Documentos que la Sedena desclasificó del caso Iguala, por órdenes del presidente López Obrador, detallan que el Ejército infiltró la Normal de Ayotzinapa desde 2011, que altos mandos militares en Lomas de Sotelo fueron informados en tiempo real sobre los planes de los normalistas para secuestrar autobuses y sobre los sucesos del funesto 26 de septiembre de 2014… La apertura de esos archivos está arrojando luz sobre el papel que tuvieron los soldados.
Conforme se abren los archivos de la Sedena toma forma el papel que el Ejército tuvo antes, durante y después de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, en la cual fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que marcó la Presidencia de Enrique Peña Nieto y cuyo esclarecimiento se mantiene como una de las promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La desclasificación de los registros confirma que, tres años antes de la funesta noche, las actividades de los normalistas eran vigiladas por todas las agencias gubernamentales de inteligencia.
De manera particular, el sistema de inteligencia militar, coordinado desde el Centro Militar de Información, de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, recurrió a la infiltración de su personal vía alumnos “fachada”, para informar a los altos mandos militares de Lomas de Sotelo lo que ocurría dentro y fuera de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, icónica escuela por ser cuna de guerrilleros como Lucio Cabañas.
Con la apertura de los archivos, ordenada por López Obrador hace año y medio, se sabe que unos días antes de la tragedia de Iguala, personal militar adscrito a los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), pertenecientes al Pelotón de Información de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, dio cuenta de las actividades programadas por los estudiantes.
De acuerdo con la información a la que Proceso accedió, el 22 de septiembre de 2014, con datos recabados de uno de esos elementos, desde Chilpancingo se notificó a la Sección Segunda de Inteligencia Militar, en la central de Lomas de Sotelo, sobre las actividades acordadas por el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para acudir a la manifestación por el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
En el informe se relata que entre los acuerdos que se cumplirían esa semana se incluía la “retención” de 15 autobuses de pasajeros de las empresas Estrella de Oro y Estrella Blanca, para desplazarse a la Ciudad de México.
Con la información del OBI infiltrado entre el alumnado de la escuela normal rural, se reporta que ese mismo 22 de septiembre, a las 09:40 horas, unos 40 jóvenes abordaron el autobús 1544 de la empresa Estrella de Oro, con rumbo a la comunidad de Buenos Aires, municipio de Atoyac, para recabar dinero, vía boteo, así como para “extraer” diesel de los vehículos que circulaban por esa vialidad.
La vigilancia cercana que el sistema de inteligencia militar tenía sobre la normal de Ayotzinapa y sus alumnos se revela en un registro del 29 de septiembre de 2014, días después de la trágica noche de Iguala, en el cual se advierte a la superioridad de Lomas de Sotelo que uno de los OBI adscritos a la comandancia de Chilpancingo se encontraba en la lista de los estudiantes desaparecidos, que en un principio se cifró en 57.
Según el reporte, el OBI se habría comunicado con sus superiores el 27 de septiembre, pero no volvió a hacerlo porque participó en las protestas para reclamar la presentación de los desaparecidos, por lo que el 28 de septiembre se contactó a la madre del soldado infiltrado, quien sostuvo que alumnos la invitaron a sumarse a las manifestaciones y le informaron que su hijo estaba bien.
Esa información se corroboró con el testimonio de otro OBI que estaba en la cabecera de Tixtla, y quien supuestamente vio al infiltrado entrar a la escuela normal el 28 de septiembre, pero no lo vio salir.
Con esta última afirmación desde el mando castrense de Chilpancingo se planteó la hipótesis de que los estudiantes desaparecidos en realidad estarían dentro de la normal rural.
Apertura
La difusión de la infiltración militar como un elemento clave en el caso Ayotzinapa, no es nueva. En junio de 2015, en respuesta a una solicitud de información presentada por este semanario, la Sedena confirmó que uno de los 43 estudiantes de la normal desaparecidos era un militar activo, pero clasificó su nombre como “confidencial”, aunque se tenía evidencia de que se trataba de Julio César López Patoltzin, nombre que el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, confirmó meses más tarde en una entrevista televisiva, sin admitir la infiltración (Proceso 2006 y 2032).
Ante el continuo reclamo de los padres de los jóvenes desaparecidos, así como de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por la desatención de los miembros de la Sedena –al decreto presidencial por el que se crea la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa–, López Obrador tuvo que golpear la mesa de trabajo y ordenar al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, abrir sin límites los archivos militares.
La desclasificación de los archivos castrenses del caso Ayotzinapa ha confirmado que los estudiantes eran blanco de vigilancia constante, y ahora se sabe que eso ocurría desde 2011, año en el cual dos normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, que habían tomado junto con otros más la Autopista del Sol, murieron por impactos de arma de fuego al enfrentarse a policías federales y estatales durante el desalojo de la vialidad, el 12 de diciembre.
Objetivos de riesgo
Por el seguimiento permanente a los estudiantes, del que también participaban –además de los OBI– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el C-4, se sabía que los normalistas tuvieron actividades en municipios de la región norte de Guerrero, destacando su asistencia a las manifestaciones por el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en junio de ese año y atribuido al entonces alcalde José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda.
En los informes castrenses y de corporaciones civiles se advierte la presencia de los estudiantes, por lo menos desde el 17 de septiembre de 2014, para hacerse de provisiones de alimentos y combustible, secuestrando para ello una pipa de diesel.
El Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), publicado en noviembre de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basado en los informes que realizó el GIEI entre 2015 y 2016, y la supervisión de la investigación para localizar a los estudiantes, alerta sobre la vigilancia hacia ese grupo de ciudadanos.
El documento retoma una declaración ministerial que hizo quien fungía como comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, quien ante cuestionamientos del seguimiento que se daba a los jóvenes argumentó que estaba fundamentada en el reglamento castrense que da facultades al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de “garantizar la seguridad interior”, estar al tanto de acciones que “pudieran derivar en conflictos o disturbios sociales” y la protección del mismo personal militar.
Expuso que “la única finalidad de conocer sus actividades” era precisamente evitar a los jóvenes de Ayotzinapa, “puesto que es a las autoridades de seguridad pública, ya sea municipal, estatal o federal, a quienes corresponde controlar las alteraciones del orden público y los disturbios sociales y, en su caso, adoptar medidas que estimen convenientes”.
Para cerrar el tema sobre la vigilancia permanente a los jóvenes, el informe del MESA incluye un extracto de un Mensaje Formato Cifrado Arcano del 30 de septiembre, en el que se instruye al personal militar “evitar el tránsito por los lugares donde el citado grupo de normalistas realiza actividades, con el objetivo de evitar confrontaciones” y, con ello, prevenir “que se afecte la buena imagen del instituto armado”.
En ese documento se advierte cuál era la consideración que tenía o tiene el Ejercito de los normalistas de Ayotzinapa: “Elementos (que) buscan la confrontación con autoridades a través de la provocación sistemática”.
Transcripciones
La apertura de los expedientes militares para el caso Ayotzinapa confirma que el Ejército tiene información valiosa para esclarecer el destino de los jóvenes y sobre el mapa criminal que existía en el momento de la desaparición forzada, y que se la guardó durante siete años.
Al menos es lo que se advierte de los documentos militares que el presidente ordenó exponer públicamente al subsecretario de Derechos Humanos y coordinador de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, el 1 de octubre último.
Los registros militares –que según el subsecretario forman parte de un cúmulo de 18 mil documentos que la Sedena ha entregado sobre el caso Ayotzinapa– fueron presentados en la página de la Secretaría de Gobernación, sin contexto ni más presentación que atender las órdenes presidenciales, luego de que en la víspera una periodista cuestionó a López Obrador por la falta de transparencia de la Fiscalía General de la República (FGR) por entregar totalmente testadas 44 declaraciones de militares del 27 Batallón de Infantería.
La misma información fue entregada a los padres de los normalistas desaparecidos en la reunión que sostuvieron con el presidente el 24 de septiembre pasado, en la que las autoridades presentes, tanto de la FGR como el mismo Encinas, solicitaron discreción por ser parte de la indagatoria.
Las dos fojas que la Sedena dio a la Covaj están identificadas con las iniciales del Estado Mayor de la Defensa Nacional y del Centro Militar de Información, con el número de referencia 14-04885, y las fojas corresponden al “Párrafo A” del 26 de septiembre de 2014 y al “Párrafo B” del 4 de octubre del mismo año, en las que se transcriben mensajes de texto entre supuestos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y las policías municipal y ministerial, sin que se precise la manera mediante la cual se obtuvieron esas conversaciones.
En el “Párrafo A” la transcripción se refiere a una “conversación de interés (mensajes de texto) entre Francisco Salgado Valladares, 2/o comandante de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, y gente de confianza de Felipe Flores Vázquez, director de Seguridad Pública de Iguala, con Gilberto ‘N’ (a) ‘Gil’, jefe regional de Guerreros Unidos en Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Cocula, Zacacoyuca, Buenavista, Taxco, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Cuetzalan del Progreso”.
Sin embargo, en los diálogos se identifica como “Ignacio” a quien supuestamente sería Francisco Salgado Valladares, y como “Gil”, a quien en los medios se atribuye ser Gildardo López Astudillo, considerado uno de los líderes de la organización criminal y testigo colaborador de la FGR, quien reveló información para localizar los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula.
El texto revela que la misma noche del 26 de septiembre el Ejército tuvo información sobre dos grupos de personas: uno de 21 que salió en un autobús y otro que estaba integrado por 17 más “en la cueva”, es decir, detenidos, que serían enviados a “la brecha de los lobos”.
En tanto, “Gil” ordenaba enviar a los jóvenes a Pueblo Viejo, donde tenía “unas camas para aterrizarlos”, mientras que “Ignacio” pide que envíe “gente suficiente” al punto de encuentro y alerta que tiene “a 17 todavía en la cueva”.
La hoja correspondiente al “Párrafo B” se refiere a la “conversación de interés (mensajes de texto) entre Alejandro Palacios (a) Cholo Palacios y Ramón, policía de Tepecoacuilco, Guerrero”, realizada en octubre y relacionada con el hallazgo de una fosa clandestina en Pueblo Viejo, así como la petición de un policía ministerial a “Ramón” para que lo contacte con “Gil” con la finalidad de que “les soltaran unque (sic) sea 10 como estubieran (sic) para calmar un poco”.
Misión no cumplida
Entre los reportes que obtuvo la Sección 2 de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional en Lomas de Sotelo, durante los días subsecuentes a la desaparición de los jóvenes, destacan transcripciones de narcomantas en las cuales se hace mención de los integrantes de Guerreros Unidos y de alcaldes de la región norte del estado; y también se señalan algunos análisis de comunicados del Ejército Popular Revolucionario reaccionando a los hechos.
También hay transcripciones de conversaciones telefónicas de agentes ministeriales que hacen referencia a lugares en los cuales se podría buscar a los normalistas, así como al presunto involucramiento de colegas suyos desplegados en municipios aledaños en Guerrero y Estado de México; también existen denuncias ciudadanas sobre lugares donde podrían estar los jóvenes, así como órdenes a elementos OBI y de tropa para realizar búsquedas en Mezcala, Carrizalillo, Acatlán del Río y Amatitlán, comunidades ubicadas en los municipios de Eduardo Neri y Heliodoro Castillo.
La desclasificación de los archivos militares relacionados con el caso Ayotzinapa, siete años después de los hechos y tres después de creada la Covaj, da vigencia a las observaciones de la “Evaluación Técnico Jurídica practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015”, la averiguación abierta por el caso Ayotzinapa, auditoría de más de mil fojas que hicieron integrantes de la Visitaduría General de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), coordinados por César Alejandro Chávez, al que tuvo acceso Proceso en noviembre de 2016.
Para los visitadores de la entonces PGR, que no tenían idea del cúmulo de información que la Sedena poseía, “la conducta omisa desplegada por el personal militar del 27 Batallón de Infantería tuvo consecuencias fatales para los estudiantes de Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo (…) La probable responsabilidad de la actuación de los elementos del Batallón de Infantería debe ser sujeta a investigación, si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente con la obligación de proteger ciudadanos, y si infringieron algún dispositivo previsto en la legislación penal” (Proceso 2091).
