Durante la primera sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, el pasado 7 de octubre, el gobierno de López Obrador apeló a la “reciprocidad” para pedir que, a cambio de otorgar visas a 12 agentes de la DEA, Washington permita que 12 agentes mexicanos puedan verificar desde territorio estadunidense el combate al tráfico de armas, revelaron a Proceso fuentes de la administración de Joe Biden. Sin embargo, aclararon que las delegaciones no llegaron a un acuerdo, por lo que este punto se mantiene sujeto a negociación.
Washington.- “Reciprocidad” es la palabra clave y la condición que el gobierno de México puso al de Estados Unidos para aprobar los visados de 12 agentes de la DEA a cambio de la presencia de 12 agentes mexicanos en territorio estadunidense para verificar el combate al tráfico de armas, revelan fuentes del gobierno de Joe Biden.
“Hay un impasse en las negociaciones con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de los agentes de la DEA”, explica a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia estadunidense.
A condición del anonimato, porque se trata de negociaciones en curso, el funcionario aceptó que durante la sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), el jueves 7, el tema se discutió, pero las posiciones encontradas no llevaron
a nada.
“En la reunión con sus contrapartes de México, el procurador general de Justicia, Merrick Garland, y el secretario de Estado, Antony Blinken, negociaron el asunto de la visa de los agentes de la DEA. No hubo arreglo y se determinó que se seguirá negociando”, destaca la fuente.
A consecuencia del arresto en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, el gobierno mexicano no ha autorizado las visas para los 12 agentes de la DEA, tal como lo informó el portal digital de Proceso el jueves 7, versión que fue confirmada posteriormente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El viernes 15 se cumplió un año de la aprehensión de Cienfuegos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, acusado por la DEA de narcotráfico y colusión con una fracción del Cártel de Sinaloa. Aunque fue exonerado por el Departamento de Justicia y repatriado a México, las consecuencias del caso del general están latentes e implican un alto costo para los intereses de seguridad de los estadunidenses.
“El gobierno mexicano pide que, para autorizar la visa a los agentes de la DEA, se autorice la presencia en Estados Unidos de 12 agentes de la Secretaría de Seguridad (y Protección Ciudadana) para colaborar en el combate al tráfico de armas”, expone el funcionario estadunidense.
De acuerdo con esta versión, el gobierno de López Obrador pide que los agentes mexicanos se involucren directamente en las acciones que las agencias estadunidenses realicen contra el trasiego de armas hacia México, es decir, en acciones de la DEA, el FBI, el ATF (Buró de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego), el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y el CBP (La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).
De manera más precisa, propone que los 12 agentes mexicanos estén distribuidos en la frontera con México de los estados de Arizona, California y Texas, principales rutas para el trasiego ilegal de armamentos.
“Piden que también haya un agente mexicano en Washington como parte de este paquete y que funja como canal de comunicación directa con los departamentos o secretarías de los que dependen nuestras agencias involucradas en combatir el tráfico de armas”, apunta el
funcionario.
Consultada por Proceso, la SRE confirmó por medio de un correo electrónico la información proporcionada por las fuentes del Departamento de Justicia. “Es correcto y esperamos llegar a una solución viable y en beneficio para los intereses de seguridad de ambos países”, apuntó la cancillería.
“Reciprocidad”
Debido a que la SRE se ha negado a aprobar la visa de 12 agentes de la DEA, esta dependencia tiene en estos momentos a 42 agentes operando en México; esta cifra era la que se había autorizado a Estados Unidos hasta antes de 2006. A finales de ese año, el entonces presidente Vicente Fox autorizó el ingreso de otros 12 agentes de la DEA para con ello sumar 54 que se desplegaron en varios estados del país.
El caso Cienfuegos coincidió con el hecho de que 12 de los 54 agentes de la DEA abandonaron México, algunos porque se jubilaron, otros porque fueron asignados a otro país y otros más porque regresaron a Estados Unidos. Washington solicitó a la SRE que aprobara los visados para sus reemplazos.
“Quedaron paradas desde lo del general Cienfuegos Zepeda y su aprobación dependerá de lo que acordemos con el gobierno de Estados Unidos en el DANS”, declaró el jueves 7 a este semanario un alto funcionario de la SRE.
La reciprocidad que exige López Obrador a Biden como requisito para aprobar las visas a la docena de agentes de la DEA no se limita al tema de permitir la presencia en Estados Unidos del mismo número de agentes mexicanos para el asunto del tráfico de armas. En la conversación con el alto funcionario de la SRE reportada en el portal de Proceso, éste agrega que el gobierno de AMLO también quiere que haya un fallo sobre la extradición a México del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte Jáquez.
El gobierno mexicano señala que en lo que va del sexenio de López Obrador ha entregado a Estados Unidos a 34 presuntos delincuentes acusados de diversos delitos federales y solicitados en extradición; se queja de que Estados Unidos, por el contrario, no responde con reciprocidad a pedidos de entrega de imputados de la talla de Duarte Jáquez, acusado de malversar miles de millones de pesos.
El funcionario del Departamento de Justicia acepta que existe tal petición. Dice que la extradición del exgobernador de Chihuahua quedó por definirse desde enero pasado en la Corte Federal del Distrito Sur del estado de La Florida.
“Es un asunto que depende de una Corte Federal, no podemos intervenir, pero quedamos con el gobierno mexicano que investigaríamos para saber la razón del atraso en la emisión del fallo final”, comenta.
En el DANS y como parte del Entendimiento Bicentenario –mecanismo de cooperación binacional en materia de seguridad y combate al crimen organizado trasnacional que reemplazó a la Iniciativa Mérida–, existe el apartado de “reciprocidad” que México reclama a Biden.
El Departamento de Justicia a cargo de Garland no ve muchas complicaciones en que “pronto” se resuelva el atolladero del visado de los 12 agentes de la DEA, pero se muestra renuente a decir que eso implicará la aceptación de la docena de agentes mexicanos en Estados Unidos.
Espionaje
Tras el caso Cienfuegos, el gobierno de López Obrador modificó las leyes del país para acotar las operaciones de agentes extranjeros en México. Los agentes de la DEA, por ejemplo, entregan cada mes a la SRE un informe en el que detallan sus actividades y movimientos en territorio mexicano.
Fechado el 26 de octubre de 1992, el documento “Reglas Específicas para Normar las Actividades de los Agentes y Técnicos Especializados de la DEA” define las normas a las que supuestamente debían sujetarse los agentes estadunidenses desplegados en México. “Los agentes y personal técnico especializado de la DEA será de un máximo de 39 elementos con calidad de agentes y 32 administrativos o técnicos especializados”, dice el documento oficial de 13 páginas.
Desde ese octubre de 1992 la función y distribución de los agentes de la DEA en México tenía objetivos de injerencia condicionados al avance en el combate al trasiego de drogas y a narcotraficantes, lo que nunca ocurrió.
“Este número (de agentes) se reducirá en forma gradual en la medida en que la Procuraduría General de la República incremente su infraestructura de atención al narcotráfico”, indica el documento.
Con el fin de la Iniciativa Mérida –mecanismo que oficialmente sigue vigente hasta que concluya la entrega de recursos ya aprobados por el Congreso federal estadunidense en el presupuesto fiscal de 2022, actualmente en vigor– Estados Unidos se queda sin otro manubrio de injerencia en México: el espionaje oficial que agentes estadunidenses realizaban desde la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI).
En la OBI se encontraba personal de las siguientes agencias: del Pentágono: la Agencia de Inteligencia Militar, la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Agencia Nacional de Seguridad; del Departamento de Justicia: el FBI, la DEA y el ATF; del Departamento del Tesoro: la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros; del Departamento de Seguridad Interior: Inteligencia de Guardia Costera, el Buró de Aduanas e Inmigración (ICE) y el CBP; y la CIA, que depende directamente del presidente de Estados Unidos.
En virtud del Acuerdo Bicentenario, todas estas agencias operarán en adelante bajo otro esquema. Sus agentes deberán entregar mensualmente un reporte de actividades al gobierno mexicano.
Con el argumento de que debe proteger la integridad física de sus 54 agentes, la DEA no da a conocer en qué lugares se encuentra su personal de inteligencia en la República Mexicana. No obstante, documentos oficiales obtenidos por Proceso y publicados en ediciones anteriores (números 2303 y 2310), dan cuenta de su distribución: tres en la dirección de la DEA ubicada dentro de la embajada estadunidense en Paseo de la Reforma; en el Consulado General, también en la Ciudad de México, otros14; en Guadalajara, cuatro; en Mérida, tres; en Hermosillo, cinco; en Nogales, cuatro; en Mazatlán, cinco; en Monterrey, siete; en Tijuana, cinco; en Nuevo Laredo, cuatro.
Las leyes mexicanas establecen que los agentes de la DEA únicamente deben realizar actividades de “desarrollo e intercambio de información”, así como de apoyo técnico y capacitación a sus contrapartes de México.
