La noche del jueves 14, después de que se conociera el dictamen de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en el que establece que el colapso del 3 de mayo en la Línea 12 se debió “fundamentalmente a errores en la construcción” –con lo que se exonera a las autoridades–, Claudia Sheinbaum reiteró, en un recorrido que hizo por la calzada Ignacio Zaragoza, que su prioridad es rehabilitar la línea y atender a las víctimas. Pero éstas se quejan de que nadie las atiende. Y su abogado remata: “Están queriendo manejar una cuestión política para dejar a una persona exonerada”.
El resultado de la investigación sobre el colapso en la Línea 12 del Metro que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el jueves 14 confirma que la administración de Claudia Sheinbaum saldrá ilesa por la muerte de 26 personas y las lesiones a más de 100, así como por el daño estructural a ese sistema de transporte y la interrupción del servicio que afecta a más de 400 mil pasajeros desde hace cinco meses y medio.
El señalamiento de la fiscal Ernestina Godoy Ramos de que la causa principal son “fundamentalmente errores en la construcción” –descartando una posible falta de mantenimiento reciente– ratifica la versión que se empezó a construir con el informe preliminar de la empresa DNV México a mediados de junio, en el sentido de que los principales responsables de tragedia son la empresa Carso, de Carlos Slim, y la administración de Marcelo Ebrard, contrincante de la jefa de Gobierno por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.
Pero aun cuando el peritaje oficial emitido por Godoy Ramos favorezca a Sheinbaum, víctimas de esta tragedia desmienten a la jefa de Gobierno –quien insiste en que su prioridad “son los olvidados”–, pues aseguran que no han recibido “ni para una pastilla” por las lesiones y los daños psicológicos que padecen desde aquella noche de terror.
Y el abogado que las representa, Teófilo Benítez, insiste: la investigación estuvo mal hecha desde el principio; la fiscalía les ha negado el derecho a la carpeta de investigación y a pedir diligencias; tampoco se han llevado a cabo los dictámenes periciales para calcular los montos de la reparación del daño. Eso contradice a la propia fiscalía, que sugiere que ésta se haga mediante procesos de justicia alternativa.
Los tropiezos
El jueves 14, a las 13:04 horas, la fiscalía local informó que Godoy daría a conocer una hora más tarde el Informe de Resultados sobre la Investigación del colapso en la Línea 12 del Metro.
A las 14:40 horas la funcionaria anunció que la conferencia sería a las 16:00 horas. A las 16:05 comenzó la transmisión en las redes sociales de la institución, pero fue interrumpida porque no tenía audio.
Veinte minutos después de ese segundo tropiezo comenzó la transmisión del informe que, de por sí, ya llevaba un retraso de cuatro meses desde que lo prometió Godoy Ramos el 11 de mayo pasado. En 30 minutos se resumió la investigación que oficializó la versión que ya se sabía por los informes del 16 de junio y del 7 de septiembre de la empresa DNV México: que el colapso en la Línea “fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción”.
Casualidad o no, desde ese 11 de mayo, antes del primer mensaje de la fiscalía sobre el caso, Sheinbaum adelantó a la prensa que los peritajes de la fiscalía local y los de la empresa DNV México, “difícilmente pueden tener conclusiones distintas”.
Y así fue. Las conclusiones del informe de la fiscalía coincidieron con las del informe de DNV México en el sentido de que hubo fallas en la cantidad y colocación de los pernos Nelson en las trabes metálicas del tramo elevado, errores en las soldaduras y fusiones de los materiales, se ejercieron prácticas prohibidas en las obras y hubo deficiencias en el diseño y construcción.
“Si bien la falla que se registró el 3 de mayo de 2021 fue súbita y el diseño presenta deficiencias que ponían en duda la estabilidad a largo plazo, el colapso fue principalmente originado por los errores en su construcción que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del colapso”, según el informe.
Godoy aseguró que la investigación de la fiscalía fue “exhaustiva, profunda, apegada a la ley y basada en evidencia. Las conclusiones periciales son el trabajo de expertos acreditados, de una metodología de análisis sólida que ofrece resultados verificables”, agregó, y afirmó que “cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran”.
Y, aunque no mencionó nombres, agregó que presentaría “en unas horas, audiencias ante el Poder Judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas”.
La Línea 12 fue construida en la administración de Marcelo Ebrard en la CDMX, para ello, se creó el Proyecto Metro, a cargo de Enrique Horcasitas, quien se encargó de elaborar el diseño de la Línea.
En el caso de las personas morales –es decir las empresas–, Godoy dijo que impulsa que se llegue a un acuerdo reparatorio, “bajo la premisa de que la Justicia Alternativa puede ofrecer mejores opciones para acelerar la reparación integral de las víctimas” y que no se hagan largos procesos judiciales. Aclaró que si víctimas e imputados llegan a acuerdos y éstos se cumplen a cabalidad, se lograría “la extinción de la acción penal” contra las empresas imputadas; es decir, que no serían sancionadas.
La fiscal recordó que algunas personas morales que participaron en la construcción de la Línea 12 ya han mostrado interés por participar en la mitigación y reparación de los efectos del incidente y en la creación de un fondo que garantice la reparación integral del daño a las víctimas.
El pasado 29 de junio, al salir de Palacio Nacional tras una segunda reunión con el presidente López Obrador en menos de una semana, Slim declaró: “No cabe duda que estuvo bien hecha (la Línea), y lo que le planteé (al presidente) es que, independientemente de eso, nuestro interés es rehabilitar el tramo que hicimos”.
Hasta el cierre de edición, la fiscalía local no había informado si ya presentó las imputaciones penales anunciadas. Tampoco había reacciones públicas de Carso o Slim, ni de Ebrard o de exintegrantes del Proyecto Metro.
Los “olvidados”
La misma noche del informe de la fiscalía, Sheinbaum agregó a su agenda un recorrido a las 22:00 horas por la calzada Ignacio Zaragoza, donde aprovechó para declarar a la prensa que confiaba en esa investigación y reiterar que su prioridad es rehabilitar la línea y atender las víctimas.
Rigoberto Quiroz, uno de los usuarios del Metro afectados dice: “Yo soy un olvidado del gobierno”. Recuerda que cuando recobró la conciencia estaba en una cama del Hospital Balbuena con tres fracturas en la pierna izquierda. Hoy se apoya en una andadera ortopédica y con el riesgo de sufrir una infección en la piel porque su cuerpo rechaza la placa metálica que le colocaron.
A un mes de cumplir 30 años, prefiere no recordar aquel fatídico momento. Le tiemblan los labios sólo de pensarlo; también le pesa mencionar a Brandon Giovanni, de 12 años, quien iba con él aquella noche. Ambos regresaban de trabajar en un restaurante del tío de Rigo. El menor ahorraba dinero para comprarle un regalo del 10 de mayo a su madre, Marisol Tapia, pareja sentimental de Rigoberto, pero murió en el colapso.
“A veces sueño con el niño; sueño que lo llevo en los brazos y le digo que va a estar bien”, cuenta. Siente culpa por la muerte del menor. Siente impotencia y miedo de quedarse dormido en el día y no poder cuidar a su hijo de cinco años, por eso no lo ha visto desde hace tres meses. Dice que las pastillas le alivian el dolor, pero no los recuerdos.
Quiere ir al panteón a pedirle perdón a Brandon para calmar un poco sus pensamientos, pero le es difícil andar sólo apoyado en un pie; teme que la herida se agrave y le amputen la pierna. El olvido de las autoridades lo hace depender económicamente de sus padres y sus tíos; ellos le dan de comer y le compran sus medicinas. Ha peregrinado por varios hospitales y ha pedido ayuda para juntar unos 60 mil pesos que le cuesta una nueva operación.
Rigoberto asegura que ningún funcionario se le ha acercado para fungir como “enlace” con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), que encabeza Armando Ocampo Zambrano, y el gobierno capitalino para atender sus necesidades. Sólo pide a Sheinbaum que no se olvide de las víctimas.
Enrique Bonilla, de 57 años, asegura que tampoco ha tenido ningún “enlace” con el gobierno capitalino y denuncia: “No he recibido ayuda ni para una pastilla para el dolor de cabeza”. Aunque no tuvo heridas graves por el incidente, sufrió golpes internos que no lo dejan dormir y le causan molestias al sentarse.
Para pagar sus tratamientos médicos tuvo que vender sus herramientas de trabajo y endeudarse; también vendió sus muebles. Hoy vive con sus sobrinos y los vecinos le donan algo de despensa. “Si fuera por el gobierno, ya me hubiera muerto de hambre”, sentencia.
Enrique admite que la Ceavi organizó hace poco una “caravana médica” para atenderlo a él y a otras víctimas, pero todo quedó en promesas. “Yo creía en las autoridades, pero nos dejaron solos. Siento impotencia, desesperación, ganas de darles una bofetada por la corrupción y los malos manejos en la Línea 12”, dice.
Exige castigo para los responsables, justicia para las víctimas y la reparación integral del daño. “Que no fabriquen culpables y que no sean tapaderas de nadie”. Y se lanza contra Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Florencia Serranía, exdirectora del Metro.
“Queremos justicia, no dinero”
Teófilo Benítez, abogado de ocho de los lesionados y de familiares de fallecidos, asegura que las autoridades les han negado atención médica y psicológica a sus representados.
Dice que el comisionado Ocampo le envió un correo electrónico en el que le solicitó los números de cuenta bancaria de sus clientes para depositarles parte de la indemnización monetaria. “No queremos dinero –insiste–, queremos solución y castigo a los responsables”.
El litigante asegura que la investigación de la fiscalía local estuvo viciada desde el inicio, cuando los peritos recogieron las pertenencias de las víctimas y las almacenaron en una bodega del Ministerio Público, donde no había ningún tipo de resguardo de los indicios; hubo una completa contaminación y manipulación.
El viernes 15, en conferencia, Benítez aseguró: “Aquí están queriendo manejar una cuestión política para dejar a una persona exonerada, libre de toda culpa y que no se le persiga conforme a derecho”.
