El brazo penal del Estado ha sido utilizado para perseguir y amedrentar a funcionarios, denuncia Lorenzo Córdova Vianello. En entrevista, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral habla de la acusación contra los consejeros electorales promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por aplazar el proceso de consulta de revocación de mandato, y de la histórica presión que recibe el árbitro electoral del país, aunque detalla las diferencias de lo que ha sucedido con la 4T en comparación con otros gobiernos.
Por su naturaleza arbitral y de control del poder, las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) y su precedente, el IFE, siempre han incomodado a los gobiernos y partidos políticos, detonando presiones y roces, dice su actual presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
Advierte luego una condición diferente en los últimos tres años y ésta es que, desde el poder y el partido gobernante, se descalifica al organismo, se alienta su exterminio y se denuncia penalmente a seis de sus consejeros por una decisión colegiada.
Las descalificaciones presidenciales se iniciaron desde diciembre de 2018 por el aspecto presupuestal y los emolumentos de los consejeros, y se radicalizaron en 2021 cuando el INE resolvió retirar el registro de decenas de candidatos morenistas por incumplir normas de fiscalización, destacadamente la defenestración de los abanderados a gobernar Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y Michoacán, Raúl Morón.
Pero fue el 22 de diciembre último cuando personal de la Cámara de Diputados, cuya Mesa Directiva preside Morena vía Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia penal contra seis consejeros electorales y el secretario ejecutivo del organismo.
El motivo de esa acción legal, además de una queja ante el Órgano Interno de Control del INE y de la promoción de una controversia constitucional, atendió a la resolución de postergar la consulta para la revocación de mandato, alegando falta de recursos, lo que, a decir del titular del Poder Legislativo, encuadra en el delito de coalición de servidores públicos, ya que se incumple con la ley.
Córdova niega que haya una escalada en las diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en lo que va de su mandato, ha descalificado en numerosas ocasiones al INE, aunque en este caso el mandatario federal mismo rechazó el proceder de Gutiérrez Luna.
En entrevista con Proceso, Córdova Vianello repasa las presiones sobre el órgano electoral en sus 31 años de existencia, niega una confrontación con el Poder Ejecutivo e identifica una serie de cambios respecto del pasado.
Denuncia autoritarismo
Entre las diferencias de este gobierno con otros sexenios destaca que el INE ha respondido aclarando y desmintiendo sin confrontar ni descalificar al presidente de la República; segundo, las críticas al INE provienen del poder y del partido gobernante, cuando siempre procedían de la oposición; tercero, el uso de expresiones de Mario Delgado, presidente de Morena, así como de otros actores cercanos a López Obrador, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, sobre exterminar o dar muerte al órgano electoral, y, finalmente, la denuncia penal que criminaliza a seis integrantes del INE.
“Hoy, el titular de un poder (Gutiérrez Luna) cruzó esa frontera en lo que claramente es una política, déjame decirlo así, de hostigamiento al Instituto. Jamás se había cruzado, en los 31 años de la existencia de la autoridad electoral, esa frontera que debería de ser infranqueable en una democracia constitucional, porque es la que sostiene el arreglo democrático y divide a las democracias constitucionales de los autoritarismos.”
Córdova insiste en que el INE siempre está bajo presión de gobiernos, partidos, de los sujetos regulados y, entre estos, los medios de comunicación sujetos a la jurisdicción del INE por las decisiones que les afectan.
“Llama la atención la recurrencia de las descalificaciones que se traducen en presiones públicas que, en tiempos recientes, hemos llegado a un inédito y condenable uso del brazo penal del Estado para tratar, ni siquiera, de limar diferencias. Las diferencias que se pueden arreglar pasan por el Tribunal Electoral; cuando se recurre al brazo penal no hay una diferencia que limar, sino que se está buscando que un denunciado termine en la cárcel, eso es lo grave de esta circunstancia.”
–¿Se siente acosado?
–¿Acosado?, pues no. Esto es parte de la tarea del árbitro. Pero sí llama la atención que hoy se están utilizando tipos de presiones que rayan en un uso arbitrario y, me atrevo a decir, usos autoritarios del poder.
–¿De quién?
–Por lo menos, actitudes autoritarias de alguien que ostenta la titularidad de uno de los poderes del Estado.
Criminalizar al árbitro
Tras la presentación de la acusación, Gutiérrez Luna anunció que no ratificaría la acción legal ante el Ministerio Público. Sin embargo, el asunto sigue vivo en varias carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Anticorrupción.
Las declaraciones para no continuar por la vía penal ocurrieron después de que actores políticos nacionales, organismos internacionales, exministros de la Corte, intelectuales e inclusive el presidente López Obrador rechazaron el proceder de Gutiérrez Luna.
En esta entrevista, Córdova se refiere al asunto: “La posición (de Gutiérrez Luna) parte de las críticas que se le hicieron y de la presión pública que lo obligó a retractarse. Paradójicamente, después de presentar una denuncia, a unos pocos días, según sus dichos, se comprometió a hacer todo lo que esté en sus manos para que no se ejerza la acción penal que él mismo detonó.
“No sólo pienso que era innecesario, sino también que demuestra una actitud que, sin duda, a todos nos debe llamar la atención, no sólo preocuparnos, de alguien que ostenta la titularidad de uno de los poderes, uno de los tres grandes Poderes de la Unión”, dice.
Declaraciones al margen, el asunto penal seguirá vivo hasta que la Fiscalía decida el no ejercicio de la acción penal y cierre el caso contra Córdova y los consejeros electorales Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Zavala Pérez, así como del secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
“A esto me refiero cuando digo que se cruzó una frontera que jamás debió cruzarse. La verdad, el tipo de delito del que se nos acusa es, por decir lo menos, ridículo: coalición de servidores públicos. Es decir, dicen que nos pusimos de acuerdo para tomar una decisión que atenta contra la Constitución.
“Es tan absurdo este delito que es como decir que cada votación que hay en la Cámara de Diputados, donde una mayoría aprueba o refuta una ley, un decreto, se le llamaría coalición de funcionarios públicos porque se pusieron de acuerdo para votar en un determinado sentido. Esto cuando las decisiones del consejo son públicas y se toman, por supuesto, democráticamente.”
Córdova sostiene que es sano resolver las diferencias, pero vía los cauces institucionales, como ocurre con las controversias constitucionales si se considera que hay invasión de competencias, o bien en el Tribunal Electoral, como viene ocurriendo con el asunto de la revocación de mandato.
“Esto es un proceso que ha sido repudiado por la opinión pública e, insisto, ha sido descalificado hasta por el presidente de la República. Cuando se usa el brazo penal para perseguir y amedrentar hay que decirlo sin medias tintas.”
Luego, Córdova habla sobre la conducta de Gutiérrez Luna: “Si uno ve la historia del actual presidente de la Cámara de Diputados, en sus iniciativas hay una clara fijación por atacar, descalificar, denostar y, sobre todo, desmontar al INE con sus iniciativas.
“Esto involucra un retroceso democrático mayúsculo en caso de aprobarse. No quiero decir de persecución política, pero hoy la amenaza, el efecto de denostación está: en México, el presidente de un Poder puede pretender llevar a la cárcel a un funcionario o a funcionarios públicos de otros órganos del Estado que hayan tomado decisiones que le hayan disgustado a nivel personal.”
La revocación
Con la decisión adoptada por el INE para retrasar la realización de la consulta sobre revocación de mandato, las condiciones estuvieron puestas para reiniciar la discusión sobre el presupuesto y los emolumentos que perciben los consejeros del órgano, cuya resolución fue revocada por el Tribunal Electoral. Los diferendos prevalecen.
Córdova argumenta que los funcionarios del INE cobraban menos que el presidente de la República, hasta antes de que Andrés Manuel López Obrador decidiera de manera unilateral bajarse el sueldo a la mitad.
Pero sobre todo, pide separar las discusiones: una es sobre el costo de la autoridad electoral y otra sobre lo que considera una necesidad para que el INE realice las funciones que le corresponden.
Respecto del costo del INE, Córdova Vianello expone en la entrevista una larga lista de atribuciones que encarecen la operación institucional y que ha planteado ampliamente a lo largo de tres años para desmentir que sea la autoridad electoral más costosa del mundo.
“Los recortes a la autoridad electoral no son nuevos, pero nunca se había colocado al INE en la posición en la cual hoy se encuentra: se le pide hacer por ley un ejercicio como la revocación de mandato, con determinadas características; estas características son cuantificadas por el INE y comparadas con su presupuesto, y este presupuesto no es entregado por la Cámara de Diputados.”
El argumento del presidente del INE es que la Ley de Revocación de Mandato estableció colocar 160 mil casillas, es decir, las mismas que en la elección presidencial de 2018, cuyo costo calcula en 3 mil 830 millones de pesos, pero la misma Cámara sólo le autorizó mil 503 millones. En tanto, de la bolsa global hay un faltante de 3 mil millones que se le redujeron.
“Hoy, con lo que tenemos, no podemos cumplir con lo que exige la ley. Esto es una disputa que trasciende al propio INE, por eso lo llevamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva si la Cámara de Diputados, facultada para asignar el presupuesto, puede hacer lo que quiera, o está obligada a garantizarle a los órganos del Estado los recursos necesarios para cumplir sus funciones constitucionales”, expone.
–¿Lorenzo Córdova quiere realizar el ejercicio?
–Yo sí. Lorenzo Córdova hace lo que le mandata la ciudadanía. Si no se nos dan las condiciones para hacerlo como lo pide la ley, tendremos que hacer la revocación como podamos, pero lo tendremos que hacer, cumpliendo como lo dijo el Tribunal Electoral.
Con definiciones pendientes, entre estas, la decisión de la Suprema Corte, así como el diálogo con la Secretaría de Hacienda, el INE aprobó un plan de ahorros el jueves 6. Aún así, hay aspectos que resolverán la segunda semana de enero, pues, además, debe preparar el revocatorio en tiempo récord, pues le quedan menos de 100 días, aunque para ello se deban sacrificar funciones e, inclusive, casillas, pues advierte: nadie está obligado a lo imposible.
Diálogos pendientes
La coyuntura por el asunto de la revocación de mandato se inscribe en otros procesos que anticipan conflictividad: una reforma electoral aún pendiente de definir derroteros y un proceso electoral en seis entidades federativas para renovar gubernaturas a mediados de año.
Córdova afirma que ha mantenido sus puertas abiertas al diálogo: con Gutiérrez Luna en septiembre, un canal de comunicación frecuente y cercano con el secretario de Gobernación, con el que “no ha habido soluciones hasta ahora, pero el diálogo siempre ha estado”.
A lo largo de la entrevista realizada el miércoles 5, Córdova retoma que la idea de Gutiérrez Luna, por hacer que regrese la organización electoral a Gobernación, representaría un retroceso democrático.
“Realizar una reforma no siempre será lineal y progresiva, puede ser regresiva y que nos haga perder mucho de las conquistas democráticas que hoy tenemos. Por eso digo, si hay una reforma electoral, qué bueno que la haya, pero que sea para lo mejor, para simplificar procesos complicados, además de que sea una reforma cuyo origen venga de un amplio consenso, porque si es impuesta, esa historia ya la conocemos.”
La oferta de diálogo y colaboración en una reforma electoral se ha hecho por el INE tanto al Legislativo como al Ejecutivo. Hasta ahora no hay claridad en la ruta a seguir.
Lo cierto es que hay una circunstancia que, a pregunta expresa, Córdova aquilata: “El partido que más se ha beneficiado de las existencias de estas reglas del juego y de la existencia de esta autoridad, no es el único, pero es el que más fuertes y estridentes críticas ha levantado a las autoridades electorales.
“La duda que me queda es, si estas críticas son realmente el producto de algo que se ha hecho mal o que se asume que se ha hecho mal, o es más bien la expresión de denuesto a un organismo que no se había plegado y que sigue sin plegarse a los intereses del poder, de cualquier poder.
“Lo paradójico de que el beneficiado sea quien más descalifica al INE, o es producto de una añeja tradición de andar criticando o es una manera de enfrentar una autoridad electoral que no ha cedido, tampoco confrontado, pero no se ha dejado.
“A lo mejor es el intento de construcción de una narrativa de descalificación permanente para tratar de justificarse anticipadamente respecto a resultados electorales futuros que no sean favorables”, agrega.
