Como candidato y presidente electo, López Obrador se comprometió a crear varios instrumentos contra la desaparición de personas, incluido un mecanismo internacional contra la impunidad. Ya en la Presidencia su política se ha reducido a impulsar la búsqueda de fosas y cuerpos, lo que elevó de modo alarmante este delito en el país, denuncian los defensores de derechos humanos Jacobo Dayán y Michael Chamberlin. Por ese motivo esperan que en un próximo informe, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU incluya la petición de organizaciones civiles mexicanas para que la crisis se aborde en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Calificada por Andrés Manuel López Obrador como “la herencia más dolorosa” que recibió al tomar la Presidencia de la República, la crisis de desapariciones de personas se ha agudizado, superando las 95 mil víctimas. Más de la cuarta parte de los casos ocurrieron durante los tres primeros años de su gobierno, alcanzando los niveles que dejó Felipe Calderón durante todo su sexenio.
Para los defensores de derechos humanos Jacobo Dayán y Michael Chamberlin, esta crisis continuada es el resultado de “la falta de voluntad política” de la actual administración para “entender la dinámica de las desapariciones”, la resistencia a modificar la política de seguridad militarista, así como la negativa a crear el Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que López Obrador se comprometió a establecer cuando era candidato y como presidente electo.
Integrantes del extenso equipo de defensores, organizaciones sociales y víctimas que elaboraron la Propuesta Ciudadana para la Construcción de una Política sobre Verdad, Justicia y Reparación a las Víctimas de la Violencia y de las Violaciones a Derechos Humanos, Dayán y Chamberlín coinciden, en entrevistas por separado, en la urgencia de acudir a la colaboración internacional para detener la crisis de desapariciones de personas en el país y acabar con la impunidad total.
Esto es necesario, puntualizan, para ir más allá de la búsqueda de fosas y de cuerpos, a la que se ha reducido la política gubernamental en la materia.
Académico de la Universidad Iberoamericana y exdirector de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Dayán reconoce que López Obrador heredó de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto “una crisis humanitaria brutal”, que lo llevó a comprometerse a atenderla como la “prioridad número uno”.
Recuerda que, en proceso de transición, decenas de activistas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas se sentaron con representantes de López Obrador a fin de elaborar la Propuesta Ciudadana para atender la crisis, que contempla la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, la Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica y un Modelo de Reparación Extraordinario, en los que participaran las víctimas. Pero la propuesta “fue guardada en un cajón”.
A tres años de la entrega del material, en el que hay un diagnóstico de la crisis humanitaria, dice Dayán, “lo que tenemos es una impunidad absoluta”, pues mientras oficialmente se registran al menos 95 mil personas desaparecidas, “sólo tenemos 50 sentencias por desaparición; hay un tema de rezago en materia de justicia. López Obrador lo sabía y por eso se le propuso iniciar procesos de justicia transicional”.
Advierte que si bien el gobierno federal avanzó en el registro de las víctimas de desaparición, en la creación de protocolos de búsqueda y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, “aunque sin presupuesto”, en lo que corresponde a medidas para “detener la crisis estamos peor; en la propia base de datos oficial vemos que en los últimos tres años hay más de 25 mil personas desaparecidas”.
La cifra resulta emblemática si se considera que en diciembre de 2012 The Washington Post reveló que el gobierno de Felipe Calderón mantuvo oculto un registro de 25 mil 276 desapariciones ocurridas durante su sexenio.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas (Rnpdno), del 1 de diciembre de 2018 al 25 de noviembre pasados estaban vigentes 25 mil 150 casos.
“Los colectivos de familiares de víctimas siguen hablando de una gran cifra negra de víctimas, mientras las fiscalías siguen alimentando de manera muy caótica el Rnpdno y las desapariciones continúan –reitera el académico–. Lo prioritario debería ser detener las desapariciones, y no sólo no lo han logrado, sino que sigue creciendo el número.”
Dayán lamenta el desdén del presidente por las víctimas, tras recordar que en enero de 2020, una vez más, se entregó a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, la Propuesta Ciudadana, como culminación de la marcha que salió de Cuernavaca a la Ciudad de México, encabezada por Javier Sicilia y la familia LeBarón.
“No sólo tiraron a la basura la propuesta –relata–, sino que Olga Sánchez Cordero le comentó a Javier Sicilia que primero iba Ayotzinapa (la investigación de la desaparición de los 43 normalistas) y después venía lo demás. Eso no es la solución ni la respuesta de un gobierno responsable.”
El académico agrega que ni siquiera el compromiso con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos ha podido ser atendido, situación relacionada con la negativa del Ejército a “soltar información”, escenario que avizora se repetirá con la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidos durante la llamada “guerra sucia”, también de reciente creación y sin presupuesto.
“Siendo el Ejército el socio principal del gobierno de López Obrador, ¿aceptará las recomendaciones que surjan de esa comisión, como sería transparentar sus operaciones?”, cuestiona Dayán.
Omisiones “deliberadas”
Coordinador del libro Desapariciones en México. Análisis sociojurídico del fenómeno en curso (editorial Tirant lo Blanch, 2021), Michael Chamberlin alerta que el factor constante en la crisis de desapariciones durante los sexenios de Calderón, Peña Nieto y lo que va del de López Obrador ha sido el Ejército, como depositario de la seguridad pública del país, presencia que forma parte de “política deliberada para cometer esos crímenes y una política deliberada para no atenderlos también”.
Chamberlin considera que después de años de mantener a los militares en las calles, tres de ellos con López Obrador, “cometer los mismos errores ya no es un asunto de no saber, más aun cuando miras la política de seguridad de López Obrador, tan contraria a lo que dijo en campaña, dándoles más poder a los militares que Calderón y Peña. En los hechos, quienes se están beneficiando de la impunidad, entre otros, también son los militares”.
Esto, resalta, pese a la buena voluntad que habría por parte de funcionarios, como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quienes desde sus facultades mantienen su empeño en acompañar a colectivos de víctimas que buscan a sus familiares en fosas clandestinas.
“Ciertamente es primordial buscar a los desaparecidos, pero también es detener esto, cada vez que se suman más desaparecidos, las posibilidades de encontrar a los otros se reducen, por falta de capacidad”, apunta.
Para el defensor, que acompaña a familiares de víctimas, resulta frustrante que no se puedan desmantelar las estructuras que permiten continuar las desapariciones porque, como en las administraciones anteriores, “no se quiere entender el fenómeno… se sigue mirando los casos como si cada uno fuera aislado, como si se tratara de 94 mil locos que han desaparecido cada a uno a una persona, porque no quieren investigar el fenómeno como un tema de macrocriminalidad y crímenes de lesa humanidad”.
Desde la perspectiva de Chamberlin, si se mantiene la misma política de seguridad y el mismo enfoque de la crisis de desapariciones, al término del sexenio de López Obrador “habrá 30 mil desaparecidos más”.
Al destacar que “el bono democrático ya se le acabó a López Obrador”, Chamberlin sostiene que a tres años de su gobierno “es tiempo de expresar una mayor voluntad con hechos. Ya no se puede seguir ignorando esta crisis como si fuera un asunto ajeno al gobierno; no basta con que diga: ‘No somos nosotros’. Pero si no hay investigaciones tampoco sabemos quiénes sí lo son, e igual son responsables de que no sigan ocurriendo las desapariciones, que sabemos son generalizadas, pero si estas son sistemáticas necesitamos investigaciones, y eso es lo que se niegan a hacer”.
Advierte que es indispensable retomar la propuesta ciudadana para crear el Mecanismo Internacional Contra la Impunidad, sobre todo ante la polarización política que prevalece y la falta de confianza hacia el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Entrevistado en vísperas de que concluyera la visita de una delegación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), Chamberlin destaca que en varias reuniones con colectivos de víctimas, organizaciones sociales y académicos, se expuso a los integrantes del comité la urgencia de intensificar la presión internacional y llevar el caso de México ante la asamblea de las Naciones Unidas, en apego a su mandato.
“Ya desde 2015 –abunda–, cuando rondaban los 30 mil desaparecidos, el CED señaló que en México ocurrían desapariciones generalizadas, y el artículo 34 de la Convención Internacional (para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas) marca que ante escenarios de desapariciones generalizadas o sistemáticas, el CED puede acudir al secretario de la ONU para que éste lleve el caso ante la Asamblea General, y entre los Estados miembros decidan cómo colaborar para revertir esta situación.
“Con 95 mil desaparecidos no sé qué estaría esperando el CED para elevar su nivel de incidencia, porque esta situación no se va a revertir si no hay una investigación con perspectiva de crímenes de lesa humanidad desde la normativa internacional, porque la legislación local no nos alcanza.”
En espera de que en el informe de la visita –el cual se difundirá en marzo de 2022– se atienda la petición de llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, Chamberlin insiste en activar un mecanismo internacional:
“Cuando en 2018 le planteamos a López Obrador crear el mecanismo internacional, dijo ‘bienvenido el escrutinio internacional’. Hoy necesitamos alguien imparcial, que pueda dialogar con todas las fuerzas políticas, alguien en el que todo mundo pueda creer, porque con el sistema que tenemos no veo cómo vamos a poder parar las desapariciones”, concluye.
