Pese a que los desplazamientos de poblaciones provocados por la delincuencia organizada se originaron hace décadas, apenas en 2020 el Estado mexicano admitió el problema y se comprometió a atenderlo de manera integral. De entonces a la fecha poco se ha avanzado para hacer los diagnósticos, se queja la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, único organismo que analiza la situación de unas 240 mil personas agraviadas a lo largo del país.
No sabemos dónde están las personas que sufrieron episodios de desplazamiento forzado debido al crimen organizado! ¿Qué ha sido de ellos? Llevan décadas viviendo en esa situación y nadie les ofrece una solución duradera ni posibilidades de retorno seguro a sus hogares. No existe autoridad que les restituya sus derechos.”
Así resume el problema Brenda Gabriela Pérez Vázquez, quien coordina el Área de Desplazamiento Interno Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), único organismo en México que analiza la situación de casi 240 mil personas afectadas por desplazamiento forzado a causa del crimen organizado, sin contar los desplazamientos provocados por cuestiones religiosas, políticas, sociales o territoriales.
Entre octubre y noviembre de 2020 hubo al menos mil 200 casos de desplazamiento forzado en varias entidades, principalmente en Chiapas y Oaxaca. En enero de 2021, 620 personas huyeron a causa de la violencia, en marzo se sumaron otras 850 de pueblos de Guerrero; lo mismo pasó en Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas.
En Chiapas los desplazamientos generados por el crimen organizado son conocidos, aunque aún no hay suficiente evidencia para documentar fehacientemente el fenómeno; igual en Oaxaca, donde todos los años se registran casos de violencia política, conflictividad social, violaciones a derechos humanos y conflictos agrarios de larga data; la mayoría no se resuelven.
Las principales entidades donde están involucrados grupos armados han sido Oaxaca, Guerrero y Chiapas; en esta última se observan dos cosas: el contexto en que ocurre el desplazamiento forzado, cuánto tiempo se prolonga, así como la persistencia. Esto significa que ocurren año tras año en los mismos lugares, porque las autoridades no dan respuestas a las víctimas.
En el caso de Guerrero, 10 mil personas han abandonado sus comunidades de 2011 a la fecha en la Costa Grande, la Costa Chica, Tierra Caliente y la Montaña Baja, debido a la violencia provocada por disputas entre grupos delincuenciales que buscan el control de rutas para el trasiego de droga.
Otro caso es el desplazamiento forzado en 32 poblados del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, también en Guerrero, donde en febrero de 2021 abandonaron su hogar 250 personas y en marzo se sumaron otras 835.
Al mes siguiente, el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Aguililla, Michoacán, provocó el desplazamiento de más de 100 familias, mil 800 personas. El 23 de abril, cuando el representante del Vaticano en México, Franco Coppola, visitó el municipio, declaró que la falta de autoridad del gobierno permitió esa situación de inseguridad. El obispo de Apatzingán, Cristóbal García, quien lo acompañó, hizo un llamado a los desplazados para que regresen al poblado.
Violencia expansiva
Pérez Vázquez sostiene que en Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa se repitieron esos episodios; incluso se identificó uno en Quintana Roo por primera vez.
En Chihuahua, en febrero de 2021, hubo más de 200 desplazamientos en Guadalupe y Calvo y otros tantos en junio. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, se debió a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
En 56 comunidades de los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi, Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna la incidencia de casos es similar. En San Andrés, Carrizos y El Venadito se documentó la presencia de 729 indígenas que habían abandonado sus comunidades por falta de empleo.
–¿Los desplazados por el crimen organizado ya retornaron al lugar del que salieron? –se le pregunta a Pérez Vázquez.
–Desafortunadamente, no. Y tiene que ver con la ausencia de un mecanismo formal de registro e identificación de población desplazada. México no cuenta con las capacidades ni con las posibilidades institucionales que permitan seguir formalmente los casos para saber si tuvieron una solución parcial o una duradera, lo cual implicaría su retorno a casa y la reinserción adecuada, o incluso otro lugar como segunda opción de refugio permanente.
“Lo que observamos es que no hay retorno. Las familias salen esperando regresar en corto o mediano plazos. Eso es imposible porque persisten las condiciones de violencia que generaron su desplazamiento. A muchos, al salir, les destruyen casas y cultivos, los despojan de sus tierras y roban su ganado. Esto hace imposible que las personas desplazadas de manera masiva y violenta puedan retornar de inmediato.”
En el informe de 2019, de un universo de 8 mil 600 desplazados, sólo 70 tuvieron alguna medida parcial de solución.
“Cuando te hablo de largo plazo digo que las personas consideran que puede llevarse un año su regreso; tenemos muchos casos, en la región sureste hay poblaciones con más de 10 años en esa situación”, cuenta la defensora de la CMDPDH.
El 29 de septiembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. El dictamen indica que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en México, Estado relacionado principalmente con la violencia que generan grupos del crimen organizado, la mayoría de las víctimas son personas que huyen de amenazas, extorsión, conflictos internos y operaciones militares, añade Pérez Vázquez.
En 2020, el Estado mexicano reconoció por primera vez la existencia de esta problemática en el país y se comprometió a atenderla de manera integral: Ya pasó un año y el abordaje está en una etapa muy germinal. Falta diagnosticar de manera adecuada, especializada y comprensiva el desplazamiento interno en México: conocer de dónde salen, cuáles son los estados receptores, el perfil de la población que protagoniza esos desplazamientos, sus necesidades y preferencias; saber si encuentran respuesta o no de las instancias de gobierno que han invisibilizado este problema.
Recuerda que en 2015, cuando las autoridades buscaban a Joaquín El Chapo Guzmán, efectivos de la Marina incursionaron de manera violenta en poblaciones de la sierra de Durango y Sinaloa, y obligaron a muchos pobladores a abandonar sus tierras y patrimonio. Antes, en 2012, contingentes de los municipios de Choix y Guamúchil huyeron de la violencia, asentándose en San Salvador. Desde entonces viven en situación de desplazados.
Los paliativos
El año antepasado Sinaloa aprobó una ley para atender y prevenir el desplazamiento interno, así como apoyos y una partida presupuestal para construir viviendas. Los colectivos demandan que se les apoye de manera integral para que puedan reconstruir su vida, pero el Estado carece de un mecanismo claro, institucional y normativo que permita saber cuántas personas hay en situación de desplazamiento, registrarlas y generar planes de atención integral.
Chiapas fue la primera entidad en elaborar una ley de ese tipo, en 2012; Guerrero lo hizo en 2014, Sinaloa en 2019. El problema es que ninguno la ha reglamentado para determinar con puntualidad las responsabilidades y qué autoridades deben encargarse de diseñar y aplicar programas y políticas públicas especializadas. Este hueco jurídico hace que las autoridades de los tres niveles de gobierno carezcan de una ruta clara para atender el tema, indica la activista.
Sin embargo, aclara que a pesar de carecer de registro, leyes o reglamentos para identificar a la población desplazada, se cuenta con instrumentos vigentes, adecuados y legales que tendrían la competencia para registrar y atender ese problema. El asunto es que ninguna autoridad lo hace.
La Ley General de Víctimas, por ejemplo, contiene artículos que incluirían a la población desplazada y otros que señalan la responsabilidad para atenderlos, sólo que la autoridad ha sido muy deficiente.
“El órgano operativo de esta ley es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En 2017 no tenía casos registrados a pesar de que han sido documentados a través de su Formato Único de Registro. En una solicitud de información, la dependencia respondió que más de 530 personas dijeron que fueron víctimas de desplazamiento. A finales de 2018 sólo tenían registradas 13, no sabemos por qué”, dice Pérez Vázquez.
Jurídicamente, la comisión que ella dirige acompañó 104 casos de personas desplazadas: “Lo ganamos en 2019 por un amparo que determinó la competencia de la CEAV para registrar, atender y garantizar los derechos de esa población”.
También existe el Registro Nacional de Víctimas y el Mecanismo para Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, pero, de manera explícita, su ley no les obliga a registrar ni a atender los casos de quienes tienen que desplazarse para salvaguardar su vida.
De 2012 a la fecha, a unas 40 personas se les otorgaron medidas parciales de atención integral en términos de seguridad. Pero, aunque se les proporciona un refugio, se quedan sin el derecho a la educación, al empleo y a la salud.
–¿Por qué no se han estructurado medidas para atender a la población en situación de desplazamiento forzado?
–El problema es que carecemos de un marco normativo especializado. El Consejo Nacional de Población y la Unidad de Política Migratoria empiezan a involucrarse, pero carecen de un sistema de registro y de un diagnóstico especializado. Apenas el año antepasado se publicó el programa Nacional de Derechos Humanos que incluye siete acciones dirigidas a atender el desplazamiento interno: difusión de la información, generar e impulsar un marco normativo, sensibilizar a los servidores públicos y construir un programa de atención integral.
Recuerda que desde 1998 se han planteado iniciativas para reformar el artículo 73 constitucional, dando facultad al Congreso de la Unión para que legisle en relación con este fenómeno y genere ese marco normativo especializado: “Hace más de 20 años el desplazamiento ya era evidente, pero hasta la actual legislatura se recibieron cuatro iniciativas en materia de desplazamiento forzado; una modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales e identifica el desplazamiento forzado como delito, y ya fue aprobada por los diputados. Sin embargo, aún esperamos que la dictamine el Senado, pero pedimos que antes haya un espacio de parlamento abierto”.
Necesario, un trabajo conjunto
Pérez Vázquez considera que las personas agraviadas –las principales interesadas y las conocedoras de sus problemáticas– deben participar al lado de académicos, la comunidad internacional y la sociedad civil, pues son ellas quienes mejor conocen el problema de los desplazamientos forzados.
Y admite: “No sabemos dónde están los desplazados; menos aun qué ha sido de ellos… Algunos casos los documentamos en la Comisión Mexicana, pero es una porción pequeña. En términos de identificar de dónde salen las personas internamente desplazadas. El trabajo que hacemos en la comisión es el ejercicio más completo que documenta episodios de desplazamiento masivo.
Explica que se trabajó con estadísticas oficiales. Después el Consejo Nacional de Población y la unidad de política migratoria hicieron ejercicios similares; incluso se analizaron tres encuestas que podrían abarcar esta situación: la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Las tres incluyen en sus cuestionarios la pregunta sobre la causa de la migración: por violencia o inseguridad pública; en el caso de la Envipe, contestaron que era para protegerse de la delincuencia organizada.
Sin embargo esos instrumentos dejan de lado otras causales no vinculadas con los temas de inseguridad, violencia o delincuencia, como los fenómenos naturales. En ese sentido, tales instrumentos oficiales aportan aproximaciones que van desde las 185 mil personas que se desplazaron en un periodo de cinco años.
“La Envipe cada año dice que el número de personas que cambiaron de residencia para protegerse de la delincuencia está entre 900 mil y 1.5 millones. La última información que arrojó en 2020, me parece, fue de 2018 a 2019. Hablaba de 1.7 millones de personas que en el transcurso de un año cambiaron de lugar de residencia. Si acumulamos o si consideramos los años anteriores, estamos hablando de una cifra gigante.”
Indica que este análisis permite hacer aproximaciones sobre patrones de desplazamiento, estados de expulsión y estados receptores y detectar la zona que concentra más ese tipo de población, pero con muchas limitaciones.
“Urge ver si la gente sigue desplazada; si es así, saber en qué lugar están, qué más sucedió para que se mantuvieran fuera de su hogar, y saber cómo se encuentran; si regresaron a sus hogares; debemos conocer en qué condiciones lo hicieron y su situación actual. Lo cierto es que hoy no sabemos dónde están ni qué ha sido de ellos”, lamenta Pérez Vázquez.
