Estaban congeladas las visas para permitir a 12 agentes de la DEA trabajar en México (presuntamente como represalia por la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles)… pero ya no. La negociación que llevó adelante la SRE pidió reciprocidad: policías mexicanos tendrán permiso para quedarse en Estados Unidos a fin de vigilar y tratar de detener el tráfico ilegal de armas a nuestro país. Pero el presidente Biden fue un poco más allá y ofreció recompensas que lleven a la captura de los principales capos del narcotráfico de este lado de la frontera.
Washington.– Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que en México no se permitirá que ninguna fuerza extranjera arreste a líderes de grupos criminales, su Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó las visas a 12 agentes de la DEA para que operen, aunque acotados, dentro del territorio nacional.
“Ya se resolvió”, revela a Proceso un alto funcionario de la SRE que participó en las negociaciones con los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos sobre el visado para los agentes de la DEA.
“El acuerdo establece que nosotros enviemos entre 10 y 20 agentes a Estados Unidos para la prevención del tráfico de armas de norte a sur, a cambio de las visas para los 12 agentes de la DEA que estaban retenidas y no se habían autorizado”, agrega el funcionario de la cancillería.
A causa del arresto por parte de agentes de la DEA del exsecretario de la Defensa Nacional general Salvador Cienfuegos Zepeda, el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, el gobierno de López Obrador en represalia les congeló 12 visas.
Desde hace varios años la DEA cuenta con 54 agentes que operan en territorio mexicano, con la misión de combatir a los cárteles del narcotráfico y detectar, detener y confiscar cargamentos de drogas ilícitas destinados a Estados Unidos.
Los agentes de la DEA que detuvieron en Los Ángeles a Cienfuegos acusaron al general jubilado de conspiración para el trasiego de drogas, pasar información y tener nexos con una fracción del Cártel de Sinaloa asentada en Nayarit.
La acción inesperada de la DEA cimbró los cimientos marciales de México, obligando a López Obrador a defender al exgeneral, no obstante que su primera reacción a la detención fue de que si era culpable de los delitos imputados se le castigara conforme a ello.
Bajo nubarrones judiciales y acuerdos políticos, AMLO logró que el entonces Departamento de Justicia estadunidense, bajo la presidencia de Donald Trump, retirara los cargos a Cienfuegos, lo que permitió su repatriación inmediata y luego su exoneración expedita por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero.
La osadía de la DEA quedó como una espina clavada en el honor de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya influencia en las decisiones de Palacio Nacional se mostró con la orden a la SRE de parar el visado para la docena de agentes estadunidenses.
Reciprocidad
No se trata de un caso de aumento de presencia de agentes antinarcóticos estadunidenses en México. Coincidentemente en tiempos, la detención de Cienfuegos ocurrió cuando 12 de los 54 agentes de la DEA asignados a México se jubilaban o eran reasignados a nuevos puestos en Estados Unidos o en otros países, y se requería reemplazarlos.
La urgencia de la DEA de mantener su cuadro presencial de agentes ante su fracaso por detener la entrada a Estados Unidos de cuantiosas cantidades de drogas sintéticas –opiáceos elaborados con fentanilo– fue aprovechada por el gobierno de AMLO para imponer condiciones.
La estrategia de “reciprocidad”, como bautizó el gobierno de México a sus condiciones para otorgar el visado a los agentes de la DEA, fue ideada y elaborada por el canciller Marcelo Ebrard.
Primero, el gobierno de AMLO modificó las reglas para acotar a los agentes extranjeros que operan en México. Se arrancó de tajo a las agencias federales estadunidenses la licencia para operar y espiar, las que Felipe Calderón les había dado como parte de la Oficina Binacional de Inteligencia, auspiciada bajo la ahora extinta Iniciativa Mérida.
Como parte de los nuevos mecanismos de seguridad orquestados por Ebrard, los agentes de todas las dependencias estadunidenses, empezando por la DEA, desde abril de este año entregan a la SRE un informe mensual sobre sus actividades en México, sus entradas y salidas del territorio nacional y de todas las entidades federativas del país.
En segundo plano, el canciller mexicano aprovechó la desavenencia con Washington y con la DEA por el caso Cienfuegos, condicionando la renovación de las 12 visas a que se aceptara la presencia de agentes mexicanos para colaborar o verificar que de verdad del otro lado del Río Bravo se combata al tráfico ilegal de armas.
“Ya fueron entregadas la mayoría de las visas a los agentes de la DEA y están autorizadas todas, las 12”, matiza el alto funcionario de la SRE quien, por tratarse de proceso en curso, solicitó el anonimato.
Los agentes mexicanos que operarán en Estados Unidos saldrán de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los 10 o 20 elementos –originalmente México pedía que se aceptaran 12– estarán repartidos entre Arizona, California y Texas.
Esos tres estados del sur de la Unión Americana son los principales puentes conductores del trasiego ilegal de armas a México, de ahí la presencia estratégica de los agentes mexicanos para coordinarse con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Habrá también agentes mexicanos para este propósito en Washington, que serán el enlace con las secretarías de Estado.
En la conversación de Proceso con el funcionario de la cancillería mexicana, éste sostiene que el acuerdo con Washington sobre los agentes mexicanos “se entregará entre enero y marzo de 2022, en el cual se definirá el número exacto de elementos asignados a la tarea”.
La liberación de la visa para los 12 agentes de la DEA a cambio de la presencia en Estados Unidos de los elementos de la SSPC se alcanzó tras varios meses de tensas negociaciones de Ebrard con Antony Blinken y Merrick Garland, secretarios de Estado y de Justicia de Estados Unidos, respectivamente.
Órdenes ejecutivas
La semana pasada el presidente estadunidense, Joe Biden, firmó dos órdenes ejecutivas con las que por primera vez desde 2017 actualizó las leyes unilaterales y de injerencia internacional de su país para combatir al narcotráfico y al crimen organizado trasnacional.
Las medidas instrumentadas por Biden implican la designación y reafirmación, como la gran amenaza del trasiego de drogas y a la seguridad nacional de Estados Unidos, de nueve cárteles del narcotráfico de México: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Juárez, Golfo, Los Zetas, Familia Michoacana, Beltrán Leyva, Guerrero Unidos y Los Rojos.
En paralelo, Biden reiteró las ofertas de recompensa por información que lleve a la ubicación y eventual captura de capos de estas organizaciones: 15 millones de dólares por Ismael El Mayo Zambada García; 10, por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; y 5 millones de dólares por cada uno de los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio. La misma cantidad de millones de dólares ofrece el Departamento de Estado por otros tres capos: dos de Los Zetas y uno de los Beltrán Leyva.
En reacción inmediata a las medidas unilaterales y extraterritoriales de Biden, de las que algunos acuerdos de cooperación forman parte del Entendimiento Bicentenario con el que se reemplazó a la Iniciativa Mérida, el pasado jueves 16, durante su conferencia mañanera, López Obrador declaró: “Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia y ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo”.
Documentado por este semanario en varios reportajes durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto, agentes de la DEA han participado en capturas y secuestros de ciudadanos mexicanos involucrados en el trasiego de cualquier tipo de drogas ilícitas.
Sin duda con Calderón, los agentes de la DEA, de la CIA y del FBI, por citar a algunas dependencias federales de Washington, gozaron de toda libertad para operar en México como si estuvieran en su país.
Cabe decir que no obstante que las leyes mexicanas prohíben a los agentes extranjeros portar armas de fuego, éstos, hasta la actualidad, se mueven por la República Mexicana bien armados.
El ejemplo claro y contundente de estas dos premisas, durante los sexenios de Peña Nieto y Calderón, sobre que los agentes de la DEA arrestaban y portaban armas a su antojo, quedó exhibido y corroborado durante el juicio en Brooklyn, Nueva York, contra El Chapo Guzmán. Sin el menor tapujo y con fanfarronería, el 17 de enero de 2019, al subir al estrado como testigo acusador del Chapo, Víctor Vázquez, agente de la DEA que estuvo asignado a México, mostró con videos y fotografías lo que públicamente siempre niega su gobierno.
Vázquez, que ya había detallado a Proceso que en la madrugada del 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, El Chapo Guzmán no fue detenido por la Marina mexicana sino por agentes de la DEA, de la CIA y los USMarshalls ataviados con el uniforme de los marinos de México, mostró eso mismo con pruebas fehacientes al jurado calificador y al juez Brian Cogan, que sentenció al capo a cadena perpetua más 30 años de cárcel.
Amén de vestirse como marino de México, a Vázquez en las fotos y videograbaciones que el Departamento de Justicia presentó en la Corte neoyorquina como pruebas contra El Chapo Guzmán, se le ve portando un rifle semiautomático (R-15) y una pistola (9 mm) y dando ordenes a diestra y siniestra en operativos fallidos para ubicar al Chapo en casas de seguridad de las que ya había escapado el famoso criminal.
Bajo las nuevas regulaciones, leyes y condiciones a las que somete el gobierno de AMLO a los agentes de la DEA y de otras agencias federales estadunidenses, en papel se ve difícil que vuelvan a actuar con la soltura con que Vázquez mostró en el juicio al Chapo.
Los abrazos y no balazos no encajan en las tácticas históricas y tradicionales de la CIA ni de la DEA. La muerte de un estadunidense cada cinco minutos a causa de una sobredosis de drogas sintéticas y su rotundo fracaso de su guerra contra las drogas en general, abren la posibilidad para que Washington se salga con la suya, llevando a cabo operaciones encubiertas escudadas en la defensa de su seguridad nacional.
Donald Trump amenazó con una invasión militar a México para acabar con los “bad hombres”. El mismo expresidente amaga con volver a disputar la Presidencia de su país en 2024 y sería descabellado eliminar la posibilidad, aunque retórica, de que para buscar una solución a tanto muerto por sobredosis de su país, Trump desempolve la advertencia de acciones extraterritoriales de intervención en México.
