Pasaron cinco meses de la tragedia en la Línea 12 del Metro y la empresa encargada del peritaje aún no presenta su dictamen final, por lo que abogados de las víctimas, que preparan más demandas contra quienes resulten responsables, presumen que intenta manipular las investigaciones. Ante ese vacío, López Obrador prometió que la Línea 12 quedará rehabilitada “a más tardar en un año”; Carlos Slim se aboca a reparar el tramo dañado, “de buena fe y en forma solidaria”.
Alrededor de la investigación sobre el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro existe una maraña legal de denuncias penales y administrativas, así como de documentos de deslinde anticipados que se acumulan y hacen más lento el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que, de por sí, lleva cinco meses sin informar algún resultado de su indagatoria.
Las acciones legales las han interpuesto –no sólo en la FGJCDMX, sino en la General de la República (FGR)– los despachos de abogados de las víctimas, los de los exservidores públicos vinculados al proyecto de construcción de la llamada Línea Dorada y de las propias empresas que ejecutaron la obra.
Toda esta presión a las autoridades se da en medio del contexto político en el que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard se avizoran como precandidatos presidenciales para 2024.
A este escenario se suma la incertidumbre por el nuevo retraso –el cuarto– de la empresa DNV México en la presentación de su análisis Causa-Raíz sobre el accidente de mayo pasado. Según la petición que hizo el pasado 23 de agosto, de “dos semanas adicionales” a lo programado, debió difundir ese documento hace tres semanas.
Ante ese vacío, la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), de Carlos Slim, negó “categóricamente” su responsabilidad en la tragedia. El lunes 4 emitió un comunicado para asegurar que el accidente se debió a la falta de mantenimiento y dijo que su participación en la rehabilitación del tramo colapsado era “de buena fe y en forma solidaria”.
Cristopher Estupiñán, del despacho Carbino Legal, que hasta ahora representa a 20 lesionadas y a familiares de algunas fallecidas, recuerda que el pasado 15 de mayo se presentó una primera denuncia penal ante la FGR por los delitos de peculado y ejercicio indebido de función pública contra Marcelo Ebrard y Mario Delgado Carrillo, quien era su secretario de Finanzas cuando fue jefe de Gobierno, y contra el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
En la querella señalaron también a la entonces directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía; al subdirector de Mantenimiento, Nahum Leal Barroso; a la gerente de Obras y Mantenimiento, Alejandra Flores; al subdirector general de Operación, Alberto García, “y quien o quienes resulten responsables”.
No obstante, dice que en la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero “ni siquiera nos hablaron de vuelta para ratificar la denuncia… Lo agarraron (el caso) y lo archivaron… La FGR no se va a meter en el tema porque están queriendo tapar a Marcelo Ebrard”.
Nuevas demandas
Carbino Legal prepara otras tres demandas sobre el hecho: una penal, una civil y una administrativa. No obstante, Estupiñán explica que no las han presentado pues aún realizan dictámenes psicológicos a las víctimas para argumentar la reparación del daño. Además, intentan representar al menos a 30 víctimas para interponer una “acción colectiva” contra las constructoras. También esperan a que la FGJCDMX emita su dictamen pericial para que les dé acceso a la carpeta de investigación.
Para este despacho, el análisis de DNV es “meramente ilustrativo; no es pericial, sino una opinión técnica”. Por eso, muestra paciencia para conocer el peritaje de la autoridad. “A mí no me interesa que el peritaje salga rápido, sino que salga bien”, dice.
Y argumenta: “Creemos que la fiscalía no quiere politizar el tema, no quiere filtraciones a los medios. Ha habido otros abogados que sí han politizado el tema, que sí han usado esto para hacer señalamientos políticos muy directos contra Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y que tienen filiaciones con partidos de oposición”.
No obstante, admite: “No podemos negar la realidad política que envuelve este asunto; la jefa de Gobierno es presidenciable contra su rival Marcelo Ebrard; con una fiscal que fue colocada por ella y que, si llega a ser presidenta, Godoy puede ser la próxima fiscal general de la República. El capital político que se pueda sacar de esto, se lo van a llevar Sheinbaum y Godoy si logran traer justicia completa a las familias”.
Estupiñán advierte la dificultad de que este 2021 la autoridad llegue a un juicio oral y se pueda ver a los responsables tras las rejas. “Eso va a tardar un rato”, advierte, pero subraya: “La fiscalía ya no puede dejar pasar otro mes para sacar ese dictamen. Ya fue mucho tiempo. Ya no podemos seguir retrasando la justicia”.
El pasado 17 de mayo, Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni –quien murió en el accidente–, y el abogado Teófilo Benítez presentaron ante la Secretaría de la Contraloría General del gobierno capitalino una “Reclamación de Responsabilidad Patrimonial” en la que señalaron a Florencia Serranía y a Sheinbaum por el desplome de la trabe, el “ocultamiento sobre el paradero real” del menor; la “deficiente planeación, contratación, construcción, puesta en operación, deficiente o ausente mantenimiento” de la L12 y el daño moral ocasionado.
El 20 de mayo Tapia y el abogado vinculado con el partido político Elige, denunciaron ante la FGJCDMX a Sheinbaum y a sus antecesores Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, así como a Serranía por los mismos delitos. El 1 de junio, cinco días antes de las elecciones intermedias, replicaron su denuncia contra esos mismos funcionarios, pero ante la FGR, por los delitos de “delincuencia organizada y corrupción”. De paso, pidieron que Mario Delgado, secretario de Finanzas en el gobierno de Ebrard y actual presidente nacional de Morena, fuera citado a declarar sobre el contrato vigente de renta de los trenes de la Línea 12.
El 1 de julio Benítez anunció que interpondría una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los gobiernos de México y de la Ciudad de México por la “falta de atención” que le han dado al caso. Proceso solicitó una entrevista con él para conocer el avance de esas denuncias y la posible existencia de otras, pero no obtuvo respuesta positiva.
Acciones predictivas
Aunque la FGJCDMX no los ha llamado a declarar ni ha hecho ninguna imputación en su contra, Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, y otros 14 exfuncionarios de ese organismo ya interpusieron dos denuncias penales y una queja internacional, como parte de sus acciones predictivas.
Según su abogado, Gabriel Regino, cuando DNV México dijo en su informe preliminar que el colapso pudo ser por fallas en la construcción, los exfuncionarios se “pusieron a disposición” de la fiscalía local para atender cualquier requerimiento en su investigación, pero hasta ahora no los ha llamado ninguna autoridad. No obstante, comenzaron a investigar y hallaron irregularidades que ya denunciaron.
La primera, cuenta, es una denuncia ante la fiscalía de Ernestina Godoy contra la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por la “contratación irregular” de la empresa DNV México para hacer un peritaje independiente del hecho. Esa acción se replicó en la Contraloría General y en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
Según el experto penalista, esa dependencia no tiene facultades para contratar servicios que, por ley, le corresponden a la fiscalía local. Además, dice, la contratación se hizo en menos de 24 horas, sin licitación pública y por 26 millones de pesos, un monto mayor a los 20 millones permitidos para exentar el concurso público.
A principios de septiembre, ese despacho también denunció ante la FGR y la FGJCDMX a la agente del Ministerio Público encargada de la investigación, María de la Luz Alcántar Hertz, a la gerencia de riesgos de DNV México y a la propia DNV México por los delitos de alteración de indicios de prueba y corrupción en la procuración de justicia.
Regino acusó que esa servidora pública entregó “indebidamente” muestras del material recopilado en la “zona cero” a personal de una empresa particular, para que fueran enviadas a un laboratorio de Ohio. La denuncia también fue por la pérdida de la cadena de custodia de esas pruebas.
De hecho, en la maraña legal del caso se incluyen las denuncias que la propia DNV México hizo ante la FGR y la FGJCDMX, el 2 y 3 de septiembre pasados, respectivamente, por la violación de la cadena de custodia de ese material. Según Gabriel Regino, la entrega del material y la violación de la cadena de custodia obligan a la “nulidad de todo el debido proceso” en agravio de las víctimas. Con esos antecedentes, infiere que “DNV está manipulando la investigación”.
Una tercera acción de este despacho fue una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la “falta de imparcialidad en la investigación”, así como la violación a los derechos humanos de las víctimas y al debido proceso. “Les dijimos ¡Aguas!, ve lo que nos quieren hacer. Tenemos una administración que es juez y parte”.
El exservidor público cuestiona que el gobierno capitalino no haya hecho las correcciones técnicas necesarias, por ejemplo, los llamados “ensayos no destructivos” para evitar la tragedia, luego de que, en 2019, en el vuelo de un dron se detectaron irregularidades en el tramo que colapsó.
“La tragedia pudo evitarse”, asevera. También pone en duda que no se investigue la falta de mantenimiento de la Línea en las administraciones de Mancera y Sheinbaum.
“Le quieren echar la culpa a los pernos Nelson. ¿Y el mantenimiento? ¡En eso no se meten! No hay que olvidar que Florencia Serranía reconoció que durante 10 meses no hubo encargado de esa área, que ella misma se iba a hacer cargo. ¡Y ahí están los resultados!”, afirma.
Por último, recuerda “una inquietud” que le comentó el ingeniero Horcasitas. “Me dijo: ‘A mí me persiguieron para perjudicar al licenciado Ebrard (en 2014) y ahorita, creo que quieren hacer lo mismo’”. Y advierte: “Cuando la política entra en la investigación, la investigación deja de ser ética y la justicia brinca por la ventana”.
Carso niega responsabilidad
Aunque oficialmente CICSA, propiedad de Slim, tampoco ha sido acusada por el colapso en la Línea 12, el pasado 3 de agosto el exsecretario de Gobernación y su apoderado legal, Fernando Francisco Gómez Mont, envió a la fiscal Godoy un documento en el que negó “categóricamente” que la compañía sea responsable de la tragedia.
De 56 páginas, el documento, cuya copia tiene Proceso, argumenta que CICSA se mostró dispuesta a colaborar en la rehabilitación de la Línea “de buena fe y en forma solidaria, al llamado de las máximas autoridades políticas del país y de esta ciudad, a colaborar para superar los daños materiales consecuencia de esta tragedia” y para que los capitalinos “puedan recuperar la movilidad perdida en el menor tiempo posible”.
Sin embargo, enfatiza que “dicha disposición a colaborar no debe ser tenida ni interpretada como una admisión de responsabilidad en la causación de este lamentable evento, porque no lo es”.
CICSA critica también la validez del informe de DNV México al decir que “es parcial, precipitado y falto de técnica”, por lo que no se puede tener como dictamen ni usarse para reconstruir los hechos o establecer la teoría del caso.
En la argumentación, la cual pide que se agregue a la carpeta de investigación CI-FICUH/STCMP/UI-3 C/D/0045/05-2021, Gómez Mont acusa que en el colapso influyeron tres factores que pudieron ocasionar la fatiga en los materiales de la obra:
1) la sobrecarga a la que fueron sometidos durante los trabajos de rehabilitación entre enero y noviembre de 2015, según un estudio de Colinas de Buen. 2) los 13 sismos superiores a 6.5 grados en la escala de Richter ocurridos desde su construcción a la fecha, y por los que el Metro estaba obligado a revisar la obra y corregir daño, y 3) los hundimientos en el suelo de la zona afectada que, en algunas partes superan los dos metros de diferencia de la cota original.
CICSA afirma que antes del colapso no se habían advertido fallas de construcción y que la obra tuvo la debida supervisión y certificación de al menos cuatro empresas internacionales y el aval del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación aseguran que la fiscalía no atendió el escrito porque, aunque está bien fundamentado, la empresa no tiene ninguna calidad en la carpeta de investigación, todavía.
Antes de esa defensa de Slim, el empresario y Sheinbaum fueron vistos públicamente el 22 de junio cuando acudieron al llamado de López Obrador a Palacio Nacional. Al día siguiente, éste anunció que el magnate rehabilitaría la línea sin costo para el gobierno de la morenista.
Tres meses después, el 29 de septiembre, de gira por Tláhuac, el tabasqueño reiteró el respaldo a su pupila política al asegurar que la Línea 12 quedará rehabilitada “a más tardar en un año”.
Una semana después, sin ser anunciado en su agenda pública, Sheinbaum acudió a la inauguración del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, construido por la Fundación Slim en Ciudad Universitaria.
En ese evento agradeció la “generosidad del ingeniero Slim, no solamente reflejada en este pabellón, sino aprovecho para agradecerle personalmente todo el apoyo que ha dado durante la pandemia a la Ciudad de México; particularmente, junto con otros empresarios, en esta Unidad Temporal Citibanamex, que salvó miles y miles de vidas. Muchas gracias por esta generosidad”. Pero de la rehabilitación de la Línea 12 no hubo mención.
Ante el gesto, el dueño de Carso respondió: “A la doctora Sheinbaum, gracias por acompañarnos”. Al terminar su discurso de más de 10 minutos, se acercó a la funcionaria y ambos se dieron un beso en la mejilla y un breve abrazo.
