante legal de Cintapia hasta agosto de 2014 y que falleció poco después, en octubre del mismo año.

“En cuanto a la participación de mi hermana Fabiola Tapia Vargas desconozco si realizó algún tipo de inversión o que fuera socia de alguna empresa en el extranjero”, dijo el empresario en su declaración.

Por lo que toca a José Velasco, el presunto receptor de los recursos que llevaba el personal de Fabiola Tapia, también ya falleció.

Aún así, con dos actores importantes fallecidos en la trama de los sobornos, la SFP logró acreditar las irregularidades de Cintapia, hasta dictarle la mencionada inhabilitación.

…y ahora en Dos Bocas

Las maniobras con las cuales los Tapia Vargas entraron a la refinería de Dos Bocas se iniciaron con el cambio de nombre de Mexicana de Recipientes a Presión. De acuerdo con los asientos registrales, en noviembre de 2020 dicha empresa se convirtió en Procesos Especializados y Proyectos (Proesa).

Proesa es la accionista mayoritaria de Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi), pues posee 80% de sus acciones, mientras que una razón social identificada como Procura y Proyectos Oil & Gas posee el 20% restante; esta última fue constituida en junio de 2020, es decir, unos cuatro meses antes de la transformación registral que resultó en Proesa.

El personal consultado de la Secretaría de Energía confirmó que Mepi trabaja para la italoargentina Techint y la surcoreana Samsung en Dos Bocas y que, para mayores señas, está inmersa en la construcción de una planta hidratadora; lo hace bajo la misma condición que en el pasado con Odebrecht, es decir, como subcontratista, por lo que los montos contratados no son susceptibles de transparencia.

La consulta sobre los movimientos registrales de Mepi, realizada por Proceso, permite observar que el 2 de agosto de 2021 Mepi modificó su objeto social para ajustarse a las condiciones de la refinería y poder pujar por más contratos:

“La sociedad tendrá por objeto ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionadas con el objeto, participar en todas las etapas del proyecto denominado refinería Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.”

No es todo, las fuentes consultadas relacionan con los Tapia Vargas al Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI), subcontratada por ICA y Techint, las compañías que obtuvieron grandes contratos en la construcción de la refinería.

Con esa versión este reportero consultó el registro de GCI que resultó en lo siguiente: la empresa fue constituida en Tula, Hidalgo, el 13 de diciembre de 2017. Los accionistas eran Abel Vargas Rosales, Yosimar Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca, quienes, a su vez, eran accionistas de la ya mencionada Proesa.

En 2019, año de la inhabilitación a Cintapia, los tres mencionados transfirieron sus acciones en favor de Irving Sergio Granados Pérez y Jair Moreno Vargas.

Por lo demás, hay información de acceso público: en su sitio web, GCI presume que trabaja en el Proyecto Rack Integración Refinería Olmeca, en Dos Bocas, con sus clientes Indinsa y Proyecta. Al consultar las páginas de Proesa se puede constatar que utilizan las mismas instalaciones y maquinaria.

De hecho, es posible observar nueve máquinas idénticas, fotografiadas en distintos ángulos, dentro de las mismas instalaciones, como si fueran parte de un mismo catálogo general de servicios en ambas empresas.

Imágenes e instalaciones aparecen también en otros sitios web de las siguientes empresas: una es MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística; la otra es Fabricaciones Industriales Mao. En el perfil de Facebook de la primera se presume la participación en Dos Bocas. Y una vez más, el común denominador es que todas tienen domicilio en Tula.

El tinglado empresarial no sólo pasó los filtros de la Secretaría de Energía para entrar a Dos Bocas, sino que coloca en un aprieto a Samsung e ICA, habida cuenta de que, al cotizar en la Bolsa de Valores, están obligadas a corroborar los antecedentes de los subcontratistas.

Odebrecht, OHL… y hasta huachicol

El 10 de marzo de 2017 los agentes federales Víctor Villafaña y David Hernández detectaron una toma clandestina durante un rondín rutinario en el Parque Industrial de Atitalaquia, Hidalgo. De inmediato dieron aviso de la localización a la agente del Ministerio Público federal Jannete Sánchez Arce, radicada en Tula.

En el parte integrado a la carpeta de investigación, cuya copia tiene Proceso, se lee lo siguiente: “Al seguir el rastro de la manguera de hule sobre el terreno baldío de 300 metros de la toma clandestina pudimos apreciar que se introduce a la empresa Construcciones Industriales Tapia por debajo de una barda trasera que delimita dicha empresa”.

Otro agente federal, identificado como Víctor Garduño, dio parte a Seguridad Física de Pemex, y al día siguiente la agente Sánchez Arce se presentó en Cintapia, encabezó el cateo e instruyó el resguardo de vigas de acero que se utilizan para la fabricación de estructuras del sector energético.

El abogado Morín Montes negó participar en el huachicol. Presente en la diligencia, firmó el acta circunstanciada en una investigación que lograron librar con un alegato:

La propiedad, en efecto, era de Juan Carlos Tapia Vargas, pero había un contrato de arrendamiento con una mujer, identificada como “la señora Josefina Cervantes Rosales”. De día, el predio era utilizado por Cintapia; de noche, como estacionamiento a cargo de la señora Cervantes.

No obstante, esa empresa que renta sus instalaciones como estacionamiento nocturno ha estado ligada a numerosas empresas, ya sea en sociedad o como subcontratista, entre las que destacan dos: la ya mencionada Odebrecht y OHL, la segunda empresa implicada en escándalos de corrupción en el sexenio pasado.

Con OHL, Cintapia obtuvo en 2014 el contrato de construcción de la “Estación de Rebombeo (Degollado) para el poliducto Salamanca-Guadalajara”. La obra, de acuerdo con el comunicado de Pemex emitido al respecto, incrementaría el transporte de gasolinas de 70 mil a 115 mil barriles diarios por un monto de 453 millones de pesos.

Se trata de uno de los contratos escandalosos otorgados por Pemex bajo la dirección de Lozoya Austin a la española OHL. Hasta 2012 Lozoya fue miembro del Consejo de Administración de la constructora española donde se desempeñó también Mario Alberto Beauregard, como director financiero, antes de asumir precisamente esa posición en Pemex, con Lozoya.

De hecho, el caso de los depósitos de OHL a Lozoya sigue abierto y es por sobornos que rondarían los 3.4 millones de dólares. Como se recordará, la salida de Lozoya Austin de Pemex sucedió poco después de que se difundieran audios en los cuales el entonces presidente de OHL México, Juan Andrés de Oteyza, recitaba el “camino precioso” que le abría Lozoya a partir de los tres contratos obtenidos en Pemex y aludía al bono que le pagó la española.

Así que, por la recomendación de Lozoya y posterior relación con Odebrecht en el contrato de la refinería de Tula, como en el de la estación de Rebombeo con OHL, otorgado bajo la gestión de Lozoya en Pemex, Cintapia y sus dueños son coprotagonistas de los escándalos, pero, a diferencia de los anteriores, no sólo escaparon a indagatorias, sino que, con renovados nombres, están ya en el megaproyecto de Dos Bocas.