A Iberdrola no le ha ido bien últimamente: no logró que la Audiencia Nacional anulara el proceso contra su presidente y tres de sus altos directivos a raíz de algunos encargos de espionaje que le hicieron a José Manuel Villarejo, excomisario de la Policía Nacional… y esta decisión entorpeció la adquisición de la compañía PNM Resources, lo que hizo perder a la empresa eléctrica una operación multimillonaria que la habría convertido en actor preponderante en el sector energético en gran parte del sur de Estados Unidos… además está el repudio a la compañía en México durante el actual gobierno.
Madrid.– La compañía eléctrica Iberdrola ha sufrido una cadena de reveses de gran envergadura. Primero fracasó en su intento para conseguir en España que la Audiencia Nacional declarara la nulidad del proceso contra su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y tres altos directivos, por los supuestos encargos al polémico comisario jubilado de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, para espiar a enemigos empresariales.
Con esta decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reafirma el fallo del juez del Caso Tándem, el magistrado Manuel García-Castellón, de mantener como imputados a los ejecutivos de la compañía y citarlos a declarar en los casos de espionaje que se prolongaron de 2004 a 2017.
Por esa razón, el poderoso empresario Sánchez Galán tendrá que sentarse en el banquillo del juzgado para declarar como imputado este martes 18, al igual que los otros señalados, y deberá responder por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad de las personas y falsedad en documento mercantil.
Como efecto colateral, este caso ya provocó otro tropiezo de gran envergadura para la compañía eléctrica, cuando el pasado 8 de diciembre la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México vetó la compra de la compañía PNM Resources por parte de Avangrid, la filial estadunidense de Iberdrola, una operación que se estimaba en 8 mil 300 millones de dólares y que le hubiera permitido alcanzar una posición de privilegio en los mercados de Nuevo México y Texas.
En voto unánime, los cinco comisionados argumentaron que esa adquisición no era la mejor alternativa para los intereses de los consumidores y por la imputación de varios directivos de Iberdrola, entre ellos su presidente, en “una investigación penal de un juzgado de instrucción español por soborno, violación de la intimidad y falsificación de documentos comerciales”, recogieron medios españoles como El País, El Confidencial o El Economista.
En Estados Unidos, Avangrid lamentó la decisión del regulador, pero desde la sede en España se envió un escrito al Juzgado de Instrucción número 6, dirigido por el juez García-Castellón, advirtiendo del daño reputacional que está generando su implicación judicial en el caso Villarejo, “hasta el punto de torpedear la mayor operación de la compañía en Estados Unidos”.
Es decir, el escrito de la multinacional interpreta que el daño reputacional se debe a que la Audiencia Nacional mantiene abierta la imputación y la investigación del caso, no en los hechos que son objeto de dicha investigación, relacionados con el presunto espionaje ordenado desde los mandos directivos de la empresa.
Estos últimos tropiezos se suman a los que Iberdrola ha venido sufriendo en México desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene un critica permanente porque los llamados gobiernos neoliberales que lo antecedieron, marcadamente el PAN, dieron un trato de favor en todo momento al corporativo trasnacional con sede en Bilbao.
Esa cercanía con el PAN se hizo patente durante la visita de Enrique Peña Nieto a España en octubre de 2012, pues en la reunión con la plana mayor del empresariado español, Emilio Lozoya Austin, entonces vicecoordinador de Asuntos Internacionales del equipo de transición, externó su rechazo a la presencia del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, a los que identificaba como demasiado cercanos al PAN.
Entonces ya se había documentado que ambas compañías recibieron jugosos contratos durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Ambos directivos finalmente participaron en el acto con Peña Nieto en el madrileño Hotel Villa Magna, por instrucciones del entonces embajador Francisco Ramírez Acuña, lo que provocó el disgusto de Lozoya.
Pero dos años después, en junio de 2014, durante la visita de Estado que Peña Nieto realizó a España, Iberdrola fue una de las compañías patrocinadoras del foro organizado por el diario El País “México: reformar para crecer”, al lado de Telefónica, BBVA, Acciona, Ferrovial, Indra y Endesa. Durante el evento en el Teatro Real, Sánchez Galán mantuvo animadas conversaciones con Luis Videgaray y Aurelio Nuño, dos de los hombres fuertes de Peña Nieto. Habían limado asperezas y la compañía estaba en sintonía con las reformas del priista (Proceso 1962).
Iberdrola se pone “verde”
Iberdrola alardea de ser una “empresa verde”, pero a lo largo de su historia ha cabildeado en varias ocasiones para proteger sus intereses en las energías sucias, su verdadero negocio, según denuncias de Greenpeace y Ecologistas en Acción, entre otras ONG.
Pero otro factor de contaminación para la reputación de la compañía fue el descubrimiento de la justicia española de sus contratos al comisario Villarejo. Se sumaba así a la lista de las grandes sociedades españolas que cotizan en el Ibex-35 (la bolsa de España) que recurrieron a los servicios del espía, al lado de BBVA, Repsol y CaixaBank.
Las investigaciones que lleva a cabo la Audiencia Nacional con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y la policía han arrojado que hubo al menos cinco supuestos encargos confidenciales de Iberdrola a Villarejo entre 2004 y 2017.
Sin embargo, por disposición del juez García-Castellón, Sánchez Galán y tres directivos de Iberdrola (Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo) se declararán imputados el 18 de enero por delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil en el marco de la pieza 17 de la Operación Tándem.
Se trata de la Operación Wind (como la bautizó Villarejo) y que era el encargo para que investigara “a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kaap, con quienes Iberdrola renovables Energía, SA, se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania”, acredita el juez García-Castellón en un auto de junio pasado, cuando imputó a los directivos de la eléctrica.
En el auto del Caso Wind (9 de julio), García Castellón acordaba también citar como investigada a Iberdrola Renovables Energía, como persona jurídica, para que responda por la contratación para investigación ilegal contra la compañía suiza.
El juez explica que la investigación arrojó que Ibedrola ordenó la investigación contra Eólica Dobrogea, con la que se había aliado para acometer un proyecto en Rumania, cuando comenzaron una serie de diferencias y litigios, que finalmente fueron resueltos de manera favorable para la compañía energética española en un procedimiento arbitral.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez sobreseyó el caso contra el exdirectivo de Iberdrola Juan Antonio del Olmo, contra quien la compañía se querelló por un delito de falsedad en documento privado.
Este directivo decidió cooperar con las autoridades al declarar sobre la investigación ilegal contra la compañía suiza.
El juez explica que de lo investigado hasta ahora aparece indiciariamente acreditado que Iberdrola contrató ese espionaje a finales de 2011, por conducto de su entonces director de seguridad. Que Villarejo fue contratado mientras se encontraba en el servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, lo cual sería ilegal. Y que por lo menos hay una factura que acredita el pago de 29 mil 500 euros que recibió Cenyt (compañía de Villarejo) con ocasión del encargo del llamado Proyecto Wind de Iberdrola Renovables Energía, en concepto de “servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumania, así como su pago, reconocido por la compañía”.
Las otras causas encontradas por los investigadores son el llamado Proyecto Arrow, que tenía como fin encontrar información para anular a la oposición municipal y a los ecologistas en la construcción de una central eléctrica en Arcos de la Frontera (Cádiz).
El Proyecto Blackboard tenía como fin obtener información comprometedora sobre Manuel Pizarro, en ese momento presidente de Endesa, rival en el sector eléctrico.
Villarejo nombró Gipsy a una investigación de directivos de la compañía de quienes sospechaba estaban cobrando comisiones ilegales; Posy fue el espionaje a su archienemigo Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto y control de la constructora al consejo de administración de Iberdrola en 2009, cuando ACS se hizo de un importante paquete de acciones.
En el auto del magistrado se advierte que “los encargos y relaciones comerciales no fueron esporádicos o puntuales, sino que tuvieron continuidad en el tiempo”, y de todos ellos supuestamente tuvo conocimiento directo el presidente Sánchez Galán.
La compañía ha reclamado insistentemente el archivo de la causa, sin éxito. Su más reciente acción fue reclamar que Ignacio Sánchez Galán declare por videoconferencia ante el Juzgado Central de Instrucción 6, haciendo referencia a la actual situación provocada por la sexta ola de la pandemia de covid-19.
En un escrito fechado el 4 de enero –citado por Europa Press– Sánchez Galán alude a su pertenencia a un “grupo de riesgo” para pedir la comparecencia por vía telemática y evitar el llamado “paseíllo” a su llegada y salida, donde sería captado por los medios de comunicación.
“Consciente de estas circunstancias, mi representado (que, no se olvide, tiene su domicilio en Bilbao, localidad en que radica la sede social de Iberdrola y en la que se halla su despacho profesional) ha extremado ya desde hace semanas las medidas de prevención para la preservación de su salud, con limitación al máximo de los desplazamientos y de los encuentros presenciales, que han sido sistemáticamente sustituidos por reuniones telemáticas”, alega su defensa.
Hasta el cierre de la presente edición aún no había respuesta del tribunal a esta petición.
