Las pérdidas en la Universidad de las Américas Puebla tras siete meses de cierre son múltiples y afectan por igual a la institución –que alberga la segunda colección de arte privada más grande del país– y a la comunidad académica y estudiantil. Más de 300 proyectos de investigación que quedaron en suspenso a causa de la intervención del campus, azuzada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, dice el grupo de padres de familia que presentó una demanda colectiva por esa toma. Ricardo Nevarez, quien encabeza la demanda, aclara que no defienden a la familia de los Jenkins, sino a las víctimas: los alumnos, los profesores, los investigadores…
PUEBLA, PUE.- El 29 de junio de 2021, cuando el juez civil de Cholula Cuauhtémoc Blásquez, con el apoyo de un centenar de granaderos, dio posesión del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) al patronato nombrado por el gobierno de Puebla, no se llevó a cabo ningún inventario.
En la UDLAP está la segunda colección privada de arte más importante del país, con más de 600 piezas, entre ellas obras de Rufino Tamayo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. También hay 160 laboratorios y talleres en los que, en 10 años, se han invertido más de mil millones de pesos para equiparlos con tecnología de punta. Y la biblioteca principal cuenta con libros del siglo XVI que requieren refrigeración.
Algunos académicos refieren que en los últimos meses la UDLAP hizo una inversión para equipar las 280 aulas con cámaras y equipos de audio –que permitían un seguimiento a los movimientos de los maestros– para responder a las exigencias del sistema de educación híbrido que requiere la pandemia de covid-19.
En los dormitorios de las residencias para estudiantes foráneos quedaron atrapadas pertenencias de cientos de alumnos: bicicletas, ropa, laptops, libros. Igual pasó a los maestros que no tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias y documentos de oficinas y cubículos.
Cuando la policía ingresó al campus, narra el doctor Miguel Méndez Rojas, maestro de las carreras de nanotecnología y de química, apenas tenían un mes de haber retomado actividades, de manera escalonada, tras el confinamiento.
Había equipos, como el de resonancia magnética, que tardan más de un día en echarse a andar, que acababan de ser encendidos y que así quedaron cuando policías, equipados con armas largas, echaron al personal y estudiantes del campus.
Tuvieron que pasar semanas para que el patronato que encabeza Horacio Magaña permitiera a personal especializado ingresar a los laboratorios a apagar esos equipos. “Esto no se hizo en las mejores condiciones”, admite, por lo cual dice que ahora hay dudas sobre qué encontrarán al retomar las instalaciones.
En el anfiteatro había cadáveres que fueron donados para las prácticas de estudiantes de medicina; también animales de laboratorio, materiales, reactivos, muchos de los cuales ya estarán echados a perder, comenta Méndez.
A siete meses de la toma, por la cerca perimetral pueden observarse matorrales donde antes había jardines y pasto.
En entrevista en el campamento que desde el martes 1 montaron afuera de la institución, los estudiantes dicen que a través de drones han podido ver que las aguas del lago, antes cristalinas, ahora se aprecian verdosas. Patos, tortugas, peces y conejos que vivían ahí ya no se observan.
Las consecuencias de siete meses del cierre de la UDLAP también son notorias en Cholula, donde se estima que la comunidad universitaria, ahora ausente, deja una derrama económica anual de más de 300 millones de pesos.
Padres de familia, estudiantes y habitantes de Cholula han interpuesto una demanda colectiva por los daños económicos causados por esta toma de la UDLAP, en la que ubican como responsable al gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Ricardo Nevarez, padre de familia que encabeza este juicio, aclara que tampoco defienden a la familia de los Jenkins, quienes, “si cometieron algún ilícito con la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), tendrán que ir a la cárcel”.
Y agrega: “Aquí las víctimas son los estudiantes, los padres de familia, los académicos, los trabajadores administrativos, los habitantes de Cholula, el quebranto causado a una Universidad que no debió nunca estar envuelta en este conflicto si se hubiera seguido lo que marca la ley”.
Como parte de la demanda colectiva, en el juicio se ha solicitado que la Judicatura Federal nombre un depositario que mantenga a la UDLAP libre del conflicto legal que enfrenta la FMSJ.
Vidas atrapadas
Adentro también quedó toda la documentación de estudiantes, y muchos ya concluyeron sus estudios, entre ellos médicos y enfermeros que no pueden ejercer sin sus títulos.
Luis Roberto Montes Hernández, alumno de enfermería de cuarto semestre, cuenta que ni siquiera conoce el campus de la UDLAP, pues los primeros semestres los cursó en línea por la pandemia y los dos siguientes, cuando creyó que por fin accedería a los simuladores de última generación con los que cuenta esa institución, ocurrió “la toma”.
“No debería estarme preocupando ahora de si el campus se va a abrir mañana o pasado mañana, sobre qué dijo Barbosa o qué dijo la doctora Anaya. En lo que yo debería estar ocupado es en saber cómo voy a inyectar o cómo voy a mover a un paciente”, refiere el joven, quien con “mucho esfuerzo” obtuvo una beca de 95%. “Esta es la oportunidad de mi vida y me la están privando, están violando mi derecho a la educación”, recalca.
Igual refiere Uriel Arizpe, quien se inscribió en la carrera de medicina, y advierte que nadie puede ser médico estudiando online.
El conflicto, dicen, los ha privado de herramientas, laboratorios y de la práctica que esperaban tener al estudiar en una universidad como la UDLAP, que cuenta con acreditaciones internacionales y que se ubica entre las más prestigiadas del país. Además, se han perdido de la convivencia universitaria que “ya les urgía” después de la pandemia.
Méndez Rojas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, dice que tenía ya dos años trabajando con un grupo de estudiantes de doctorado en una investigación sobre métodos de tratamientos y diagnóstico de cáncer.
El proyecto, financiado por el sistema de universidades de Texas, tiene fecha límite para concluir el próximo julio, por lo que, dice, es casi un hecho que el tiempo será insuficiente para cumplir con la entrega de resultados.
En el refrigerador del laboratorio quedaron materiales y reactivos, cultivos de células y piel; muchos que cuestan millones de pesos ya no servirán. “Lo más triste es que hay alumnos de doctorado con becas que las perderán por no entregar sus informes de investigación”, añade.
Así, explica, hay otros 300 proyectos de investigación en distintas materias que quedaron en suspenso a causa de la intervención del campus.
Silvestre López Portillo, maestro de cine, cuenta que antes de la “violenta toma”, TV UDLAP estaba acreditada para cubrir el Festival de Cannes, pero se quedaron con los boletos comprados, pues dentro de la sede estaban sus equipos de filmación.
Igual ha pasado con los integrantes del equipo de futbol americano Aztecas, que vieron pasar desde sus casas el campeonato. O grupos artísticos de danza o canto que no tienen sus sedes para presentaciones o ensayos.
Ana Cristina Aguirre, catedrática y doctora en psicología social, menciona que todo esto ha generado casos de depresión y ansiedad, no sólo entre alumnos, sino también entre el personal que ya venía afectado por el confinamiento de la pandemia y que ahora vive un proceso de desposesión e incertidumbre.
Juan Hernández, quien desde 2018 terminó la carrera de producción de medios, asegura que su título profesional –como los de, al menos, otros 200 egresados– “está secuestrado” por el gobierno de Puebla en la UDLAP. Algunos, dice, han perdido oportunidades laborales o becas para posgrados en el extranjero.
Desde que él cursó la carrera, el conflicto entre los Jenkins ya existía, pero asegura que eso nunca mermó la calidad de la educación que recibió en esa institución.
“Lo que está afectando a la UDLAP no es el conflicto entre particulares, como lo repite el gobernador Barbosa. Desde que ingresé a mi carrera ese conflicto ya existía y nosotros nunca fuimos afectados por eso. Lo que está destrozando a la UDLAP es el gobernador”, sostiene el joven.
Igual, el doctor Miguel Méndez refiere que el conflicto entre los Jenkins estaba en los tribunales, pero que fue el gobierno de Barbosa el que involucró, sin medir consecuencias, a la UDLAP, que era una fundación diferente a la Mary Street Jenkins y que además era financieramente “autosustentable”. “Y en medio estamos miles de personas”, subraya.
Restitución en duda
Luego de una marcha masiva, de desplegados, manifestaciones en las Cámaras de Diputados y de Senadores, de una carta entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador y del plantón que ha seguido pese a lluvia y frío, dicen que el gobierno estatal debe tener en claro que la comunidad universitaria se mantendrá “firme y unida”, hasta que el patronato que preside Magaña salga del campus.
Juan Hernández recuerda que, casi a la medianoche del martes 1, Rodrigo Gurza, representante legal del patronato nombrado por el gobierno, se presentó ante los estudiantes que estaban en el plantón y les dijo: “Ustedes pueden entrar desde ahorita”.
Igual ha sido el discurso del gobernador Barbosa, quien después de la renuncia de Armando Ríos Piter a una rectoría que nunca ejerció, ha insistido en que ya no hay impedimentos para que la comunidad universitaria retorne a clases presenciales bajo la administración de Cecilia Anaya Berríos, a quien las autoridades estatales reconocen sólo como vicerrectora.
Sin embargo, en comunicados, Anaya Berríos ha advertido que sólo aceptarán que un juez haga la entrega formal de las instalaciones a las autoridades que estaban vigentes antes de la toma del 29 de junio, en cumplimiento de la suspensión definitiva que el juez tercero de distrito les otorgó en el juicio 1029/2021.
Esto, advierte, debe incluir la participación de notarios públicos que den fe del estado en el que se reciben las instalaciones, pues puede haber situaciones constitutivas de delito por faltantes o daños.
“Existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos dentro del campus y se desconoce el estado en que se encuentran las instalaciones, ante posibles sustracciones de equipo, falta de mantenimiento y material que deben revisarse ante un fedatario público antes de la devolución formal del recinto”, señala.
Carlos Robledo, representante legal de la rectoría que encabeza Anaya, indica que el juez tercero federal ya dio cuenta al Ministerio Público por el desacato en que han incurrido jueces, como el 24 de lo Civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, al dilatar la restitución del campus al representante del patronato, Edmundo Bautista, y a la rectora.
Pero, además, añade que la UDLAP tiene “terribles daños económicos y morales” por los cuales eventualmente tendrán que pagar los que han actuado como “autoridades espurias”. Reconoce que la institución ya ha iniciado procedimientos en ese sentido, pero no dio más detalles.
Ante una creciente opinión pública adversa, el patronato nombrado por el gobierno depositó la posesión del campus ante un juez local a favor de Anaya.
El viernes 11, el juez segundo de Cholula citó a la rectora para hacerle la entrega formal de la sede ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, pero la catedrática volvió a rechazar esa vía al considerar que carece de “sustento legal”.
El 9 de febrero, la colectividad se apersonó ante el juez tercero de distrito de Puebla, con calidad de “tercero con interés”, para pedirle que, ante la dilación del Poder Judicial del estado, haga efectiva de manera directa la restitución del campus a las autoridades vigentes antes del 29 de junio, y que para ello, de ser preciso, recurra a solicitar el apoyo de la Guardia Nacional.
