La FGR anunció que un juez libró órdenes de aprehensión contra siete exfuncionarios vinculados al fallido operativo estadunidense Rápido y Furioso. Pero obvió hacerlo con un miembro de sus propias filas: José Ricardo Cabrera Gutiérrez, actual fiscal asistente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, quien entre 2006 y 2009 formó parte del fallido entramado para rastrear las armas vendidas a grupos delictivos mexicanos y quien ahora podría ser juez y parte del caso en el que estuvo involucrado.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el pasado domingo 9 que un juez federal libró siete órdenes de aprehensión contra exservidores públicos vinculados con el operativo Rápido y Furioso, que introdujo a México más de 2 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos, incluyendo fusiles Barrett calibre .50 milímetros –de uso militar–, con el argumento de que servirían para indagar el tráfico ilegal de armamento entre ambos países.
Sin embargo, la FGR mantiene en su nómina a un funcionario que entre 2006 y 2009 formó parte del fallido entramado para rastrear las armas vendidas a grupos delictivos mexicanos. Se trata de José Ricardo Cabrera Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como fiscal asistente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEDF).
Los mandamientos judiciales recién librados no impidieron al funcionario trabajar con normalidad esta semana, además de que podría ser juez y parte en una indagatoria en la que está involucrado.
Cabrera Gutiérrez está bajo el mando directo del titular de la SEDF, Juan Ramos López, señalado como principal operador del fiscal general Alejandro Gertz Manero, tanto en casos penales relevantes como en sus asuntos personales, por lo que su nombre aparece lo mismo en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla y la Fundación Mary Street Jenkins que en la acusación penal contra Alejandra Cuevas Morán, hija de su excuñada Laura Morán Servín, ambas acusadas por el delito de homicidio por omisión de cuidados en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.
De acuerdo con el sistema Declaranet de la Secretaría de la Función Pública, Cabrera Gutiérrez ingresó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 1 de enero de 2006 como coordinador general de Investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA).
Un año después, el 1 de enero de 2007, el entonces procurador general Eduardo Medina Mora Icaza lo convirtió en titular de la UEITA, cargo que ocupó hasta abril de 2009, cuando fue removido del cargo por la entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez.
Sin embargo nunca dejó la PGR y en agosto de 2009 Medina Mora lo nombró titular de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Personas Dedicadas a los Delitos contra los Derechos de Autor adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. En otras palabras, pasó de ser el titular de la Unidad Antiterrorismo en la SIEDO a ser fiscal antipiratería, enroque que le sirvió para mantenerse activo dentro de la PGR.
De acuerdo con fuentes de la antigua PGR, como titular de la UEITA, Cabrera estuvo al tanto de las operaciones encubiertas que autoridades mexicanas y estadunidenses acordaron al más alto nivel, incluyendo al entonces procurador Medina Mora.
Un documento público emitido por la PGR en 2008 señala que tanto Medina Mora como Cabrera Gutiérrez estaban al tanto de que México y Estados Unidos estaban realizando “operaciones encubiertas” para investigar el tráfico de armas entre ambas naciones y que el tema se discutió en un encuentro entre procuradores generales de justicia de los estados mexicanos fronterizos con fiscales de Estados Unidos de la Costa Oeste.
La reunión celebrada en Phoenix, Arizona, el 10 de marzo de 2008, llegó a diversos acuerdos, como aumentar la cooperación de las autoridades mexicanas con el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos (ATF), precisamente la encargada del fallido operativo Rápido y Furioso.
“Los resultados obtenidos a través del intercambio de información de tráfico de armas y explosivos nos impulsan a consolidar los enlaces que actualmente operan entre las instancias de procuración de justicia en México con la ATF, buscando desarrollar nuevos esquemas de investigación en balística y estadística delictiva”, señala el acuerdo.
Derivado de dicha conclusión, uno de los acuerdos específicos entre la PGR y el ATF fue la “ampliación de operaciones encubiertas” para promover la identificación y persecución contundente de los vendedores de armas que estuvieran involucrados “en transacciones comerciales ilegales”.
“(Se deben) ampliar operaciones encubiertas entre dependencias policiacas México-Estados Unidos de América enfocadas al tráfico ilegal de armas”, advierte el boletín interprocuradurías emitido por la PGR en 2008.
La denuncia de México Desarma
En una denuncia presentada por la organización México Desarma en septiembre de 2014, se advierte que los funcionarios involucrados en Rápido y Furioso deben ser investigados por su probable responsabilidad en el delito de tráfico de armas, conforme a lo que marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El artículo 84 de esa norma señala que los servidores públicos que no hayan frenado la introducción de armas de fuego a nuestro país, así como su posterior entrega a integrantes de grupos delictivos, ya sea por acción u omisión, podrían enfrentar sanciones que van de los cinco a los 30 años de prisión.
Ante el nulo avance de las investigaciones que se dio entre 2014 y el año pasado, México Desarma presentó un nuevo escrito el 10 de junio de 2020, solicitando a la FGR que se reactivaran las investigaciones contra todos los presuntos involucrados en el caso Rápido y Furioso.
En su escrito, la organización aportó diversos medios de prueba, como documentos desclasificados de las investigaciones realizadas por el Congreso de Estados Unidos que no habían sido incorporados a la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEITA/059/2011, solicitando su traducción con peritos especializados en inglés.
Además, también se solicita a la FGR retirar la indagatoria de la SEIDO, actualmente Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por considerar un conflicto de interés, puesto que los documentos públicos sobre el tema apuntan a que los mandos de la antigua subprocuraduría podrían haber estado al tanto de las operaciones.
A pesar de que la organización recomienda remitir el expediente del caso a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, para evitar que los fiscales del caso sean juez y parte, esa unidad depende actualmente del titular de la SEDF, Juan Ramos López, jefe directo de uno de los posibles investigados, Ricardo Cabrera Gutierrez.
Pruebas en su contra
El escrito de México Desarma también solicita realizar diversos actos de investigación, como el llamado a declarar de los tres titulares que tuvo la PGR durante el gobierno de Felipe Calderón, sexenio que coincide con la introducción y venta de armas ilegales a nuestro país con el conocimiento de las autoridades mexicanas.
En el documento se señala que deben ser citados a declarar el exministro de la Suprema Corte y extitular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien estuvo en el cargo entre el 7 de diciembre de 2006 y el 7 de septiembre de 2009; Arturo Chávez Chávez, exprocurador general de la República entre el 24 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2011; y Marisela Morales Ibáñez, quien estuvo al frente de la PGR entre el 7 de abril de 2011 y el 30 de noviembre de 2012.
El abogado Javier Schütte Ricaud explica que si bien México Desarma no señala directamente a los imputados, por ser un ámbito de competencia de la Fiscalía, sí propuso citar a comparecer a todos los funcionarios mexicanos que, de acuerdo con documentos públicos del Congreso de Estados Unidos, pudieron estar al tanto de la operación, debido a sus atribuciones.
Por lo anterior, en su escrito entregado a la FGR en calidad de víctimas, un papel que no es definitivo y que no necesariamente les da derecho a participar en el proceso penal ahora que la averiguación previa ya fue judicializada ante un juez de Distrito, también solicitó la comparecencia de los extitulares que tuvo la SIEDO entre 2006 y 2012 y de los exfiscales de la UEITA, como es el caso de José Ricardo Cabrera Gutiérrez.
Fuentes cercanas al caso señalaron que estas diligencias se han ido desahogando, por lo que ya han declarado varios extitulares de la SIEDO y exmandos de la Policía Federal, como Facundo Rosas Rosas.
“Es menester que se investigue, a partir de los datos y pruebas proporcionadas desde la denuncia y posteriormente, qué funcionarios del entonces gobierno federal estuvieron vinculados directa o indirectamente en las actividades relacionadas con los operativos antes referidos, quiénes tuvieron conocimiento antes y durante su desarrollo, quién coordinó las colaboraciones entre autoridades mexicanas y estadunidenses, por instrucciones de qué superior jerárquico, etcétera”, señala la denuncia.
Uno de esos documentos, advierte la denuncia, es un correo electrónico enviado por Josh Parecki a Karine Taxman, ambos funcionarios de la ATF, el cual obra como anexo 187 en la investigación del Congreso estadunidense sobre Rápido y Furioso, denominada Fast and Furious: The Anatomy of a Failed operation.
“En dicho medio de prueba es posible notar el conocimiento de autoridades mexicanas respecto al operativo Rápido y Furioso, específicamente funcionarios de la PGR, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO), la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); destacando principalmente que se informó detalladamente a representantes de la PGR-SEIDO sobre la planeación y operación de Rápido y Furioso [y] se les permitió estar en el centro de comando durante la mayoría del desarrollo de la operación.”
Con ese medio de prueba, se solicitó a la Fiscalía citar a declarar, “ya sea en calidad de testigos o de inculpados, a aquellos servidores públicos mexicanos referidos desde la Denuncia de Hechos y en el presente escrito, cuya probable participación se encuentra ahí narrada y sustentada, solicitando también que, dentro del interrogatorio que esta H. Representación Social les formule, declaren a esta autoridad qué motivó su actuación, bajo las instrucciones de qué funcionario llevaron a cabo sus actividades relacionadas con el trasiego de armas de fuego a nuestro país, quiénes conocían de los operativos mencionados, así como todas aquellas preguntas que esta H. Autoridad considere pertinentes”.
Según la denuncia, entre el 22 y el 26 de septiembre de 2009 hubo otra reunión en la que se abordaron los fallidos operativos para investigar el tráfico de armas, encuentro en el que también participó el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente privado de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn por un caso de tráfico de drogas; la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Servicio de Administración Tributaria y la Oficina de la Presidencia de la República.
Derivado de estos elementos, se solicita la comparecencia de los tres extitulares de la PGR ya citados y de “aquellos funcionarios que hayan fungido como titulares, durante los años relevantes de los operativos investigados, de la SIEDO y, específicamente, de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA)”.
Por su cargo de coordinador y titular de la UEITA, el fiscal José Ricardo Cabrera Gutiérrrez es uno de los que tendría que declarar en la investigación. Además, fuentes a las que tuvo acceso Proceso indican que era el enlace de la SIEDO con el ATF y otras autoridades estadunidenses.
El extitular de la UEITA también fue señalado por investigaciones ministeriales y periodísticas como uno de los funcionarios que tras los granadazos arrojados en la ceremonia de la Independencia en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2008, aceptó reunirse con integrantes de un grupo delictivo para acordar la entrega de los responsables del atentado, que dejó ocho muertos y más de 100
lesionados.
Cabrera Gutiérrez acompañó al finado general Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien el gobierno de Calderón utilizó para negociar con grupos criminales.
Una de sus primeras acciones clandestinas durante el gobierno calderonista fueron los contactos con La Familia Michoacana para negociar la entrega de tres personas acusadas de los granadazos en Morelia.
“Acosta Chaparro acudió a Morelia en compañía de un sujeto de apellido Estrella, excomandante de la DFS, para encontrarse con los líderes de La Familia Michoacana, con quienes pactó la entrega de tres personas acusadas de ser integrantes de Los Zetas. En esa ocasión el militar estuvo acompañado del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Ricardo Cabrera Gutiérrez”, señala el reportaje publicado por este semanario el 5 de diciembre de 2010 (Proceso 1779).
De acuerdo con el texto de Jorge Carrasco, los pilotos de la PGR que comparecieron para revelar detalles de este caso identificaron a Cabrera Gutiérrez como uno de los acompañantes de Acosta Chaparro, a quien se negaron a identificar por tratarse de “información reservada por ser de seguridad nacional”.
En la reunión para aclarar el caso de los granadazos habrían participado otros mandos de La Familia Michoacana: Jesús Méndez Vargas, El Chango, y Nazario Moreno, El Pastor o El Chayo. (Proceso 1768).
Actualmente, Cabrera Gutiérrez es fiscal asistente del número dos en la FGR, sólo por debajo de Gertz Manero, y nuevamente ha logrado esquivar las indagatorias que podrían implicarlo en conductas delictivas.
