domingo 15 de noviembre de 2026

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La Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias y mala administración en instancias de la Conade cercanos a los 377 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2020. El organismo fiscalizador llama la atención por la manera reiterada en que funcionarios e incluso atletas del organismo deportivo actuaron, sobre todo en un año de parálisis debido a la pandemia.

Una vez más la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de los funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). El monto asciende a 376.9 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, año en el que debido a la pandemia el deporte estuvo paralizado.

El organismo fiscalizador refiere que, “de manera reiterada”, la Conade sigue operando con diversas inconsistencias en la administración, ejercicio y comprobación de recursos públicos. Nuevamente encontró malos manejos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) –fideicomiso ya extinto por los incontables casos de corrupción con los que operó–, ahora con 97.4 millones de pesos por aclarar.

En otros dos rubros, Transferencias, asignaciones y subsidios y Gestión financiera de la Conade, los montos con irregularidades que no fueron solventadas –a pesar de que los funcionarios ya tuvieron oportunidad de hacerlo– ascienden a 205.2 millones de pesos y 74.3 millones, respectivamente. Por lo anterior, la ASF inició 19 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

En los tres casos, quienes también utilizan de manera desaseada los recursos federales son, como siempre, además de los servidores publicos, las federaciones deportivas, institutos del deporte, entenadores y hasta deportistas, amén de un grupo de personas físicas y morales que están impedidos para recibir recursos federales, pero que aún así los ejercieron y en la mayoría de los casos no los comprobaron.

Fodepar

De los 97.4 millones pesos que la ASF determinó como pendientes por aclarar, 67 millones corresponden a cuentas por cobrar y reintegros pendientes por la extinción del fideicomiso Fodepar.

La ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Conade realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que no realizaron en el plazo establecido los reintegros.

El resto del dinero tiene que ver con que la Conade no contó con la documentación comprobatoria (comprobantes fiscales, recibos de pago y demás que acredite el ejercicio del dinero) de los recursos transferidos a deportistas, entrenadores y federaciones deportivas por un par de montos: 17.5 y 12.8 millones de pesos.

De esos 12.8 millones –de los cuales 2.5 fueron transferidos a personas que no acreditaron ser miembros activos del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade)–, 7 millones corresponden a recursos que la Federación Mexicana de Softbol no comprobó. Otros 1.7 y 1.6 millones se les entregaron a personas físicas. La primera de ellas no fue encontrada en el domicilio fiscal que tiene reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Del análisis de la cuenta bancaria a nombre de la Federación Mexicana de Softbol, AC, se constató que se realizaron transferencias de recursos a la persona física 33 por 3.2 millones de pesos, a la persona física 34 por 330 mil pesos, señalada como especialista deportivo; además, se transfirieron recursos a las personas físicas 35 y 36 por 250 mil pesos y 3.3 millones de pesos, respectivamente, personas que no presentan relación con los eventos apoyados.”

Por lo anterior, la ASF “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 12.8 millones de pesos por no presentar la información y documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos públicos federales para los fines del Fodepar en el rubro Apoyos al Deporte Nacional asignados”.

Asimismo, se presume el mismo daño o perjuicio por 17.5 millones de pesos por la misma razón, pero en el rubro Apoyos Económicos Diversos asignados a 10 federaciones (natación, remo, ciclismo, voleibol, triatlón, gimnasia, bádminton, vela, esquí y wakeboard y tenis de mesa) y 27 deportistas y entrenadores.

En relación con la Federación Mexicana de Natación (FMN), que adeuda 1.9 millones de pesos que no ha comprobado, la ASF le emitió oficio de solicitud de documentación e información; sin embargo no se pudo notificar toda vez que en el domicilio fiscal registrado ante el SAT no se localizó a la persona moral.

Cabe destacar que el presidente de la FMN, Kiril Todorov, tiene un proceso judicial abierto por el probable delito de peculado. Su juicio se iniciará a finales de marzo.

Así, la ASF promovió un ejercicio de la facultad de comprobación fiscal para que el SAT instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a la FMN “y a las personas físicas 11, 24 y 31, con Registros Federal de Contribuyentes FMN610529-EU0, OOMM630625-6C3, KIJO950408-TX6 y PETJ860613-MN9, debido a que dichos contribuyentes no se localizaron en sus domicilios fiscales”.

Por otro lado, nuevamente la ASF detectó irregularidades en la solicitud de recursos que piden los deportistas, entrenadores y federaciones para eventos deportivos y adquisición de materiales, equipos y uniformes deportivos, campamentos y concentraciones, porque los 31 escritos presentados tienen fechas posteriores a las sesiones del Comité Técnico del Fodepar donde supuestamente fueron autorizados esos recursos.

Además, los documentos no cuentan con la autorización de la Comisión Deportiva, órgano que se supone revisa las solicitudes y, junto con los analistas técnicos, dictamina su viabilidad y su justificación.

“En relación con la documentación y los convenios para la recepción de los apoyos, la Conade proporcionó 17 convenios firmados con federaciones y/u organismos deportivos, deportistas y entrenadores, con el objeto de recibir recursos del Fodepar y ocho convenios modificatorios; sin embargo, del análisis de éstos se comprobó que fueron firmados en ejercicios fiscales anteriores (de 2012 a 2019), es decir, con anterioridad a la autorización de recursos por parte del Comité Técnico del Fodepar.”

Transferencias, asignaciones y subsidios

En la auditoría realizada a Transferencias, asignaciones y subsidios, la ASF detectó que la Conade no supervisó ni verificó el ejercicio de recursos del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del gobierno del Estado de Nuevo León (Inde) que dirigía Jesús Perales, que no acreditó la recepción de bienes y servicios por 39.9 millones de pesos de un total de 107 millones que la dependencia federal le transfirió para realizar los Juegos Nacionales 2020, que por la pandemia ya no se llevaron a cabo. El resto del dinero fue devuelto a la Tesorería de la Federación.

La Conade acordó aceptar una comprobación que no excediera 40% del total del recurso entregado para que el Inde de Nuevo León pudiera comprobar “aquellos gastos inminentes, independientemente de la celebración o no del evento”. Se trata de adecuaciones deportivas (instalación de gradas, de una alberca semiolímpica y mantenimiento preventivo) al Centro de Alto Rendimiento y compra de material deportivo de 12 deportes, para los cuales se realizaron tres procesos de licitación con el propósito de contratar a siete empresas, donde la ASF encontró irregularidades.

Esas empresas, además, no reportaron ante el SAT los pagos recibidos por el Inde.

“Se detectaron diversas inconsistencias en la documentación (fechas, formatos, entregas), tampoco se cumplió con los requisitos para acceder al apoyo y no se presentó la totalidad de documentación que acredite la realización de los procesos de adjudicación… el Inde Nuevo León no acreditó la recepción de los bienes y servicios conforme lo convenido y no justificó el pago de recursos públicos federales, toda vez que no acreditó la prestación de los servicios contratados.”

La ASF determinó: “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 39.9 millones de pesos por no acreditar la recepción de los bienes y servicios del objeto del convenio del 26 de febrero de 2020 y su modificatorio del 2 de septiembre de 2020, así como de los bienes y servicios contratados con los proveedores; además se constató que el Inde Nuevo León pagó bienes y servicios que no fueron gastos inminentes para los eventos deportivos Nacionales Conade 2020 y Nacionales Conade-Campeonatos Nacionales 2020, ya que éstos se cancelaron.”

Esta es la primera vez que que en la historia de este certamen deportivo (antes llamado Olimpiada Nacional) la Conade autoriza recursos para comprar material deportivo y remodelar instalaciones. Esos son gastos que siempre han absorbido los estados sede.

Asimismo, la ASF promovió que el SAT audite a las personas morales Comercio de Artículos Deportivos CAD, SA de CV; Diseños San Pedro, SA de CV; Dynamic HPS, SA de CV; Integraciones Estratégicas Veire, SA de CV; Mobiliario y Butacas Guadalajara, SA de CV, y Nor Max, SA de CV, debido a que no reportaron en las declaraciones provisionales y complementarias el ingreso de los recursos públicos federales recibidos, ni su actualización en la declaración anual del ejercicio fiscal 2020, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Por otro lado la Conade pagó 77.5 millones de pesos a 428 personas físicas por concepto de apoyos a entrenadores; sin embargo no acreditó que fueran miembros del Sinade. Otras 222 personas físicas que recibieron recursos por 40.4 millones de pesos no acreditaron ser profesionistas, especialistas o con experiencia en el campo deportivo.

Otra de las irregularidades detectadas es que la Conade tramitó el pago de 20.8 millones de pesos para la Federación Ecuestre Mexicana (FEM). Sin embargo no se acreditó el cumplimiento del objeto de 12 convenios. En el año de la pandemia, donde se suspendieron todas las actividades deportivas, la FEM transfirió ese dinero a cuatro clubes hípicos en Jalisco, Guanajuato y Veracruz y a una empresa de marketing desde una cuenta bancaria recién creada exprofeso para recibir esos recursos federales.

“Dicha federación informó mediante escrito que no contó con contratos ni entregables que acrediten la transferencia de recursos por 20.8 millones de pesos a cinco personas morales… no presentó documentación con la que acredite la prestación de los servicios; dijo que la documentación que generan los eventos son formatos de inscripción, listas de entrada y sorteo de participación y que toda la documentación deja de tener valor una vez terminado el evento, por lo que se desechó y no se conservó; no presentó evidencia fotográfica de los eventos.”

La Conade y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (Condde) firmaron un convenio el 7 de abril de 2020 para que la dependencia federal le transfiriera 59.9 millones de pesos y así ocurrió; pero tras la revisión, la ASF encontró que el secretario general del Condde, Manuel Merodio, no acreditó la recepción de bienes por 20.7 millones de pesos y servicios por 8.4 millones de pesos; además pagó gastos previos a la vigencia del convenio por 5.5 millones de pesos, realizó pagos de conceptos fuera del objeto del convenio por 18.2 millones de pesos, hizo pagos de comisiones bancarias por 6.4 millones sin que estén comprendidos dentro del objeto del convenio, presentó facturas que no cumplen con los requisitos fiscales por 179 mil pesos, hay retenciones no enteradas por 1.1 millones de pesos y comprobantes fiscales sin identificar su pago por 4.8 millones; además no presentó documentación justificativa y comprobatoria por 190 mil pesos.

“Se observó que ni la Conade ni el Condde proporcionaron toda la documentación por cada adquisición, arrendamiento y servicio que contrataron con recursos públicos federales, la cual se integraría en un expediente con cotización, convenio, contrato o pedido, notas de remisión, facturas, copia del cheque de pago y demás documentación relacionada con la adquisición, el arrendamiento o el servicio de que se trate; asimismo de los bienes muebles no consumibles (equipo deportivo, bienes informáticos, etcétera) no acreditaron que estaban debidamente inventariados y que formaron parte del patrimonio del Condde, y los bienes de consumo (material deportivo y vestuario, etcétera), es decir, aquellos que por su utilización en el desarrollo de las actividades que realizan tienen un desgaste parcial o total, no fueron controlados a través de un registro global en sus inventarios.”

Dado lo anterior, la ASF presume un daño a la hacienda pública federal por 58.2 millones de pesos debido a que no se acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de diversos bienes y servicios, y tampoco la recepción de éstos ni la adquisición de bienes y servicios antes de la celebración del convenio respectivo; adicionalmente, por pagar conceptos no autorizados y haber presentado una factura que no cumple con los requisitos fiscales exigibles.

Gestión financiera

Finalmente, en el rubro de gestión financiera, la ASF presume un daño a las finanzas federales por 74.3 millones de pesos, pues se concluyó que la Conade adjudicó de forma directa la contratación de servicios y la adquisición de bienes, sin motivar las circunstancias pertinentes ni justificar las razones.

Tampoco acreditó que, previo al inicio de los procedimientos de contratación, se efectuaran investigaciones de mercado de las cuales se desprendieran las condiciones imperantes respecto de los bienes o servicios contratados para buscar y asegurar las mejores condiciones para el Estado.

Asimismo, aunque presentó documentación para sustentar dos procedimientos de contratación por adjudicación directa, se constató que no fueron emitidos por la persona que la Conade reportó, toda vez que esa persona desconoció esos documentos y negó haberlos firmado.

Además, formalizó contratos sin contar con la suficiencia presupuestaria, suscribió contratos con una persona moral sin verificar que contara con personalidad jurídica para celebrar contratos en carácter de dependencia o entidad de la administración pública del Estado de México, celebró un convenio modificatorio por un monto mayor de 20% del originalmente contratado, adquirió equipos de gimnasio con características tecnológicas para las cuales no contaba con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento, recibió un equipo a entera satisfacción distinto al contratado y pagado, y suscribió actas entregas recepción posteriores a la vigencia del contrato.

“Se confirmó que las características tecnológicas para el control y seguimiento de los ejercicios realizados por los atletas, por las cuales se realizó la adquisición de equipos deportivos de la marca Technogym, no se encontraban en uso, ya que a la fecha de la inspección física realizada al Pabellón de Alto Rendimiento éstos no se encontraban en funcionamiento por la falta de configuración e internet en dichas instalaciones, por lo que no se acreditó que fueron utilizados por los atletas de alto rendimiento ni para los fines de su adquisición (preparación de atletas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), de la fecha de recepción de los equipos (15 de diciembre de 2020) a la fecha de la citada inspección física realizada por el grupo auditor (1 de septiembre de 2021)”.

La adquisición de esos aparatos de gimnasio se hizo con la venia del entonces titular de Hacienda, Arturo Herrera, aunque apenas dos años atrás, cuando Alfredo Castillo dirigía la Conade, se había comprado un gimnasio completo cuyo tiempo de vida se estima en 10 años. Además, la hoy directora del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, Cinthya Maribel Leyva Roa, se desempeñaba en esas fechas como jefa del departamento de apoyos educativos y administrativos de ese ese centro. Leyva Roa es la empleada de Conade que, sin tener derecho a hacerlo, se vacunó junto con los deportistas que viajarían a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por si fuera poco, la Conade realizó pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2020 por servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2019 sin que el pasivo estuviera debidamente contabilizado, toda vez que no acreditó el registro de la prestación de los servicios pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019.