El Consejo de Administración es, junto con la Asamblea General, el máximo órgano de gobierno del Infonavit. Lo integran 15 miembros propietarios y un suplente por cada uno, designados por la Asamblea General: cinco son propuestos por los representantes del gobierno federal, cinco por los representantes de los trabajadores y cinco por los representantes patronales. Los consejeros permanecen en el cargo seis años; no pueden ser también miembros de la Asamblea General.
Entre sus atribuciones, el Consejo aprueba las estrategias y líneas de acción del Instituto, las reglas para el otorgamiento de créditos y los castigos y quebrantos derivados de los créditos otorgados.
El 7 de noviembre de 2016, en una carta que entregó a cada integrante del Consejo de Administración, el director general de Telra, Rafael Zaga, señaló actitudes y omisiones que hacían que el Infonavit incumpliera el contrato y los convenios que había firmado con la empresa y advirtió de la “intención de generar competencia desleal e incluso plagiar derechos de propiedad” contra la firma.
Esta no sería la primera vez que el empresario inmobiliario se acercaría a los consejeros para señalar supuestas irregularidades en la operación de los convenios firmados y ratificados por ellos mismos.
En otra carta, publicada el 12 de mayo de 2021 en diarios de circulación nacional, Zaga acusó a los 15 miembros del Consejo de Administración de guardar silencio “respecto a las calumnias, presiones gubernamentales, abusos ministeriales y judiciales que han venido sucediendo en el asunto conocido como el caso Telra/Infonavit”.
“Tanto la decisión del Consejo de Administración del Infonavit para suscribir los contratos con Telra, así como la de terminarlos de manera anticipada y finalmente cumplir con la obligación de indemnizarnos fue acordada por ustedes como órgano colegiado, tripartita e independiente, y por si fuera poco, lo hicieron de manera unánime y totalitaria”, señaló Zaga en su carta.
De acuerdo con los documentos revisados para este reportaje, el Consejo aprobó el convenio de colaboración entre el Infonavit y Telra, a pesar de que se había firmado sin su autorización.
También avaló privatizar el problema de la vivienda abandonada, cediendo a Telra su comercialización y compostura. Este órgano dio visto bueno a la viabilidad jurídica y técnica de cada instrumento.
El mismo Consejo de Administración autorizó indemnizar a Telra y validó el contrato de transacción mediante el cual se acordó el pago de 3 mil millones de pesos de indemnización por daños, 2 mil 88 millones por perjuicios y 116 millones por las contraprestaciones.
Finalmente, también aprobó las acciones legales por las supuestas irregularidades en todos esos convenios y contratos con Telra.
La revisión hecha por este equipo a las actas de sesiones del Consejo de Administración entre marzo de 2015 –cuando se ratificó el primer contrato con Telra– y agosto de 2017 –cuando se palomeó la indemnización por la terminación de la relación con la empresa– constató que al menos nueve consejeros participaron en todas las sesiones en las que se discutió este caso.
Los consejeros son: Filemón Primitivo Arcos Suárez, Marco Antonio Bazarte Maya, José Carlos Torres García, Arturo Contreras Cuevas, Abelardo Carrillo Zavala, Armando Vera López, Ricardo Navarro Benítez, Eduardo Vázquez Martínez y Óscar Ernesto Vela Treviño.
El Consejo de Administración avaló el convenio y otorgó la exclusividad para operar el Programa de Movilidad Hipotecaria con todas las concesiones y acceso a datos. Luego aprobó la supuesta inviabilidad jurídica del mismo PMH de Telra y el contrato de indemnización que, más tarde, sería objeto de denuncia por un supuesto fraude al Infonavit.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República no investiga el rol del órgano y sus integrantes, según consta en los 28 tomos más anexos a los que los reporteros accedieron.
