Dos meses antes del homicidio de Roberto Toledo, colaborador del portal de noticias Monitor Michoacán, directivos del medio digital denunciaron ante la FEADLE las amenazas que pesaban contra ellos de parte de personas que dijeron ser miembros de la delincuencia organizada y que les exigieron no publicar más contra funcionarios de Michoacán. De acuerdo con documentos con los que cuenta Proceso, además de a servidores públicos estatales, los periodistas solicitaron a las autoridades federales que investiguen a una legisladora y funcionarios locales, como el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, detenido en 2009 en el caso conocido como Michoacanazo.
El 2 de diciembre de 2021, dos meses antes del asesinato de Roberto Toledo Barrera, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera Terrazas, compareció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República, y denunció las amenazas de muerte en su contra y contra el director del medio digital de noticias, Armando Linares López. Nadie los ayudó.
Vera Terrazas dijo al Ministerio Público federal que los amagos provenían de funcionarios y políticos vinculados al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo.
El directivo del portal dio nombres, números telefónicos y mostró las amenazas, entre otras evidencias, pero nada ocurrió. El 31 de enero último a las 13 horas fue asesinado Toledo Barrera, a manos de tres jóvenes no mayores de 30 años; uno de ellos le disparó ocho veces.
En la querella por las amenazas Vera señaló a varios políticos y funcionarios (folio de investigación 100053/2021), de quienes –aseguró– conoce actos de corrupción y vínculos con grupos del crimen organizado que han sido denunciados por el portal Monitor Michoacán.
En sus publicaciones, el medio digital exhibió contratos, fotografías de obras inconclusas, un supuesto negocio millonario en el basurero municipal de Zitácuaro y actos de corrupción en una casa del adulto mayor, entre otros temas en los cuales Toledo participó en su documentación.
En la denuncia que Joel Vera interpuso ante la FEADLE, cuya copia posee Proceso, destacan los nombres del fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís; del alcalde por segunda vez de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; del excandidato a gobernador por el PRD Carlos Herrera Tello y de la diputada local por el distrito 13, Rocío Beamonte Romero.
Cuando Ixtláhuac fue alcalde por primera vez de Zitácuaro, por el PRD en mayo de 2009, la entonces Procuraduría General de la República lo denunció –junto con otros 38 funcionarios estatales– por presuntos vínculos con el narcotráfico en el caso llamado Michoacanazo. Fue liberado el 9 de enero de 2010. El presunto vínculo era con La Familia Michoacana.
Relación letal
El director de la Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, considera que los principales agresores de la prensa son el Estado y sus grupos aliados del crimen organizado.
En casos como el de Roberto Toledo, dice Maldonado, es importante que la investigación considere el contexto local. “De la compenetración que se ha dado entre crimen organizado y gobierno durante décadas es donde encontramos las claves para analizar los casos específicos de violencia letal contra la prensa; y es a donde no están llegando las investigaciones por la falta de independencia de los órganos de investigación”.
Ejemplo de lo anterior, explica, es el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, en 2017, donde se ha identificado a la mayoría de los autores del caso, e involucrado al expresidente municipal panista de Chínipas, Hugo Schultz, así como a un grupo criminal de esa región serrana.
Detalla que los rasgos en común que tienen los homicidios de los periodistas ocurridos en el comienzo de 2022 son: se trata de reporteros de a pie que laboran en lugares muy apartados y conflictivos; se trata de un periodismo local, regional.
Maldonado agrega que, en resumen, en el caso de Roberto Toledo se trata de una persona que colaboraba con un medio de comunicación, cuyos directivos, desde el 27 de enero último, denunciaron públicamente que fueron objetivo de amenazas después de una cobertura en Zitácuaro; las amenazas estaban “acompañadas de una campaña que los pone en un riesgo altísimo, vinculándolos con grupos criminales”.
Para el coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, Romain Le Cour, quien ha documentado las condiciones de violencia e inseguridad en Michoacán y Guerrero, el territorio michoacano es una especie de laboratorio político, “una tormenta perfecta en los últimos 10 o 15 años”.
Explica que Michoacán es un territorio que combina un altísimo valor político por la tradición de partidos de oposición y de competencia política que hay en el estado desde los ochenta, con la creación del PRD, y la presencia del PAN; “es un estado muy valioso en materia política a escala nacional, donde, además, hay muchísima tensión política”.
Que Michoacán sea importante lo hace vulnerable, dice Le Cour. “Ha sido productor de mariguana, amapola y de metanfetaminas; es un territorio ultraestratégico para el tráfico de drogas, y si combinas todo eso, te encuentras con una región muy rica”. Y en medio de ello trabajan los periodistas, agrega.
A inicios de febrero de 2022 la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, fue asesinado a balazos. De acuerdo con información oficial, de enero a noviembre de 2021 el estado sumó 2 mil 16 homicidios. Se trata del cuarto estado más violento de México, detrás de Guanajuato, Baja California y el Estado de México.
A escala local, Zamora, con 391; Morelia, con 348; Uruapan, con 263; Jacona, con 173; Puruándiro, con 88, y Zitácuaro, con 77 homicidios, son los municipios michoacanos más violentos. Sólo entre esas localidades la cifra de asesinatos ascendió a mil 340 en 2021.
Denuncias sin respuesta
En la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-MICH/ 0001053/2021, Joel Vera relató que temía por su vida y habló de los principales temas que cubren. Fundado por Armando Linares hace casi tres años, Monitor Michoacán es un portal digital que, de acuerdo con el propio Vera, “es la voz del pueblo”. Tiene más de 100 mil seguidores en Facebook, donde transmitían su programa de tinte político. Se trata de un medio de comunicación integrado por abogados y reporteros.
La última nota de Roberto Toledo se publicó en noviembre de 2021 y fue titulada: “¿Obras baratas o arreglos entre amigos?” El texto habla de la manera con la cual “se fue tejiendo una red de amigos de Herrera Tello para beneficiarse con contratos millonarios desde que muchos políticos llegaron al poder, cobijados bajo la sombra de Silvano Aureoles […] Obtuvo el contrato por 6 millones 424 mil pesos en diciembre del 2013”.
El subdirector del portal explica que el equipo que integra el medio, así como sus familias, la pasaron mal durante los últimos meses del año pasado. Incluso tuvieron que reforzar sus protocolos de seguridad, incluyendo el uso de diferentes vehículos.
El 22 de octubre de 2021 él y una decena de periodistas que cubren política y nota roja enviaron una carta al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la cual denunciaron que diversos policías estatales obstaculizaban su labor informativa.
En específico señalaron a agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; incluso le advirtieron al mandatario que el fiscal López Solís sabía de esos hechos pero ignoró su petición de garantizarles seguridad. La misiva al gobernador no sirvió.
El 1 de diciembre último Vera recibió más amenazas: le pedían que dejara de criticar al fiscal estatal. Como subdirector del medio, explica, decidió acudir al día siguiente a la FEADLE porque no confía en la fiscalía de Michoacán.
Después del homicidio de Toledo, el equipo de Monitor Michoacán padece días de resguardo; han publicado poca información, lo cual para una región, considera Vera, “es dañino porque la gente denunciaba a diario actos de corrupción. ¿Qué pierde una sociedad cuando le cierran un foro?”
El mismo 31 de enero, día del homicidio, Armando Linares dio la noticia sobre el atentado: “Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, nos llevó hoy a la muerte de uno de nuestros compañeros… Nosotros no traemos armas; nuestra única defensa es una pluma… una libreta”.
Amenazas
El viernes 11, 43 días después de la querella iniciada por Vera Terrazas, en atención al citatorio FEADLE-EILII-C6-061/2022, Armando Linares compareció ante el Ministerio Público federal.
Formuló una querella contra servidores públicos de Zitácuaro, mismos contra quienes hay una denuncia penal en la Fiscalía de Michoacán y a quienes Vera señaló en diciembre. Se trata de “Carlos Fernando Chicho Álvarez, director de Seguridad Pública; Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, presidente municipal; Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela, funcionario público de quien desconozco el cargo; Adrián López Solís, fiscal general del Estado de Michoacán; Carlos Herrera Tello, excandidato a gobernador por el PRD; Rocío Beamonte Romero, diputada local; Rodrigo González Ramírez, Ministerio Público del fuero común para el Combate al Secuestro, y Francisco Herrera Franco, quien era fiscal regional de Zitácuaro”.
Linares narró las amenazas recibidas en su contra; la primera ocurrió el 10 de octubre de 2021: “Recibí la llamada a las tres de la tarde vía WhatsApp, y del otro lado un hombre con una voz similar a la gente de la Tierra Caliente, voz fuerte, quien me decía que era el Comandante Águila del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), diciéndome que dejara de tirarle al fiscal regional Francisco Herrera Franco y a la Fiscalía, reclamándome que, por qué no publicaba cosas de La Familia Michoacana, que las cosas debían ser parejas”.
Aunque Armando contestó que “nosotros no nos metemos en asuntos de delincuencia organizada o de algún grupo, si ellos tenían su guerra era cosa de ellos”, el 2 de noviembre de 2021, del mismo número de Michoacán recibió un mensaje a las 17:04 horas por WhatsApp: “Amigo ya se le dijo que deje de estar quemando al gobierno, uno quiere ser tu amigo sino te vas a ganar un problema con nosotros, deja de estar quemando al fiscal”.
Las amenazas, Linares explicó a la FEADLE, ocurrieron luego de las publicaciones realizadas en Monitor Michoacán “donde señalábamos corrupciones de la Fiscalía, en particular del fiscal regional de Zitácuaro, así como de Carlos Herrera y Rocío Beamonte”.
Vera Terrazas recibió otras amenazas el 30 de noviembre y 1 de diciembre pasados, “de igual manera le decían que le llamaban del CJNG y que tenía que arrimarse a la tienda Aurrera de Zinapécuaro, y tenía que llevar como apoyo mínimo 100 mil pesos”.
En este febrero Armando Linares fue invitado a adherirse al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
El periodismo más frágil
Para Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, organización que sitúa a nuestro país en los últimos lugares en materia de libertad de expresión, el periodismo local, como el que hacía Roberto Toledo, es similar a casos como el de Luis Gamboa, asesinado en Veracruz. Se trata de reporteros que andan en la calle con sus propios medios, lo cual los hace más vulnerables, porque están alejados y solos.
“Es el periodismo más frágil y más solitario, donde no llega la protección y donde la impunidad se instala como la práctica más común; a las fiscalías locales no les importa hacer investigaciones profundas y pueden pasar años y años en los expedientes”, critica.
De acuerdo con colegas de Toledo, quienes piden se reserve su identidad, la fiscalía estatal así trató su homicidio: “Hubo una operación muy fuerte por parte del gobierno del estado y de Seguridad Pública, hablaron directamente a las redacciones para desacreditar a Toledo, pidiendo que las notas que salieran no fueran reivindicándolo como periodista”.
