Información recabada por Proceso da cuenta que el Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, argumentando un riesgo para la seguridad nacional entregó sin licitación dos contratos y un convenio por 632.2 millones de pesos a Constructora Mayrán de San Pedro, empresa que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado por anomalías en sus obras. Por si fuera poco, los contratos en cuestión fueron avalados por Héctor Martínez Castuera, funcionario del Inami que enfrenta una denuncia por nepotismo ante la Secretaría de la Función Pública.
El Instituto Nacional de Migración (Inami) adjudicó de manera directa dos contratos, así como un convenio modificatorio a la empresa Constructora Mayrán de San Pedro, SA de CV, por un monto de 632 millones 279 mil pesos para mantenimiento, remodelación y limpieza de sus estaciones migratorias, representaciones estatales o regionales, oficinas del Grupo Beta y estancias provisionales para recibir el creciente flujo de migrantes que atraviesan México.
Los contratos entregados por Migración a la empresa asentada en Torreón, Coahuila, cuyas obras han sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron avalados por el director general de Coordinación de Oficinas de Representación del Inami, Héctor Leoncio Martínez Castuera, cargo que equivale a coordinador de delegaciones migratorias en todo el país.
Martínez Castuera es el mismo funcionario que enfrenta una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por presunto nepotismo, debido a que su hermano Sergio Alberto Martínez Castuera y su sobrina Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo, también trabajan en el gobierno de López Obrador.
Los vínculos documentados por Proceso desde septiembre pasado (edición 2342) señalan que el general Salvador Martínez Castuera influyó para que el comisionado nacional del Inami, Francisco Garduño Yáñez, le diera trabajo a su hermano Héctor Leoncio y a su hija Ariadna Irais, por lo que ambos ocupan cargos relevantes en Migración.
De acuerdo con la denuncia administrativa, Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo se desempeña como subdirectora de Migración para Asuntos de Centroamérica y el Caribe de la Dirección General de Protección al Migrante del propio Inami.
El vínculo del comisionado Francisco Garduño con el general Martínez Castuera se inició cuando el propio Garduño fue nombrado comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y se mantuvo de manera indirecta cuando López Obrador lo designó titular de Migración.
Durante su desempeño como comisionado de Prevención y Readaptación Social, Garduño Yáñez designó al general Sergio Alberto Martínez coordinador de Centros Penales Federales, cargo que conserva hasta hoy, pese a que está imputado por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades en la causa penal que busca sancionar presuntas anomalías en los contratos entregados a la iniciativa privada para la construcción y operación de ocho prisiones federales.
Como titular de las oficinas migratorias en todo el país, Héctor Martínez Castuera también ha sido el funcionario del Inami que se ha encargado de supervisar, controlar y disolver las caravanas de migrantes que han ingresado al país en el segundo semestre de 2021.
Además, el 25 de noviembre último fue grabado en Tapachula, Chiapas, solicitando a la Guardia Nacional que alejara a los medios de comunicación de un centro de atención a migrantes, para evitar que pudieran ser entrevistados sobre la actuación de las autoridades mexicanas.
Contratos
El 12 de febrero de 2020 se firmó el primer contrato del Inami con la Constructora Mayrán de San Pedro, por un monto máximo de 427 millones de pesos y bajo el concepto de “Prestación de Servicios Integrales para las estaciones migratorias y estancias provisionales que se encuentran en las oficinas de representación del Inami”.
Dicho contrato, del que Proceso tiene copia, fue otorgado por adjudicación directa, argumentando un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las obras de mantenimiento y remodelación implican 74 instalaciones del Inami en las 32 entidades federativas y abarcan conceptos tan diferentes como instalaciones eléctricas, cambio y renivelación de pisos, bardas, instalaciones hidráulicas, herrería, acabados, cambio de aire acondicionado, puertas especiales, obras de carpintería, cambio y reparación de cerraduras y elaboración de puertas especiales bajo medida.
Derivado de ese primer contrato el Inami firmó un convenio modificatorio, el 12 de mayo de 2020, para agregar obras y servicios a tres instalaciones ubicadas en Tamaulipas, lo que representó un desembolso adicional de 85 millones 400 mil pesos para el organismo encargado de los controles migratorios de nuestro país.
Este primer contrato y su convenio modificatorio están firmados por la directora general de Administración del Inami, Carmen Ivonne Ramírez García, y el director general de Coordinación de las Oficinas de Representación de Migración, Héctor Leoncio Martínez Castuera, quien, además, funge como administrador del propio contrato.
Concluido el primer contrato en diciembre de 2020, los mismos funcionarios avalaron una segunda adjudicación directa que favoreció a Constructora Mayrán de San Pedro, ahora por un monto máximo de 119 millones 879 mil pesos, incluyendo conceptos como instalación de mallas, demolición y retiro de muros, repellados, retiro de paneles, así como todos los servicios contemplados desde el año previo.
Firmado el 12 de mayo último, el contrato argumenta una vez más riesgos para la seguridad nacional para poder otorgar la adjudicación directa, de acuerdo con los documentos en poder de Proceso.
Mayrán de San Pedro pertenece a una red de constructoras que maneja Grupo Sánchez Garza, con sede en Coahuila, donde el general Salvador Martínez Castuera fungió como titular del Mando Único en la policía local.
Otras compañías que pertenecen al mismo grupo son Industrial de Asfaltos y Pavimentos, SA de CV (IAPSA), y Concretos San Pedro. Los accionistas principales del grupo son Salvador Sánchez Sifuentes, Víctor Sánchez Garza, Gabriel Sánchez Garza, Ricardo Humberto Sánchez Garza y Jorge Alberto Sánchez Garza, de acuerdo con el acta constitutiva que se puede localizar en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
En el portal quienesquien.wiki, que contiene bases de datos sobre contratos y obra pública, se indica que Constructora Mayrán de San Pedro ha recibido contratos públicos por 5 mil 607 millones de pesos entre 2002 y 2021, la mayoría de ellos vía licitaciones públicas. Los contratos que le otorgó el Inami son excepcionales, ya que se trata de adjudicaciones directas.
Denuncias
En junio de 2019 el entonces diputado local Édgar Sánchez Garza presentó ante el Congreso de Coahuila un punto de acuerdo para exigir a la Fiscalía estatal y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda una investigación contra las empresas IAPSA y Constructora Mayrán de San Pedro, argumentando presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con su denuncia, la indagatoria debería abrirse por una presunta relación comercial de los propietarios con el presunto lavador de dinero Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono Muñoz, detenido en España y extraditado a Estados Unidos en 2019, para finalmente convertirse en testigo colaborador de ese país.
“Desde 2005 le compraron a esta persona tanto la gasolinera Servicio Saga, anteriormente llamada Gasolinera Ibérica, la cual se encuentra en la autopista Torreón-San Pedro, kilómetro 7, así como todo el terreno de la parte posterior donde se puso el centro deportivo Hapok”, aseguró en su momento el exlegislador.
Sánchez Garza también acusó a la constructora de otorgar presuntos moches a servidores públicos a cambio de contratos públicos, involucrando en ese entonces a funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En su momento, el exlegislador local admitió que tenía una relación de parentesco con los empresarios del Grupo Sánchez Garza, pero se deslindó de ellos de manera definitiva y solicitó a las autoridades federales y ministeriales una investigación a fondo sobre este caso.
Observaciones
En la auditoría 370-DE que la ASF realizó a obras de rehabilitación de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en el tramo que corresponde a Nuevo León, encontró pagos injustificados de pruebas o que incumplían “los términos de referencia y las especificaciones particulares del contrato”, así como fallas en el control de calidad.
La ASF también detectó grietas en las juntas en dos puentes, mala calidad en los bordillos de los lavaderos y los postes incrustados en el costado de las carreteras, material acumulado en camellones y colocación deficiente de la defensa metálica, debido a que carecen de atornillamiento.
Además, en la auditoría 344-DE sobre las obras en la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, para el periodo 2017-2018, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una inspección física a los trabajos realizados por IAPSA, empresa hermana de Constructora Mayrán de San Pedro, arrojó “deficiencias e incumplimientos”, como la presencia de material de desperdicio a lo largo del tramo reparado, falta de limpieza en las obras de drenaje y personal laborando fuera del plazo acordado para la colocación de señalamiento vertical y cercado del derecho de vía con postes de concreto.
En la auditoría 315-DE, correspondiente a otro tramo de esa misma carretera, la ASF detectó pagos en demasía por terraplenes, incluyendo las capas subyacentes y omisiones para descontar los volúmenes que ocupan las obras hidráulicas que se estaban construyendo a la par del tramo carretero que estaba en reparación.
En tanto, la Auditoría Superior de Coahuila detectó en 2017 que el ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, omitió exigir una devolución a IAPSA tras la conclusión de obras de reencarpetamiento en la colonia San Luis, derivado del menor volumen de obra.
De acuerdo con el oficio ASE-230S3-2017, la auditoría estatal calculó que la empresa hermana de Constructora Mayrán, IAPSA, tenía que reintegrar 99 mil pesos a las arcas del ayuntamiento, pero sólo fueron entregados al municipio de San Pedro 72 mil pesos, por lo que la ASE decidió fincar responsabilidades contra los servidores públicos que fueron omisos en recuperar el total de la devolución que ese organismo había calculado en una visita previa.
