Lejos de la luz pública Grupo Elektra jugó un papel clave en el desmantelamiento de Mexicana de Aviación: mediante sociedades de papel escindidas de la aerolínea y complejas operaciones contables, el consorcio de Ricardo Salinas Pliego descontó miles de millones de pesos de sus impuestos de 2009 a 2013… pero lo hizo de manera ilegal, afirma el SAT, organismo que, después de varios años de investigación, le ha determinado créditos fiscales por cerca de 27 mil millones de pesos, los cuales han sido confirmados por la justicia federal.
Ricardo Salinas Pliego podría pagar cara la participación de Grupo Elektra en el desmantelamiento de Mexicana de Aviación, hace más de una década: de los siete créditos fiscales por más de 34 mil millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le determinó por “prácticas fiscales indebidas” y que han sido ratificados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), 26 mil 980 millones se derivan de operaciones vinculadas con la extinta aerolínea.
Una revisión a más de 6 mil cuartillas de expedientes judiciales del TFJA y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y consultas a las actas constitutivas de empresas involucradas en esta trama hasta ahora poco conocida, muestran que el propio Salinas Pliego y altos ejecutivos de Grupo Salinas encabezaron estos esquemas contables que el SAT ha sancionado de manera reiterada desde 2013.
Por lo menos entre 2010 y 2012 Grupo Elektra descontó de sus estados contables 14 mil 457 millones 857 mil pesos derivados de acciones de Mexicana de Aviación que había comprado por poco más de 600 millones de pesos. Y, por si fuera poco, volvió a descontar ese monto de sus resultados consolidados en el ejercicio fiscal de 2013.
La estrategia fue la siguiente: el 14 de septiembre de 2007 Grupo Posadas, entonces dueño de Mexicana de Aviación, escindió la empresa Compañía Mexicana de Aviación en dos bloques de sociedades. En un bloque puso los activos tangibles de la empresa, como los hangares, los aviones y los empleados, y a la par creó un bloque “fantasma” controlado por la empresa Grupo Mexicana de Aviación.
El bloque “fantasma” contenía cinco sociedades de papel: Impulsora de Negocios Omega, SA de CV; Operadora de Servicios Empresariales Zeta, SA de CV; Gestiones y Servicios Operativos Kappa, SA de CV; Impulsora de Enlaces Industriales Delta, SA de CV, e Impulsora Industrial Empresarial Beta, SA de CV, las cuales no tenían empleados ni bienes ni operaciones, pero controlaban acciones de la escisión de Compañía Mexicana de Aviación.
El 30 de diciembre de 2008 Grupo Elektra compró las sociedades del bloque “fantasma” por 613 millones 487 mil pesos, según consta en la resolución del juicio de amparo 221/2014. Durante esta adquisición estuvo presente Gastón Azcárraga Andrade, entonces presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Posadas, de acuerdo con la resolución judicial del caso RP 219/2016.
En enero de 2009 Grupo Mexicana de Aviación cambió su nombre a Servicios de Gestión Corporativos Barsam, y en agosto de ese año Grupo Elektra absorbió a esa empresa. Gracias a esta serie de movimientos, Grupo Elektra se convirtió en dueña de las sociedades de papel y de sus acciones. Mediante actas de consejos de administración fechadas en febrero de 2009, Salinas Pliego y altos ejecutivos de Grupo Elektra y TV Azteca –las dos ramas de Grupo Salinas– recibieron poderes legales en las sociedades.
En las actas mercantiles de las sociedades aparecen, junto al magnate, Pedro Padilla Longoria, Gabriel Roqueñi Rello, Rodrigo Pliego Abraham, Jesús Morales Aguilar y Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linares, respectivos director general, director jurídico, director financiero, representante legal y vicepresidente jurídico en Grupo Salinas en ese tiempo. También figuran Luis Niño de Rivera Lajous y Carlos Septién Michel, exdirectores de Banco Azteca, o Luis Pablo Clorio Rojano, Carlos Helses Flores y Esteban Galíndez Aguirre, del área de finanzas de TV Azteca.
En los años siguientes Grupo Elektra vendió las sociedades de papel a otras empresas de Salinas Pliego por unos cientos de miles de pesos, y en cada una de estas operaciones reportó en sus resultados contables pérdidas fiscales multimillonarias por “enajenación de acciones”. Esas “pérdidas” las descontó de su Impuesto Sobre la Renta (ISR). Con ello reportó pérdidas en lugar de ganancias y evadió el correspondiente pago del impuesto.
En otras palabras: Grupo Elektra compró unas sociedades vacías y pretendió que sus acciones valían una fortuna, como si todavía estuvieran vinculadas al capital de 28 mil 279 millones de pesos que Compañía Mexicana de Aviación constituyó entre los años 80 y 2000, capital que respaldaba una empresa con una flotilla de aviones, hangares, simuladores de vuelo, rutas aéreas, ventanillas en aeropuertos y una plantilla laboral de más de 8 mil personas.
Si bien no se puede afirmar que Salinas Pliego participó en la estrategia de desmantelamiento de Mexicana de Aviación, la operación resultó extremadamente rentable para Grupo Elektra y su dueño: descontó de sus impuestos un monto 45 veces superior a la compra de acciones. Por el contrario, significó la ruina para Mexicana de Aviación y sus trabajadores, que en esa operación perdieron más de 14 mil millones de pesos de pasivos fiscales, dos años antes de entrar en concurso mercantil.
Ni Grupo Salinas ni el SAT contestaron a los cuestionarios que Proceso les envió semanas antes de la publicación de este reportaje. Azcárraga Andrade, por su parte, no contestó preguntas específicas sobre esta vertiente desconocida de la trama de Mexicana de Aviación.
Derrotas estrepitosas
Se trató de un negocio rentable, pero ilegal: por lo menos a partir de junio de 2011 el SAT puso la mirada sobre el modus operandi de Grupo Elektra para reducir sus impuestos.
El 21 de ese mes, el SAT mandó un oficio al grupo, pidiéndole información para justificar un descuento multimillonario de impuestos en 2006, derivado de la venta de acciones. La investigación concluyó, dos años después, que la operación era ilegal y se determinó un crédito fiscal de 2 mil 636 millones de pesos.
A este oficio siguieron decenas más en los años siguientes. Así, entre marzo de 2013 y noviembre de 2018 la autoridad tributaria determinó por lo menos siete créditos fiscales al imperio de Salinas Pliego por 34 mil 22 millones de pesos, prácticamente todos por los mismos esquemas contables. En ese lapso la institución fue dirigida por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia, Aristóteles Núñez Sánchez y Osvaldo Santín Quiroz.
De estos siete créditos fiscales, cuatro están vinculados con las sociedades escindidas de Mexicana de Aviación, y en conjunto suman 26 mil 980 millones 953 mil pesos.
En contraste con la provocación que el magnate soltó en su cuenta de Twitter en febrero de 2021, cuando subió una fotografía con su rostro sonriente acompañada del reto de que “no pienso pagar ni un rábano” al SAT, desde octubre de 2016 Grupo Elektra ha sufrido una serie de estrepitosas derrotas judiciales ante la autoridad tributaria.
Proceso ha identificado seis casos en los que Grupo Elektra trató de invalidar créditos fiscales ante el TFJA y en una ocasión ante la SCJN. En las seis ocasiones, mediante resoluciones rendidas entre octubre de 2016 y enero de 2021, los magistrados invalidaron los argumentos de Grupo Elektra y confirmaron las decisiones del SAT.
Entre sus diversos argumentos, Grupo Elektra llegó incluso a denunciar que el SAT violó sus “derechos humanos”, argumento que fue descartado de inmediato –pues la ley en la materia “no reconoce ningún derecho humano (…) sino que, en todo caso, señala una obligación para el contribuyente de calcular el costo promedio por acción”–, y en fechas recientes adoptó una estrategia todavía más agresiva: presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios y exfuncionarios del SAT que determinaron sus créditos fiscales.
Proceso verificó con uno de estos exfuncionarios que la demanda es vigente; el SAT, como ya se indicó, no contestó un cuestionario enviado por este semanario.
Pese a los créditos fiscales del SAT y a su presencia en la lista de 79 empresarios y políticos bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por sus sociedades de papel en paraísos fiscales, Salinas Pliego no puede presentarse como víctima de persecución del SAT o de las administraciones federales, incluyendo la de Andrés Manuel López Obrador, pues como muchos integrantes de la cúpula empresarial del país, ha construido su fortuna sobre sus relaciones con los gobiernos en turno.
En 1993 Salinas Pliego pudo comprar Imevisión al gobierno de Carlos Salinas de Gortari gracias a un préstamo secreto de 30 millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari, “hermano incómodo” del entonces mandatario, y durante el sexenio de Vicente Fox se benefició de la indolencia del presidente en el conflicto por el control del Canal 40, que arrebató al empresario Javier Moreno Valle, hermano del difunto exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
En los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto las empresas de Grupo Salinas se beneficiaron con por lo menos 6 mil 833 millones de pesos de condonaciones de impuestos, según información que transparentó la organización Fundar.
Durante la administración del priista, sus empresas recibieron contratos públicos por al menos 6 mil 928 millones de pesos, según una revisión a los contratos en la plataforma Compranet. Pemex evitó a Banco Azteca un desastre financiero mediante la compra de Grupo Fertinal –cuyas irregularidades fueron denunciadas por Pemex y documentadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública– y las “orquestas infantiles” de Fundación Azteca cobraron mil 689 millones de pesos del erario, según documentó Quinto Elemento Lab.
En los tres años de gobierno de López Obrador, quien hizo a Salinas Pliego parte de su Consejo Asesor Empresarial, sus empresas recibieron contratos de por lo menos 4 mil 326 millones de pesos, mientras que Banco Azteca fue beneficiado con la distribución de recursos de los programas de Bienestar; y el mandatario colocó a varias personas cercanas al magnate en puestos clave del gobierno, como Esteban Moctezuma Barragán, primero al frente de la SEP y después como titular de la embajada en Washington; o Jorge Mendoza Sánchez, como director de Banobras.
Mecánica
Los expedientes judiciales y las actas oficiales de las empresas mercantiles exhiben los mecanismos de las operaciones contables. Las empresas fantasma derivadas de Mexicana de Aviación fueron creadas el 14 de septiembre de 2007. Tenían como primeros accionistas a Grupo Mexicana de Aviación y Aeropuertos y Terrenos, y como apoderados a Manuel Borja Chico, entonces director general de Mexicana de Aviación; Gerardo Barrera Segura, exsecretario de finanzas de la aerolínea; y el abogado Francisco Javier Christlieb Morales, en esas fechas apoderado del Consejo de Administración de la empresa.
Tras la absorción de las empresas mediante una fusión, los ejecutivos de Mexicana de Aviación fueron sustituidos por Salinas Pliego y la plana mayor de Grupo Salinas. El 3 de diciembre de 2010 Grupo Elektra vendió Operadora de Servicios Empresariales Zeta por 715 mil 454 pesos a una empresa del grupo, llamada Universal de Bienes y Servicios, SA de CV.
En esa venta de las acciones de Zeta, Grupo Elektra reportó una “pérdida por enajenación de acciones” de 3 mil 449 millones de pesos. La empresa restó este monto a sus propios resultados contables de 2010, en el cual reportó pérdidas por mil 274 millones de pesos, cuando en realidad había obtenido por lo menos 2 mil 175 millones de pesos de ganancias. En opinión del SAT, debía pagar 756 millones de pesos de impuestos en ese año.
El SAT no se dejó engañar por la estrategia de los contadores de Grupo Elektra: “La sociedad Operadora de Servicios Empresariales Zeta, SA de CV, nunca tuvo valor económico alguno y su enajenación se efectuó únicamente con la intención de erosionar la base tributaria, ocasionando un perjuicio al fisco federal”, sostuvo la autoridad.
“Desde su constitución en 2007 y hasta la fecha de su enajenación, (la sociedad) no contaba con los activos que justificaran el costo de adquisición, para determinar la pérdida por enajenación de acciones”, planteó la institución, y añadió que hasta 2014 “los movimientos que reflejan sus estados financieros tanto en activo como en ingresos son irrelevantes en función de la pérdida por enajenación de acciones deducida por la contribuyente revisada”.
Sentenció: “La única razón de enajenar las acciones de Operadora de Servicios Empresariales Zeta fue reducir indebidamente la carga impositiva de la contribuyente y erosionar la base tributaria (…) se trató de una reestructura financiera en la cual Grupo Elektra enajenó a una parte relacionada las acciones de Operadora de Servicios Empresariales Zeta, pasando de una tenencia directa a una tenencia indirecta, dando como resultado que esa contribuyente pretenda deducir una pérdida en enajenación de acciones en cantidad de 3 mil 449 millones 126 mil 921 pesos”.
Ante el SAT y en el juicio de revocación del crédito fiscal, Grupo Elektra negó que Universal de Bienes y Servicios forme parte de sus empresas. Sin embargo, las actas del Registro Público capitalino muestran lo contrario. La empresa nació como una escisión de la empresa Siglo XXI, y en su origen tuvo a Grupo Elektra y Elektra del Milenio como accionistas; su administrador era Jesús Morales Aguilar, representante legal de Grupo Elektra.
Y no sólo eso: en 2008 Grupo Elektra ya había usado la escisión de Universal de Bienes y Servicios de Siglo XXI para descontar mil 900 millones 197 mil pesos de sus impuestos, en un esquema similar al que empleó posteriormente con las sociedades de papel de Mexicana de Aviación, operación por la que el SAT le determinó un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos.
En su resolución, el TFJA respaldó el argumento del SAT según el cual era “inadmisible que una sociedad cuyo valor de enajenación es de 44 millones 345 mil 999 pesos (que se supone corresponde a su valor de mercado) con activos equivalentes a 18 millones 675 mil 500 pesos genere una pérdida por mil 900 millones 197 mil 984 pesos”.
En 2011 Grupo Elektra repitió este modus operandi, ahora con la empresa Impulsora de Negocios Omega, SA de CV, también heredada de la escisión de la aerolínea. Esta vez vendió las acciones el 29 de diciembre de 2011 –a dos días del cierre del año– por 1 millón 999 mil pesos a Azteca Holdings, SA de CV, y en la operación declaró una pérdida por enajenación de acciones de 9 mil 619 millones de pesos, monto que descontó de su ISR.
El contrato de compraventa de acciones, en poder de Proceso, fue firmado por altos ejecutivos de Grupo Salinas: Rodrigo Pliego Abraham y Gabriel Alfonso Roqueñi Rello, como vendedores, Diego Gerardo Foyo Mejía y Jesús Morales Aguilar, como compradores.
El SAT señaló en un oficio que Grupo Elektra vendió las acciones de Omega a una “sociedad relacionada del mismo grupo económico de la contribuyente” –Azteca Holdings era entonces la controladora de TV Azteca y tenía a Grupo Elektra entre sus accionistas–; además, observó que entre 2007 y 2013 la sociedad de papel “nunca tuvo valor alguno, ya que nunca inició operaciones y por lo tanto tampoco generó ingresos”, y sentenció: “la única razón de enajenar las acciones (de Omega) fue reducir indebidamente la carga tributaria de la contribuyente y erosionar la base tributaria”.
El SAT consideró que con esa operación Grupo Elektra evadió el pago de 2 mil 404 millones de pesos de impuestos, que por cargos y multas generó un crédito fiscal de 4 mil 916 millones de pesos, que le determinó el 12 de mayo de 2016.
Y al año siguiente Grupo Elektra repitió la maniobra, ahora mediante la venta de acciones de Impulsora Industrial Empresarial Beta, SA de CV, a través de la cual descontó mil 389 millones 387 mil pesos de su balance contable, lo que le valió un crédito fiscal de mil 604 millones de pesos en septiembre de 2018.
Las cosas no terminaron ahí: en 2013 Grupo Elektra volvió a deducir las mismas supuestas pérdidas por enajenación de acciones, pero ahora de los años 2008 a 2012, incluyendo las supuestas pérdidas de Zeta, Omega y Beta que ya había restado de sus impuestos en los años anteriores.
Esta vez los descontó de su resultado fiscal desconsolidado como controladora, y le sumó 5 mil 269 millones 255 mil pesos por una operación de 2009, para llegar a un descuento que el SAT considera ilegal y que se elevó a 21 mil 627 millones de pesos, o 24 mil 310 millones 115 mil pesos en su versión actualizada a 2013.
Gracias a esas maniobras, en 2013 Grupo Elektra pagó 3 mil 62 millones de pesos en ISR, cuando según el SAT debía desembolsar tres veces más: 10 mil 355 millones de pesos. Con cargos y multas, la autoridad tributaria determinó un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de pesos, que los magistrados del TFJA confirmaron el 21 de octubre de 2020. l
Esta investigación se realizó en el marco del taller MasterLab en Edición, auspiciado por la organización Quinto Elemento Lab.
