Señor director:
Le solicito publique la siguiente carta, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Vivo en Colima y trabajo en la Fiscalía General del Estado (FGE); y desde hace 10 años busco que una autoridad haga lo que es correcto. Necesito que usted sea esa autoridad, que no argumente falta de recursos o delegue la responsabilidad a otra autoridad que, como es costumbre, buscará vacíos legales para no hacer lo que la ley señala, específicamente el artículo 1º constitucional que, entre otras cosas, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Diez años atrás mi única hija fue abusada sexualmente –cuando era menor de edad– por un extranjero adulto que, en principio, la contactó vía internet.
Desde antes de que ocurriera el abuso físico, cuando advertí la “amistad” impropia entre ambos vía Facebook y me di cuenta de que él le proporcionaba pornografía, denuncié los hechos ante el Ministerio Público, en marzo de 2011, tratando de proteger la integridad de mi hija. Se levantó el acta 265/2011.
Sin embargo, la entonces titular de la Mesa, así como sus superiores, nunca investigaron porque argumentaron que yo exageraba la situación, pues al vivir mi denunciado en Argentina y tan lejos de México era imposible que se viera en persona con mi hija. Esa omisión tan grave, de no investigar y hacer lo correspondiente para prevenir cualquier acercamiento entre mi hija y mi denunciado, tuvo gravísimas consecuencias para ella y para mí: ella fue abusada sexualmente con sólo 15 años, exhibida en video y fotografías; mientras que yo, por defenderla, fui despedida de mi única fuente de ingreso, la entonces Procuraduría General de Justicia.
Después de un juicio laboral de más de cuatro años logré mi reinstalación y continúo trabajando en la ahora FGE, en un ambiente indolente y dañino para mi psique.
Los pocos avances y las diligencias en las investigaciones se han realizado gracias a juicios de amparo y quejas que he interpuesto ante juzgados federales y organismos de derechos humanos, pero el delincuente sigue libre. Los servidores públicos involucrados no han sido sancionados conforme lo establece la Ley General de Víctimas, y mi hija y yo no hemos sido reparadas del daño y mucho menos indemnizadas. (El caso fue publicado en la edición 2286 de la revista Proceso, del 23 de agosto de 2020).
La agente del Ministerio Público que actuó con pésima praxis sólo fue suspendida de su trabajo por cinco días sin goce de sueldo. ¿Le parece a usted que esa sanción es acorde al daño causado?
Lo vivido por mi hija y por mí no se compara en nada a esa sanción, y actualmente todavía vivo con las consecuencias de lo sucedido sin que ninguna autoridad a las que he acudido haga lo correcto en estos interminables 10 años.
Le solicito que su gobierno y específicamente usted, como presidente de la República, dé respuesta a mis peticiones que tienen que ver con la reparación del daño, indemnización y con la sanción que exijo debe imponerse a los servidores públicos involucrados.
Existe una recomendación de Derechos Humanos para este asunto, que deliberadamente los fiscales en turno ignoran. Y aun cuando tengo claro que la comisión de derechos humanos no es una autoridad, la Constitución es un instrumento de norma fundamental, nos rige jurídicamente y establece límites y marca la pauta para que sean respetados mis derechos.
¿Cuántos años más debo esperar para que el acceso a la justicia sea una realidad para mi hija y para mí? ¿Es necesaria la intervención de un tribunal internacional para que esto se detenga? ¿Qué necesita, señor presidente, para responderme con hechos? Sobrevivo al monstruo que es la corrupción de un gobierno indolente
¿Cómo es esto posible?
Puedo ser localizada en la Fiscalía General del Estado de Colima. Mi número de trabajador es el 2238 y le exijo una respuesta. Estoy consciente de que la justicia que anhelo no llegará, a menos que un tribunal internacional o usted intervengan.
La angustia ocasionada por la falta de interés de las autoridades no puede subestimarse, tampoco el horror de esta situación; vivo con ansiedad, depresión y trastorno de estrés.
El derecho que tenemos las víctimas, a ser reparadas del daño e indemnizadas en concordancia con el daño causado, es un hecho inexcusable.
Atentamente,
Selma Osiris Montes de Oca Tene
