En los años cuarenta del siglo pasado surgió un conflicto de límites entre los estados de Oaxaca y Chiapas; estaba en disputa una región conocida como Los Chimalapas, rica en recursos forestales. La invasión estuvo encaminada a apropiarse de ellos y explotarlos. Los responsables fueron algunos chiapanecos; dado el primer paso, se dio el segundo: el gobierno de Chiapas reclamó para sí el territorio.
Los límites entre ambos estados eran claros: quienes los fijaron trazaron una línea que corre de norte a sur a partir de un punto conocido como Trino, de ahí hasta la parte más alta del cerro de la Jineta para, enseguida, continuar con líneas accidentadas. A pesar de lo anterior, surgió un conflicto que duró mucho tiempo en resolverse. La controversia se inició formalmente durante el sexenio del gobernador José Murat, siguió durante los gobiernos de Ulises Ruiz, Gabino Cué. Fue resuelto durante el de Alejandro Murat.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, finalmente, el miércoles 9 de noviembre, resolvió de manera definitiva el diferendo; en su sentencia determinó que el territorio en conflicto pertenece a Oaxaca.
Quienes invadieron el territorio se han negado a abandonarlo; también manifestaron su intención de no acatar una resolución que, aparte de ser definitiva, es obligatoria. Ambas actitudes son graves; atentan contra el estado de derecho y vulneran el principio jurídico de que las sentencias de los tribunales, una vez que causan estado, deben acatarse por quienes fueron parte en la controversia.
La Constitución Política contiene un apartado al que el tratadista don Emilio Rabasa denominó capítulo geográfico; comprende los artículos 42 al 48. En ese apartado se señalan las partes integrantes del territorio nacional, las entidades que conforman la unión federal y la manera de arreglar los conflictos de límites que pudieran surgir entre ellas.
El artículo 45 determina que “los estados conservarán la extensión y límites que actualmente tienen, siempre que no haya dificultad en cuanto a ellos”.
El 46 dispone que “las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto sin la aprobación de la Cámara de Senadores”.
En el texto original de 1917 y durante muchos años, el facultado para aprobar los convenios de límites fue el Congreso de la Unión. Se entendía que debía hacerlo en su actuación ordinaria: funcionando las cámaras que lo integran en forma separada, sucesiva e independiente. La intervención de ese cuerpo colegiado estaba encaminada, entre otros objetivos, a impedir la celebración de convenios que lesionaran a una de las partes en conflicto por negligencia, precipitación o violencia.
El mismo artículo 46 prevé una alternativa más: si las entidades federativas no se ponen de acuerdo, la competente para resolver el conflicto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta fue la vía por la cual se resolvió el diferendo territorial que existió entre las partes: Oaxaca y Chiapas.
En el artículo 105, fracción I, inciso d) se confiere a la Suprema Corte competencia para resolver los conflictos que se presenten entre una entidad federativa y otra; se entiende que entre ellas están comprendidas las que surgen con motivo de límites. La vía es la controversia constitucional.
La fracción III del artículo 21 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional establece un plazo de 60 días para recurrir a la controversia constitucional en los casos de existir conflictos de límites entre dos estados. En el caso se trata de días hábiles (artículo 3º, fracción I).
El plazo que establece la ley para ocurrir a la controversia constitucional en caso de conflicto de límites es, por perentorio, desafortunado. El sentido común indica que habiendo un conflicto de límites entre dos estados, del que pudieran derivar todo tipo de enfrentamientos, incluyendo los armados, no debe ponerse límites temporales a la acción de uno de ellos. En el caso, por estar de por medio razones de Estado, el plazo debería ser abierto. Ante un precepto poco razonable, se da lugar a chicanas. Siempre habrá subterfugios para hacer que una controversia de límites sea oportuna a pesar del plazo que establece la ley.
Algunos particulares del estado de Chiapas han mostrado su inconformidad con la sentencia de la Corte y manifestado que no la acatarán. Eso es grave. Hacerlo atenta contra los principios de que las sentencias deben ser acatadas por las partes independientemente de cuál sea su sentido. El artículo 89, fracción XII de la Constitución Política obliga al presidente de la República a “facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”. Ese precepto lo obliga a imponer a las partes el cumplimiento forzoso de la sentencia dictada por aquélla. Lo debe hacer independientemente de las coincidencias políticas que pudiera tener con alguna de las partes, en el caso con el gobernador del estado de Chiapas.
De lo que yo recuerdo, en la actualidad únicamente está pendiente de ser resuelto un conflicto de límites: el que existe entre Colima y Jalisco. Los restantes han sido resueltos por vía amistosa, ya sea mediante un compromiso en árbitros, que en su oportunidad se sometía a la aprobación del Congreso de la Unión y que en la actualidad debe aprobar el Senado de la República (artículo 46). De esa manera fueron resueltos, entre otros, los conflictos surgidos en los límites entre Guerrero y Michoacán. Por virtud de un laudo presidencial, el territorio del actual municipio de Zirándaro, que a finales del siglo XIX era parte del estado de Michoacán, por un cambio del curso del Río Balsas pasó a formar parte del estado de Guerrero. Ante los hechos de la naturaleza, que es ciega y que tienen la característica de ser consumados, esa parte se adjudicó a este estado a cambio de que cediera una parte de su territorio en una región diferente.
Don Emilio Rabasa, en el curso de derecho constitucional que impartió en la Escuela Libre de Derecho en el año de 1928, refería que a principio del siglo XX surgió un conflicto territorial entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Las entidades en conflicto, para resolver su diferendo, recurrieron ante él para que fungiera como árbitro, con el compromiso de que acatarían el veredicto que emitiera y que estuviera contenido en su laudo; también se comprometieron a que, una vez las legislaturas y autoridades de las respectivas entidades aceptaran el laudo, se llevaría al Congreso de la Unión para su aprobación, en forma de convenio amistoso. Así se arregló ese conflicto de límites.
Esta alternativa requiere de buena fe en las partes, de mucho oficio político y de un árbitro con autoridad moral.
