Garantizar el derecho al acceso a la información pública y con ello el acceso a la verdad y la memoria, es uno de los retos y obligaciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que pueden contribuir a la “reconstrucción de la paz”, señala Julio César Bonilla, presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México y coordinador de los Órganos Garantes de Transparencia del SNT.
En entrevista, el comisionado destaca el esfuerzo del SNT y del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), en conjunto con la sociedad civil y autoridades, en la construcción del micrositio Memoria y Verdad, que incluye documentación pública y materiales elaborados por la sociedad civil y organismos internacionales sobre casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos en la historia de México.
La plataforma, anexa a la página oficial del Inai, contiene información de los casos de Acteal, Aguas Blancas, Apatzingán, Atenco, Ayotzinapa, Cadereyta, de feminicidios del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, las fosas de San Fernando, la “guerra sucia” y las masacres de Tlatelolco y de Tlatlaya.
Al destacar que la importancia del SNT se refleja en su presencia en otros sistemas, como el anticorrupción, electoral, de fiscalización y de archivos, Bonilla hace un recuento de los avances en materia de acceso a la información en casos graves de violaciones a derechos humanos y reconoce que forman parte de la lucha de la sociedad civil y de las víctimas en sus esfuerzos por acceder a la verdad.
Como sociedad, resalta, “tenemos que conocer lo que sucedió: una verdad completa, veraz, imparcial, que podamos utilizar para la reconstrucción de la paz”.
Recuerda que los materiales relacionados con violaciones graves a derechos humanos “antes no existían en el mapa democrático de este país, antes era prácticamente imposible acceder a ese tipo de información porque estaba reservada o clasificada, o bien no había voluntad del Estado”.
Bonilla Gutiérrez apunta que, en apego al derecho internacional y al mexicano, el acceso a la información pública constituye “una forma de reparación tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en su conjunto”, con un mecanismo efectivo del “derecho a saber”.
“El derecho a la verdad es considerado una respuesta del Estado sobre todo en casos de violaciones graves como las desapariciones forzadas, junto con el derecho a la justicia… no solamente el derecho a la justicia de manera formal, sino el derecho a la justicia de manera material, así como la implementación de medidas que garanticen la no repetición de estos hechos”, abunda Bonilla Gutiérrez, maestro en derecho por la UNAM.
Tras reivindicar el derecho de acceso a la información pública como un elemento vinculado con “restablecimiento de la democracia y la paz, incluso de transición como un principio eje, como una piedra de toque en la lucha contra la impunidad”, el coordinador de los Órganos Garantes de Transparencia considera que en México “no caben el secretismo, la ausencia de rendición de cuentas, la corrupción y la arbitrariedad”.
Considera “irreversible” el funcionamiento de los órganos de transparencia en el país y señala: “El derecho al acceso a información es el vínculo más amplio que engloba los derechos a la verdad y a la memoria, cuya protección está a cargo de la sociedad en su conjunto, pero los órganos autónomos somos quienes tenemos la tutela de estos dos derechos, en una mención amplificada de lo que es hoy nuestra cultura democrática, nuestro desarrollo social y nuestra cultura cada vez más participativa”.
