Desde el 27 de enero de 2018, Proceso dio a conocer por medio de su corresponsal Alejandro Gutiérrez que el empresario Valentín Díez Morodo encabezaría el patronato público-privado para dar forma al proyecto cultural de la Casa de México en Madrid, España. El siguiente texto en forma de crónica, del fundador del Grecu (Grupo de Reflexión de Economía y Cultura), es resultado de una amplia investigación sobre este tema, inédito en la diplomacia cultural mexicana. Proceso presenta una versión que, completa, aparecerá en la revista digital Paso Libre del grupo, de la cual el periodista y exdiplomático es el editor.
1.- Se ventiló en una mañanera
Epicentro de Iberoamérica, España, el país de las convulsiones, reclamos y desencuentros del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la nación donde tiene lugar el único caso de la concesión de un bien público –que por derecho de reciprocidad le correspondía al gobierno– a un empresario de origen español, prototipo del hombre de negocios neoliberal en el tránsito del PRI y el PAN e incondicional en el apoyo de esas causas partidistas: Valentín Díez Morodo.
Se trata de la Casa de México en España, ubicada en la calle Alberto Aguilera 20 del tradicional barrio de Chamberí en Madrid. Catalogado como patrimonio histórico, el inmueble –obra del arquitecto Luis Bellido (1869-1955)– tiene 2 mil 700 metros cuadrados y data de inicios del siglo XX.
Fue cedido a México en cumplimiento con la reciprocidad acordada entre los gobiernos de las dos naciones. Se correspondía al fin, 15 años después, al espacio destinado al Centro Cultural de España (CCEMx) abierto en noviembre de 2002, en la calle de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El tema se ventiló la mañana del 13 de octubre de 2021, durante la conferencia de prensa de López Obrador en Palacio Nacional: una reportera le dijo que el gobierno de Puebla pagó a la casa 1.5 millones de pesos por su presencia en el recinto y le preguntó si le parecía correcto.
AMLO respondió:
“Cómo se va a ir a hacer una exposición en una asociación privada o semipública pagando, si existe la embajada.
“Se están viendo todas las anomalías, porque son asociaciones, hay una parte que tiene que ver con empresas españolas, con el gobierno español y otra parte que tiene que ver con el gobierno de México. Ofrecemos aclararlo y presentar todas las pruebas para corregir.”
Evidentemente el mandatario no tenía clara la situación. Y el asunto se olvidó. Pero la institución es una capilla para los neoliberales en la catedral de la 4T:
De Enrique Peña Nieto a López Obrador, la concertación surtió efecto. El excanciller Luis Videgaray operó con solvencia para dejar el asunto resuelto. Lo gritaron a los cuatro vientos. Con la anuencia presidencial, el sucesor del despacho, Marcelo Ebrard, ratificó la concesión.
Es un caso histórico para las relaciones exteriores de México, en particular para la diplomacia cultural mexicana y para las relaciones comerciales bilaterales.
2.- Cosas de la vida
Inmensamente poderoso en lo económico, diplomático a sus anchas y con una red tanto de presencia como de intereses en numerosos consorcios, Díez Morodo firmó el convenio el 20 abril de 2017 con la entonces embajadora Roberta Lajous Vargas, quien llegó al cargo en noviembre de 2013. Lo hizo como presidente de la fundación Casa de México en España, creada apenas 16 días antes en Madrid.
La casa se inauguró el 1 de octubre de 2018, en medio del estruendo del cambio de administración. Viajaron para la ocasión, entre otros, el canciller Luis Videgaray, el secretario de Educación Pública Otto Granados, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carreño Carlón y su hijo, al frente del ahora ya desaparecido ProMéxico, Paulo Carreño King.
El presidente Peña Nieto visitó la edificación en abril de 2017, acompañado de la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda y de Carreño Carlón. El realce fue para la sede de la librería del FCE Martín Luis Guzmán, ya que el inmueble estaba en obras de remodelación.
La inversión de Díez Morodo para adecuar el recinto entregado por el ayuntamiento de Madrid, se desconoce. En una nota de El Universal, no desmentida, se cita un apoyo de 350 mil euros por parte de la alcaldía madrileña. La póliza de seguro exigida rondó los 5 millones de euros. Antes de quedar a disposición del gobierno peñista, fue okupado (en el movimiento de okupas) por el colectivo Patio Maravillas.
3.- Realidades y misterios
de una concesión
Para desentrañar la historia, resulta vertebral el convenio de colaboración firmado en 2017. La fundación, según Alberto Sierra del sitio espaciomex.com, fue protocolizada con 30 mil euros.
Este reportero obtuvo íntegramente el convenio y posteriormente una versión restringida por una reserva de confidencialidad, por cinco años, del Anexo B que se refiere a las características arquitectónicas y de espacios del edificio, y cuya cronología señala como punto de partida el Tratado General de Cooperación y Amistad, firmado en 1990, bajo el impulso del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En dicho tratado se incluye el promover la creación de institutos y centros de cooperación cultural. Lo que el convenio omite es que dos años después, con Víctor Sandoval al frente de los asuntos culturales de la embajada (siendo titular de la misión Jesús Silva Herzog), el primer paso fue el surgimiento del Instituto Cultural de México.
Se cita que el 19 de julio de 2012, hacia el término de la gestión de Felipe Calderón, la embajada de México, siendo representante Francisco Javier Ramírez Acuña, solicita el “ejercicio de reciprocidad” pendiente.
Es hasta el 10 de diciembre de 2015 cuando la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ratifica la disposición de brindar un recinto. El 27 de enero de 2016, a partir de una serie de alternativas, la embajadora Lajous sugiere el inmueble de la calle de Alberto Aguilera 20.
En octubre de dicho año, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación formaliza el procedimiento. Se otorgan los “privilegios e inmunidades” al recinto, mas no a sus ocupantes, salvo aquellos acreditados como miembros diplomáticos. Al mes siguiente el ministerio otorga su “beneplácito” para dar por saldada la cuenta.
Lo que sucede en abril de 2017 es asombrosamente vertiginoso: El día 4 se protocoliza la fundación Casa de México en España; el 19, el ayuntamiento de Madrid otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la “concesión demanial (dominio de uso público)”, la pieza jurídica clave del proceso de entrega del edificio, del proyecto cultural y empresarial a Díez Morodo. Al día siguiente, como se ha señalado, se firma el convenio.
La “concesión demanial”, aplicable a muy distintos casos, permite encomendar a un tercero las obras, la administración y la operación del inmueble. Así, bajo las normas españolas, la cancillería mexicana acordó sentar el precedente, para que un bien público de política exterior fuera manejado, por primera vez en la historia, por un particular.
En la trama, el Instituto Cultural de México, como se dice popularmente, “se quedó chiflando en la loma”.
4.- Aficiones personales
En el instrumento jurídico (de 38 páginas y tres anexos) de la cancillería, se detallan los alcances para las partes involucradas. En lo elemental, la fundación Casa de México en España adquiere todas las responsabilidades para llevar adelante sus fines culturales, de fortalecimiento institucional y cooperación para el desarrollo, educativos y deportivos.
El despacho del arquitecto Jaime Arena Cervantes se hizo cargo de la remodelación; se asume la asignación presupuestal anual para llevar adelante las tareas operativas, laborales y administrativas.
Además, la institución cuenta con facultades para negociar y suscribir patrocinios. Puede, a su vez, gestionar y administrar los recursos económicos que se generen por las actividades de la casa, destinándolos al mantenimiento y gastos de capital. En el esquema destaca la concesión al Grupo Primo, operador del restaurante Puntarena, dirigido por el chef Ulises Montes de Oca. Los dueños son Federico Rigoletti, Arturo Argüelles y Roberto Craig.
También es sede de la tienda de artesanías Arewá (vocablo tarahumara), operada por Alejandra Díaz Conde a través de su empresa MIMA (Made In México con Amor), y cuya curadora es Sofía Mariscal. Para ser punto de venta del FCE, existe otro arreglo.
De igual forma, se establece que la fundación debe contratar para el cargo de director general a un mexicano, así como a los funcionarios que considere necesarios. La responsabilidad recayó en Ximena Caraza-Campos (diversas notas periodísticas le señalan como “cuñada de Claudio X. González Guajardo”), cercana tanto al empresario como a las entonces autoridades de Relaciones Exteriores y de ProMéxico.
En el momento de su designación, Caraza llevaba tiempo radicando en Madrid por sus labores gubernamentales (algunas de ellas cuestionadas), al igual que la directora de Cultura, Susana Pliego, quien como colaboradora de Luis Videgaray se desempeñó en cargos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cancillería y en la misma embajada de México.
En abril de este 2022 se cumplen cinco de los primeros 10 años acordados en la concesión del ayuntamiento y, por ende, en el convenio, con derecho a otro plazo del mismo lapso, renovable hasta por 50 años. La suerte de la casa y de la misma SRE están atadas a las decisiones del concesionario, quien puede retirarse bajo mínimas condiciones. En cambio, la cancillería carece de causales de legítimo interés nacional para suspender la concesión y retomar el recinto. De ocurrir alguna anomalía, la devolución es estrictamente a la alcaldía.
Además de las actividades culturales, como exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, proyecciones de películas y talleres, la institución tiene dos acentos. El primero en una de las aficiones de Díez Morodo: “Adquirirá material deportivo para su cesión a deportistas y equipos”. No en vano se instaló la cátedra que lleva el nombre de su padre, Nemesio Díez Riega (1909-2000), el programa Futbol y más, así como se prometió en la firma un observatorio deportivo.
El otro acento son los programas de promoción empresarial, que van desde “redes” de talento, pasando por una plataforma de “aterrizaje” (coworking), hasta una incubadora.
Ante el grueso de actividades sobre los hombros del organismo, se pidieron por la Plataforma Nacional de Transparencia y, de manera directa al responsable de comunicación, informes de labores, programas de trabajo, montos presupuestales, así como toda la información básica e indispensable para valorar el modelo de institución cultural.
A pesar de que el convenio y su contenido están sujetos a la Ley de Transparencia y de que cancillería determinó que sólo el Anexo B tiene una reserva de confidencialidad por cinco años, ninguna de las partes entregó la información. Caraza-Campos tampoco quiso responder un cuestionario, y mucho menos se atendió la solicitud de contactar con el empresario.
En la Consejería Jurídica de la SRE solamente cuentan con una deficiente versión digital de la Memoria de actividades de 2018-2019, la cual cita la realización de mil actividades y la asistencia de 150 mil personas.
La respuesta a la solicitud de información, sin embargo, deja entrever inconsistencias relacionadas a la operación del convenio, la fundación y su comité ejecutivo. Se dice que “es importante destacar que la Casa de México en España no forma parte de la estructura de la embajada de México en España, por lo que ésta carece de funciones y atribuciones de supervisión de sus actividades”, cuando la inmunidad diplomática al edificio le reconoce así.
Luego se indica que “en este sentido, esta ambajada hizo llegar el 15 de octubre de 2021 al representante legal de fundación de la Casa de México en España la solicitud de acceso a la información con número de folio: 330026821000243, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), para los efectos correspondientes, sin que se haya recibido una respuesta hasta el momento.”
La “coordinación” con Relaciones Exteriores es un hecho jurídico, con derecho a voz y voto, salvo del titular de la embajada que, en el absurdo, no tiene voto. El comité ejecutivo de la fundación nació con 11 miembros, cinco por cada parte, más el presidente del órgano, que es a la vez del patronato y quien en ese modelo inicial tenía el voto impar para “zanjar” los empates.
Al iniciar tareas, por parte de la fundación se designaron para acompañar a Díez Morodo a los señores Arturo Pérez Arredondo, Pedro Santamaría Noriega, Miguel Macho de Quevedo Gómez y Ricardo Paullada Nevárez.
Por Relaciones Exteriores, además de la embajadora Lajous, a Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Agustín López Loaeza, cabeza de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid); Carreño King, titular de ProMéxico; y María de Lourdes Berho Corona, directora del Consejo Mexicano de Promoción Turística.
Justamente, la composición del comité ejecutivo detonó dos convenios modificatorios, a los cuales se tuvo acceso por la solicitud de transparencia. El primero se firmó un año después de creada la fundación. El 10 de abril de 2018 se determina la sustitución de la directora general del INBAL, por el director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. Por otro lado, se enfatiza que la SRE no tiene responsabilidad alguna en el ámbito laboral de la Casa de México. Se cambian, a su vez, los domicilios para las notificaciones legales, ambos en la Ciudad de México y no en España.
El segundo convenio modificatorio se firma el 18 de febrero de 2019, dos meses y días después de que AMLO asumiera la Presidencia y Marcelo Ebrard el despacho de Relaciones Exteriores.
Corresponde al subsecretario Julián Ventura Valero ser el signante, al lado de Valentín Díez Morodo. Tras la extinción de ProMéxico y del Consejo Mexicano de Promoción Turística (ambos presididos en distintos momentos por Caraza-Campos en Madrid), se acuerda tanto la incorporación del subsecretario, como la modificación del número de integrantes del comité. La cancillería asume seis miembros, siendo los otros cinco que acompañan a la embajadora el titular de la Unidad de Diplomacia Cultural, la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo y la directora de la Amexcid.
Por parte de la fundación, el duodécimo integrante sigue siendo Díez Morodo, al final con el voto decisorio en cualquier controversia, en razón de los estatutos.
El corresponsal de Proceso en España, Alejandro Gutiérrez (https://www.proceso.com.mx/reportajes/2013/2/21/la-diplomatica-que-sabe-hacer-negocios-114730.html y https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/4/30/diez-morodo-compra-las-relaciones-mexico-espana-183315.html), y diversos testimonios apuntan a que la relación entre la embajadora Lajous (quien dejó el cargo en febrero de 2020) y la directora Caraza-Campos, estuvo llena de tensiones. Se atribuyen justamente al modelo que para muchos es en la realidad agua y aceite.
5.- Vínculos
Diplomacia privada, diplomacia descentralizada, diplomacia pública. Lo cierto: un poder de gestión centralizado de dimensiones diplomáticas para articular las relaciones entre México y España.
Un enclave que acompaña al titular de la embajada de México y deja casi invisible al Instituto Cultural, de por sí en la precariedad, como demostró en 2021 el conflicto entre Enrique Márquez y Jorge F. Hernández (entonces titular de la Dirección de Diplomacia Cultural de Cancillería y agregado cultural en España, respectivamente).
Es una casa, un centro cultural, un nodo de intereses del sector privado mexicano; un eje de recreación de la cultura mexicana, de encuentro con la cultura española. Igual funciona como suerte de representación comercial, red social, punto de reunión para el diálogo, la discusión, así como para degustar afamada comida, comprar artesanías finas y hacerse de un libro.
Todo un portento de diplomacia pública y cultural privada gracias a una concesión del poder público.
La casa abrió sus puertas con la exposición Tres siglos de pintura en México de Fomento Cultural Banamex. No fue gratuito, Díez Morodo es un empresario muy solicitado por los mismos de su especie. Colabora directamente con más de dos docenas de prominentes hombres de negocios, ya sea como parte de los consejos de administración, como socio o asesor.
Es dueño del Club Toluca de futbol. Por igual es figura central del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).
En la Memoria de Actividades que entregó la oficina de transparencia de la SRE, del periodo de arranque de 2018 a 2019, se presumen a los aliados: El presidente de la fundación tiene un estrecho vínculo con Aeroméxico, Cinépolis, los grupos Modelo, México, Dine, Kuo; Kimberly Clark, Mexichem y AB InBEV. De España, se cita a la fundación Iberdrola, que se presume ha dado donativos a la institución.
De ese mínimo listado resaltan nombres: María Asunción Aramburuzabala, Claudio X. González, Eduardo Tricio y el recién fallecido Alberto Bailleres. Otro personaje le acompaña en las experiencias filantrópicas, Manuel Arango. La fundación Valentín Díez Morodo, radicada en la Ciudad de México, reportó 50 millones de pesos en donativos en el ejercicio fiscal de 2020, según el informe de la SHCP.
En el hervidero de actividades de la Casa de México en España, se señala otro propósito ambicioso, como el Observatorio Portátil de Literatura.
Un cabo suelto es la Biblioteca Octavio Paz. No queda claro por qué se desistió de la intención expresa de trasladarla de su sede de la embajada, que es la del Instituto Cultural, con un acervo de 14 mil volúmenes. Será que el de por sí vapuleado instituto se habría quedado en cueros.
Carente de una sede adecuada, sin titular, sin nuevo director del área de Diplomacia Cultural en la Cancillería, con la llegada en semanas de un nuevo embajador duramente cuestionado por el gobierno español, Quirino Ordaz, la Casa de México en España hace la talacha por los intereses de ambas naciones.
