En 2015 y 2016, durante la investigación de la masacre de San Fernando, la Procuraduría General de la República trató de vincular a los delitos de secuestro y delincuencia organizada a la abogada Ana Lorena Delgadillo, la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati. La primera representaba a algunas víctimas de desaparición, la segunda formaba parte del Equipo Argentino de Antropología Forense que colaboraba en la identificación de cuerpos y la tercera revelaba, desde este semanario, las pifias de la investigación. La perversa indagación implicó un espionaje injustificado contra ellas con el aval del entonces subprocurador de la PGR Gustavo Salas, actual funcionario del gobierno de Alfonso Durazo en Sonora.
El espionaje y vigilancia que la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó contra la periodista Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la perito forense Marcela Doretti, bajo una falsa acusación de secuestro y en una aparente represalia por evidenciar irregularidades en la indagatoria oficial sobre la segunda masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, contó con el aval del entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gustavo Rómulo Salas Chávez.
El mando de la PGR, que actualmente es subsecretario de Control de la Legalidad, Procesos y Atención Jurídica a Instancias Federales, del gobierno de Sonora, recibió los informes solicitados de forma “extraurgente” y “confidencial” a diversas compañías telefónicas sobre las llamadas telefónicas entrantes y salientes de las tres mujeres que, desde sus respectivas especialidades, intentaban desentrañar el secuestro y homicidio de 196 personas, cuyos restos fueron encontrados en abril de 2011 en decenas de fosas localizadas en zonas aledañas a las carreteras de San Fernando, Tamaulipas.
La vigilancia a las dos defensoras de derechos humanos y a la periodista tuvo lugar entre febrero de 2015 y abril de 2016, aprovechando una confusa declaración de la madre de una de las personas asesinadas sobre el reportaje que Turati escribió para Proceso en agosto de 2015, titulado “Las fosas de San Fernando, las torpezas de la PGR”, en el cual se daba cuenta de que una de las víctimas fue enviada a la fosa común a pesar de contar con una credencial para su identificación.
Junto con Gustavo Salas –hombre de confianza del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño– estuvieron enterados de la investigación a Turati, Doretti y Delgadillo el entonces director general del Cuerpo Técnico de la SEIDO y actual comisario general interino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Sigifredo Valencia Rodríguez; el exfiscal Antisecuestros de la PGR Gualberto Ramírez Gutiérrez y la excoordinadora de Servicios Periciales de esa misma dependencia, Sara Mónica Medina Alegría.
El agente del Ministerio Público encargado del caso San Fernando, Édgar Leonel Pérez Sotelo, autorizó de manera directa todas las diligencias que se practicaron contra quienes, oficialmente, tenían contactos con la PGR para tratar de coadyuvar en el esclarecimiento del caso de las fosas de San Fernando.
Ana Lorena Delgadillo estaba acreditada como abogada de algunas víctimas, mientras que Doretti, como parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ya colaboraba con la PGR en el caso Ayotzinapa, además de que estaba acreditada su calidad de experta en el caso San Fernando para tratar de auxiliar en la identificación de las víctimas.
La vigilancia a Turati, Doretti y Delgadillo incluyó oficios enviados por mandos de la SEIDO a la Unidad de Inteligencia de la Policía Federal para que ésta elaborara reportes sobre los encuentros que sostuvo durante ese tiempo Marcela Turati con Delgadillo y Mercedes Doretti, así como para investigar los contactos más frecuentes de las tres mujeres.
Esas redes de vínculos que elaboró la Policía Federal a petición de la PGR, actualmente Fiscalía General de la República (FGR), identificaron de inmediato las constantes llamadas que la periodista mantuvo con sus colegas de Proceso para la edición y publicación del reportaje sobre San Fernando, así como por otros materiales que preparaba en la misma época del caso Ayotzinapa, lo que pudo poner en peligro a sus fuentes y a las propias víctimas del caso.
Derivada del espionaje justificado por las autoridades con las leyes en materia de delincuencia organizada, al menos otros tres reporteros de la revista Proceso aparecían plenamente identificados y destacados en las “sábanas” de llamadas que forman parte de la averiguación previa sobre el caso San Fernando.
Se trata del entonces subdirector, Salvador Corro; del actual jefe de la edición impresa y editor de los reportajes de Marcela Turati sobre San Fernando, Homero Campa; y del actual jefe de Información, José Gil Olmos, de acuerdo con los documentos a los que este semanario tuvo acceso.
En el espionaje institucional a Turati, Doretti y Delgadillo también participaron otros mandos de la SEIDO, como el entonces titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, actualmente vinculado a proceso por el delito de falsificación de documentos en un caso de Jalisco.
Ramírez Gutiérrez también ha sido señalado en el caso Ayotzinapa por presunta falsificación de pruebas para tratar de acreditar la llamada “verdad histórica”, versión con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió cerrar la investigación judicial sobre el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Los documentos relacionados con este caso de espionaje se conocieron en mayo pasado, cuando la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que dirige Ana Lorena Delgadillo, ganó en definitiva un amparo a la FGR para que se le entregara copia íntegra de la averiguación previa del caso San Fernando, que consta de más de 200 tomos.
El tomo 221 incluye las diligencias practicadas por servidores públicos contra las tres mujeres que estaban en contacto con el caso de las fosas de San Fernando por sus actividades profesionales. En la carátula del expediente se puede leer que el motivo de las indagatorias contra Turati, Doretti y Delgadillo es el delito de “secuestro”, pero en interiores se pueden encontrar oficios en los que se habla de que también fueron investigadas por “delincuencia organizada”.
Las diligencias
De acuerdo con el tomo 221, cuya sola existencia mereció el repudio de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, tras la publicación del reportaje de Marcela Turati sobre las fosas de San Fernando, se muestra cómo la PGR decidió enfocar sus esfuerzos contra la periodista, desviándose del objetivo de esclarecer el secuestro, desaparición y homicidio de las 196 víctimas reconocidas por las autoridades.
Así, con carácter de “extraurgente y confidencial” la PGR solicitó a diversas compañías telefónicas información de todas las llamadas y mensajes de texto que recibían y hacían las dos defensoras de derechos humanos y la periodista, la información que entregaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar sus pasaportes, un análisis grafoscópico de la letra de Turati y cotejar un mensaje que le había entregado a una de las víctimas con un número telefónico, un análisis de los datos de geolocalización entre 2015 y 2016 de las afectadas, una red de vínculos a partir de los contactos telefónicos y un análisis de sus interacciones con otras personas que aparecían en el registro de llamadas.
Incluso existen oficios específicos en los que el Ministerio Público de la SEIDO solicita el número de veces que Turati llamó a Doretti u otro integrante del EAAF, a la abogada Ana Lorena Delgadillo, y las llamadas de las tres profesionistas con familiares de las víctimas.
El espionaje incluye un análisis sobre las fechas y los lugares donde pudieron haberse encontrado físicamente Turati, Doretti y Delgadillo, sin importar qué caso trataran, ya que en esas fechas los peritos argentinos y la Fundación para la Justicia auxiliaban a otras víctimas de desaparición, como las del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De acuerdo con la ley, los abogados de todos los imputados por los homicidios cometidos en San Fernando, ligados al grupo delictivo Los Zetas, podrían tener acceso a los datos de la abogada, la periodista y la perito forense, lo que a juicio de otros litigantes las pone en un riesgo adicional al desempeño de sus funciones.
Consultado sobre el tema, Eber Betanzos, entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR –y uno de los funcionarios entrevistados por Marcela Turati para su reportaje sobre San Fernando, que Proceso publicó en agosto de 2015–, lamenta los hechos. Dice que desconocía la investigación realizada por sus pares y advierte que no existía justificación para investigar a la abogada de las víctimas, a una perito experta ni a una de las periodistas mexicanas más calificadas en derechos humanos.
“Esa investigación está fuera de toda proporción, es injustificable”, explica en una llamada telefónica. Betanzos reconoce que las víctimas en los casos de desaparición de San Fernando y Ayotzinapa desconfiaban de la SEIDO, por lo que preferían iniciar sus averiguaciones previas en la subprocuraduría a su cargo.
Funcionario sospechoso
De todos los responsables del espionaje institucional a una periodista y dos defensoras de derechos humanos, el que destaca por estar ligado a los gobiernos de Morena es el extitular de la SEIDO, Gustavo Salas.
Actualmente trabaja con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Previamente, el propio Durazo lo invitó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI, sustituto del Cisen), organismo del que salió en 2020 presuntamente por reprobar los exámenes de control de confianza, según versiones del diario La Jornada y la revista Contralínea.
Cabe señalar que Salas fue subprocurador de Delincuencia Organizada de la PGR desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2016.
Entre 2017 y 2019 ocupó diversos cargos en el Poder Judicial federal y fue jefe de unidad en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) de la PGR en 2015.
En el sexenio de Felipe Calderón, Salas se desempeñó como fiscal especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la PGR. Sin embargo, durante su gestión comenzó a gestarse la impunidad de los responsables de asesinar de periodistas.
De acuerdo con Contralínea, Salas posee vehículos de lujo y motocicletas Harley Davidson, además de registrar en los últimos años viajes constantes a Argentina, España y Estados Unidos.
La revista da cuenta de que Salas conocía a la abogada Delgadillo, debido a que ambos trabajaron en la procuraduría capitalina, y que se refería a ella de forma despectiva. Con el caso San Fernando, la periodista y la propia defensora de derechos humanos quedaron en la mira del entonces funcionario de la PGR.
