De acuerdo con el Inegi, en las últimas dos décadas la tasa de asesinatos de mujeres con armas de fuego creció 375%… armas que han entrado ilegalmente al país. De ahí que la demanda civil que la Cancillería interpuso contra los armeros estadunidenses incluye un enfoque de género, como comenta a este semanario la subdirectora de Litigios III de la Consultoría Jurídica de la SRE.
Las armas de alto poder que fueron usadas el 26 de junio de 2020 en el ataque del Cártel de Jalisco Nueva Generación contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fueron introducidas ilegalmente por la porosa frontera entre México y Estados Unidos. De los más de 400 disparos, tres hirieron al funcionario y uno impactó en la cabeza a Gabriela Gómez, una joven de 26 años que pasaba por ahí cuando iba al trabajo. El ataque del grupo criminal en la capital del país con armas de guerra dejó a dos pequeñas sin mamá.
Se trató de tres rifles Barrett para francotirador calibre .50, de uso militar; dos pistolas Smith & Wesson 9 milímetros y otra 5.56 mm; un rifle calibre 5.56 marca Ruger y un fusil Colt calibre 5.56.
Ximena García, subdirectora de Litigios III en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice que el caso de Gabriela Gómez ejemplifica por qué la demanda civil del gobierno de México contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos tiene también un enfoque de género y busca denunciar que las armas ilegales que llegan al territorio afectan y acaban con la vida de las mujeres tanto en el espacio público como privado.
“Fue con uso de fusiles Barrett, que son los que derriban helicópteros, y las cifras del incidente son terribles, se dispararon cientos de balas, afectó a esta mujer y dejó a dos niños huérfanos, la familia tiene una situación extremadamente marginada. Es un caso paradigmático”, dice la internacionalista por el Colegio de México y la Universidad China de Asuntos Exteriores.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es la cara visible de la demanda; de hecho el pasado 14 de enero fue seleccionado como Persona del Año 2021 por la Arms Control Association de Estados Unidos.
Pero en el sexto piso de la Cancillería trabaja un equipo jurídico mixto para ganar este litigio, y las mujeres de este grupo han empujado para imprimirle un enfoque desde la perspectiva de género.
La demanda se presentó el 4 de agosto ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, un día después del aniversario del ataque contra mexicanos por parte de un supremacista blanco en un Walmart en El Paso, Texas. Las demandadas presentaron una réplica conjunta el 22 de noviembre y ahora México está por presentar su derecho de réplica el próximo 31 de enero.
Wilma Gandoy, directora de Litigios III, dice que las armas de fuego que las compañías demandadas fabrican y comercializan sin monitoreo y controles son usadas para asesinar a mujeres, pero también a sus esposos, hijos y hermanos. Además, en el espacio privado son utilizadas para el sometimiento de las mujeres.
“Lo que naturalmente tiene una carga en cuanto a los cuidados, en cuanto hacerse cargo de la familia que se queda”, opina la también internacionalista del Tecnológico de Monterrey.
“Pero además un arma cambia la interacción de poder, las relaciones interpersonales. Una discusión entre una pareja no es igual si tú sabes que el otro tiene un arma”, añade Gandoy.
El caso Miroslava Breach
Otro caso paradigmático de la demanda es el asesinato de la periodista Miroslava Breach en 2017. Fue ultimada con una Colt calibre .38, edición especial, grabada con la imagen de Emiliano Zapata y una frase atribuida a él del otro lado: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”.
En la demanda se destaca una frase del periodista Ioan Grillo, del New York Times: “Es una cruel ironía: una pistola estadunidense embellecida con la imagen de un luchador por la libertad fue usada para silenciar la libertad de expresión en México”.
Ximena García agrega que estas armas están diseñadas especialmente para los integrantes de los grupos del crimen organizado, chapadas en oro y que incluso se pueden personalizar. Esto refuerza el argumento de México de que las empresas de armas saben que sus productos son traficados ilegalmente y utilizados por los narcotraficantes. También opina que estas empresas apelan “al machismo herido y frágil”.
“(El caso de Miroslava) refleja que la necesidad de muchos hombres de ser respetados y vistos como poderosos y peligrosos termina en actos para silenciar y violentar a las mujeres y a quienes luchan por la libertad de expresión”, dice.
En las últimas dos décadas la tasa de asesinatos de mujeres con armas de fuego creció 375%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Actualmente seis de cada 10 asesinatos de mujeres ocurren con armas de fuego, mientras que a principios de 2000 la cifra era de tres de cada 10, de acuerdo con el estudio Violencia de género con armas de fuego en México, que realizaron en octubre de 2021 las asociaciones civiles Intersecta Organización para la Igualdad, AC; Data Cívica, AC; EQUIS Justicia para las Mujeres, AC, y el Centro de Estudios Ecuménicos, AC.
A partir de 2004 el comercio de armas cambió en Estados Unidos con un impacto en México, dice la demanda civil interpuesta por el equipo jurídico de la Cancillería. Ese año terminó en la Unión Americana la prohibición de la venta de armas de asalto y como resultado, en los cuatro años siguientes la posesión ilegal de armas en territorio mexicano se multiplicó y la tasa de homicidios creció 45%.
Uno de los argumentos principales de este litigio está basado en las cifras del torrente de armas estadunidenses que terminan en manos de los criminales en México.
De acuerdo con las estimaciones que maneja la demanda, un promedio de 500 mil armas de fuego entra a México de manera ilegal anualmente, las compañías demandadas producen más de 68% de esas armas y esas empresas venden anualmente más de 340 mil armas que fluyen desde sus plantas en Massachusetts y otros estados hacia el otro lado de la frontera.
Contra el machismo
La demanda de México contra las armerías es inédita, porque es la primera vez que un país demanda a los fabricantes de armas, pero también porque entre los argumentos contra esas compañías está que son negligentes al publicitar sus productos, en los que utilizan símbolos de guerra y estereotipos de género.
“México alega que estas industrias han sido negligentes, han faltado al deber de cuidado que conlleva su actividad empresarial al producir, vender, distribuir productos diseñados para matar”, dice Liliana Oliva, directora de Litigios I.
La abogada por la Universidad Panamericana y maestra en derecho internacional público por la London School of Economics and Political Science cuenta que la primera vez que entendió que la demanda podía tener un impacto también en la reducción de la violencia de género fue cuando vio en la publicidad de estas empresas armamentistas la “estereotipación de la violencia”.
“En México no estamos familiarizados con la publicidad de armas de fuego, no hay; pero en Estados Unidos hay muchísima, y viendo estudios de los carteles que utilizan, en redes sociales, en internet, resulta muy evidente cómo explotan ciertas características de los roles estereotipados del hombre. La asociación de lo masculino con el poder, con la violencia. Me saltó muchísimo porque esa publicidad no estaba dirigida a las mujeres, estaba dirigida a estos rasgos de lo que debe ser la masculinidad”, dice la abogada.
Con ella coincide Wilma Gandoy, quien recuerda un póster que invitaba a los hombres a adquirir su “tarjeta de hombría renovada”.
“Es justo esa asociación arma-hombría. Entramos en una espiral de cosas sicológicas: ‘Con esto manifiesto mi poder, entonces ejerzo violencia’ y todas las cosas que vivimos en los espacios públicos y privados”, opina.
Dice que las armas que estas empresas diseñan especialmente para mujeres también caen en los roles estereotipados de género, pues son rosas, más pequeñas y venden bolsos específicos para guardarlas.
“Me impactó mucho que decían: ‘Si tienes a la mamá de la casa, tienes a toda la familia’. Esto habla de cómo las empresas visualizan a sus compradores”, reflexiona.
Contra las causas
En México, donde la legislación sobre posesión de armas es muy estricta y el Ejército administra la única tienda de armas en el país, más de 70% de las armas que se encuentran en una escena del crimen provienen de Estados Unidos.
El argumento central del litigio es contra prácticas comerciales negligentes que incluyen cómo se producen las armas, cómo se publicitan, distribuyen y venden. Por ejemplo, se señala que los fabricantes se han negado a implementar medidas de seguridad e incluir en sus diseños mecanismos para que sólo puedan ser usadas por los compradores directos o controles en sus sistemas de distribución.
“Una analogía arquetípica de esta acción judicial que emprendimos es la contaminación transfronteriza. Cuando el origen de la contaminación viene del otro lado de la frontera, quien padece esa contaminación está legitimado para demandar la causa de origen, por ejemplo, una fábrica de la frontera. Nosotros usamos esa teoría de manera análoga, porque si bien hay un universo de acciones binacionales, consensuadas a nivel bilateral, las empresas no estaban en esa ecuación”, dice Liliana Oliva.
“Por eso el departamento jurídico decidió tratar la causa de origen y no sólo ponerle un dique a un río contaminado”, remata Ximena García.
Sin embargo la tarea es compleja. Luego de la epidemia de tiroteos masivos, incluso en escuelas, una serie de demandas de ciudadanos y condados llevó a que en 2001 el gobierno de Estados Unidos instara a las empresas fabricantes a implementar controles para evitar que el suministro de armas llegara a manos de criminales. Pero las compañías se negaron y el único que había aceptado algunas condiciones, Smith & Wesson, fue presionado por los otros actores de la industria y finalmente rompió el acuerdo. Las compañías cabildearon en el Congreso y en 2005 se promulgó la Ley de Protección de Comercio de Armas, que protege a estos fabricantes de la responsabilidad civil del uso de sus productos.
“Esta serie de demandas y las consecuentes sentencias e indemnizaciones que tuvieron que pagar, millonarias, llevaron a la industria a reunirse y ponerse de acuerdo para cabildear una ley, que por regla general (las compañías) no pueden ser demandadas civilmente por daños ocasionados por un tercero, básicamente lo que nosotros estamos pidiendo”, reconoce Oliva.
