Tras el escándalo en la Unidad de Inteligencia Financiera, que acabó con la dimisión de Santiago Nieto, su nuevo titular, Pablo Gómez, habla sobre el objetivo de la entidad hacendaria y el acercamiento que ésta ahora tendrá con autoridades como la Fiscalía General de la República y la FEPADE, una vez que sea ratificado por la Cámara de Diputados. Además de adelantar la revisión de los activos congelados en los bancos, refrenda su desaprobación al Instituto Nacional Electoral porque ahí, sentencia, “no comparten en absoluto los propósitos de la 4T”.
“La mejor técnica sin objetivo ni propósito político no sirve ni para arreglar una plancha”, asegura Pablo Gómez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad hacendaria responsable de investigar e impulsar políticas para prevenir la presencia de dinero sucio en los circuitos financieros de México, y que en 2018 fue señalada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por su baja efectividad ante la escasa colaboración con las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Ahora, Pablo Gómez anuncia que la cooperación con entidades del gobierno federal y con la Fiscalía General de la República (FGR) será clave para la operación de la UIF.
Aunque a finales de octubre último, en el marco de la reunión plenaria del GAFI en París, se reconoció que México ya había avanzado en las recomendaciones de la institución intergubernamental, también se advirtió que el gobierno mexicano sólo cumple parcialmente con las políticas y protocolos para prevenir, detectar y combatir el blanqueo de capitales.
Al respecto, Jorge Sánchez Tello, director del programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), centro de investigación independiente con sede en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, aseguró que en México es más fácil que se judicialice, se persiga y se castiguen delitos menores que el blanqueo de capitales, lo que constituye una seria vulnerabilidad para el Estado de derecho y las operaciones bancarias.
Los bancos y los intermediarios del sistema financiero invierten cada año millones de pesos en procesos para reportar transacciones sospechosas y relevantes a la UIF, sin que hasta ahora se tenga una sola sentencia en firme por lavado, dice Sánchez Tello.
“Resulta, entonces, que los bancos sostienen una regulación costosa para su operación sin resultados tangibles para el Estado de derecho en el país”, dijo el experto de la Fundef.
En los últimos tres sexenios, de 98% de las denuncias por lavado de dinero, sólo 2% se ha castigado, agregó.
Al respecto, el 19 de octubre pasado, Santiago Nieto aseguró que México avanzó en los informes y tipologías para identificar oportunamente los riesgos, métodos y tendencias utilizadas por el crimen organizado para lavar activos.
Revisión de activos
Gómez fue designado titular de la UIF tras la renuncia de Nieto.
Apenas el lunes 8, Nieto dimitió luego de una ola de críticas en redes sociales por la realización de su boda en Antigua, Guatemala, con 300 invitados; entre los asistentes estaba el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, a quien le incautaron 35 mil dólares en efectivo al arribar en un vuelo privado a las aduanas del país centroamericano porque no fueron declarados.
En entrevista con Proceso el miércoles 10, el nuevo titular de la UIF asegura que la mejor técnica para emitir alertas o detectar operaciones relevantes en el sistema financiero resulta inútil si no se tiene claro que el objetivo es terminar con el Estado corrupto que ha dañado la democracia.
Sobre el bloqueo de cuentas bancarias que ha realizado la unidad, Gómez dice que también revisará la situación de los activos en los bancos cuya propiedad debe acreditarse, con el propósito de proteger a los dueños legítimos o, en su caso, declarar que han sido abandonados.
Para el exlegislador y autor de libros sobre el financiamiento ilegal a campañas políticas de la organización Amigos de Fox, así como la transferencia de recursos públicos al sindicato de trabajadores de Pemex, la UIF y el gobierno de López Obrador pueden dar por sentado que en los últimos tres años se han dado los golpes más grandes en la historia contra los recursos del crimen organizado.
Gómez se refiere al operativo “Agave Azul” que, junto con el Centro Nacional de Inteligencia, la Sedena y la Secretaría de Marina, permitió trabajar con la agencia antidrogas de Estados Unidos en el rastreo de recursos de empresas vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
La UIF bloqueó cuentas de mil 939 sujetos, 167 empresas y dos fideicomisos. En la UIF se analizaron 2 mil 571 operaciones “inusuales” por un total de 2 mil 951 millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes de operaciones “relevantes” por 11 mil 478 millones de pesos en la Ciudad de México y en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Baja California, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro, Colima y Nuevo León.
Sin embargo, al revisarse el procedimiento jurídico y tras los amparos solicitados por los señalados, la UIF tuvo que descongelar cuentas bancarias de municipios de Jalisco, así como de algunas empresas que interpusieron recursos de suspensión contra la medida.
La UIF ha descalificado ahora la actuación de los jueces que han dictado esas medidas.
Pese a la protección de la justicia concedida a los señalados, Gómez destaca dicha operación como un hecho inédito en la lucha contra la delincuencia organizada.
Lucha limitada
La gestión de Nieto al frente de la UIF se inició en septiembre de 2018, unos meses antes de que el GAFI señalara que si bien la UIF funcionaba y producía una “buena inteligencia financiera”, el volumen de esa información que se entregaba y comunicaba a la entonces PGR era limitada, lo que dio lugar a un bajo número de investigaciones financieras.
En México –concluyó el GAFI a finales de 2018– el lavado de activos no era investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso.
Cuando Nieto llegó a la UIF, se advirtió que las autoridades de la PGR perseguían a la delincuencia organizada o al tráfico de drogas sin una prioridad y método relacionado con la detección del blanqueo de capitales. Por ello, explicaron, la cantidad de acciones penales y condenas por casos era muy baja.
Tres años después de la llegada de Nieto, la judicialización e impulso procesal para lograr sentencias por lavado de dinero no ha mejorado, pese a la gran difusión mediática y de las acciones impulsadas por esa unidad para bloquear cuentas bancarias. Una ola de amparos fue la respuesta a la decisión de la UIF de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un incremento en el bloqueo de fondos en cuentas en instituciones financieras, especialmente bancos.
Uno de esos amparos fue interpuesto por Kamel Nacif luego de que la UIF logró congelar fondos por más de 800 millones de pesos.
Nacif continúa tramitando amparos para defenderse del proceso legal que la FGR sigue en su contra a instancias de la información proporcionada por la UIF.
Para subsanar esos vicios de inconstitucionalidad y fortalecer su operación, en la Cámara de Diputados y en el Senado se han presentado iniciativas para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Los afectados por el bloqueo de cuentas promovido por la UIF bajo la conducción de Nieto han argumentado ante el Poder Judicial que la unidad excede las facultades previstas en el decreto de 2004 que le dio origen durante el gobierno de Vicente Fox.
Nieto congeló e intervino cuentas pese a que una jurisprudencia declaró inconstitucional esta acción por no concederse el derecho de audiencia. El entonces titular de la UIF dijo, en entrevista con Proceso en agosto de 2020, que el exministro Manuel Medina Mora operó esta interpretación respecto al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, justo unos meses antes de renunciar ante las investigaciones que la UIF realizaba sobre sus cuentas y patrimonio.
Al cierre de 2019 y hasta agosto de 2020 la UIF reportó que había bloqueado activos por más de 5 mil 577.3 millones de pesos mientras que entre 2015 y 2018 sólo se registraron bloqueos por poco más de mil millones de pesos.
No sólo eso. Como lo marca el GAFI, la UIF impulsó la lista de personas bloqueadas y hasta agosto de 2020 sumaba 3 mil 507 nombres de personas físicas y morales, tres veces más que el bloqueo registrado en 2015.
Para Salvador Mejía, coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y fundador de la consultoría Asimetrics, la conformación y difusión de la lista de personas bloqueadas por la UIF equivale a la prisión preventiva oficiosa porque, asegura, son usadas como instrumentos de control político en las que no se respeta el debido proceso.
Mejía asegura que al contar con el apoyo total de López Obrador, Niego hizo de la UIF “la tarea de un solo hombre, haciendo a un lado el marco institucional. Santiago no era el sistema antilavado, era un integrante más”.
Con una agenda que tuvo como prioridad las investigaciones, principalmente la que heredó de su gestión en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para el extitular de la UIF fue más sencillo seguir sus propias indagatorias que ponerse a revisar todas las alertas que emite el sistema financiero, dijo Mejía.
Próximos ajustes
El titular de la UIF reconoce la necesidad de mejorar las leyes que norman el combate al blanqueo de capitales porque ahora lo fundamental, dice, es la colaboración entre la unidad y las demás dependencias que tienen que ver en la lucha contra la corrupción o contra el poder económico de la delincuencia organizada.
De esta acción, dice Gómez, lo que se espera es un proceso más fluido, más rápido, más atento y eficaz en muchos sentidos. Por ejemplo, expone, hay una cantidad de juicios en los que la UIF ha sido denunciante, pero también hay una gran cantidad en los que la UIF, aún sin el carácter de denunciante original, ha sido coadyuvante y ha coadyuvado con todo.
La UIF, precisa, está al servicio del Ministerio Público y, entonces, debe haber un entendimiento más fluido, más rápido, más sistemático.
Lo mismo sucede, agrega, con la Secretaría de la Función Pública, con el Servicio de Administración Tributaria, con la Auditoría Superior de la Federación, con la Procuraduría Fiscal de la Federación y con todo ese entramado que tiene propósitos comunes dentro del gobierno.
“Antes cada uno hablaba su lenguaje y caminaba por su camino, ahora ya no”, asegura Gómez, líder estudiantil durante el movimiento de 1968 y crítico del rescate bancario vía el Fobaproa constituido en el Banco de México.
Sin embargo, admite, muchas veces los protocolos vigentes son viejos, por ejemplo el firmado entre la UIF y la FGR, porque se estableció cuando la fiscalía no era fiscalía, sino procuraduría, y cuando la UIF era un organismo que no estaba encaminado a la lucha contra la corrupción.
Por ello, aseguró, el convenio de colaboración con la FGR se revisará para que la UIF aporte también al marco conceptual a la lucha contra el Estado corrupto.
Gómez, quien deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, asegura que una de sus primeras decisiones en la UIF será mejorar los sistemas de cómputo, pues su capacidad ya fue rebasada por la gran cantidad de datos que manejan todos los días.
Sin embargo, insiste: “Por más técnica e infraestructura que tengamos, si no hay el propósito político de desmantelar al Estado corrupto, de combatir al poder económico de la delincuencia organizada, no vamos a ir a ningún lado.
“Si la técnica fuera la respuesta para estos problemas pues ya no habría corrupción ni delincuencia organizada; con la pura técnica tendríamos”, dice el también catedrático de la UNAM.
Señalamientos
Gómez arremete contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y se pregunta cuál ha sido su función para detectar dinero ilícito para la compra de votos o el pago de campañas políticas.
“El INE está en manos de personas que no comparten en absoluto los propósitos de la 4T”, asegura.
“El INE es un completo fracaso en la lucha contra la compra de votos. Nunca pudo… ya no digamos impedir, sino disminuir la participación ilícita de entidades financieras. Amigos de Fox lo realizó ante los ojos de mucha gente, de todo mundo, y el IFE, entonces, resolvió que la queja era improcedente, infundada.”
Recuerda que tuvieron que pasar más de 18 meses para que en tribunales se lograra que el asunto se volviera a examinar; hubo una multa de 300 millones contra el PAN, con los Amigos de Fox; Fox era presidente. Por ello, asegura, ahora la UIF colaborará con la FEPADE de manera decidida.
Gómez reconoce que trabajar en la UIF no será una tarea sencilla. Revela que se reunió con el personal del área y confirmó que cada uno de ellos debe tener “comportamientos muy depurados, libres de toda sospecha”. Sin embargo, el titular de la UIF asegura que no habrá un desmantelamiento ni del personal ni de los procesos en la UIF. Quienes piensan ello, señala, “ya lo verán, no será así”.
