Los encuentros y desencuentros han marcado la situación obrero-patronal en Teléfonos de México desde su privatización, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Esa relación agridulce es la que ha puesto en riesgo a 22 millones de usuarios de la telefónica, pues el próximo miércoles 27 se cumple el plazo establecido por los dos emplazamientos a huelga que interpuso el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, uno por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y otro por incumplimiento de la compañía del empresario Carlos Slim en el cubrimiento de vacantes.
Desde el inicio de la privatización de Teléfonos de México (Telmex), el empresario Carlos Slim se opuso a que los trabajadores sindicalizados ocuparan un asiento en el Consejo de Administración. Esa condición impidió que el sindicato tuviera voz y voto en la compañía.
Durante el proceso de desnacionalización de la telefónica, el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, operó un crédito de Nacional Financiera en favor de los trabajadores, para que fueran accionistas de Telmex al poseer más de 315 millones de acciones “A” y “L”, el equivalente a 4.4% de la empresa en favor de más de 50 mil empleados.
Sin embargo, Slim y sus socios regatearon ese derecho a los trabajadores. La relación entre la compañía y su sindicato se ha regido a lo largo de 31 años por una serie de encuentros y desencuentros que ahora mantienen a Teléfonos de México al borde de una huelga sin precedentes, y que el miércoles 27 próximo podría dejar a 22 millones de usuarios sin servicio, impactando a cientos de miles de empresas y negocios, lo mismo que a millones de hogares.
El emplazamiento a huelga se da en el contexto de un debate público, en el cual ya participa el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la renovación del Título de Concesión de Telmex por un nuevo periodo de 30 años. En su conferencia mañanera del jueves 21, el mandatario dijo estar en favor de que Slim mantenga la concesión que opera Telmex.
Horas después, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió un comunicado en el cual aclaró que el órgano es el único encargado de regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones en México.
Empleados de Telmex, a Telcel
Como ha ocurrido en los últimos meses, el sindicato y la empresa podrían prorrogar las negociaciones en busca de un arreglo para evitar escalar un problema, que podría derivar en un conflicto político que mereciera la aplicación de la requisa, por considerar que la telefónica es vital para la seguridad nacional.
El miércoles 27 próximo se cumple el plazo establecido por los dos emplazamientos a huelga que interpuso el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), uno por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y otro por incumplimiento de la empresa Telmex en el cubrimiento de vacantes.
Esta decisión se tomó en asamblea por los telefonistas, quienes señalan que Telmex ha decidido “recortar o eliminar” sus derechos.
Con una membresía de 63 mil trabajadores, un tercio de ellos jubilados, el sindicato enfrenta la presión del IFT que, a petición de la compañía, exige que 36 mil trabajadores (18 mil activos y 18 mil jubilados) sean separados de su planta laboral para que pasen a formar parte de América Móvil y Telcel con un nuevo contrato.
La decisión del sindicato de emplazar a huelga responde a las pretensiones de dejar el tema de las jubilaciones fuera del contrato colectivo de trabajo y de dividir el sindicato en dos.
“Eso es inadmisible y lucharemos por todas las vías legales que estén a nuestro alcance”, así lo hizo saber en asamblea el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez.
En un comunicado emitido el 11 de octubre último, el sindicato anunció que “los directivos de Telmex suponen que la única alternativa para resolver la difícil situación económica de la empresa es recortar o eliminar los derechos de los telefonistas. Una vez más, el STRM aclara ante la opinión pública que nuestros salarios y prestaciones no son la causa de los resultados económicos y financieros de Teléfonos de México; es, en realidad, el producto de una regulación inequitativa, así como de las decisiones corporativas asumidas por América Móvil y el Grupo Carso en los últimos años.
“Esta circunstancia se ha agudizado porque ambos corporativos han separado de Telmex las unidades de negocio más rentables durante los últimos años, profundizando así la disminución de sus ingresos.
“Con estas acciones se busca limitar el papel de Telmex en el ámbito de las telecomunicaciones y marginar a los telefonistas de las áreas clave en el desarrollo futuro del sector, lo que expresa con toda claridad la política antisindical de América Móvil y el Grupo Carso”.
Las relaciones entre el sindicato y la telefónica entraron en una fase de confrontación a partir de los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones en 2014, mientras el Grupo Carso decidió fortalecer a las compañías América Móvil y Telcel en detrimento de Telmex.
Durante los últimos años, Telmex ha separado las unidades de negocio más rentables, profundizando así la disminución de sus ingresos.
De acuerdo con el sindicato, Carlos Slim pretende acorralar a los trabajadores para quitar la jubilación del contrato colectivo de trabajo.
El sindicato acusa que América Móvil –la joya de la corona del imperio de telecomunicaciones de Carlos Slim–, cuando adquiere una nueva empresa, la primera acción que asumen los directivos consiste en reducir los derechos de los trabajadores para eliminar su pasivo laboral, política que pretende aplicar también en Teléfonos de México y que es la razón de sus reiteradas prácticas antisindicales en varios países, así como de su negativa a firmar los Códigos de Conducta que le ha propuesto la organización internacional sindical UNI Global Union, para efecto de comprometerse a respetar los derechos de los empleados.
Slim construyó un imperio económico a partir de la adjudicación del Título de Concesión de Teléfonos de México, éste fue la base para expandir su imperio de telecomunicaciones (en América Latina y algunos países europeos) vía América Móvil.
Cuentas añejas
Desde el primer momento de la privatización, en diciembre de 1990, el sindicato de los telefonistas comenzó a sufrir una embestida por parte del Grupo Carso. Francisco Hernández Juárez, desde entonces, se refería a la venta de Telmex como “la Operación del Siglo”. Carlos Slim y su socio Juan Antonio Pérez Simón –primer director de Telmex en la era Slim– se referían a que el atraso de la telefónica se debía a la “corrupción e ineficiencia” de los antiguos directivos y la planta laboral.
Después de un proyecto de “modernización” y de contratos de “productividad” con el sindicato, al cumplir sus primeros 20 años al frente de la telefónica, Slim acumuló poder y ganancias hasta llegar a convertirse en el hombre más rico del mundo en 2010, con una fortuna calculada en 53 mil millones de dólares, desplazando al creador de Microsoft, Bill Gates, quien durante años se había apropiado del lugar número uno de la revista Forbes.
En ese proceso de acumulación el sindicato mantuvo una disputa constante con la parte patronal. Una de las primeras acciones sindicales fue negociar con Slim y sus socios un contrato colectivo; al estancarse las negociaciones, y ante el estallido de una inminente huelga, Slim y Pérez Simón recurrieron a Fidel Velázquez –el extinto poderoso líder de la Confederación de Trabajadores de México– para detener el movimiento emprendido por los telefonistas.
La negociación con Velázquez rindió frutos y se conjuró la amenaza de huelga. Desde entonces, la relación entre la empresa y el sindicato se ha desenvuelto más por diferencias que coincidencias.
El conflicto con el sindicato partió de la desconfianza de Slim con Hernández Juárez, al que calificaba como el líder consentido de Salinas. “El prototipo de dirigente que requería el proyecto salinista”.
Mientras Hernández Juárez era cuestionado por la parte patronal, Carlos Salinas lo definía como “un dirigente serio, responsable y talentoso, pero, sobre todo, capaz de comprender los nuevos tiempos en que vivimos y que, al hacerlo, protege a sus compañeros al mismo tiempo que promueve el interés general”.
Hernández Juárez había logrado que el presidente Salinas incluyera en el convenio de privatización un candado para que no hubiera despidos. Pero bajo el argumento de la “modernización” y digitalización de Telmex, vía los Centros Digitales Avanzados, se dio paso al despido de miles de trabajadores.
Así, en tanto se restringía al sindicato, Telmex obtenía resultados impresionantes. Al primer año de operaciones bajo el esquema de la privatización los resultados fueron sorprendentes, de acuerdo con el informe del primer trimestre de 1992 respecto de 1990: la utilidad real consolidada creció 77.8% real y la de operación 46.5%.
Las utilidades netas consolidadas sumaron siete billones de pesos y fueron 77.5% mayores que las de 1990. El pago de impuestos fue de cuatro billones, 18.4% más que en el ejercicio anterior. Los activos de la empresa se incrementaron de 36 billones de pesos a cerca de 39 billones.
En agosto de 1993 la revista Fortune clasificó a Teléfonos de México como la segunda empresa de servicios más rentable del mundo, con ganancias de 2 mil 600 millones de dólares durante 1992. Esa cifra sólo había sido superada por otra compañía de telecomunicaciones, la estadounidense AT&T; 31 años después Carlos Slim mantiene a Telmex como una empresa parcialmente desmantelada en detrimento de sus trabajadores y en favor de América Móvil y Telcel.
Reclamo sindical
En su más reciente asamblea, los trabajadores aglutinados en torno al sindicato de telefonistas exigen que se cumplan los acuerdos que se establecieron en su Título de Concesión y estipulan con toda claridad que los derechos laborales de los telefonistas deben ser respetados.
En el desplegado del 11 de octubre pasado, el sindicato señala que “hay que destacar que nuestro contrato colectivo no fue un obstáculo para la expansión y modernización aceleradas de Telmex, tras su privatización, proceso que la convirtió en la principal compañía telefónica del mundo en 2001 y que propició el enriquecimiento acelerado de su accionista mayoritario.
“Asimismo las políticas de la empresa vulneran lo dispuesto en el Artículo 18 transitorio de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual hace referencia al respeto de los derechos de los trabajadores de este sector”.
Por lo anterior, agrega el comunicado, “hemos reiterado en todo momento la disposición para construir una salida negociada que garantice la vigencia de la principal empresa nacional de telecomunicaciones, un nuevo entorno del sector que permita materializar los derechos humanos laborales de los telefonistas y los derechos de nueva generación de los mexicanos previstos en nuestra Carta Magna, entre los cuales destaca el referente al acceso de todos los mexicanos a las tecnologías de la información y la comunicación”.
