Durante el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, el gobierno de Felipe Calderón torpedeó a grupos de inversión interesados en rescatarla, maniobró para entregar “en préstamo” muchas de sus rutas y slots a otras compañías aéreas y hasta abogó con autoridades de Estados Unidos para que permitieran cubrir rutas de Mexicana en territorio de ese país. Y es que en la debacle de esta aerolínea se enredaron intereses empresariales vinculados con el poder político que terminaron por beneficiar a sus competidoras: Aeroméxico, Interjet, Volaris…
Cuando en agosto de 2010 Compañía Mexicana de Aviación solicitó entrar en concurso mercantil, su principal accionista, el empresario Gastón Azcárraga Andrade –también dueño del consorcio hotelero Grupo Posadas–, dejó a la aerolínea más importante del país en manos de un abogado de oscuro pasado: Jorge Isaac Gastélum Miranda.
Azcárraga le vendió a Gastélum 95% de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y sus subsidiarias: Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe (Mexicana Click), Mexicana Inter (Link) y Mexicana MRO, todas en concurso mercantil y necesitadas de dinero fresco para capitalizarse.
Para adquirir ese 95% de acciones –el 5% restante pertenecía a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA)–, Gastélum creó la firma Tenedora K con miembros de su despacho Gastélum Abogados. Así, María Teresa Llantada Voigt y Mauricio Zarza Cerecer quedaron como accionistas; y Luis Andrés Holzer Neumann y el propio Gastélum Miranda, como apoderados.
De acuerdo con la escritura pública número 62475, el mismo día en que fue constituida, el 13 de agosto de 2010, Tenedora K compró las acciones de NGA por un monto simbólico: mil pesos.
Gastélum Miranda es primo de Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación de Vicente Fox y exmiembro del Consejo de Administración de Grupo Posadas. En 2005 el gobierno de Vicente Fox vendió a Grupo Posadas la aerolínea que pertenecía a Cintra en 165.5 millones de dólares. Ese año, el despacho antes conocido como Creel, García-Cuéllar y Müggenburg –actualmente Creel, García-Cuéllar-Aiza y Enríquez– fue contratado por Cintra para instrumentar el proceso de venta de sus subsidiarias, entre ellas Mexicana de Aviación, según consta en el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2005.
A principios de este siglo Gastélum fue acusado del presunto delito de defraudación fiscal por más de 2 millones 700 mil pesos cuando era consejero del Consorcio Azucarero Escorpión, por lo que se le giró una orden de aprehensión en 2002. Estuvo prófugo. Fue detenido en Alemania y extraditado a México en 2005, pero liberado ese mismo año por falta de pruebas.
Por su parte, Holzer Neumann es director de Inmobiliaria Fumisa, presidente de Grupo Industrial Omega y hasta 2018 fue vicepresidente de Dufry, controladora de los Duty Free, tiendas libres de impuestos de los aeropuertos. También es director de Aeroplazas de México.
El 10 de septiembre de 2010 –un mes después de la simbólica transacción por mil pesos– Azcárraga Andrade renunció como consejero de NGA y le fueron revocados sus poderes. Lo mismo sucedió con otros personajes con nexos clave en una trama de evidente conflicto de interés: el consejero suplente de NGA, Javier Molinar Horcasitas, hermano de quien en ese entonces era el secretario de Comunicaciones y Transportes del presidente Felipe Calderón, el fallecido Juan Molinar Horcasitas, quien en 2012 fue denunciado por ASPA por presunto ejercicio indebido del servicio público debido a que nunca verificó las capacidades financieras de Tenedora K.
También el consejero suplente de NGA, Javier Barrera Segura, director general de Grupo Posadas, cuyo hermano, Gerardo Barrera Segura, exsecretario de Finanzas de Mexicana, fue nombrado apoderado de NGA el 26 de noviembre de 2008, y curiosamente hoy es socio financiero de Gastélum Abogados.
Además, según la inscripción de la asamblea general ordinaria folio mercantil 391131 del 10 de septiembre, se revocó también a María Teresa Llantada Voigt, quien era secretaria de NGA.
Llantada Voigt también era secretaria del Consejo de Administración de Inmobiliaria Fumisa, firma que durante 20 años, hasta 2014, subarrendó los espacios comerciales de la Terminal 1, entre ellos a Duty Free, explotó el estacionamiento del área internacional y 11 pasillos en las posiciones 26 a 36 del área internacional.
Pero a ella, igual que a Gastélum Miranda y Zarza Cerecer, se les nombró en NGA con “poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, y poder general para actos de administración, poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar y endosar toda clase de títulos de crédito y poder general para actos de dominio”.
El juez de la primera parte del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, dice en entrevista con Proceso que se enfrentó a un vacío legal, pues el dueño de Mexicana, Gastón Azcárraga, había huido, y el que decía ser el nuevo dueño, Jorge Gastélum, nunca le mostró ningún documento que lo acreditara como tal.
Este semanario tiene copia del contrato de la venta, pero éste nunca fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC).
De hecho, en el RPPC no figura Tenedora K como dueña de Mexicana, sólo se incluyó a los tres abogados del despacho de Gastélum como apoderados legales de NGA.
Los cambios tampoco fueron notificados a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el argumento de que la empresa concesionaria era Mexicana de Aviación y no NGA.
“Yo me quedé con un fantasma. ¿Qué empresario iba a responder por Mexicana? (Azcárraga Andrade) ya había huido y el que estaba (Gastélum) era un fantasma, porque no aparecía en documento alguno. Él decía: ‘Soy el dueño’, pero jamás me mostró nada. Esa fue una jugada terriblemente sucia. Pero el gobierno (de Felipe Calderón) lo permitió”, dice el juez Consuelo Soto.
Hasta el cierre de edición, Gastélum Miranda no había contestado a la solicitud de entrevista que Proceso le hizo a través de personal de su oficina.
“Grupos de papel”
Durante los tres años y ocho meses que duró el concurso mercantil –luego de un desfile de 30 supuestos interesados en rescatar a la compañía, mientras Aeroméxico, Interjet y Volaris se beneficiaban de la salida de Mexicana y las compañías aéreas de Estados Unidos se quedaron con 70% del mercado mexicano–, funcionarios del gobierno de Felipe Calderón bloquearon los esfuerzos para que los aviones de la línea aérea volvieran a volar.
“El concurso mercantil fue totalmente atípico por el tiempo que duró, y duró tanto tiempo porque se pretendía que Mexicana de Aviación volviera a volar y con ese discurso nos mantuvieron cuatro años en espera; los trabajadores fueron engañados, nos mantuvieron con la vela encendida de la esperanza, pero era un engaño total”, dice en entrevista el capitán Rafael Suárez, presidente de la delegación de Compañía Mexicana de Aviación en ASPA.
Cuando Tenedora K entró en escena dijo que Advent International, uno de los principales operadores de fondos de capital privado del mundo y que tiene inversiones en Hildebrando –cuyo fundador es Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Calderón–, fue artífice del plan de negocios y de la reestructuración de NGA.
Advent también tiene inversiones en Dufry e Inmobiliaria Fumisa. Mientras que Grupo Industrial Omega y Grupo Arizan habrían sido “la semilla” de la capitalización, “siempre con la intención de que otros inversionistas aportaran la parte más importante de los recursos financieros requeridos”, señalaron ambos grupos en un comunicado.
El 28 de agosto Tenedora K decidió bajar los aviones de Mexicana de Aviación. Pese a tratarse de un servicio público concesionado por el gobierno federal para el uso y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, el gobierno de Calderón no intervino en la suspensión de operaciones.
Durante el concurso mercantil no todos los grupos de inversionistas que mostraron interés tenían el capital para adquirir la empresa: debían disponer de 250 millones de dólares. El juez Consuelo Soto recuerda que “hubo grupos de papel” y a otros “los asustaron”. Les decían: “No compres Mexicana porque no te vamos a dejar volar”.
En 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Dionisio Pérez Jácome, quien sustituyó en el cargo a Molinar Horcasitas, puso como condición a los inversionistas que para poder conocer los estados financieros de la compañía primero tenían que demostrar que contaban con las capacidades financieras, jurídicas, técnicas y administrativas para reestructurarla. Algunos inversionistas comenzaron a tener dudas sobre la situación legal real de las acciones y los libros que presuntamente estaban en poder de Gastélum Miranda.
Audios a los que la reportera Jesusa Cervantes tuvo acceso en 2012 –publicados por este semanario en el reportaje El plan que condena a Mexicana (Proceso 1849)– revelan cómo la SCT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entorpecieron la compra de la línea aérea. Gastélum Miranda pedía cada vez más dinero por las acciones de NGA que compró en mil pesos. Llegó a exigir de 5 a 9 millones de pesos por las acciones a los inversionistas de Med Atlantic. En ese entonces, el juez Consuelo Soto comentó a medios de comunicación que Gastélum haría “el negocio de su vida”.
En uno de los audios que cita el reportaje de Proceso, Alberto Martín Madero, representante de Med Atlantic (que para ese entonces había abierto el fideicomiso 1363/2011 en Banca Mifel por 415 millones de dólares, con el objetivo de adquirir la aerolínea), relata que el director jurídico de la CNBV, cuyo nombre reservó, le dijo que tenía que “poner obstáculos porque al subsecretario (de la SCT, Felipe Duarte Olvera) lo tengo aquí todos los días”.
Madero dijo que les cancelaron dos veces en una semana la posibilidad de hacer una transferencia. “No quiero recibir nada, no quiero verlo porque de seguro está mal”, fue la respuesta que recibieron Madero y los abogados de Med Atlántic, los cuales, molestos, espetaron: “¡No lo has visto!, ¿cómo es posible que digas eso?”.
“Es que ustedes no saben lo que es tener la presión del subsecretario (Duarte), que lo tenemos aquí todos los días”, remató el funcionario.
Felipe Duarte es actualmente director de Afore XXI Banorte y miembro del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, junto con Ricardo Maldonado Yáñez, quien era apoderado de Nuevo Grupo Aeronáutico con Gastón Azcárraga y es socio del despacho de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes; así como secretario del Consejo de Administración de Grupo Televisa y miembro del consejo de Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) desde 2018.
En el concurso mercantil también apareció otro jugador que terminó denunciado ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por trabajadores sindicalizados que se sintieron engañados porque dicho jugador no tenía dinero para restructurar la empresa: PC Capital, un fondo de inversión creado en 2008 cuyos representantes eran Arturo Barahona, Pablo Coballasi Durand y Pablo José Cervantes Belausteguigoitia.
Barahona dirigió Aeroméxico (1994-2004) y en 2010 se incorporó al Consejo de Administración de Mexicana de Aviación como asesor de la Dirección General de Manuel Borja Chico –también accionista de Grupo Posadas– previo a la venta de acciones a Tenedora K. Cervantes Belausteguigoitia es hijo del empresario Pablo Cervantes, miembro del Consejo de Administración de Grupo Posadas.
PC Capital fue el interesado que más impulso tuvo por parte de funcionarios del gobierno de Calderón, como Javier Lozano, en ese entonces secretario del Trabajo y Previsión Social.
“PC Capital gozó de todo el apoyo y venia del gobierno. Le otorgaron 100 días de concurso mercantil, le prepararon la compañía con recursos propios para que saliera a vuelo y cuando tenía que invertir la cantidad de 150 millones de dólares, resultó que no tenía dinero”, dijo en su momento el capitán Luis Ojeda, representante de la Coalición de Trabajadores de Mexicana de Aviación.
Torpedeo gubernamental
En tanto, Aeroméxico, Interjet y Volaris se beneficiaron de las rutas y los slots de Mexicana. Los slots son las pequeñas franjas de horarios con los que cuenta una aerolínea para efectuar operaciones dentro de un aeropuerto. Las rutas y los slots de Mexicana eran de los bienes intangibles más codiciados de la compañía aérea.
Mexicana de Aviación poseía 44 rutas nacionales y 27 destinos internacionales (14 de ellos a Estados Unidos). Tenía más de 2 mil 93 slots semanales en temporada de invierno y 2 mil 102 semanales en temporada de verano.
Mientras la aerolínea se encontraba en concurso, el gobierno de Calderón prestó a las otras aerolíneas las rutas y los slots, con el argumento de que el país se quedaría incomunicado. Consuelo Soto accedió a prestar las rutas y los slots con la condición de que las devolvieran una vez que les fueran requeridas.
Entonces, el gobierno de Calderón dio a Interjet 22 de las rutas, slots y horarios de Mexicana de Aviación y a Aeroméxico nueve desde la Ciudad de México y con destinos internacionales a Caracas, Bogotá, Denver, Fresno, Panamá, Montreal y San José; y nacionales a San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez.
El 10 de junio de 2011 el gobierno calderonista abogó ante la Oficina Internacional de Aviación del Departamento del Transporte de Estados Unidos para que autorizara a Volaris cubrir tres rutas de Mexicana: México-Las Vegas, México-Los Ángeles y Monterrey-Chicago. Además Volaris también obtuvo la ruta México-Chicago.
El 13 de febrero de 2012, cuando las negociaciones con inversionistas avanzaban, Consuelo Soto pidió al gobierno que devolviera las rutas y slots que les había prestado. Sin embargo, las aerolíneas se negaron. Incluso, Interjet, de Miguel Alemán Magnani, se amparó.
El juez ordenó girar un oficio a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que devolvieran a Mexicana de Aviación las rutas y espacios de aterrizaje y despegue “que por derecho pertenecen a dicha línea aérea”, de acuerdo con el documento. Esto con el fin de que en cuanto fuera rescatada pudiera operar rutas internacionales desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia diferentes destinos en Estados Unidos, Cuba, Colombia, Costa Rica y Guatemala.
En la sentencia sobre la titularidad de los slots se determinó que las autorizaciones concedidas a terceros para explotar las rutas aéreas que fueron asignadas a Mexicana en su título de concesión, fueron otorgadas con carácter temporal hasta en tanto la concursada reiniciara sus operaciones. Pero cuando Mexicana de Aviación fue declarada en quiebra el 3 de abril de 2014, las aerolíneas se quedaron con los slots, pese a que los trabajadores las reclamaban como parte de la masa concursal de Mexicana.
La compañía de Miguel Alemán operaba desde el aeropuerto de Toluca hasta que en julio de 2008 firmó un contrato con Aero California, que había dejado de tener operaciones, para que le cediera horarios y posiciones de despegue y aterrizaje que tenía asignados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, debido a una serie de adeudos de Aero California por servicios de navegación aérea, el administrador aeroportuario retiró los horarios a Interjet; pero cuando Mexicana de Aviación dejó de volar, Francisco Javier Licea Ventura, en aquel momento apoderado legal de ABC Aerolíneas (Interjet), mantuvo negociaciones con el subsecretario Duarte para ser parte de la repartición de rutas y slots, según la demanda de amparo indirecto que interpuso Interjet.
Negocios son negocios
A siete años de la quiebra –mientras 31 de los más de 8 mil 500 trabajadores de la aerolínea murieron sin encontrar justicia, otros tuvieron que emigrar y la mayoría, ya jubilados, se quedaron esperando el pago de sus liquidaciones–, Gastélum Miranda emprende nuevos negocios turísticos: es apoderado de Tantum Business, S.A. de C.V., con la que apenas en 2021 constituyó San Bruno V&W, cuyo objeto social es participar en toda clase de actividades turísticas en general, en México o en el extranjero, así como construir, administrar, desarrollar, operar, arrendar, adquirir y disponer, en cualquier forma, todo tipo de desarrollos turísticos, tales como hoteles.
En 2020 Gastélum constituyó la empresa Proyectos TBSA, S.A. de C.V., una sociedad derivada también de Tantum Business, que apenas en 2021 designó consejero a Manuel Ignacio Pacheco Hinojosa, amigo de Santiago Creel, quien como secretario de Gobernación lo nombró al frente de la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, A.C.
El pasado 31 de diciembre TBSA se fusionó con Coconal, empresa constructora de Héctor Saúl Ovalle Mendívil, de acuerdo con el acta de la asamblea ante el RPPC.
Coconal ha sido una de las favoritas de los últimos sexenios, según una revisión a los contratos que obran desde 2010 en Compranet, el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas. De 2010 a 2012, con Felipe Calderón, Coconal obtuvo contratos por 3 mil 522 millones 884 mil pesos; en los seis años de Enrique Peña Nieto fueron por 9 mil 762 millones 37 mil pesos y en los primeros tres años de Andrés Manuel López Obrador van contratos por 12 mil 669 millones 342 mil pesos.
Hasta el cierre de edición, Gastélum Miranda no contestó a las solicitudes de entrevista que Proceso le envió a su oficina.
Este trabajo se realizó en el marco del taller MasterLab en Edición de Investigaciones, auspiciado por la organización Quinto Elemento Lab.
