Luego de varios meses de intimidación mediante interpósitas personas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, logró la destitución anticipada del titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano. Uno de los operadores es Fernando del Villar Treviño, quien se ostenta como abogado sin serlo y trabaja en Accuracy Legal & Consulting, firma propiedad del exsenador panista Roberto Gil Zuarth. El afectado teme por la vida de su familia y asegura que Barbosa quiere meterlo a la cárcel.
PUEBLA, PUE.- De nueva cuenta, el despacho del panista Roberto Gil Zuarth aparece como parte de una embestida legal y policiaca lanzada por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Esta vez para destituir de manera anticipada a Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla.
Apenas hace tres semanas Proceso (2361) reveló que Accuracy Legal & Consulting, una de las firmas propiedad del exsenador panista, fue contratada por el mandatario poblano para diseñar la estrategia legal que usó para tomar el control de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Universidad de las Américas Puebla, institución educativa que lleva más de siete meses en conflicto.
Ahora, uno de los colaboradores de Gil Zuarth, llamado Fernando del Villar Treviño, fue identificado por especialistas en tecnología de la ASE como quien elaboró un documento usado por ayuntamientos, órganos descentralizados y universidades para dilatar la entrega de informes contables al ente fiscalizador.
En entrevista, Romero Serrano refiere que este boicot a su labor buscaba crear una vía para destituirlo –su periodo concluye en noviembre de 2026–, pero que al obstruir funciones fiscalizadoras de la ASE sobre recursos públicos estatales y federales, los operadores de esta estrategia incurrieron en delitos.
El auditor tenía lista una denuncia para presentarla ante la Fiscalía General de la República (FGR) el martes 15. En ella señalaba a la secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, y al consejero jurídico del Ejecutivo, Carlos Palafox Galeana, de haber ordenado a los sujetos obligados que evadieran entregar informes a la ASE.
En la misma querella acusaba a Fernando del Villar de operar este boicot, pues 61 entes enviaron a la auditoría escritos que evidenciaban un machote y algunas de esas instituciones anexaron el formato que les fue enviado por correo para justificar la dilatación de sus informes. Al rastrear la dirección IP, especialistas en informática encontraron que el autor de ese formato fue Del Villar.
Romero Serrano señala que esto acabaría por involucrar en la denuncia al despacho Accuracy Legal & Consulting de Gil Zuarth para el cual trabaja Del Villar. Sin embargo, un día antes de que acudiera a la FGR, el Congreso estatal anunció su suspensión temporal como auditor.
El lunes 14 el juez de control de la región Centro-Poniente de Puebla, Javier Vázquez Hernández, dictó la medida cautelar de separación del cargo de Romero Serrano como parte de un proceso que se sigue en su contra por supuesta violencia familiar. Y la orden se acató de inmediato.
Entrevistado el miércoles 16, el afectado asegura que él y su familia son víctimas de una persecución política que surgió a partir de que tuvo diferencias con el Ejecutivo estatal, que fueron interpretadas como “traiciones”.
Para legitimar su destitución anticipada, acusa, se ha armado un entramado en el cual se ha usado al DIF, al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado (FGE), la policía de San Andrés Cholula, al Congreso local y a los medios.
Lo más grave, denuncia, es que, como parte de esta embestida, el DIF ha tratado de separar a su esposa, Joseline Zurita, de su hijo Arón, de seis años y diagnosticado con Asperger, quien resultaría afectado si lo apartan de su núcleo familiar y de los espacios y personas con las que acostumbra convivir.
Desencuentros
La designación de Romero Serrano, el 27 de noviembre de 2019, fue impulsada por la mayoría de Morena en el Congreso local, pese a las protestas de algunos diputados, quienes aseguraron que no reunía el perfil por su cercana relación con el gobernador. El entonces diputado petista José Juan Espinosa incluso recordó que Romero fue promotor de las campañas del hoy mandatario en 2018 y 2019.
En la entrevista, el auditor, ahora suspendido, admite haber tenido una relación de amistad con el mandatario y que sostuvo “una buena” relación institucional. Relata que el distanciamiento partió de desencuentros que tuvo con el entonces líder del Congreso local, el morenista Gabriel Biestro Medinilla, uno de los hombres más cercanos a Barbosa.
Refiere que Biestro Medinilla, actual secretario del Trabajo en el estado y quien buscó ser candidato de Morena a la alcaldía de la capital, le pidió en noviembre de 2020 que desde la ASE se “descarrilara” el proyecto de Claudia Rivera Vivanco para buscar la reelección como alcaldesa.
Aunque señala que sí presentó denuncias penales por irregularidades que detectó en el ayuntamiento, al seguir los tiempos legales de las cuentas públicas y los procedimientos de las auditorías forenses, no lo hizo en el momento político que Biestro Medinilla quería para evitar la nominación de Rivera Vivanco.
A partir de eso, agrega Romero, dejó de tener comunicación con el presidente del Legislativo y se desató una guerra mediática en su contra, en la cual lo acusaron, entre otras cosas, de pedir “moches” a los alcaldes para aprobar sus cuentas.
“Posteriormente, Biestro Medinilla dio instrucciones para que no se recibiera ningún informe de cuentas públicas que yo entregara, ni en oficialía de partes ni en la Comisión Inspectora. Estuvo congelada la recepción cuatro o cinco meses hasta que llegó la nueva legislatura (en septiembre de 2021)”, expone.
En esas fechas, añade, pudo notar que las cámaras de vigilancia de su calle, se apuntaron directo a su puerta y que, desde un carro que se estacionó frente a su casa, se empezaron a vigilar sus actividades y visitas que recibía.
La fractura
El rompimiento definitivo con el gobernador Miguel Barbosa ocurrió a finales de noviembre de 2021, a partir de que Romero Serrano aceptó una recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue rechazada por Barbosa Huerta.
La recomendación 75/2021 pedía a ambos funcionarios dar una disculpa pública a Jorge Aguilar Chedraui, exsecretario de Salud del estado, a quien acusaron de actos de corrupción. “El tema que detonó la persecución, y fue absolutamente notorio, es cuando acepté la recomendación en uso de la autonomía que se supone tengo como auditor”, apunta.
En los primeros días de diciembre el Congreso aprobó fast track una reforma constitucional con la que se creó una unidad de vigilancia para supervisar a la ASE y se establecieron causas para una destitución anticipada del auditor.
Luego de eso, Romero Serrano dice que fue notificado por algunos alcaldes que estaban recibiendo instrucciones por parte de la Secretaría de la Función Pública para que desatendieran requerimientos de informes enviados por la ASE.
“Entonces emití un exhorto para que los sujetos fiscalizados cumplieran con la entrega de informes y, al día siguiente –22 de diciembre– un medio de comunicación anuncia que tenía una orden de aprehensión por violencia familiar.”
Para entonces, dice, ya había tramitado dos amparos federales promovidos en Tlaxcala e Hidalgo, con los cuales pudo evitar ser detenido.
El martes 8 de febrero, a través de las redes sociales, la ASE informó que había encontrado que Fernando del Villar operaba la obstrucción a la labor fiscalizadora y anunció que presentaría denuncia ante las autoridades federales.
Del Villar Treviño reconoce su relación con el despacho contable Accuracy Legal & Consulting en su perfil de Linkedin; además Proceso tuvo acceso a información que confirma su relación laboral formal con ese despacho.
La fotografía de Del Villar, quien se ostenta como abogado sin tener cédula en el Registro Nacional de Profesiones, estaba publicada en la página web de BDP Litigio y Consultoría, otra de las firmas de Gil Zuarth, pero después de que se publicaran notas sobre este presunto boicot, las imágenes fueron eliminadas.
Romero Serrano dice también que antes de renunciar a la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien es cercano a Barbosa, presentó una denuncia ante la FGE en su contra.
En la carpeta de investigación UEIORPI-I/000034/2021, lo acusan de recibir un pago de 130 mil pesos por asesoría contable a una casa editorial que resultó implicada en lavado de dinero, además de comprar una camioneta Suburban.
Aunque acepta que buscó un acercamiento con Barbosa Huerta, sostiene que el mandatario ya no lo recibió.
Joseline Zurita, esposa de Romero Serrano, manifiesta que ella y su hijo (hijastro del auditor) han tratado de ser usados en esta persecución.
En entrevista, reconoce que el matrimonio tuvo un incidente familiar la madrugada del 23 de octubre pasado, pero sostiene que ese hecho se ha usado para sacar a su marido de la ASE. Desde ese día, cuenta, fue acosada y perseguida por elementos de la fiscalía para convencerla de que denunciara por maltrato y golpes a su esposo.
Al negarse y alegar que ni ella ni su hijo sufren violencia física o psicológica, la carpeta de investigación FEIDVGCM/VF-I/009382/2021 contra Romero Serrano fue abierta por denuncia de policías municipales de San Andrés Cholula y guardias de seguridad del fraccionamiento La Vista.
Zurita relata que el 9 de noviembre la directora de la escuela para niños autistas le llamó alarmada, pues policías ministeriales acudieron armados a esa institución para pedir informes sobre Arón. “Le dije a la directora que les entregara todo lo que pidieran, para que se dieran cuenta que mi hijo no tiene síntomas de maltrato”, menciona.
No obstante, agrega que el caso se judicializó en agravio de su hijo, sin que se hicieran peritajes ni informes de especialistas sobre el supuesto maltrato, sólo basados en videos de cámara de seguridad frente a su casa, “donde, en ningún momento, se ven golpes”.
En una audiencia del martes 1, personal del DIF se presentó ante un juez y asumió la representación legal del niño, quien es ciudadano canadiense. Entonces, el juez emitió una medida cautelar para que el DIF tomara la custodia del menor, por lo que al día siguiente fueron a la casa de Romero Serrano para intentar llevarse al niño, pese a su condición de autismo.
Zurita y su hijo lograron obtener un amparo para evitar que los separaran. En tanto que el juzgado nombró un tutor para el niño y comunicó a la embajada de Canadá que éste será quien les informe todo sobre el menor.
La entrevistada afirma que “por debajo del agua” las autoridades le dijeron a su abogado que si ella procedía contra su esposo, “dejaban en paz” al niño.
El viernes 4, la CNDH pidió medidas cautelares a favor de los tres integrantes de la familia, en las que pidió a la fiscalía abstenerse de integrar “de oficio” la carpeta por violencia familiar, luego de que Zurita tenía la patria potestad de Arón.
También se pidió respetar la presunción de inocencia del auditor, pero aunque la FGE aceptó las recomendaciones el viernes 11, tres días después se hizo efectiva la orden para suspender a Romero Serrano del cargo.
En la entrevista, Romero Serrano advierte que teme por la seguridad e integridad de él y de su familia, además de estar seguro que el mandatario poblano no sólo quiere sacarlo de la auditoría, sino también encarcelarlo.
El funcionario tramitó un amparo para pedir su restitución en el cargo, pero la tarde del jueves 17 un juez negó su solicitud. A la salida del juzgado, Romero tuvo una amenaza de infarto y debió ser ingresado a un hospital.
