La salud de los gobernantes resulta un tema de importancia capital por su gran impacto en el ejercicio del poder, en el cumplimiento de las atribuciones previstas en la Constitución y las leyes. Ya me he ocupado de ese tema en estas páginas en años anteriores (Ver https://tinyurl.com/jawkt9wf, https://tinyurl.com/yjdy6yn6 y https://tinyurl.com/exhxyv9k sólo a vías de ejemplo, aunque se analizaron en este espacio otros casos similares); ahora, empero, ha surgido la primera obra que pone en blanco y negro ese tema, de ahí su pertinencia de volverlo a tratar porque sigue siendo parte de la agenda de la discusión legislativa pendiente.
Primero. Hace unos días salió a la luz pública un texto serio y de gran calado de la autoría de mi colega, la doctora Hilda Nucci González, titulado La salud y el expediente clínico del presidente de la República: Un asunto de interés público (México, tirant lo blanch, 2021). Hilda tiene por costumbre investigar y escribir sobre temas de frontera; es decir, llena vacíos temáticos en el área jurídica, lo que no es cosa fácil; antes bien, sinuoso y complicado porque debe recurrir a textos de apoyo fuera del país y en idiomas distintos al español, además, precisamente por la falta de libros sobre esa arista de investigación, de utilizar aquellas fuentes próximas para darle un hilo conductor racional al tema. Lo anterior no significa que los libros de texto no sean importantes; al contrario, con estas obras se transmite conocimiento jurídico a estudiantes y profesionales del derecho, lo que es un punto de partida para socializar conocimiento en esta comunidad dedicada al tema legal. Ambos tipos de textos son necesarios en la formación jurídica, los segundos para saber las bases del derecho y los primeros para conocer temas que, no importa por qué razones, no se habían tratado a pesar de su importancia colectiva.
Segundo. En su obra, Hilda define los conceptos de salud y enfermedad, el derecho a la información y su relación con la protección de datos personales, así como la del derecho a la intimidad. En principio, el expediente clínico de toda persona es información confidencial y sensible. Esta regla, no obstante, se ha matizado cuando se trata de gobernantes o altos servidores públicos, porque en estos supuestos el derecho a saber de la sociedad puede tener mayor prevalencia en determinados casos. El punto nodal para definir si el derecho a la intimidad debe ceder ante el derecho a saber reside en el interés público, no en la curiosidad pública. Es de interés público si la enfermedad de un gobernante puede razonablemente afectar el ejercicio de atribuciones de que está investido el servidor público. Para resolver esta tensión, Hilda propone que debe haber una ponderación de derechos y se apoya en el sistema de interpretación del clásico autor Robert Alexy: Regla de adecuación, Regla de necesidad y Regla de proporcionalidad. Y propone una prueba de interés público que permita evaluar casuísticamente si el interés público tiene mayor jerarquía que el derecho a la intimidad o no y por qué.
Tercero. En la legislación mexicana sobre acceso a la información pública y la relativa de protección de datos personales se cuenta con una herramienta, la prueba de daño, que, a juicio de Hilda, el órgano garante de la transparencia y protección de datos personales no ha aplicado en solicitudes de información relevantes para esta línea de investigación. Ello a pesar de ser obligatorio desde 2004, el cual está previsto en el artículo 103 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el artículo 103 de la Ley de referencia se establece que: “En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño”. Y el artículo 104 define lo que comprende la prueba de daño: “En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio”.
Cuarto. En diversos países democráticos este tema ha sido parcialmente resuelto por la vía jurisprudencial, por el derecho legislado o por actos propios de los gobernantes, no en el sentido de darle publicidad al expediente público de quienes gobiernan, sino sólo de aquellas porciones que son de interés público. En México falta internalizar por qué es importante conocer este tipo de información, cuyo valor reside en conocer si el gobernante y altos servidores públicos, diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, consejeros y/comisionados de organismos constitucionales autónomos gozan de una razonable salud y, en particular no sufren una enfermedad mental o física que les impida cumplir adecuadamente sus funciones públicas. Sería un gran avance de control democrático de la comunidad que se legislara sobre el tema para evitar los recurrentes casos en el pasado inmediato donde la enfermedad, el derecho a la intimidad y el interés público iban (siguen yendo) por senderos distintos en perjuicio de la sociedad toda.
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