La corrupción –fenómeno que el presidente López Obrador denuncia como propio de los gobiernos neoliberales– invade los programas sociales que su administración considera prioritarios. Así, hasta septiembre pasado se habían acumulado 4 mil 583 denuncias por irregularidades en el uso de recursos públicos contra funcionarios de la Secretaría del Bienestar, “superdelegados” y “servidores de la Nación”. La Auditoría Superior de la Federación ya detectó en este sector un boquete financiero cercano a 900 millones de pesos.
Los programas sociales, política insignia del gobierno federal, se convirtieron en objeto central de investigaciones por un fenómeno que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye a administraciones del pasado: la corrupción.
Desde el inicio del sexenio y hasta el pasado septiembre la Secretaría de la Función Pública (SFP) había acumulado 4 mil 583 denuncias contra funcionarios de la Secretaría de Bienestar (Sebien), los coordinadores estatales de Programas de Bienestar llamados “superdelegados” y empleados públicos conocidos como “servidores de la Nación”.
Aún más: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó una serie de irregularidades y promociones de responsabilidad en el ejercicio fiscal 2019, las cuales representaron fallas estructurales e ilegalidades en el cumplimiento de disposiciones de ley, como la integración de un padrón único, la operación de los llamados “servidores de la Nación” y un boquete financiero de cerca de 900 millones de pesos que no ha sido solventado, de acuerdo con una solicitud de información realizada por Proceso a la SFP.
El asunto ha motivado ajustes en el gobierno federal; entre estos, la salida de Gabriel García Hernández de la Coordinación General de Programas de Desarrollo, estructura creada este sexenio para concentrar en la Presidencia el mando de la política social en coordinación con la Sebien.
Regaño en Palacio Nacional
El pasado 24 de junio García Hernández salió de Palacio Nacional y, a diferencia de otras ocasiones, en que solía evadir a los reporteros, aceptó una breve entrevista en la que, sin pregunta de por medio, anunció que dejaba el cargo y ocuparía su escaño en el Senado.
Ese día los coordinadores estatales de Programas de Bienestar, la estructura de representación federal cuyos titulares son conocidos como “los superdelegados”, fueron reunidos en la sede del Poder Ejecutivo con el motivo oficial de revisar el plan de vacunación, pero apenas comenzado el encuentro, López Obrador los recriminó llamándolos “inútiles” y “ambiciosos vulgares” para destacar el cúmulo de denuncias que había en contra de ellos.
Habían pasados tres días de que Irma Eréndira Sandoval Ballesteros fuera relevada en la SFP, en un incómodo episodio transmitido en video. Según las fuentes consultadas, el mandatario había recibido un informe de casos pendientes entre los que destacaban varias denuncias contra el hermano de la hoy exfuncionaria, Pablo Amilcar Sandoval, quien hasta octubre se desempeñó como “superdelegado” en Guerrero, entidad donde aspiró infructuosamente a ser candidato de Morena al gobierno.
La conducta de Pablo Amilcar había sido llevada en varias ocasiones a la conferencia “mañanera” del presidente, donde incluso se le exhibió entregando recursos de programas sociales con promoción personalizada. Ello motivó que en septiembre el mandatario pidiera públicamente que se le denunciara y se le abriera una investigación que, sin embargo, recaía justo en la dependencia a cargo de su hermana Irma Eréndira.
Desde entonces, las apariciones de Sandoval Ballesteros disminuyeron notablemente en el entorno presidencial. Eran los días de las protestas feministas por la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador por Morena pese a las acusaciones por abuso sexual. El presidente había referido de manera reiterada que era un tema político-electoral y había externado con insistencia expresiones como “nada de quitate tú porque quiero yo”.
El distanciamiento fue explícito: el 8 de marzo, cuando las funcionarias del gabinete acudieron al Salón Tesorería para reivindicar la paridad entre hombres y mujeres en el equipo presidencial y las políticas públicas con perspectiva de género, Irma Eréndira no fue llevada al presídium: le asignaron un lugar en la quinta fila del sillerío, detrás de los reporteros que cubrían la conferencia de prensa. Cuando todas las funcionarias posaron para la fotografía con el mandatario, fue notoria la forma en la que éste giró hacia su derecha, aunque después salió por el lado izquierdo del templete, evitando así el saludo a la entonces titular de la SFP.
Para ese día se acumulaban mil 879 denuncias contra operaciones de la Sebien, la mayoría respecto a los “superdelegados”, así como otras 337 contra “servidores de la Nación”; esto es un total de 2 mil 216 expedientes abiertos en la Sebien desde el inicio de la administración, que permanecían sin resolver.
Expedientes abiertos
El 24 de octubre de 2019 Irma Eréndira Sandoval compareció en la Cámara de Diputados. Ofreció un dato que en ese momento resultó escandaloso: había 12 denuncias contra “superdelegados”.
Lo dijo en los siguientes términos: “Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa, o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”.
De acuerdo con una solicitud de información (folio 0002700268321) realizada por este reportero a la SFP, entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de septiembre de este año los expedientes abiertos contra “superdelegados” y sus colaboradores sumaban mil 496… Todos sin resolver.
Debido a que los expedientes siguen en curso no se pueden conocer los detalles de los casos, pero sí las estadísticas: el gobierno de la 4T recibe cada año alrededor de 20 mil denuncias y la SFP sólo logra resolver 10%, según se desprende de los tres informes de gobierno.
El Órgano Interno de Control de la Sebien mantiene abiertos mil 683 casos por denuncias contra personal de dicha dependencia. Además, hay mil 496 expedientes abiertos contra “los superdelegados” y sus equipos de colaboradores.
Asimismo existen 444 denuncias contra “servidores de la Nación”, pero 2 mil 276 contra servidores públicos de la Sebien, sólo en lo que compete a lo que ha recibido directamente la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP.
De esos casos, 85 fueron turnados por la Presidencia a la SFP, pues en respuesta a otra solicitud de información a la Oficina de la Presidencia, fue posible saber que en 2019 remitió 19 casos, 32 denuncias más en 2020 y las mencionadas 34 hasta agosto pasado; esto es, 85 casos en que servidores de la Nación realizan denuncias y acusaciones contra superdelegados, subdelegados y superiores jerárquicos en los estados.
Y es que una de las características de las denuncias es que proceden de la propia estructura burocrática, sobre todo de la informal, como la de los “servidores de la Nación”, pero también de grupos morenistas que en al menos 20 estados han hecho públicas sus denuncias por considerar que hay corrupción, así como uso político y faccioso de las llamadas superdelegaciones.
Premios y consolaciones
En diciembre pasado Claudia Yáñez Centeno, entonces diputada federal por Morena, denunció una serie de irregularidades en la superdelegación de Colima, que encabezaba Indira Vizcaíno Silva, quien por esos días concretaba su aspiración de ser candidata en esa entidad y hoy es la gobernadora electa.
Las denuncias de Yáñez Centeno, quien finalmente dejó Morena, evidenciaron irregularidades millonarias. Por ejemplo: la superdelegación tuvo a su cargo la entrega de apoyos a 6 mil 420 personas beneficiarias del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en el municipio de Cuauhtémoc y de mil 463 en el municipio de Minatitlán.
La cuestión es que, de acuerdo con los indicadores del Inegi, en el primer municipio sólo hay 2 mil 779 adultos mayores de 65 años, mientras que en el segundo hay 668; de manera que en suma, en esos dos municipios era verificable que había 7 mil 883 beneficiarios, pero 4 mil 536 eran inexistentes. El daño patrimonial: 67.8 millones de pesos.
Ese tipo de situaciones han sido expuestas en diferentes estados por los propios morenistas y en buena medida han dado origen a cientos de denuncias que, sin embargo, quedan en nada; como en el caso de Vizcaíno, quien se convirtió en gobernadora; y cuyos denunciantes quedaron fuera del “movimiento”.
De norte a sur la problemática es sistemática y generalizada. En la revisión que la ASF hizo a la cuenta pública de 2019 –informe de auditoría número 1387-DS–, identificó que en decenas de municipios hubo más personas “censadas” que habitantes. Dos ejemplos contundentes:
En Santa María Chilchotla, Oaxaca, la superdelegación reportó seis veces más beneficiarios que habitantes; esto es, 140 mil personas beneficiarias de programas, cuando ahí viven 21 mil 469 habitantes. Mientras que en Guazapares, Chihuahua, hay 8 mil 169 habitantes, pero los “servidores de la Nación” censaron 62 mil 85 personas.
No sólo se trata del padrón hasta ahora no realizado, sino también de la forma en que se ha usado la estructura de los “servidores de la Nación”.
Por ejemplo, la ASF identificó, sólo para 2019, un monto sin aclarar por el orden de 561 millones de pesos relacionados con los “servidores de la Nación”. Las anomalías son insalvables en cuanto a disposiciones de ley y normatividad: registros fiscales que no existen o no corresponden a los nombres en la nómina, CURP duplicadas, CLABE interbancarias asociadas a varias personas; es decir, que una misma persona tiene la tarjeta con la que cobran varias.
Adicionalmente, la Sebien no pudo justificar el pago de 321 millones 90 mil pesos a los “servidores de la Nación”.
Al frente de esa estructura se encontraba Teresa Guadalupe Reyes, quien durante años fue brazo derecho de Gabriel García Hernández y se desempeñó, desde el inicio de la administración, como titular de la Unidad de Coordinación con Delegaciones de la Sebien, área desde la que coordinaba la estructura de los “servidores de la Nación”.
El informe de la ASF fue presentado el 20 de febrero. Sin embargo, pese a irregularidades en la operación de montos millonarios y a diferentes aspectos observados que recaían en su área, el 16 de marzo fue designada directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Hasta septiembre pasado, cuando se realizó la solicitud de información a la SFP para conocer el universo de casos pendientes de resolver, el gobierno no había solventado las observaciones, particularmente las relativas al Informe de Auditoría 26/2019. Esto es que, al menos entre febrero y agosto de este año, periodo en el que estuvo al frente de la dependencia Irma Eréndira Sandoval, las irregularidades observadas no fueron atendidas.
Respecto a Gabriel García Hernández, el constructor del andamiaje burocrático de la política social del sexenio, poco duró en el Senado, pues López Obrador anunció el jueves 28 que será el responsable del megaproyecto hidráulico Agua Saludable para la Laguna.
