A mediados del pasado enero, un buque petrolero maniobraba en la costa central peruana cuando –a decir de Repsol, la empresa responsable–, la erupción de un volcán submarino en Tonga provocó un “oleaje anómalo” que desató la catástrofe: comenzó un derrame de crudo que a la fecha llega a más de 11 mil barriles y que ha teñido de negro las playas del Callao, poniendo en riesgo a numerosas especies protegidas.
Amediados de enero un derrame de petróleo, originado durante actividades de una refinería de Repsol, tiñó de negro el mar de la costa central de Perú. Con los días, la cantidad de crudo vertido al océano ha ido incrementándose hasta llegar a por lo menos 11 mil 900 barriles derramados, casi 2 millones de litros.
Los daños son incalculables y el panorama de responsabilidades es aún incierto en un país que acaba de nombrar ministro del Ambiente a una persona sin experiencia en el sector.
Esta es la historia del hoy considerado el peor desastre ecológico de la historia reciente de Perú.
El volcán de Tonga
La primera alerta fue emitida por ciudadanos y pescadores que el 15 de enero detectaron un fuerte olor a combustible, vieron olas ennegrecidas y animales muertos en las playas del distrito de Ventanilla, uno de los siete que forman la provincia del Callao, en la costa central peruana, a 14 kilómetros del centro de Lima.
El derrame había comenzado la noche anterior, cuando trabajadores de la refinería La Pampilla, operada por la multinacional española Repsol, en Ventanilla, descargaban combustible de un buque.
Entonces, según una versión de la empresa, se produjo un “oleaje anómalo” provocado por la erupción de un volcán submarino en Tonga, en la Polinesia, que impactó el buque y forzó el vertido.
Las autoridades han desmentido que ese oleaje se haya producido en el mar peruano y creen que el derrame pudo haber ocurrido a causa de una maniobra de la tripulación.
Al principio Repsol informó que sólo se habían derramado siete galones de petróleo –unos 26 litros–, pero luego el Ministerio del Ambiente dijo que se trataba de 6 mil barriles.
Hasta el 22 de enero ya eran 1.8 millones de metros cuadrados de franja de playa afectados y 7.1 millones de metros cuadrados de mar, similar a más de mil 200 canchas de futbol.
Una semana después, sin embargo, las autoridades informaron que por lo menos fueron 11 mil 900 barriles de crudo vertidos al mar. El daño era aun mayor.
Daños y responsabilidades
Según expertos, el derrame ha causado daños incalculables sobre el mar peruano. Por ahora se sabe que ha contaminado más de 20 playas y cinco reservas naturales y ha matado a numerosos peces, aves y nutrias, dejando en peligro a otras 180 mil especies de aves, entre guanay, piqueros y pingüinos de una reserva.
Además dejó sin trabajo a más de 3 mil personas, entre pescadores, artesanos y comerciantes que laboraban cerca del lugar del desastre.
Para las autoridades peruanas, a la fecha Repsol no ha evidenciado acciones claras de limpieza ni de reparación. De hecho, las sanciones en su contra dan muestra de ello.
De las 14 medidas administrativas que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso a la empresa, seis ya fueron incumplidas en el plazo establecido.
Tres de estos incumplimientos fueron la obligación de identificar las zonas afectadas por el derrame, contener y recuperar el hidrocarburo y contener y recuperar el petróleo en las áreas naturales
protegidas.
Por cada una de estas tres medidas incumplidas la empresa enfrenta multas de hasta 4 mil Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a 18 millones 400 mil soles (aproximadamente 4 millones 700 mil dólares).
Mientras continúan las investigaciones fiscales contra la empresa por el delito de contaminación ambiental, un juez prohibió a cuatro altos ejecutivos de Repsol salir del país durante 18 meses. Además, el gobierno decidió paralizar las operaciones de Repsol en la refinería La Pampilla hasta que brinde garantías de que no se producirá otro derrame similar.
Repsol aceptó esta última decisión a regañadientes y señaló que, aunque la consideran “desproporcionada e irrazonable”, cooperarán para reanudar sus actividades lo antes posible.
No obstante, el 3 de febrero comunicaron que la limpieza del derrame de petróleo ya no la terminarían en febrero, como establecieron inicialmente, sino a finales de marzo. Y esto, en “un escenario optimista”.
Ese mismo día, el nuevo primer ministro de Perú, Héctor Valer, designado tras una reciente crisis política, anunció que se estaba evaluando dejar sin efecto la suspensión de operaciones de Repsol.
“Estamos empezando el desabastecimiento de combustible desde el día de ayer porque La Pampilla no está funcionando por una resolución que tenemos que derogar”, dijo a la prensa.
Institucionalidad debilitada
El desastre ecológico que hoy vive Perú ocurre en un momento crítico para la institucionalidad ambiental del país, expresada en el descabezamiento de sus dos entidades más importantes. El OEFA y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) no cuentan propiamente con un presidente en funciones.
En el OEFA, quien viene asumiendo el rol de jefe es la gerente general de la institución, Miriam Alegría Zevallos. Lo hace desde setiembre de 2021, aunque su permanencia debió ser temporal.
Este organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales con el fin de resguardar el equilibrio entre la inversión en actividades económicas y la protección ambiental.
Una situación similar ocurre en el Serfor, que desde 2020 tiene a su gerente general, Jorge Amaya Castillo, asumiendo funciones, a su vez, como director ejecutivo de la institución.
Esto, luego de que la entidad fuera descabezada de manera arbitraria por la gestión de Martín Vizcarra, que destituyó sin razones a su entonces director ejecutivo, Luis Gonzáles-Zúñiga.
El Serfor tiene como función promover la gestión sostenible de la flora y fauna silvestres del país, definiendo políticas y emitiendo normas y procedimientos con ese fin.
Mientras el Serfor está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el OEFA lo está al Ministerio del Ambiente, institución rectora del sector que hoy también padece la falta de un líder capacitado.
El nuevo ministro del Ambiente, Wilber Dux Supo, nombrado el 2 de febrero, no tiene la formación ni la experiencia requeridas para desempeñarse con idoneidad en el cargo, advirtió la Defensoría del Pueblo.
“Frente a la grave crisis ambiental que enfrentamos, se requiere que su titular cuente con un perfil adecuado”, añadió el organismo que solicitó al presidente, Pedro Castillo, reconsiderar esta designación.
Indignación social
Dentro y fuera de Perú, entre la sociedad civil las protestas por lo que se considera un “crimen ecológico” y un “ecocidio” no se han hecho esperar.
El 21 y el 22 de enero, jóvenes y activistas medioambientales se manifestaron con pancartas y música frente a la sede de Repsol, en el exclusivo distrito limeño de San Isidro. El 23 de enero, más de un millar de personas marcharon hacia la refinería de Repsol, en una protesta que fue organizada por organizaciones juveniles y gremios de Ventanilla. Cuatro días después, activistas peruanos y miembros del movimiento ecologista en España participaron en un plantón frente a la sede de Repsol en Madrid.
En Perú, quienes también se han manifestado ante el reciente desastre ecológico son los pueblos indígenas de la Amazonia, quienes conviven con tragedias similares desde hace décadas.
Mediante diversos pronunciamientos, los nativos recordaron que los derrames de petróleo forman parte de su realidad diaria y lamentaron la poca atención que le prestan a sus denuncias cuando ocurren derrames de crudo.
Sólo entre diciembre de 2021 y enero de 2022 se han registrado cinco derrames en las áreas de explotación petrolera de las regiones Loreto y Amazonas, colindantes con comunidades indígenas.
El estudio La sombra del petróleo demostró, además, que entre 2000 y 2019 se registraron 474 derrames de crudo en los lotes petroleros de la Amazonia Norte del país.
La publicación, elaborada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también reveló que 65% de los derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de los ductos y 28% a la intervención de terceros.
Otros estudios científicos han demostrado las graves afectaciones a la salud de los indígenas de estas zonas, que enfrentan las consecuencias de 50 años de explotación petrolera en sus territorios.
Pese a la gravedad del asunto, de momento una nueva crisis política en Perú ha logrado que la discusión sobre el derrame y la responsabilidad de Repsol pase a un segundo plano. No se sabe hasta cuándo.
* Miembro del equipo periodístico de Servindi. Especial para Proceso.
