La administración de López Obrador es una de las que menos gasto social destina en América Latina a combatir la pobreza –10.4% del PIB– y el presupuesto que ejerció el año pasado en este rubro fue 8% menor que el máximo histórico alcanzado en 2015, durante el “periodo neoliberal”. Así, la creencia de que en la 4T las ayudas sociales han llegado a extremos nunca vistos “es un mito”, dice Máximo Jaramillo-Molina, director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. En la recomposición del presupuesto, explica, se quitaron recursos a programas que no transferían dinero de manera directa, pero sí beneficiaban a los hogares más pobres; en cambio, las transferencias monetarias directas están beneficiando más a las clases medias y altas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene como frase emblemática “por el bien de todos, primero los pobres”, es uno de los que menos gasto social destina en América Latina al combate de la pobreza en términos proporcionales: apenas 10.4% del PIB.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) correspondientes a 2020, Brasil y Chile, que tienen gobiernos de orientación conservadora, invierten el doble que México en desarrollo social, con el equivalente a 22.5% y a 20.2% del PIB, en forma
respectiva.
En la región, sólo Honduras, Guatemala y Haití tienen un gasto social menor que el de México como porcentaje del producto nacional.
De acuerdo con las cifras de la Cepal, la inversión más alta que se ha hecho en México para combatir la pobreza no ha ocurrido en este gobierno, sino en el pasado, en el bienio 2015-2016, cuando el gasto social llegó a 11.6% del PIB.
Máximo Jaramillo-Molina, doctor en ciencias sociales por el Colegio de México, dice a Proceso que, contrario a lo que hicieron otros gobiernos de la región frente a la pandemia de covid-19, el de López Obrador optó por no incrementar de manera sustancial el gasto social para paliar el impacto de la crisis en millones de familias vulnerables.
El director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) explica que hay una creencia generalizada, derivada del discurso del presidente a favor de los pobres, de que en este gobierno el gasto social ha llegado a extremos nunca antes vistos, “pero esto no es así”.
Un estudio del investigador indica que durante los tres primeros años de este sexenio (2019-2021) el gobierno ejecutó un gasto de 3.51 billones de pesos en los programas sociales del Bienestar, mientras que en los tres primeros años del sexenio anterior (2013-2015) el gasto en los programas del gobierno de Peña fue 6.9% mayor al totalizar 3.75 billones de pesos.
De acuerdo con el académico, las cifras, estimadas en millones de pesos a precios constantes de 2021 a partir de datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indican que “el supuesto de que López Obrador desarrolla la política social más ambiciosa de la historia del país es un mito”.
La realidad, señala, es que el gasto que ejerció el gobierno federal en programas sociales el año anterior (1.18 billones de pesos) es 8% menor que el máximo histórico alcanzado en 2015, que fue de 1.26 billones de pesos, esto a pesar de que en 2019, primer año de la actual administración, el presupuesto de programas sociales federales subió 7% respecto a 2018, y aunque cayó en 2020, en 2021 volvió a aumentar 1.3% y se espera un nuevo incremento en las ejecuciones de este año.
Sólo los recursos del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentarán 76% en 2022.
Jaramillo-Molina afirma que el significativo aumento presupuestal a las pensiones para adultos mayores, que se han semiuniversalizado, se ha hecho a costa de drásticas reducciones a otros programas.
“Hubo una recomposición en la que se quitó mucho presupuesto a programas que no eran de transferencias monetarias pero que sí beneficiaban a los hogares más pobres, como Prospera y los destinados a las áreas rurales y a los pueblos indígenas. Muchos programas sociales (28 en 2021) desaparecieron o se fusionaron”, indica el especialista en equidad social de la London School of Economics and Political Science.
Sostiene que la universalización de programas sociales, como las pensiones a adultos mayores, es una vía para atacar la inequidad, “siempre y cuando no se haga con presupuesto que le quitas a otros programas”.
Transferencias monetarias
En su conferencia matutina del pasado miércoles 2, López Obrador dijo que si bien por la pandemia del covid-19 hay menos crecimiento económico (el PIB acumuló una contracción de -3.4% en los primeros tres años de gobierno), hoy en México “hay más igualdad, ahora le está llegando más a los pobres que antes”.
En realidad, en el actual gobierno las ayudas sociales están llegando menos a los pobres y más a las clases medias y altas, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que realiza cada dos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En el trabajo ¿Primero los pobres?: Cambios recientes en el impacto de las transferencias monetarias sobre la pobreza en México, Jaramillo-Molina señala que esos datos muestran que los aumentos de las transferencias monetarias directas en este sexenio han beneficiado “sobre todo, a los hogares menos pobres, mientras que los más pobres reciben menos que antes”.
Por ejemplo, entre 2018 y 2020 la población del decil I, que es la de más bajos ingresos, vio disminuir 14% la masa monetaria total de transferencias sociales, mientras que la del decil X, que es la más acaudalada, registró un aumento de 15% en las ayudas gubernamentales.
Jaramillo-Molina indica que 86% del aumento en las transferencias monetarias de este gobierno lo acapara la mitad de la población con mayores ingresos, según muestran los datos de la ENIGH.
En 2021, indica, el porcentaje de hogares mexicanos que recibieron ayudas sociales fue de 30%, una tasa tres puntos por arriba de la registrada en 2018, pero un punto menos que en 2016. “No hay datos que sustenten que la política social de este gobierno priorice a los pobres”, dice el economista de la Universidad de Guadalajara.
En lo que sí tiene razón el presidente es en que hay menos desigualdad social en México, ya que el índice de Gini, que mide la distribución de ingresos en un país (entre más alto, hay más inequidad) bajó -1.5% entre 2018 y 2020 al pasar de 0.457 a 0.450 en ese lapso, según datos del Coneval.
El mismo organismo señala que también durante el sexenio de Enrique Peña (2012-2018, que forma parte de lo que López Obrador llama “el periodo neoliberal”) se registró una disminución de la desigualdad, ya que el índice de Gini pasó de 0.498 a 0.457 en el periodo, una caída de -8.2%.
En cambio, según estadísticas del Banco Mundial, en el “periodo neoliberal” que comprende del sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) al de Felipe Calderón (2006-2012) el índice de Gini registró altibajos y finalmente acabó con un cambio marginal de -1.6%, mientras que en ese mismo lapso otros países de la región lograron significativas reducciones de la inequidad, entre ellos Ecuador (-21%), Bolivia (-20%), Chile (-19.5%) y Brasil (-15.4%).
Para México, esa etapa entre Salinas y Calderón fue, en los hechos, un cuarto de siglo perdido en la lucha contra desigualdad y la pobreza. Esta, según la Cepal, apenas se redujo 3.3 puntos porcentuales entre 1989 y 2012, mientras que en ese mismo periodo en América Latina disminuyó, en promedio, 22.5 puntos, es decir, casi siete veces más.
Fracaso histórico
Los indicadores sociales de México figuran entre los más bajos de América Latina. En las dos décadas pasadas, mientras los gobiernos sudamericanos de todos los signos políticos aprovecharon el auge en los precios de las materias primas para invertir en desarrollo social y lograron importantes reducciones en la pobreza y la desigualdad, México se estancó e incluso registró retrocesos.
Según mediciones de la Cepal, en el sexenio de Calderón la pobreza aumentó 7.1 puntos porcentuales al pasar de 37.3% a 44.4% en ese lapso, mientras que en el de Peña la pobreza se redujo 8.9 puntos.
Un problema relacionado con el gasto social ha sido la corrupción. De acuerdo con una investigación de Oxfam México, entre 2000 y 2018, periodo que abarca los gobiernos de Vicente Fox, Calderón y Peña, la Auditoría Superior de la Federación detectó que 263 mil millones de pesos destinados a inversión social se “perdieron” en esos sexenios, cifra equivalente a la quinta parte del presupuesto del año anterior en programas contra la pobreza.
Sólo en el sexenio de Peña, la llamada “estafa maestra” incluyó desvíos por 2 mil 224 millones de pesos en la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Social, que tenía como titular a Rosario Robles.
En el “Panorama Social 2021” de la Cepal, divulgado el pasado 27 de enero, México aparece como uno de los países más pobres de la región, con 37.4% de su población en esa condición y 9.2% en la pobreza extrema.
Son tasas muy superiores a las de naciones que hace apenas unos años tenían niveles de marginalidad social mucho más altos, como El Salvador, Bolivia, Paraguay y Perú. En América Latina, sólo Honduras, Guatemala, Colombia y Venezuela tienen porcentajes de pobreza más altos que México.
En los dos primeros años de gobierno de López Obrador ese indicador volvió a crecer 1.9 puntos, y 1.5 puntos la pobreza extrema, como resultado de la crisis de 2020 derivada de la pandemia de covid-19.
Para Jaramillo-Molina, el aumento de la pobreza en México durante 2020 habría sido menor si el gobierno hubiera realizado una adición presupuestal de emergencia más significativa al gasto social.
Mientras que el gobierno de México liberó un gasto social adicional equivalente a 0.2% del PIB como respuesta a la pandemia, países como Paraguay, Perú, Chile y Brasil inyectaron recursos por entre 5% y 7.6% del PIB para atender a la población más vulnerable. Estas estimaciones no incluyen los fondos de emergencia canalizados al sector salud.
En Brasil, la pobreza bajó 1.8 puntos en 2020, y en Paraguay la pobreza extrema registró una reducción de 0.2 puntos.
Al hacer una comparación de los programas del Bienestar y los que se aplicaron en los sexenios pasados –desde Solidaridad con Salinas hasta Prospera con Peña, pasando por Progresa con Ernesto Zedillo y Oportunidades con Fox y Calderón-, el director del Indesig dice que estos últimos se caracterizaban por condicionar las transferencias.
“De hecho, se les criticaba por esa idea neoliberal de que las personas pobres necesitan ciertos condicionamientos (como educarse y hacerse chequeos de nutrición y salud) para que puedan romper el ciclo de la pobreza y dejen de depender del Estado”, explica Jaramillo-Molina
En su momento, indica, se propuso crear un ingreso básico universal para que los hogares pobres recibieran transferencias monetarias sin ninguna condicionalidad, con montos que dependerían del tamaño de la familia, del número de hijos menores de edad y de las labores del cuidado de las mujeres.
“Pero este gobierno –asegura– no dio ese paso porque no hay dinero o porque no quiso ampliar significativamente el gasto social. Lo que hizo fue semiuniversalizar las pensiones, pero quitando recursos a otros programas.”
Esto, señala el doctor en ciencias sociales, no quiere decir que los programas anteriores fueran más eficientes que los actuales –de hecho no lo eran, a juzgar por los deplorables resultados en la lucha contra la marginalidad social–, pero sí llegaban a más personas pobres.
“Ahora tenemos un súper programa que llega a todos, el de pensiones para adultos mayores, y un montón de programitas que tienen un alcance marginal y que no están focalizados en los más pobres”, asegura, y dice que México necesita un gasto social mucho mayor y mucho más eficiente para reducir las enormes brechas socioeconómicas que persisten en el país.
