A cambio de que el caso Pasta de Conchos no llegue a la CIDH, el Estado mexicano ofreció una solución amistosa que los familiares de los mineros muertos condicionaron al rescate de los restos, el reconocimiento de todos los parientes (y no sólo a las viudas) y medidas de no repetición en una región que ha registrado más tragedias en minas de carbón. Pero las acciones de rescate apenas inician y el gobierno federal no cumple a cabalidad sus compromisos. Elvira Martínez Espinoza, viuda de uno de los trabajadores siniestrados, sintetiza: “Nos quedamos estacionados en 2019. Tenemos lo mismo que cuando empezó el gobierno de López Obrador”.
Sin avances importantes en el proyecto de rescate de trabajadores atrapados en la mina de Pasta de Conchos y sin una respuesta clara del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las condiciones fijadas por familiares de las víctimas para llegar a un acuerdo amistoso ante el litigio iniciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este sábado 19 se cumple un año más de la tragedia que hace 16 años puso al descubierto los riesgos que corren los trabajadores mineros en el país y la falta de supervisión institucional.
Durante su campaña, López Obrador se comprometió a recuperar los cuerpos de los mineros sepultados. En 2019 delegó la tarea a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pero en septiembre de 2020 se la reasignó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se apropiará del carbón una vez que culmine el rescate de los restos.
Cuestionada al respecto, Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado, uno de los 65 trabajadores muertos a causa del derrumbe de la mina en Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, ocurrido el 19 de febrero de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, habla de cero avance: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”.
El cuerpo de Jorge Vladimir es uno de los 63 que aún siguen sepultados, pues al principio sólo se rescataron dos.
Representante de un grupo de familiares de los mineros que iniciaron un litigio ante la CIDH en febrero de 2010 –asesorados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y la organización Familia Pasta de Conchos–, Doña Elvira dice que el caso fue admitido en 2018.
Durante las tres administraciones previas a la de López Obrador, relata, “siempre nos dijeron; ‘No se puede hacer el rescate”. Y ahora dijeron: ‘Lo vamos a hacer’. Incluso trajeron expertos, dijeron que sí. Se hizo el compromiso público de hacer el rescate. Y durante el proceso se fue excluyendo a familiares de las reuniones con la CFE”.
Integrante de un grupo de mil 100 peticionarios reconocidos en el proceso que se sigue ante la CIDH, doña Elvira recuerda que durante año y medio el gobierno federal determinó negociar sólo con las viudas de los trabajadores sepultados en Pasta de Conchos. Excluyó a los demás familiares, a pesar de que ante el organismo internacional expresó su disposición de llegar a una solución amistosa para evitar llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El julio del año pasado, en respuesta al ofrecimiento del Estado mexicano de llegar a una solución amistosa ante el organismo regional, los peticionarios en el caso de Pasta de Conchos condicionaron su consentimiento al reconocimiento de la totalidad y no sólo a las viudas, que en su mayoría no solicitaron la intervención de la CIDH.
Asimismo, para evitar ir a la Corte Interamericana, pidieron encaminar acciones para el rescate de cuerpos y emprender medidas de no repetición, toda vez que la región carbonífera de Coahuila ha registrado otras desgracias por la falta de supervisión de la STPS.
Las nuevas promesas
El martes 15, en una reunión convocada por el gobierno federal para revisar los avances en el cumplimiento de los compromisos, doña Elvira exigió abrir la puerta a los familiares de las víctimas más allá de las viudas. Su petición fue aceptada.
En la reunión, presidida por la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, en la ciudad de Nueva Rosita, se acordó también que el 1 de marzo próximo los familiares acudirán a un encuentro en la mina, donde los representantes de la CFE les explicarán el plan de rescate. También asistieron representantes de la CFE, de las secretarías de Gobernación y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Comisión Nacional de Vivienda.
“Nos costó año y medio que las autoridades entendieran que los mineros sepultados no sólo eran esposos, también eran hijos, hermanos, amigos, miembros de una comunidad que está interesada en recuperar sus restos… lo que quede de ellos”, puntualiza doña Elvira.
Escéptica, la representante de los familiares dice no estar convencida del cumplimiento de plazos que estableció la CFE en la reunión, que oficialmente inició los trabajos el viernes 11, porque “las planeaciones no son muy seguras”.
En 2020, por ejemplo, la CFE dijo que el rescate empezaba en septiembre de 2021. “Estamos en febrero y no empiezan los trabajos, incluso a una de las viudas que llevaron el lunes 14 para que vieran dónde se iban a excavar las lumbreras le dijeron que no tenían fecha de inicio porque carecían de maquinaria”.
Sobre las medidas de no repetición, que los peticionarios ante la CIDH han puesto para continuar con el proceso de solución amistosa, doña Elvira lamenta: “No han hecho absolutamente nada. No he visto ningún cambio y creo que va a seguir todo igual en el tema de la minería; a lo mejor hasta peor, porque la oficina de la STPS en Sabinas, encargada de las inspecciones de las minas en la región, no tiene ni para la gasolina; tampoco hay inspectores ni recursos para contratar más personal”.
Alcaldes oportunistas
Doña Elvira resalta que la situación de los mineros no ha cambiado mucho desde hace 16 años. Recuerda la tragedia ocurrida en junio del año pasado en la comunidad de Rancherías. Ahí murieron siete mineros en un derrumbe; por fortuna sus cuerpos pudieron ser rescatados.
“En ese momento se declaró que al menos se había hecho el rescate, no como en sexenios pasados –recuerda doña Elvira–. ¿Cómo declaras eso si hay viudas y huérfanos de por medio? ¿Cómo eso te va a hacer diferente como gobierno?
“La diferencia se va a marcar evitando ese tipo de tragedias. Es lamentable que no se dé importancia a la vida de los trabajadores. Nomás pedimos que se acate la ley, que estos centros de trabajo cumplan con los requisitos que se les exige… Aunque el gobierno diga que primero son los pobres, eso con los mineros no lo vemos”, sostiene.
Dice que en este gobierno no ha visto “empatía de la CFE; sólo les importa que les suministren el carbón, sin importar las condiciones en que se extrae”, y agrega que tampoco espera justicia en el caso de Pasta de Conchos, no sólo porque López Obrador no incluyó el tema como compromiso en la reparación del daño, sino porque “no es la manera que en este sexenio se atiendan este tipo de casos, el gobierno se hace responsable, te indemniza y asunto arreglado”.
Sin embargo, insiste, hasta en esos temas prevalece la indignación de familiares porque “no se está cumpliendo lo que el presidente prometió en temas de reparación del daño a las familias y en reparación comunitaria”. Esa inconformidad fue planteada en la reunión del martes 15.
“Se nos dijo que, como se había pedido, se haría una inversión en pavimentación, luz, agua potable, escuelas, universidades, algo que beneficiara a toda la comunidad, pero resulta que la Sedatu tomó la decisión de hacer polideportivos en los tres municipios a los que pertenecían las víctimas: Múzquiz, Sabinas y Nueva Rosita (San Juan de Sabinas); peor, las obras se las atribuyen los alcaldes como logros de ellos”, dice.
Al destacar que en Múzquiz y en San Juan Sabinas gobierna Morena y en Sabinas la alianza PRI-PRD, doña Elvira destaca que a principios de mes advirtió que los alcaldes de la región hicieron promoción de esas obras, lo que le causó sospecha. Ellos tomaron posesión el 1 de enero, dice, “y en menos de un mes haber logrado esas obras, me parecía imposible”.
En Múzquiz, por ejemplo, la alcaldesa de Morena, Tania Vanessa Flores Guerra, dio a conocer el proyecto del polideportivo en Palau el martes 1. Fue presentado como parte del “Programa de Mejoramiento Urbano, gracias a la presunta gestoría de ella ante instancias federales, en este caso, ante la Sedatu”, de acuerdo con un comunicado oficial del ayuntamiento publicado en su página de Facebook.
“Hubo mucha inconformidad. La respuesta de la Sedatu fue que permitieron que los alcaldes presumieran las obras porque ellos van a darles mantenimiento.
“Para colmo, cuando se habló del memorial, los familiares protestaron. ¿Cómo se ponen a hablar de eso cuando todavía no rescatan a los mineros?; y luego, porque se tiene programado que se construya en terrenos de la mina, donde nadie lo va a ver. Lo que nos dijo la Sedatu es que no tiene terreno para levantarlo”, agrega doña Elvira.
El miércoles 16, en sendos comunicados de prensa, la CFE y la STPS anunciaron el arranque de los trabajos de rescate y de atención a los familiares de las víctimas.
La dependencia encabezada por Manuel Bartlett informó que la primera etapa se asignó un contrato por más de 308.9 millones de pesos a las empresas Desarrollo de Terracerías, S.A. de C.V., y PROACON México, S.A. de C.V.
En cuanto al plan de reparación, se dio a conocer que 34 de 65 núcleos familiares fueron integrados al plan de vivienda, con avances de 15 proyectos; de los 65 núcleos familiares identificados como sujetos a indemnización, de acuerdo con el gobierno federal, que comprenden a “245 deudos”, sólo habría tres que faltarían por cobrar: un menor, una persona privada de libertad y una más por encontrarse en Estados Unidos.
Y en marzo, según la dependencia, “se iniciará la firma de convenios y entrega de indemnizaciones a los deudos de los mineros que se encuentran pendientes”.
Doña Elvira está ansiosa porque llegue el 1 de marzo, día en que sabrá si el gobierno de López Obrador va a admitir que se incluya a todos los familiares en las reuniones de seguimiento de la CFE, como se acordó el martes 15, que le faciliten los informes sobre el proyecto de rescate para que sea analizado por familiares que saben de minería.
“Queremos ver si es cierto que tienen intención de hacer el rescate y si se cumplen las otras condiciones que pusimos para aceptar la solución amistosa ante la CIDH. De no ser así, ni modo, nos veremos en la Corte Interamericana”, apunta.
Mientras llega ese día, doña Elvira insiste en que los familiares de las víctimas del derrumbe en la mina Pasta de Conchos se mantienen en espera de que López Obrador cumpla su compromiso.
Y sentencia: “Nos quedamos estacionados en 2019. Tenemos lo mismo que cuando empezó el gobierno, cuando se hizo el compromiso de que se iba por el rescate. Sólo tenemos la promesa, pero la esperanza nunca la perdemos. Ahí va estar mientras los familiares resistamos”.
