Representantes de varias organizaciones civiles registradas como donatarias advierten que la reforma fiscal, que obstaculiza la exenciones a las donaciones filantrópicas, golpeará fuertemente a esos grupos, que de por sí estaban en crisis por la pandemia de covid-19. Desde su punto de vista, la falta de incentivo y el incremento de medidas de vigilancia desalentará a los donadores, pero la más afectada será la población vulnerable a la que el Estado no ha podido garantizar derechos como la salud, la educación y una vida libre a violencia, entre otros.
Durante nueve meses de 2020, en medio de la pandemia de covid 19, Lucía Salcedo y sus 14 compañeros activistas de Fomento a la Cultura, Arte, Promoción y Asistencia Social (Focapas), una organización sin fines de lucro, dedicaron buena parte de sus días y noches a distribuir gratuitamente en hospitales públicos implementos de seguridad para personal sanitario.
“Un empresario nos donó mascarillas, cubrebocas, overoles, cubrezapatos, respiradores, y de mayo a noviembre nos dedicamos a entregar ese material a médicos y enfermeras a quienes sus dependencias, de Ecatepec e Ixtapaluca, no les aportaban esos materiales de seguridad”, cuenta Salcedo, también coordinadora de la Red Andrómeda, a la cual se encuentran afiliadas 70 organizaciones sociales del país.
Como directora de Focapas, una de las 9 mil 354 organizaciones donatarias autorizadas –un grupo mínimo frente a las más de 40 mil que existen en México–, Salcedo también coordinó los apoyos a cientos de familias damnificadas por las inundaciones que osacionaron las lluvias en este año.
“Fuimos a colonias del Estado de México, como La Esperanza, La Teja, Los Bordos, donde autoridades municipales ni siquiera llegaron, y menos las federales; donde no tienen agua, no hay drenaje, donde muchos perdieron sus casas, y no ha entrado nadie, sólo las organizaciones de la sociedad civil”, añade.
En entrevista, la defensora dice que Focapas –dedicada además a la prevención de la violencia contra mujeres y niños– ha realizado desde hace más de 16 años su trabajo de apoyo a las comunidades más vulnerables a través del trabajo de sus 15 voluntarios y donativos de empresas y de personas físicas, que este año ya no tendrán la opción de destinar 7% de sus ingresos anuales a donativos y deducirlos de impuestos.
La miscelánea para el ejercicio fiscal 2022, aprobada en el Cámara de Diputados y en proceso de discusión o en su caso ratificación por el Senado, incluye una reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que sólo permite a las personas físicas deducir 15% del total de sus ingresos o el equivalente a 163 mil pesos, siendo deducibles los gastos médicos, seguros de vida, hipotecas, gastos funerarios, colegiaturas y transporte escolar obligatorio, entre otros.
“Nunca hemos accedido a tomar dinero del gobierno; de las personas morales lo que se toma en su mayoría son donaciones en especie, y de las personas físicas, sus donaciones económicas nos sirven como viáticos, para movernos o mover a beneficiarios.
“Dependemos en 40% de nuestros ingresos de las personas físicas, por eso la miscelánea fiscal nos va perjudicar, porque la deducción fiscal era un incentivo, porque contribuía para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, y su aportación era deducible de impuestos, y esto ya no va a pasar”, lamenta.
Lucía sostiene que la reforma fiscal de 2022 se suma a una serie de obstáculos que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha puesto a las organizaciones sociales.
En la lista de “piedritas en el camino” está la prohibición de obtener más de 50% de sus ingresos de otras formas que no sea su objeto social, bajo la amenaza de perder el registro de donataria. Otra razón para perder ese registro es no actualizar las actas constitutivas con las reformas fiscales, tal cual fueron publicadas, e ingresarlas una vez más en el Registro Público de la Propiedad, lo que implica costos de más de 15 mil pesos, “dinero que muchas organizaciones ni siquiera tenemos”, dice.
A ello se suman las amenazas de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les impondrá multas de entre 86 mil y 100 mil pesos si las organizaciones donatarias no declaran “santo y seña” de los donativos recibidos para atender eventualidades, como los sismos o la pandemia de covid-19.
“Esos montos los conozco muy bien porque, como coordinadora de Andrómeda, unas organizaciones me reportaron que les llegaron multas, cuando en sus estados ni siquiera hubo desastres por los sismos.
“A una de nuestras organizaciones le llegaron los del SAT a embargar porque no pudo pagar la multa y los compañeros les dijeron a los funcionarios: ‘Llévense los árboles que nos donaron, es lo único que tenemos’.
“No tenemos dinero, porque además a las personas morales les están poniendo muchas trabas burocráticas para donar, por ejemplo, alimentos. Ahora prefieren declararlo como merma y destruirlos que donarlos, porque si se equivocan en algún papeleo, las multas para ellos son todavía más graves que las que nos aplican a nosotros”, cuenta.
Pese a esas dificultades, Salcedo confía en que Focapas y las organizaciones asociadas a Andrómeda puedan continuar con su trabajo:
“Nos queda claro que el gobierno trae un tema personal con la filantropía ajena, con la gente, pero finalmente nosotros como sociedad civil no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir adelante; siempre lo hemos hecho prácticamente sin recursos, no nos va a espantar este gobierno”, advierte.
Grave daño y poca recaudación
Abril Rocabert, vocera de Alternativas y Capacidades, lamenta que el gobierno de López Obrador pretenda equiparar las deducciones fiscales que se realizan a través de los donativos a organizaciones civiles con las factureras, a través de las cuales se han evadido impuestos.
Al destacar que de las más de 9 mil organizaciones registradas como donatarias, unas 5 mil recibieron donativos de personas físicas y sólo unas mil 800 dependen de las donaciones para captar entre 30% y 100% de sus ingresos. Rocabert resalta que la reforma fiscal cayó como un balde de agua fría a las organizaciones civiles, después de haber pasado un año difícil por la pandemia de covid-19.
“En mayo del año pasado hicimos una encuesta a nivel nacional. Tomamos una muestra de 477 organizaciones para saber cuáles habían sido los principales efectos de la pandemia entre ellas. En ese momento no sabíamos que iba a durar tanto tiempo esta crisis, seguramente ahora la situación es mucho más grave que entonces”, dice.
De acuerdo con ese sondeo, cuatro de cada 10 organizaciones se vieron en la necesidad de recortar personal por la pandemia; 70% reportó disminución de fondos, y una de cada 10 reconoció que su operación estaba en riesgo.
Para salir adelante, tres de cada 10 organizaciones reorientaron sus programas para atender a la población objetivo, mientras que seis de cada 10 aseguraron que los gobiernos locales no habían realizado acciones para colaborar o ayudar a la sociedad civil organizada.
“La miscelánea fiscal sin duda va a meter en serios problemas a buena parte de las organizaciones, pero lo más grave es que la mayor parte de las donatarias atiende a la población más vulnerable del país, sin contar con que las instituciones sin fines de lucro aportan 1.37% al PIB nacional, emplean a más de 700 mil personas y movilizan a más de 2 millones de voluntarios”, resalta Rocabert.
Consuelo Castro, directora del Centro de Enlace y Desarrollo para las Organizaciones de la Sociedad Civil (Cenlade), advierte que en el fondo de la reforma está la intención del gobierno federal de recuperar los recursos que las personas físicas logran deducir de las donaciones, montos que resultarían muy bajos en comparación con lo que el SAT recauda anualmente.
La defensora toma como referencia los 3 billones 338.9 mil millones de pesos que el SAT reportó como recaudados en 2020. En tanto, la propia dependencia informó que “el monto total de donativos de personas físicas asciende a 10 mil 532 millones 858 mil 454 pesos, lo que representa 0.35%”.
Castro resalta que el comparativo resulta todavía más significativo si los ingresos fiscales se comparan con lo que el SAT deja de recibir por las deducciones.
De acuerdo con el informe de Renuncias Recaudatorias 2021 de la Secretaría de Hacienda, en 2020 las personas físicas declararon deducciones por diversos conceptos por 29 mil 375 millones de pesos, de los cuales mil 111 millones correspondieron a “donativos no onerosos ni remunerados”, equivalentes a 3.9% del total de recursos no captados por el SAT.
En el mismo documento Hacienda calcula que las deducciones totales de las personas físicas equivalen a 0.1123% del PIB y las exenciones fiscales por donativos a 0.0044%.
“Es muy poco lo que se deduce con respecto a lo que se recauda, no es nada en el presupuesto, pero es mucho lo que se pone en riesgo, aunado a las penurias que están pasando las organizaciones para salir a flote con la pandemia.
“Está bien que el gobierno diga a las organizaciones que no quiere que reciban donativos, pero eso ameritaría que en el paquete fiscal se viera reflejado el monto que el gobierno va a invertir en todas las obras sociales que puedan estar en riesgo, para atender a la población vulnerable y para que pueda ejercer sus derechos sociales de salud, vivienda, bienestar, etcétera”, sostiene Castro.
La directora de Cenlade destaca que la sociedad civil no está en contra de la política pública de transferir recursos económicos a la población vulnerable mediante becas y pensiones. Más bien tiene cuestionamientos.
“Para ejercer plenamente los derechos de salud se necesita mucho más que las transferencias directas. ¿El presidente quiere dar dinero directo, por ejemplo a los adultos mayores? Perfecto, ahora ¿dónde está el hospital geriátrico? ¿Quién va a brindar los servicios de cuidados? Tiene razón cuando dice que el gobierno tiene la responsabilidad de responder a todas esas necesidades; queremos ver que lo haga sin que la sociedad organizada tenga que actuar subsidiariamente. A ver cómo le hacen”, apunta Castro.
Para Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, es motivo de preocupación que la medida recaudatoria afecta “en primer lugar a las organizaciones donatarias que se dedican a la niñez, en torno a 30%, lo que representa un golpe a la niñez, sobre todo a la más pobre, que es a la que prioritariamente atienden esas organizaciones”.
Ramírez recuerda que el Coneval determinó que en la población menor de 17 años “se concentra 40% de la pobreza y 40.3% de la pobreza extrema, y en el caso de las niñas podría ser hasta 53%. Por eso “no es un buen dato” que ahora se dificulte la labor de las organizaciones que trabajan con ese grupo poblacional.
Al reconocer que los poderes Ejecutivo y Legislativo tiene las facultades para dirigir la política fiscal, Ramírez lamenta que la medida “desconozca e invisibilice” el trabajo de las organizaciones sociales.
Éste, resalta, “concentra en mucho el aporte social de voluntarias y voluntarios, que a veces representan la mitad o las tres cuartas partes de muchas organizaciones, y gracias a eso, con muy pocos recursos, con una plantilla muy chiquitita, se logran tener programas educativos de atención directa y de capacitación a servidores públicos”.
Con la expectativa de que la medida se revierta en el Senado, Ramírez concluye:
“No quisiéramos pensar que es una estrategia para estrangular a las organizaciones. Si analizas lo que le va a representar en términos de ingresos al erario, no se compara con el beneficio positivo que esos ingresos le representan a las organizaciones para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, porque lo que van a dejar de recaudar las organizaciones y que va a recaudar Hacienda no va a alcanzar a garantizar y a promover tanto los derechos como lo que hacían las organizaciones.”
