El enfrentamiento entre el senador Ricardo Monreal y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García –que derivó en el encarcelamiento de José Manuel del Río, secretario técnico del Senado, acusado de ser el autor material del homicidio de Remigio Tovar, candidato al municipio de Cazones–, ha puesto al descubierto una serie de abusos de autoridad en esa entidad al tiempo que exhibe las diferencias que germinan en Morena.
Xalapa, Ver.– José Manuel del Río Virgen, político veracruzano y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, pasó la Nochebuena tras las rejas en la cárcel de Pacho Viejo, en Xalapa, y recibirá el Año Nuevo de la misma manera. El juez de Control Francisco Reyes Contreras lo vinculó a proceso por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, ocurrido el 4 de junio último, y le dictó un año de prisión preventiva.
Del Río Virgen apareció apenas el 9 de diciembre pasado en la carpeta de investigación del homicidio, explica Jorge Reyes Peralta, quien encabeza su defensa. Antes de esa fecha sólo había dos implicados: Omar Ramírez, jefe de campaña y candidato suplente, y Gustavo N, ambos detenidos en junio último.
De acuerdo con el abogado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, sustenta la vinculación contra Del Río en una prueba circunstancial: José Manuel fue quien designó al candidato Remigio Tovar, y luego a Omar Ramírez como su suplente.
José Manuel, dos veces alcalde en Veracruz y exdiputado por Movimiento Ciudadano, es operador político de Ricardo Monreal, senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, así como aspirante a la Presidencia de la República para 2024.
La amistad entre ambos se remonta varios años atrás… En 2012 trabajaron juntos cuando Monreal era el coordinador de la bancada de los diputados de Movimiento Ciudadano y coordinador general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. José Manuel era secretario técnico del grupo legislativo.
La detención de José Manuel del Río generó una crisis política en Veracruz, que escaló a los más altos niveles de la esfera nacional, con una oleada de críticas al gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, por abuso de poder y señalamientos de que la detención es un golpe bajo a Monreal, quien –según encuestas del diario El Universal– tiene 17 % de las preferencias electorales.
Para el propio Monreal, la captura de su colaborador está alejada del principio de legalidad y está construida artificialmente. “El caso sucede en un momento trágico para Veracruz, cuando la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes”, reclamó.
Los señalamientos tuvieron eco en otros senadores: Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, solicitó la desaparición de poderes en Veracruz; y paralelamente se creó una comisión que él preside, para investigar y documentar los abusos de poder en la gubernatura de García Jiménez, entre ellos, las violaciones al debido proceso en el caso Del Río.
Derechos humanos
La confrontación por la presidencia de Morena entre ambos políticos que representan dos alas del partido –Monreal, con Alejandro Rojas Díaz Durán, y García, con Mario Delgado– tiene su origen en el polémico delito de “ultrajes a la autoridad”, que el gobierno de Cuitláhuac ordenó reformar en marzo de 2021.
El 20 de noviembre último, el senador Ricardo Monreal apareció en sus redes sociales lanzando una crítica contra el gobernador de Veracruz, respecto de que en su mandato se cometen abusos de poder bajo el delito de ultrajes a la autoridad.
El senador se refería al caso de seis jóvenes xalapeños detenidos el 11 de septiembre pasado en una plaza comercial y acusados por ese ilícito por presuntamente atacar con un arma blanca a policías. La situación, advirtió, era fabricada.
Monreal puso el dedo en la llaga porque el delito reconfigurado por el Congreso local, el 11 de marzo último, ya era debate en el estado. Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los diputados de oposición interpusieron una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y una multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público. Con la reforma el castigo se elevó de dos a siete años y obliga a prisión preventiva.
Diez de los colegios y barras de abogados más representativos de Veracruz enviaron al gobernador un exhorto para derogar la reforma y se revise la actuación de las corporaciones policiacas. Uno de los casos más mediáticos fue el del perredista Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno, quien fue detenido en 13 de marzo reciente, acusado de violencia intrafamiliar, pero fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por ultrajes a la autoridad.
Franco fue encarcelado en Tuxpan, lo que le impidió tomar su cargo como diputado plurinominal federal por la alianza PAN-PRI-PRD en las pasadas elecciones.
Otro político capturado es Ramón Ortiz Cisneros, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y representante de Fuerza por México; su captura ocurrió el 23 de marzo en Coatzacoalcos. Se le vinculó a proceso por delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad.
Las denuncias contra el gobierno de Veracruz llegaron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y el 7 de diciembre último Monreal realizó un viaje exprés a Xalapa, para visitar a los jóvenes recluidos en Pacho Viejo, elevando el tono de la confrontación.
Desde la puerta de Pacho Viejo, el senador advirtió: “No luchamos para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial; me da tristeza que esté sucediendo esto en Veracruz”.
El 15 de diciembre pasado un juez le dio la razón a Monreal y concedió un amparo para la liberación, por falta de pruebas, de los jóvenes; y fijó una fianza de 100 mil pesos.
Escaramuza
El senador zacatecano envió el 19 de diciembre último una petición formal al Congreso local para que el tipo penal sea derogado en Veracruz, al considerar que viola los derechos humanos. Pero su petición ni siquiera entró en la correspondencia en las sesiones del Congreso estatal, controlado por la mayoría de Morena.
La tarde-noche del 18 de diciembre pasado, en un acto navideño, el gobernador Cuitláhuac García respondió duramente a las críticas de Monreal y reiteró que su gobierno estaba del lado de las víctimas. “Habrá quien prefiriera defender a delincuentes en lugar de atender cuestiones que le competen en el Senado”.
El legislador replicó otra vez desde las puertas de la cárcel de Pacho Viejo: “¡No, señor gobernador, yo no defiendo delincuentes! Defiendo el Estado de derecho, los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas, que siempre son injustas.”
Y agregó: “Cuando una persona concentra poderes se acerca a la tiranía. No, señor gobernador, no coincido con su expresión. Soy un hombre recto, no formo parte de su corte de aplaudidores. Le hago una sugerencia respetuosa, que quienes lo rodean y asesoren no actúen sin freno”.
Sobre el 22 de diciembre pasado, cuando policías ministeriales detuvieron a José Manuel del Río mientras viajaba con su familia, procedente de Tuxtepec, Oaxaca, su amigo y abogado Jorge Reyes Peralta explicó que “los ministeriales lo venían siguiendo, esperaron que cruzara Veracruz y lo detuvieron”.
La fiscalía veracruzana detalló que sobre el funcionario del Senado pesaba una orden de aprehensión como autor intelectual por homicidio doloso calificado, bajo el proceso penal 404/2021.
La captura cimbró la escena política nacional y veracruzana. El senado y la clase política se volcaron en apoyo a Del Río Virgen y llovieron críticas al gobernador y al Poder Judicial y la fiscalía estatales.
De legislador a imputado
Apenas el 3 de diciembre el canal del Senado hizo un programa especial para reconocer la trayectoria de José Manuel del Río, donde se le calificó como “un legislador del México contemporáneo” y que su trabajo en favor de los ciudadanos representaba una gran satisfacción. Ahí también se hizo alusión a su cercanía con el senador Monreal.
Dos semanas después fue detenido y hasta el momento las pruebas que aporta la fiscalía estatal son “endebles, por testigos de oídas, nada claro”, ha señalado su defensa legal, conformada por ocho abogados, entre ellos Patricia Santana Iglesias, José Isabel Luna Chávez, Leonel Vargas de Ángel y Ricardo Soto Santana.
Una fuente judicial dijo que uno de los testigos contra José Manuel del Río Virgen es el mismo Juan Manuel Uribe Toral, quien asumió el cargo como alcalde suplente, luego de que Omar Ramírez fue encarcelado.
Juan Manuel Uribe Toral, uno de los primeros 30 alcaldes que recientemente anunciaron su incorporación a Morena, es uno de los testigos clave de la Fiscalía de Veracruz, donde sus declaraciones se centran en decir: “Se me hizo raro que yo no fuera el candidato elegido y fuera Omar”.
Contrario a lo que afirma la fiscalía estatal, Sergio Gil Rullán, líder estatal de Morena y encargado del proceso electoral en Veracruz, asegura que Del Río Virgen no tuvo una decisión directa en la designación del candidato sustituto.
En entrevista, reveló que horas después del asesinato (el 4 de junio último) la planilla principal de Remigio Tovar: su suplente, Juan Manuel Uribe Toral; el jefe de la campaña, Omar Ramírez, así como el equipo político de Movimiento Ciudadano se reunieron en Cazones para decidir quién sería el candidato suplente.
En esa reunión se presentaron dos nombres: Juan Manuel Uribe y Omar Ramírez. “Ellos pidieron en un documento firmado que fuera la Comisión Nacional de Elecciones quien decidiera la candidatura, porque ellos no se ponían de acuerdo”.
Gil explica que en ese encuentro estuvo Juan Manuel del Río Virgen, porque forma parte de la Comisión Nacional de Elecciones, pero no tuvo una decisión directa.
Sin embargo, aclara que Juan Manuel del Río Virgen fue quien presentó a Remigio Tovar a Movimiento Ciudadano, apenas hace dos años. “El maestro es un hombre que conoce la región, con su equipo político ganó las elecciones de Cazones, Coyutla, Mecatlán y Espinal” en el corazón de la sierra del Totonacapan, al norte de Veracruz.
Sergio Gil es uno de los testigos de la defensa jurídica de José Manuel del Río Virgen. Se refiere a él como un maestro al que conoció en 2010 cuando era candidato de Convergencia (hoy MC) a alcalde de Papantla (en el norte del estado) y Gil era secretario particular de Dante Delgado, quien por segunda vez compitió para gobernador de Veracruz.
Gil compareció por más de tres horas ante la Fiscalía General.
–¿Qué fue lo que le preguntaron los fiscales?
–Ellos querían hacer ver cosas que no son; me querían obligar a caer en falsedad de declaraciones, cosa que no sucedió porque tenemos muy claro los hechos como fueron.
Gil Rullán asegura que la intención de la fiscalía estatal es vincular a Del Río Virgen con la designación del candidato sólo por estar presente en la reunión. “Él es parte del consejo que decide, pero también hay otros, no es el único. Cualquiera podría ser, entonces”. Agrega que por ese contexto él carga bajo el brazo un amparo contra alguna orden de aprehensión.
Hasta la fecha se desconoce con exactitud quiénes son los testigos de la fiscalía veracruzana que acusan a Juan Manuel del Río por el homicidio. Gil asegura que Omar Ramírez, quien fue trasladado al penal de Oaxaca, no es un testigo en contra, porque incluso han entablado comunicación con él vía su familia.
A Gil se le hace extraño que Miguel Ángel Uribe, el alcalde electo, no haya sido llamado a declarar. “Yo veo eso extraño, no lo veo acá, él traicionó la memoria de Remigio Tovar al pasarse a Morena, y luego a los electores”.
Un golpe para la defensa
Jorge Reyes Peralta, quien encabeza la defensa de Del Río, reconoció que la resolución del juez de Control Francisco Reyes Contreras fue un duro golpe para ellos. “Trabajamos más de 25 horas para una resolución diferente”.
Durante la audiencia inicial, además de Sergio Gil, otro testigo fue Froylán Ramírez Lara, representante de Movimiento Ciudadano ante el Organismo Público Local Electoral, y dos peritos expertos sobre psicología del testimonio.
Peralta insistió a su salida de la audiencia: “La Fiscalía no tiene una sola prueba ni denuncia contra José Manuel, no hay un testigo que diga ‘él me dijo’ o que él fuera a planear el asesinato. Él no planeó, él no mando a matar a nadie, él no tiene una sola prueba, el juez le hace eco a la fiscalía bajo una conjetura, que le llaman prueba circunstancia”, refirió. El juez también determinó tres meses para la investigación complementaria.
