Larga es la cauda de dislates del morenista Jaime Bonilla, quien en sólo dos años de gestión deja una deuda superior a 41 mil millones de pesos. Lo sustituirá su correligionaria Marina del Pilar Ávila Olmeda, de meteórica trayectoria política, quien, entre sus principales colaboradores, incluye a gente cercana a su cónyuge, Carlos Torres, aquel panista que en 2019 maniobró, sin éxito, para que Bonilla ampliara su gestión a cinco años.
MEXICALI, BC.– Desatinos jurídicos, violaciones a la Constitución, “decretazos” de competencia federal, un pasivo que, en dos años, casi triplica al de su antecesor, un déficit de al menos 3 mil millones de pesos y problemas de inseguridad –que ubican a Tijuana entre las ciudades más violentas del país y a Mexicali estrenándose en cobros de piso y secuestros– es el balance que deja Jaime Bonilla Valdez en Baja California.
Todo eso en sólo dos años que gobernó el morenista. Su relevó, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de meteórica carrera política, tomará posesión este 1 de noviembre y adelanta que tendrá tres colaboradores clave: Marco Moreno Mexia, especialista en reestructuración de deuda e inversiones; Kurt Honold Morales, cercano al polémico propietario de casinos Jorge Hank Rhon; y Ricardo Iván Carpio Sánchez.
El primero, quien fungirá como secretario de Hacienda y Crédito Público, recibe una entidad con apenas 100 millones de pesos en caja. El segundo estará al frente de la Secretaría de Economía, desde donde intentará reactivar la de la entidad. Tiene sobrada experiencia comercial pues fue director de Grupo Caliente de Hank Rhon de 1991 a 2000, además de haber sido suplente del empresario cuando éste fue alcalde de Tijuana. El tercero será titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hay un cuarto personaje: Alfredo Álvarez Cárdenas, quien, según anunció la mandataria entrante, será su coordinador de gabinete. Álvarez Cárdenas fue cercano al otrora poderoso presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías Azar, entre 2007 y 2017. Ambos formaron parte del gobierno de Guerrero cuando lo encabezó el priista José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, Elías Azar fue enviado como embajador a Holanda; se llevó como agregado diplomático para asuntos económicos y legales a Álvarez Cárdenas.
Hoy Elías Azar es acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La dependencia encabezada por Santiago Nieto lo denunció el 7 de enero pasado ante la Fiscalía General de la República por el cobro anual de 78 millones de pesos –cuya legal procedencia aún no se justifica– en rentas de bienes.
Acabó con el panismo…
y lo superó
Jaime Bonilla Valdez acabó con 30 años de gobiernos panistas en Baja California. En 2019 el bono democrático de Andrés Manuel López Obrador le alcanzó para ganar las elecciones. Y cuando asumió, declaró que recibió de su predecesor, Francisco Kiko Vega de Lamadrid, las arcas vacías y una deuda estimada por la Auditoría Superior de la Federación en 15 mil 177 millones de pesos.
Dos años después Bonilla deja una deuda que asciende a 41 mil 306 millones 531 mil 569 pesos, de acuerdo con los análisis financieros hechos por la agrupación independiente Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC), “que incluye los tres poderes, órganos autónomos y entidades paraestatales” al 30 de junio de 2021.
El déficit de Vega fue de 2 mil 83.5 millones de pesos. Según el ObserBC, el del bonillismo es de 3 mil 240.75 millones; las cifras se calcularon a partir de los informes oficiales del gobierno estatal.
En su primera entrevista a los medios, Moreno Mexia reveló a la reportera Julieta Aragón: “Los recursos de libre disposición que estimamos se tendrán el 1 de noviembre serán de una cantidad menor de 100 millones de pesos”.
A diferencia de ObserBC, el funcionario estimó un pasivo de 30 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto que se pretende para el año próximo.
Durante su administración, Bonilla tuvo tres secretarios de Hacienda; los resultados no fueron halagüeños para los principales municipios del estado, pues les retuvo las participaciones federales.
Los gobiernos de los estados deben entregar a los ayuntamientos las participaciones federales a más tardar cinco días después de recibirlas de la hacienda federal. Así lo establecen los artículos 1, 2, 2-A, 3B, 4, 4-A, 6 y 7 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; los 3. 4, 4 Bis, 5, 6, 7, 7 Bis, 8 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal del estado; el 85 de la Constitución Local y el 1 y 11 quáter de la Ley de Hacienda Municipal del estado de Baja California.
Así se lo hizo saber a Bonilla la nueva presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, afín a la gobernadora Ávila Olmeda, el pasado viernes 1, cuando le demandó al mandatario saliente “el pago inmediato” del adeudo.
Los números del ayuntamiento de Mexicali detallan que, al viernes 1, el gobierno estatal se había quedado con 513 millones 38 mil 750 pesos, de los cuales 116 mil 582 mil 753 corresponden a 2019.
Y aun cuando ese dinero se lo quedó la administración del panista Vega de Lamadrid, la norma indica que el compromiso debe saldarlo el gobierno estatal como ente y no una persona. Pero Bonilla no lo hizo, pese a que recibió de la federación 396 millones 455 mil 967 pesos. A ambas cifras hay que sumar los intereses por 49 millones de pesos, en números cerrados, que se generaron.
Bustamante le recuerda a Bonilla que él recibió oportunamente las participaciones federales, por lo que tiene “la obligación” de entregarlas en los siguientes cinco días para no seguir afectando a la población. Y le solicita “el pago inmediato… incluyendo los intereses”.
Al municipio de Tijuana, el mandatario le retuvo mil 346.4 millones de pesos; al de Ensenada, otros 27 millones. Tres días antes de concluir su mandato, Bonilla liquidó el dinero de ambos municipios. En el caso de Mexicali, le entregó 263.8 millones de pesos correspondientes a 2021, pero no incluyó los intereses ni el adeudo de 2019. Debe recordarse que Bonilla asumió la gubernatura el 1 de noviembre de ese año.
Yerros financieros
El manejo errático de las finanzas por parte del gobierno estatal lo llevó a pedir “prestado” a los ayuntamientos. En julio pasado le solicitó a Tijuana un “préstamo temporal” de 385 millones, pero el cabildo no lo autorizó; a Playas de Rosarito le pidió 34 millones y obtuvo la anuencia del cabildo; y a Mexicali otros 180 millones, que la entonces presidenta municipal sustituta, Guadalupe Mora, autorizó sin consultar al cabildo.
El día 12 de ese mes, el secretario de Hacienda bonillista, Adalberto González Higuera, justificó así los préstamos solicitados: “Se tienen que liquidar todos los cortos plazos y no es más que una situación de flujos, que se tenga flujo para pagar lo esencial”.
Uno de ellos, dijo, es el pago semanal de 160 millones de pesos al magisterio, “esa es la razón por la que se está haciendo”; y añadió: julio es el mes “difícil de la administración de Jaime Bonilla”. Y los municipios terminaron por pagar las obligaciones del estado.
Poco antes de que dejara el cargo, a Bonilla le cayeron los cobradores, entre ellos la Comisión Federal de Electricidad, la cual reclamó 163 millones de pesos por los recibos de agosto y septiembre.
En esos meses la dependencia suministró energía para el funcionamiento del acueducto que lleva agua del Río Colorado a los municipios de la zona Costa. Bonilla no pagó y el 1 de octubre se cortó la luz, en tanto que los ayuntamientos se abastecen de agua de la presa El Carrizo.
Política y negocios
En junio de 2019, poco después de ganar la gubernatura, Bonilla envió una iniciativa al Congreso local para modificar la ley electoral local con el propósito de que su mandato pasara de dos a cinco años.
Los entonces diputados Carlos Torres Torres y Catalino Zavala, del PAN y PT, respectivamente, votaron a favor. Y por mayoría lograron ampliar el periodo, pese a que Bonilla había sido elegido para gobernar sólo dos años.
El tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. PRI, PAN y PRD promovieron controversias constitucionales y el 11 de mayo de 2020 la Corte les dio la razón, por lo que Bonilla tuvo que admitir que su gestión sólo durara dos años.
En aquella ocasión se habló de “cañonazos” hasta por 1 millón de dólares a los diputados que votaron a favor, aunque nunca se aportaron pruebas; los legisladores del PAN que respaldaron a Bonilla, entre ellos Carlos Torres Torres, fueron expulsados del partido.
Torres se volvió clave en la vida pública de Baja California. Militó 20 años en el PAN; fue secretario de Acción Juvenil estatal de 1996 a 2000, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente nacional de ese partido.
De 2001 a 2004 ocupó la misma cartera a nivel nacional; de 2003 a 2004 fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina, que forma parte de la Organización Demócrata Cristiana de América; de 2006 a 2009 fue diputado federal por el PAN y en 2010 contendió sin éxito por la presidencia municipal de Tijuana. A partir de ese año y hasta el final del sexenio se desempeñó como director estatal de la Sedesol.
En julio de 2009 Carlos Torres contrajo nupcias con Vanessa Morrison. Su boda fue sonada en la entidad debido a que sus padrinos fueron el entonces presidente Calderón Hinojosa y su esposa, Margarita Zavala.
Diez años después, al entablar una relación de pareja con la entonces candidata a la presidencia municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, su presencia cobró peso en la entidad.
Dada la cercanía de Ávila Olmeda con Bonilla, Torres comulgó con la idea de ampliar el periodo de gobierno del morenista a cinco años. Y como diputado local impulsó los cambios legales, apoyado por otros seis legisladores del PAN.
Cuando Torres fue expulsado del partido, Bonilla lo acogió. Ávila Olmeda, entonces alcalde de Mexicali, lo nombró director del proyecto de rescate del centro histórico y, por lo mismo, del fideicomiso, el cual arrancó con 56 millones de pesos: 36 los puso el estado y 20 el ayuntamiento.
Ávila tuvo una carrera política meteórica en 2018, producto de la ola lopezobradorista. Ganó una diputación federal –en la elección local anterior había perdido bajo las siglas de Morena–, luego pidió licencia para lanzarse como candidata a la presidencia municipal de Mexicali, la cual ganó; asumió el 1 de octubre de 2019. Semanas antes contrajo matrimonio civil con Torres.
Expulsado éste del PAN, contaba ahora con el apoyo de la alcalde y del gobernador Bonilla; además tenía en sus manos el programa del rescate del centro histórico de Mexicali y la llamada chinesca. Y recurrió a sus antiguos amigos panistas.
Así, Alejandro Moreno Medina, propietario de la empresa CTMAS1, obtuvo dos de los ocho contratos del programa. El monto en conjunto fue por 1 millón 299 mil pesos.
El primer contrato, 01-AYTOMXL-OM-CTMAS1-01-20, fue para elaborar “el plan maestro conceptual de imagen urbana”; según el contrato, fue un análisis de oferta de equipamiento y servicios existentes en el polígono, además de la “identificación de infraestructura de apoyo ambientalista amigable”. Por ello le pagaron 613 mil 440 pesos.
El segundo, el 01-AYTOMXL-OM-CTMAS1-02-20, se destinó a “la contratación del proyecto para la dotación de contenidos de alto valor experiencial en la chinesca de Mexicali”; consistió en desarrollar la historia de las fiestas chinas en las calles. Por ello, Moreno cobró 682 mil 560 pesos.
Fue subsecretario de Operación Turística en Sectur en 2008, secretario de Turismo con el gobernador panista Eugenio Elorduy Walther y secretario particular de Ernesto Ruffo Appel cuando éste era gobernador, según su currículum.
Colaboradores notables
Marina del Pilar Ávila Olmeda, la nueva gobernadora no incluyó en el gabinete a los amigos de su esposo, pero sí a gente cercana al sector empresarial.
El propio Moreno Mexia, quien estará al frente de Hacienda, trabajó para la firma Deloitte y se encargó de reestructurar la deuda del ayuntamiento de Mexicali en 2019, por lo cual cobró 9 millones 873 mil 745 pesos, según el contrato o1-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-14-19. Se trató de 1% del adeudo.
Juan Manuel Hernández Niebla, un crítico de los elevados niveles de inseguridad en el estado, también formará parte del gabinete de Ávila. Será coordinador para la integración sectorial de seguridad. Hernández ha trabajado en empresas como Sony pero también fue presidente de la Coparmex entre 2010 y 2012 y entre 2016 y 2019 fue titular de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de la Coparmex, justo en el periodo en que estuvo al frente de la organización patronal Gustavo de Hoyos Walther.
Otro de los panistas sumados al gobierno marinista es Arturo Espinoza Jaramillo, nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. Antes ocupó la dirección de Obras Públicas del ayuntamiento de Mexicali, durante las administraciones de los panistas Eugenio Elorduy Walther, Víctor Hermosillo y Jaime Díaz.
