La noticia de que la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto hasta la semana 24 ha generado júbilo, escándalo y desconcierto. En un fallo similar al que en noviembre emitió nuestra Suprema Corte, aunque más liberal en materia de tiempo gestacional, la Corte colombiana ha planteado que ninguna mujer podrá ser penalizada por interrumpir su embarazo si lo hace antes de la semana 24.
Además, ha subrayado que seguirán vigentes después de ese plazo las tres causales ya legales: 1) peligro para la vida o la salud de la mujer; 2) malformación grave del producto; y 3) violación o inseminación sin consentimiento.
Este fallo, que coloca a Colombia a la vanguardia en América Latina, habla tanto del alto nivel de discusión jurídica de su Corte como del intenso trabajo de incidencia que han hecho desde hace décadas las activistas feministas.
Sin restarle mérito a tal resolución, vale la pena recordar que Colombia no es el primer país en establecer ese amplio plazo. El caso paradigmático es el del Reino Unido, que desde 1967 fijó ese margen, lo que convirtió a Londres en la ciudad a la que llegaban mujeres de todos los países a realizarse abortos legales las 10, 12 o 14 semanas, y muy rara vez con tiempos gestacionales mayores. Lo que la elección colombiana por ese amplio plazo exhibe es una perspectiva que considera que no hay que regirse por preceptos religiosos, sino por decisiones sociales. Dicha perspectiva se enmarca en una bioética laica, que reconoce los límites neurológicos que hay en las distintas fases por las que pasa un óvulo fecundado hasta convertirse en una criatura (blástula, embrión y feto) para rechazar que un embarazo no deseado sea un destino inexorable.
Al sumar a la perspectiva de respeto a los derechos humanos de las mujeres, ya expresada por la Corte Interamericana, la perspectiva de la Corte colombiana que establece un límite al aborto en el filo de las 24 semanas, reconoce dos elementos cruciales: la inactividad neurológica (sinapsis) antes de esa fecha y la incapacidad del feto de sobrevivir fuera del cuerpo de la mujer. Algunos equipos perinatales muy avanzados (y carísimos) han tratado de mantener con vida a fetos de seis meses, pero esas criaturas no logran la maduración neurológica necesaria y suelen quedar muy dañadas. Por eso es que los médicos cifran en más de 24 semanas el tiempo de sobrevivencia con buena calidad de vida.
Esta resolución jurídica respeta la existencia de una oposición de visiones en relación al aborto, lo que en un régimen de laicidad del Estado permite que cada mujer tome la decisión sobre su cuerpo (y su vida) de acuerdo a sus creencias. Ciertamente, en el deseo de interrumpir la gestación de un nuevo ser se expresa una concepción ética acerca de la autonomía personal, y eso agudiza conflictos religiosos y políticos en ciertos grupos.
Al revisar los conceptos y creencias que tenemos acerca de la procreación, y de su interrupción, aparece por encima de todo el dilema de la libertad. La libertad procreativa, que incluye el derecho al aborto, no obliga a ninguna mujer a abortar; en ese sentido, es similar a la ley del divorcio: está ahí para quien lo solicite. La ley respeta la libertad de las mujeres en ambos sentidos: abortar y no abortar. A las mujeres que consideran al aborto como un pecado, nadie las obliga a abortar.
Interrumpir un proceso que se lleva a cabo en el propio cuerpo, sin que la carencia de recursos (económicos o informativos) lo convierta en un riesgo de muerte, de extorsión económica o incluso de prisión, es una cuestión de justicia social. No a todas las mujeres que abortan ilegalmente les va igual: quienes cuentan con recursos lo pueden hacer clandestinamente en óptimas condiciones. Pero la gran mayoría se arriesga a ser maltratadas psicológicamente además de que pagan sumas totalmente desproporcionadas, incluso acaban en la cárcel.
En Colombia alrededor de unas 400 mujeres han sido encarceladas con penas que van de los 16 a los 54 meses (El País, 21/02/22), por lo que un objetivo de la resolución ha sido eliminar la injusticia social que genera la ilegalidad y atenuar los altos costos sanitarios y económicos concomitantes.
¿Cuál será el impacto de la resolución colombiana en otros países de la región? Ojalá que al menos abra un debate en otras cortes. Eso también sería importante que ocurriera en Estados Unidos, pues en la actualidad su Suprema Corte debe pronunciarse sobre una resolución hecha en 1973, que resolvió que la decisión del aborto compete a la intimidad de cada mujer. ¿Debatirán los ministros de esa Corte los fallos de las cortes de México y Colombia?
En Estados Unidos las fuerzas conservadoras (republicanos y grupos religiosos) han ido obstaculizando el acceso al aborto y actualmente esa Corte tiene una mayoría conservadora. En las recientes resoluciones de México y Colombia el derecho a la autodeterminación en materia de aborto es consagrado como un derecho de las mujeres por una razón evidente: el proceso de concepción, gestación y parto se lleva a cabo exclusivamente en sus cuerpos. Sin embargo, hay jueces en la Suprema Corte estadunidense que se guían por preceptos religiosos, por lo que existe la posibilidad de un fallo negativo. Esperemos a ver qué pasa.
