La propuesta del senador Ricardo Monreal, quien por tercera vez intentará que se modifique la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros del Banxico, así como la de Instituciones de Crédito –mediante la cual se busca la autorregulación de la banca–, es regresiva, sostiene Enrique Díaz Infante. Según el director del programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, lejos de contribuir a la recuperación económica y al incremento del crédito, el embate del legislador morenista puede generar un “populismo regulatorio”.
El sector bancario se prepara para una nueva embestida del senador Ricardo Monreal quien, por tercera ocasión, insistirá en modificar la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF) del Banco de México, así como la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), para fijar topes a las comisiones bancarias, como ya sucede en el mercado de las administradoras de fondos para el retiro (afores).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) buscará, además, que la banca responda por miles de pequeñas cuentas que permanecen en sus balances, pero a las cuales cobra comisiones.
Luego de las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la comisión para las afores permitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) es de 0.566. Afore Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, se amparó contra ese tope, pero un juez le negó el recurso de suspensión y tendrá que acatar una comisión de 0.57 en el manejo de fondos para el retiro.
La otra afore que se inconformó fue Coppel, a la cual la Junta de Gobierno de la Consar le negó la petición de cobrar 0.78 a sus clientes. La Consar consideró esa comisión “excesiva para el interés de los trabajadores”.
Directores de afores ya adelantaron que este sector se verá obligado a reducir sus costos de operación y que podrían reducir las áreas de promoción, lo que significaría una reducción de su personal.
Un control adicional de precios para la banca, sobre todo en las comisiones para tarjeta de crédito, sería una mala noticia, aunque –por ahora– los banqueros aún no hablan del riesgo que representaría para sus inversiones porque México, para la banca extranjera, es uno de sus mercados más rentables.
En noviembre de 2018, cuando Monreal presentó su iniciativa de reformas a las leyes bancarias para reducir las comisiones, las acciones de los principales bancos presentaron caídas y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 5.8%. El tipo de cambio también se vio afectado. En aquella sesión, las acciones del Grupo Financiero Banorte, de la familia Hank González, perdieron 11% y los títulos del Grupo Financiero Inbursa retrocedieron más de 8%.
Los últimos dos años han sido buenos para los negocios bancarios. Hasta octubre pasado las utilidades de las instituciones de crédito aumentaron 48%, aunque su cartera de créditos disminuyó 5.8%, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En Citibanamex, por ejemplo, el incremento de 50% en su utilidad neta fue resultado del exceso de capitalización que realizó ese banco para blindarse de los efectos de la pandemia, pero también de la baja cartera vencida de sus clientes.
Además, a diferencia del escenario actual, durante los primeros nueve meses de 2021 la inflación menor de 5% permitió que durante 2020 y los tres primeros trimestres de 2021 la banca pudiera hacer frente a la peor crisis sanitaria y económica en varias décadas, según la Fundación de Estudios Financieros (Fundef). Muchas familias lograron ahorrar y, gracias al nivel bajo de inflación, mantener su poder adquisitivo, dijo el organismo.
El problema es que las cifras de la CNBV confirman que la banca sigue sin hacer préstamos al sector productivo y su cartera de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas sigue reduciéndose. En 2022, además, el escenario podría cambiar, pues la inflación no convergería con el objetivo de 3% del Banco de México (Banxico) hasta el tercer trimestre.
El debate que viene
Enrique Díaz Infante, director del programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se pregunta si es el mejor momento para promover una reforma financiera que no contribuirá a la recuperación económica ni al incremento del crédito, porque lo que los bancos buscan son más garantías.
En entrevista, Díaz Infante manifiesta su preocupación por la intención de buscar resolver problemas de acceso al crédito y de su baja penetración en la economía con una reforma financiera.
“Los retos de supervisión por cambios de funcionarios en la Comisión Nacional Bancaria, los cambios en el Banco de México, el reto inflacionario, el costo de los créditos en México, los retos de una economía informal que no es sujeto de crédito, el reto de la reactivación económica son temas que no se van a resolver con una reforma como la que propone Monreal”, sostiene Díaz Infante.
El senador morenista dice en todos los foros en los que ha tocado el tema que la reforma que se presentaría, de nueva cuenta, entre febrero y abril de 2022 busca fomentar una mayor inclusión financiera. En México el crédito bancario sólo representa 30% del Producto Interno Bruto, mientras que en países como Brasil supera 65%.
Asegura que si en 2018 su iniciativa no avanzó fue porque el presidente López Obrador pidió que ese tipo de reformas no se presentaran durante los primeros tres años de su gobierno.
Fue durante una visita al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, donde confirmó sus aspiraciones presidenciales, cuando Monreal anunció que reviviría su reforma financiera al iniciarse el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, que comienza en febrero.
Mientras tanto, desde la UIF, Pablo Gómez comenta a Proceso que se buscarán en los balances de la banca las cuentas perdidas de clientes que no han logrado el reembolso de sus recursos.
Desde 2015 la legisladora María Fernanda Romero Lozano, de Morena, buscó derogar el artículo 61 de la LIC, que, según la exposición de motivos, permite incautar los ahorros de los cuentahabientes que no realizan movimientos en sus cuentas durante tres años.
Se trata de cuentas de hasta 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (21 mil 30 pesos) que siempre corren el riesgo de ser entregados a la beneficencia pública de la Secretaría de Salud si sus propietarios los mantienen sin “movimientos”. Los depósitos de grandes clientes no reciben ese trato, porque la banca prefiere mantenerlos en sus balances y hasta litigar para conservarlos.
Sin embargo, en noviembre pasado la diputada Bennelly Hernández volvió a presentar la iniciativa para derogar el artículo 61 de la LIC. Hernández prácticamente volvió a leer y presentar la iniciativa de Romero Lozano.
A las cuentas con un monto superior a 300 salarios mínimos se otorgan garantías, como el nombramiento de beneficiarios, y los bancos buscan mantenerse actualizados en sus domicilios, según la exposición de motivos de Romero Lozano que no prosperó en 2015.
Una de estas cuentas es la que mantiene en su balance el banco Inbursa, de Carlos Slim, y que involucraría recursos por al menos 700 millones de dólares y cuyo reembolso se ha litigado durante la última década, según consta en expedientes judiciales.
Proceso consultó a Inbursa sobre este pleito, pero el banco prefirió no hacer comentarios. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Inbursa litigó para no entregar esos montos hasta que no se acreditara la titularidad de la cuenta. En el Juzgado 71 de lo Civil se radicó la demanda de Irma Chávez Paczka contra el banco Inbursa.
La UIF buscará aclarar casos como ese, confirma Pablo Gómez; reitera que insistirá ante la banca para recuperar cuentas de personas que no han realizado movimientos y que confiaron sus recursos al sistema de pagos que administran las instituciones de crédito.
Inflación, el riesgo
En medio de un incremento sin precedente en las últimas décadas para la tasa de inflación, los banqueros buscan, por todos los medios, adelantarse a Monreal y califican su anuncio sobre nuevas regulaciones a las comisiones de la banca como una estrategia para apuntalar sus intereses políticos y electorales, justo ahora que la tasa base de referencia se ubica en 5.5% en un intento por contener la inflación.
Varios directivos de bancos consultados por Proceso coinciden en que el senador morenista busca revivir uno de los puntos de su agenda política, aun a costa de los intereses de los propios usuarios del sistema bancario, porque una medida de este tipo, sin los estudios necesarios, podría ser regresiva y beneficiar sólo a los clientes con mayor poder adquisitivo; peor aun, generar una mayor concentración de mercado, favoreciendo sólo a algunas instituciones.
Junto con el senador Alejando Armenta, también de Morena, Monreal promovió intensamente las reformas a la Ley del Banco de México para que el instituto central adquiriera dólares a instituciones como Banco Azteca. Ahora, un cambio en el marco legal que regula comisiones bancarias también representaría modificar una legislación que depende del Banco de México.
Un estudio de la Fundef destaca, por ejemplo, que los cambios a la LTOSF y a la LIC, que sólo permiten comisiones por retiro de efectivo en cajeros ajenos al banco en el cual el cliente tiene su cuenta, provocaron una segmentación de la red de cajeros automáticos. Con ello resultó favorecido el grupo de instituciones que tenían la mayor infraestructura de ese tipo.
Este cambio fue regresivo en términos de competencia y tuvo un efecto de largo plazo. Lo mismo sucedería con el mercado de las afores, donde el tope a las comisiones restringiría la competencia, porque algunos jugadores tendrían que salir del mercado ante la reducción de sus márgenes.
Ante el embate del senador Monreal, la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker, promovió una reunión con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, uno de los primeros nombramientos realizados por Rogelio Ramírez de la O.
En esa reunión, de acuerdo con banqueros, se habló de las estrategias de autorregulación de la banca. La intención es evitar que Monreal avance en sus proyectos legislativos para incrementar la normatividad en este sector.
Los banqueros también se reunieron con el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien les informó sobre el rumbo de los proyectos de infraestructura y la visión social de la dependencia a su cargo. De acuerdo con uno de los asistentes a esa reunión, Ramírez de la O prometió que se reuniría periódicamente con los banqueros.
Díaz Infante considera que el riesgo de iniciativas como las que propone Monreal es que se genere un “populismo regulatorio” con intenciones políticas, sin observar el impacto para la economía, los usuarios del crédito y la competencia.
Además, se enviaría un mensaje adicional de incertidumbre para la inversión privada, que ya observa con pronóstico reservado el impacto de una eventual reforma al sector eléctrico.
En un análisis sobre las propuestas que ha hecho Monreal, los expertos de la Fundef explican que, de prosperar la iniciativa del senador morenista, se migraría de un sistema en el que cada persona paga por los servicios que recibe a uno en el que los usuarios del crédito subsidien el uso de las sucursales.
Monreal y Armenta impulsan la existencia de prohibiciones en el artículo 4 Bis de la LTOSF, con el propósito de establecer limitantes para el cómputo de intereses, así como un programa de reducción de comisiones para los principales servicios de la banca, como tarjeta de crédito, por saldos mínimos, disposición de efectivo y anualidades.
Monreal asegura que más de 30% de los ingresos de la banca en México proviene del cobro de comisiones y que dicha cifra es elevada. Se afirma que los cinco bancos extranjeros que operan en México, de entre los siete más grandes, tienen ingresos por comisiones superiores a 30%, cuando en los grupos globales a los que pertenecen el porcentaje es menor.
