Jorge Luis Anguiano, presidente municipal de San José de Gracia –la población michoacana donde el domingo 27 decenas de pistoleros acribillaron a un grupo de personas en un velorio–, considera injustos los señalamientos de autoridades estatales y federales de que los policías municipales no reportaron el crimen a tiempo. Según él, se avisó a la fiscalía estatal a las cuatro y media de la tarde, cuando los hechos todavía estaban ocurriendo, pero las fuerzas estatales y federales llegaron entre las siete y media y las ocho de la noche.
Colima, Col.- Desde tiempos de la Guerra Cristera, San José de Gracia, cabecera municipal de Marcos Castellanos, Michoacán, no había sido escenario de una masacre como la del 27 de febrero, cuando decenas de pistoleros incursionaron en el pueblo y ejecutaron a sangre fría a un grupo de personas que habían acudido a un velorio.
Tras la matanza, los gobiernos estatal y federal responsabilizaron a la Policía Municipal de no haber alertado al resto de las corporaciones de seguridad sobre ese suceso, y la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación al respecto.
Jorge Luis Anguiano Partida, presidente municipal de Marcos Castellanos, narra en entrevista con Proceso que la instancia municipal pasó el reporte a las cuatro y media de la tarde y las fuerzas federales y estatales llegaron casi a las ocho de la noche.
“No es justo que, en una situación de inseguridad de todo el país, los municipios siempre sean los perdedores, los malos, los tontos o los olvidados”, se queja el edil.
El móvil del ataque a los asistentes al velorio, según versiones de las autoridades, fue la venganza de Abel “N”, El Toro, contra Alejandro “N”, El Pelón, ambos operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en diferentes regiones, quienes mantenían rencillas por acusaciones recíprocas de asesinato y desaparición de familiares, por lo que no hubo reparos en desatar una guerra intestina.
Al Toro se le atribuía haber ordenado en 2018 la desaparición y probable privación de la vida de un hermano del Pelón, en tanto que a éste se le responsabilizaba de haber asesinado en 2021 a un hermano del primero.
De acuerdo con las autoridades, Alejandro “N” operaba para el CJNG en Colima y su rival le advirtió que no regresara a San José de Gracia, pero esa tarde se presentó a los funerales de su madre –fallecida la víspera en un hospital de Sahuayo– resguardado por alrededor de 15 escoltas.
No tardó en llegar Abel “N” con una cantidad superior de acompañantes, quienes sometieron y desarmaron al Pelón y presumiblemente a sus hombres, obligándolos a pararse frente a una pared, donde los acribillaron, recogieron los cuerpos y lavaron con agua y productos de limpieza la escena del crimen.
Aun así la FGE reportó haber encontrado en el lugar alrededor de un centenar de cartuchos percutidos de armas calibre .9, 7.72, 5.56 y .45.
El multihomicidio, ocurrido después de las 15:30 horas en la calle Reforma casi esquina con Galeana, a escasas dos cuadras del Palacio Municipal, conmocionó a los habitantes de San José de Gracia, que vivieron momentos de miedo e incertidumbre de los que hasta ahora se habían mantenido a salvo.
El alcalde Jorge Luis Anguiano relata que se enteró de que algo estaba pasando al oír las detonaciones, pues a esa hora se encontraba en un domicilio no lejos del lugar de los acontecimientos.
–¿Cuánto tiempo duró la balacera? –se le pregunta.
–No lo sé exactamente. Se escuchó un estruendo durante unos minutos y después hubo intermitencia en los balazos. No podría calcular cantidades de disparos ni tiempo.
El edil refiere que desde el inicio de los hechos “esa zona del pueblo prácticamente se convirtió en un búnker donde ya nadie tuvo acceso y solamente el grupo armado estuvo controlando el área, sin que alguien supiera el momento en que se retiró, mientras que casi toda la población estuvo encerrada en sus casas hasta que llegaron las fuerzas federales, entre siete y media y ocho de la noche”.
Con base en imágenes de un video que circuló en las redes sociales, se han calculado entre 10 y 17 el número de víctimas, además de que por la forma en que se llevó a cabo, calificaron la ejecución masiva como un “fusilamiento”.
Fundado el 19 de marzo de 1888 en una estancia denominada Llano de la Cruz, San José de Gracia se encuentra ubicado en el extremo noroeste de Michoacán, en los límites con Jalisco.
Quemado en tres ocasiones, dos durante la Revolución y la tercera durante la Cristiada, el pueblo se ha recuperado y actualmente tiene 11 mil habitantes, que en su mayoría se dedican a la producción de quesos y otros derivados lácteos.
Entre sus héroes locales tiene a 11 soldados cristeros que murieron en octubre de 1927 en la Batalla de Jiquilpan, a quienes se les recuerda cada año en la festividad del Alcatraz.
La fundación y el desarrollo de San José de Gracia son abordados por el historiador Luis González y González, originario de este lugar, en su libro Pueblo en vilo, obra con la que se consolidó como precursor de una corriente de la microhistoria en México.
Pese a sus antecedentes históricos, los actuales habitantes de esta población no habían experimentado en sus calles un acto de violencia como el ocurrido el 27 de febrero.
Respuesta tardía
La primera reacción del gobierno federal fue tratar de poner en duda que se hubiera perpetrado una masacre.
En su conferencia matutina del lunes 28, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración no contaba con elementos para confirmar el hecho: “El reporte que nos envió la fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos; sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos (humanos) pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados”.
Sin embargo, desde el domingo por la noche la FGE había emitido un comunicado donde también señaló que realizaba recorridos “para localizar a posibles víctimas de la agresión que, tras los hechos, fueron retiradas del lugar por los propios agresores o personas relacionadas con ellos”.
Al día siguiente el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, descartó la versión del fusilamiento basándose en tecnicismos, pues en los indicios “no se puede apreciar que haya habido una sola línea”, sino que, “al estar los sicarios, al abrir fuego empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito”.
Asimismo, tanto el gobierno federal como el estatal, además del titular de la FGE, señalaron públicamente que la Policía Municipal, como primer respondiente, no activó los servicios de alerta del sistema estatal de seguridad ni reportó los sucesos que se estaban presentando en San José de Gracia.
El fiscal michoacano, Adrián López Solís, adujo que el organismo a su cargo se enteró de los hechos después de las seis de la tarde del domingo a través del video difundido en las redes sociales y, con base en éste, abrió la carpeta de investigación correspondiente, por lo que “esta fiscalía también investiga la dilación de esta intervención y la omisión del reporte inmediato, que resultan imprescindibles para la preservación del lugar”.
Pero el alcalde Jorge Luis Anguiano considera injustos los señalamientos hacia la instancia municipal y aclara: “Nosotros reportamos. El reporte en la tarjeta informativa está a las cuatro y media de la tarde, cuando todavía estaba ocurriendo esto”.
En la entrevista con este semanario, Anguiano Partida dice que según algunos testimonios el grupo agresor estaba formado por al menos 60 pistoleros, que llegaron en convoy a bordo de aproximadamente 20 camionetas, en tanto que en el pueblo sólo había en ese momento seis elementos activos de la Policía Municipal con dos patrullas disponibles.
“La tarjeta informativa que a mí me hizo llegar la corporación de seguridad pública especifica el hecho de que ellos, al ver el despliegue de fuerza del grupo armado y la incapacidad de actuar y de inhibir ese acto, notificaron esa situación a la Coordinación Regional de la Policía Michoacán (estatal) en Jiquilpan”, expone.
–¿Entonces fue la policía estatal la que no pasó el reporte a la FGE?
–Ahí yo no sé qué coordinación tienen ellos, porque aún cuando se hubieran enterado por videos a las seis de la tarde, acá llegaron casi a las ocho de la noche. Ya vinieron todos horas después al evento
terminado.
“Estamos con nuestro grupo de abogados checando todo, viendo todas las aristas para defender nuestra postura, desde lo legal hasta lo mediático. No es justo que en una situación de inseguridad de todo el país los municipios siempre sean los perdedores, los malos, los tontos o los
olvidados.”
El munícipe, de origen panista, comenta que hasta ahora no ha sido llamado a declarar y considera que los señalamientos hasta cierto punto han sido de índole política.
“No quiero pensar que es represalia por ser de diferente color partidista y menos que busquen lavarse las manos ante lo sucedido, pues esto es asunto federal: desde que se presenta un grupo delictivo con ese tipo de armas le corresponde a la federación; queremos que ellos actúen y que se tenga un aprendizaje de esto, que los municipios son vulnerables”, dice Anguiano.
–¿Los policías de su municipio aprobaron el examen de control de confianza o hay riesgo de que algunos estén coludidos con el narcotráfico?
–Eso lo tendrán que determinar las investigaciones, yo no tengo facultades, menos ahorita, para señalar algo así. La fiscalía trae la línea de investigación y nosotros haremos lo que sea necesario para que se deslinde cualquier responsabilidad, estamos con la firme disposición de que se aclare todo.
Al día siguiente de la masacre, el lunes 28, buena parte de los negocios permanecieron cerrados y se suspendieron las actividades escolares. Los días posteriores al suceso hubo gran incertidumbre en un sector de la población, porque corrieron rumores en el sentido de que la gente de El Pelón llegaría a la comunidad a vengarlo, comenta uno de los profesores de un plantel escolar de la comunidad.
“Hasta antes de ese domingo podíamos decir que aquí no pasaba nada. Todavía estamos en shock, hubo personas que sufrieron crisis de ansiedad y tuvieron que buscar atención médica”, agrega el docente.
Una productora de queso señala que, tras la masacre, algunos de los familiares migrantes en Estados Unidos prefirieron no viajar al pueblo durante las fiestas patronales del próximo 19 de marzo, dedicadas a San José, que según algunas versiones podrían cancelarse por tercer año consecutivo, las dos primeras por la pandemia del covid-19 y ahora por la inseguridad.








