Detenido en África hace un año, el pasado 16 de octubre Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por lavado de dinero. Todo parece indicar que el empresario colombiano –que ha hecho su labor en pro del régimen de Nicolás Maduro, vetado por Washington– lavó en México más de 300 millones de dólares –en complicidad con hombres de negocios de este país–, donde, sin embargo, la investigación respectiva no avanza.
BOGOTÁ.– México es un país “clave” en el entramado de corrupción y lavado de dinero que construyó alrededor del mundo el empresario Alex Saab para el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, según una investigación de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela –no reconocida por el gobierno madurista– que será entregada a las autoridades mexicanas.
En entrevista con Proceso, el diputado venezolano Macario González, quien preside la Comisión de Contraloría de la AN, dice que, según las indagaciones de ese órgano legislativo, Saab movió en México “más de 300 millones de dólares con la complicidad de empresas y empresarios mexicanos”.
De acuerdo con González, en los próximos días entregará a la fiscalía y al gobierno de México un expediente en el que se revelan detalles de esas transacciones a fin de que esas autoridades “lleguen más a fondo en esta investigación, porque la que han hecho hasta ahora ha sido insuficiente”.
Saab, empresario colombiano que blanqueó cientos de millones de dólares del régimen venezolano en varios países mediante una red de empresas fantasma y operaciones fraudulentas, fue extraditado el pasado sábado 16 de Cabo Verde –donde su avión había hecho una escala técnica en su viaje a Irán en junio de 2020– a Estados Unidos, donde deberá responder por siete cargos de lavado de dinero.
El colombiano se convirtió, además, gracias al entramado financiero que construyó alrededor del mundo, en el principal operador del régimen de Caracas para intentar eludir las sanciones económicas que impusieron a Venezuela la Unión Europea y Estados Unidos en enero de 2019, tras desconocer, por “fraudulentos”, los comicios en los que se reeligió Maduro meses antes.
González, diputado del opositor partido Voluntad Popular, afirma que México fue el primer país en el que Saab comenzó las operaciones internacionales de blanqueo de activos provenientes del erario venezolano.
Según las investigaciones de la Comisión de Contraloría que preside el legislador, entre 2016 y 2018 Saab adquirió en México, mediante la filial mexicana de su empresa Group Grand Limited y otras compañías, al menos 12 millones de despensas conocidas como cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa de Maduro que otorga alimentos subsidiados a la población.
González dice que Saab y sus socios compraban cada despensa CLAP en México a 12 dólares en promedio y las vendían al gobierno venezolano en 42 dólares, es decir, con un sobreprecio de 30 dólares por unidad.
Ese monto, multiplicado por los 12 millones de despensas que compró la red del empresario colombiano a conocidas compañías mexicanas, arroja 360 millones de dólares en sobreprecios.
Otros dirigentes de la oposición venezolana que han investigado el caso, como el diputado Carlos Paparoni, estiman en 18 millones las despensas adquiridas por Saab en México, lo que sumaría 540 millones de dólares en sobreprecios.
Macario González plantea que una operación de esas dimensiones requiere de sobrefacturación, de expedición de factura apócrifas y “de la participación de empresas y empresarios mexicanos que actuaron en complicidad con Saab”.
Señala que, sin embargo, las investigaciones realizadas por la antigua Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México arrojan resultados “deficientes para el tamaño de los recursos que manejó esta súper red de corrupción”.
Esto, asegura, “nos revela una actitud muy opaca frente al caso Saab por parte de las autoridades mexicanas”.
¿Protección a Saab o a Maduro?
En 2018 la PGR impuso una sanción de 3 millones de dólares a 36 empresas mexicanas que vendieron alimentos a Saab, gran cantidad de ellos en mal estado o de baja calidad, lo que significa que cada una desembolsó en promedio 83 mil dólares por participar en un negocio que implicó, de acuerdo con González, “un saqueo gigantesco” al patrimonio venezolano.
“Hubo una protección de autoridades mexicanas a Saab –asegura–, y no sé si a Maduro, porque las autoridades están en la obligación de fiscalizar a las empresas que operan en su territorio, la legalidad de su dinero y las conexiones que tienen con las finanzas internacionales. Hay tratados internacionales para perseguir dinero proveniente de la corrupción o del narcotráfico, y no se han cumplido.”
En este caso, señala, “Saab se instaló en México y actuó a sus anchas, fuera de todo tipo de investigación, y son pocos los datos que el Estado mexicano ha aportado para contribuir a esclarecer este caso”.
Ninguna de las empresas mexicanas que vendieron a Saab las cajas CLAP por las que Venezuela pagó un sobreprecio fue investigada por lavado de dinero por la PGR, que en 2018 dio carpetazo al asunto con un “acuerdo reparatorio” que, además del pago de 3 millones de dólares que se destinaron a la Oficina de la ONU para los Refugiados, incluyó el compromiso de “los imputados” de no volver a comerciar con Venezuela.
Esto, pese a que la PGR señaló ese año, en un comunicado, que “este grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, ha obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios” al “adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAP, revenderlos a los venezolanos en un valor 112% mayor que el costo real”.
Según un reporte del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, entre las grandes compañías mexicanas que a través de la red de Saab vendieron alimentos al gobierno de Maduro figuran Gruma, El Sardinero, Minsa, La Moderna, Grupo Pando y Soriana, las cuales son catalogadas por esa ONG como “empresas cómplices del gobierno venezolano”.
En el informe también aparecen empresas mexicanas menos conocidas, como Rice&Beans, propiedad de Aristóteles Vaca, quien de acuerdo con Transparencia Venezuela fue cercano al presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) pues en ese sexenio “recibió alrededor de 600 contratos por un monto de 567 millones de pesos, cada uno por adjudicación directa”.
Peña Nieto mantuvo una postura crítica y distante de Maduro, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó a su toma de posesión, en diciembre de 2018, lo reconoce como gobernante legítimo y ha pedido a la comunidad internacional no intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
Macario González señala que Saab, quien además de la nacionalidad colombiana tiene pasaportes de Venezuela y de Antigua y Barbuda, “tuvo en México su centro de operaciones en el arranque de esta trama de lavado de dinero y corrupción que construyó alrededor del mundo”.
Y se pregunta cómo es posible que ningún empresario de México haya sido sancionado por los más de 300 millones de dólares que presuntamente se lavaron en ese país con el mecanismo de sobreprecios de las cajas CLAP.
Nula cooperación
La impunidad ha cobijado también, hasta ahora, al principal socio mexicano de Saab, el joven empresario Joaquín Leal, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio del año pasado y fue incluido en la Lista Clinton por estar involucrado “en una red secreta para evadir las sanciones” económicas que impuso ese país a Venezuela en 2019.
Tras la aparición de Leal y de sus socias Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García en la Lista Clinton –lo que les prohíbe hacer negocios con cualquier compañía estadunidense–, la UIF de México congeló sus cuentas y las de sus empresas, mientras que la Fiscalía los indaga por lavado de dinero.
Macario González considera que “falta mucho para tener una investigación de fondo que permita dilucidar hasta dónde llegó esta red en México y quiénes son los involucrados”.
Dice que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual desconoció “por fraudulentos” los resultados de las elecciones legislativas realizadas en diciembre pasado, en las que los candidatos de Maduro obtuvieron una holgada mayoría, presentará a México los resultados de su investigación “a manera de aporte para llegar a fondo”.
“Le vamos a dar a México elementos para que profundice, de eso se trata”, asegura el diputado, que reconoce al opositor Juan Guaidó como su presidente y como “presidente encargado” de Venezuela, al igual que medio centenar de países que rechazaron los comicios legislativos de diciembre de 2020 convocados por Maduro y que desconocen al actual parlamento oficialista.
No al carpetazo
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, dice que su principal preocupación es que la fiscalía mexicana cierre el expediente sin ninguna conclusión “y sin identificar quiénes son los responsables de los sobreprecios, cuánto se pagó de más y a quiénes se les pagó”.
Esa operación, asegura a este semanario, “fue ilícita porque significó lavado de dinero, y el Estado mexicano tiene que aclarar qué personas participaron y qué bancos aceptaron dinero de procedencia ilícita”.
Además, señala, este caso tiene también una consideración ética, pues “no sólo se hizo un fraude con dinero que necesitan los venezolanos, sino con alimentos que eran para los venezolanos, que están pasando hambre”.
En este país, dice De Freitas desde Caracas, la pobreza es de 94% y la pobreza extrema de 76%, lo que significa “que la necesidad de alimentos subsidiados es gigantesca y los sobreprecios que se pagaron en México tocan la parte más sensible de la vida de los venezolanos”.
Según investigaciones de la Asamblea Nacional opositora, de Transparencia, del colectivo de periodistas Armando.info y de la exfiscal Luisa Ortega –exiliada en Colombia y quien pidió asilo en España–, Saab es “testaferro” de Maduro y su principal operador económico en el exterior.
“México es la punta del iceberg –dice González– porque luego Saab comenzó a hacer operaciones en todo el mundo, con oro, petróleo y coltán venezolanos que traficaba a través de una red de 90 empresas de papel creadas en Turquía, Hong Kong, Irán, Singapur, Malasia y hasta Palestina”.
El periodista del colectivo Armando.info, Roberto Deniz, ha estimado que el empresario colombiano de origen libanés llegó a manejar mil 500 millones de dólares del régimen de Maduro.
Para la exfiscal Ortega, que investiga a Saab desde 2016 y divulgó sus hallazgos al salir de Venezuela, él tiene un “vínculo criminal con Maduro”.
Desde que Saab fue detenido en Cabo Verde, en junio de 2020, el gobierno venezolano desplegó una campaña para evitar su extradición a Estados Unidos, la cual incluyó su designación como “embajador plenipotenciario” de Venezuela ante la Unión Africana y su nombramiento como delegado del gobierno en las negociaciones con la oposición que se desarrollan en México.
Incluso el pasado domingo 17, un día después de la extradición de Saab, Maduro levantó a sus delegados de la mesa de diálogos en México.
Pero la idea de darle estatus diplomático para evitar que fuera enjuiciado en Estados Unidos y que se viera motivado a revelar a los organismos de seguridad de ese país los negocios de Maduro y sus tratos con países como Irán, Turquía e Irán –para rebajar su eventual condena–, no funcionó.
Marcos Tarre, profesor de estudios políticos de la Universidad Central de Venezuela, dice a este semanario que la caída de Saab es un golpe para Maduro pues “pierde a su principal testaferro y a un importante operador que se movía a nivel mundial entre los escasos aliados que le quedan a Venezuela para burlar las sanciones de Estados Unidos y generar, a través de negocios ilegales, los ingresos que desesperadamente necesita el régimen”.
El gobierno de Maduro no ha ocultado su temor de que Saab hable. En julio del año pasado, el entonces canciller venezolano Jorge Arreaza le hizo llegar una carta a Cabo Verde en la que le aseguró que, dado que poseía información “clasificada”, en caso de ser extraditado a Estados Unidos “usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información, lo que supondría un gran riesgo para nuestro país”.
Y le recordó que él tiene la obligación de mantener los más altos niveles de confidencialidad y de lealtad y debe apegarse a la ley venezolana, por lo que “cualquier violación de la ley podrá dar lugar a un proceso penal” y a sanciones “en relación con la divulgación de la información que comprometa la seguridad y la defensa de la nación”.
Saab comparecerá este 1 de noviembre en una corte federal en Miami y, según sus abogados, se declarará inocente de los cargos por lavado de dinero, lo que no cierra la posibilidad de que en el futuro acepte su culpabilidad como parte de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos.
