Los operadores de esquemas offshore de los paraísos fiscales temen las sanciones del gobierno estadunidense si se comprueba que dan servicio a quienes aparecen en su lista de narcotraficantes y terroristas, pero la opacidad consustancial a su operación hace posible que participen impunemente en triangulaciones de recursos y lavado de dinero. En la investigación Pandora Papers se encontraron varios casos de inversionistas señalados por autoridades estadunidenses como narcos y contrabandistas.
Durante por lo menos 12 años el tapatío Hassein Eduardo Figueroa Gómez operó en secreto desde el paraíso fiscal de Dubái una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que controlaba otras cinco compañías en la zona franca del puerto de Jebel Ali, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Sus acciones estaban registradas a nombre de una compañía de Nevis y tenía una empresa de las islas Turcas y Caicos como “directora de papel”.
Este esquema offshore empezó en diciembre de 2004 y duró hasta abril de 2016, cuando abogados del despacho Trident Trust, con sede en las islas, se percató de que su cliente figuraba desde 2012 en listas de narcotraficantes internacionales del gobierno de Estados Unidos junto con su padre Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, detenido en México en septiembre de 2011.
El gobierno estadunidense alega que los Figueroa encabezan una red internacional de tráfico de precursores químicos, a través de la cual han movido toneladas de efedrina y seudoefedrina desde Europa y África Subsahariana hasta México, donde las vendieron a grupos criminales para producir metanfetaminas.
El 7 de abril de 2016 Jeremy Jordan, empleado de Trident Trust, mandó un correo “urgente” a cuatro colegas del área jurídica del despacho. Indicó que el nombre de Figueroa Gómez había arrojado un “hit” en el sistema de revisión global, en la revisión rutinaria de clientes del despacho en las Islas Vírgenes Británicas.
“Tengan la amabilidad de confirmarnos si el individuo en el reporte es el mismo que el beneficiario real de la sociedad”, apremió Jordan en el correo, que forma parte de los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que Proceso y otros 149 medios revisaron en el marco de la investigación internacional Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Estos documentos filtrados provienen de 14 proveedores de servicios offshore, entre ellos Trident Trust.
Las alarmas se prendieron en las sociedades que prestaban servicio a Figueroa Gómez y su socio Rodrigo Romero Mena: desde hace por lo menos cuatro años, ambos aparecían en las actas corporativas de la estructura de un sujeto buscado en Estados Unidos por narcotráfico; sus firmas en los documentos los hacían responsables legales de presuntas operaciones de lavado de dinero.
En Pandora Papers aparece un intercambio de comunicaciones que empezó en octubre de 2015 entre los asesores de Figueroa en Dubai y sus agentes en las Islas Vírgenes Británicas, en los cuales hablaban de las operaciones de Figueroa Gómez. Por ejemplo, en enero de 2016 una empleada de Trident solicitaba agregar una “descripción clara sobre el origen de los fondos” y señalaba que “la ocupación del Sr. Gómez debe ser claramente definida”.
Todavía el 23 de marzo de 2016 Trident mandó una factura de 13 mil 250 dólares a los asesores emiratíes para pagar las cuotas de la sociedad de papel de las islas llamada Phoenix Finance Group Limited. Dos semanas después el despacho se percató que su cliente era un delincuente.
El 11 de abril de 2016, la compañía Guardian Nominees Limited, de Nevis, que aparecía como “accionista” de papel en lugar de Figueroa, transfirió todas las acciones al mexicano; el 12, la empresa Vulcan Limited, basada en el archipiélago de Turcas y Caicos, notificó su renuncia como “directora de papel” de Phoenix Finance Group Limited, y 13 días más tarde, Trident anunció a su cliente de Dubái su retiro como agente de registro. A partir de ese momento, toda la estructura, y el nombre de Figueroa Gómez, quedaban expuestos.
La sociedad de BVI controlaba las sociedades Idole Holdings Limited, Leo Developments Limited, Maestro Investments Limited, Mage Properties Limited y Push Properties Limited, registradas en 2008 en la Zona Franca de Jebel Ali, un área de 30 millones de metros cuadrados ubicada en el puerto de esa ciudad.
En abril de 2012, las autoridades de Estados Unidos señalaron algunas empresas farmacéuticas e inmobiliarias de Jalisco vinculadas con los Figueroa y sus cómplices Leopoldo Ochoa Juárez y Rodrigo Romero Mena. Seis años después, la organización de consultoría en seguridad C4ADS publicó un informe sobre lavado de dinero en Dubai, en el que detalló las actividades de los Figueroa, Ochoa y Romero. La sociedad de las Islas Vírgenes no aparecía en ninguna de las investigaciones precedentes sobre Figueroa Gómez.
El informe de C4ADS destacó sociedades de papel en Chipre y en Dubai, así como departamentos en inmuebles exclusivos de la capital de los emiratos Árabes Unidos por 4.34 millones de dólares. Uno de ellos era la Delphine Tower, ubicada en la Marina de Dubái. Los directores de papel le enviaron directamente a Figueroa Gómez, con una dirección en la unidad 201 del Delphine Tower, las cartas donde le notificaron el fin de su relación.
Piña y yuca
Los documentos muestran que Fiegueroa Gómez pudo operar impunemente en el sistema offshore durante por lo menos cuatro años después de su inclusión en la lista de narcotraficantes del gobierno de Estados Unidos.
Si bien juegan cada día al filo de la ley para esconder el dinero de sus clientes millonarios, los actores de la industria offshore temen especialmente las sanciones a las que se exponen en caso de trabajar para personas señaladas por el gobierno de Estados Unidos como narcotraficantes o terroristas. Por eso llevan a cabo revisiones regulares de sus clientes.
En 2009 el despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) realizó un monitoreo de sus clientes y encontró a nueve personas posiblemente vinculadas con actividades delictivas; entre ellos destaca el empresario Alberto Saltiel Cohen, detenido por la DEA cuatro años antes en San Diego, por tráfico de esteroides.
Entre los clientes de Alcogal aparece también el mexicano Carlos Alberto Murillo Torres, extraditado a España en diciembre pasado por su presunta responsabilidad en el tráfico de cocaína de Costa Rica al país ibérico en 2014. Las autoridades españolas afirman que los cargamentos viajaban escondidos en contenedores de piña y yuca. El hombre aparece vinculado al fideicomiso Lion Trust, de las Islas Vírgenes.
En 2018 los empresarios textileros Antonio Karam Haddad y David Rassam Baroudi fueron acusados por la entonces Procuraduría General de la República de formar parte de una red de contrabando de telas provenientes de China.
Según el Departamento de Seguridad Interna estadunidense, los textiles eran traídos a la Ciudad de México por Alejandro Escalera Cárdenas, quien confesó ante las autoridades de Estados Unidos que pagaba entre 750 mil y millón y medio de dólares por año a Los Zetas en Reynosa.
Karam y Rassam revendían en México las telas reetiquetadas en Estados Unidos. Un negocio redituable: en marzo de 2017 fundaron la sociedad de papel Ti Amo Navigation Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas, la cual era dueña legal de un yate Azimut 100 de 4 millones de dólares, con bandera de San Vicente y Granadinas.
El empresario Javier Cano Sánchez, acusado por su exesposa de abusos sexuales, amenazas de muerte y vínculos con el crimen organizado, apareció en un reportaje de CNN en diciembre de 2015 como parte de una red de contrabando de material médico en la Secretaría de Salud de Nuevo León. Cano amenazó por eso al reportero Víctor Badillo Guerrero, quien acudió al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En marzo de 2017, el empresario fundó la sociedad de papel Ahmanda Trading Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas para operar una cuenta bancaria en la filial de Morgan Stanley en Biscayne, Miami.
Espionaje ilegal
Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el uso ilegal del spyware Pegasus, operado por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su red de empresas, encabezadas por la compañía KBH Aviation, registrada en Panamá, está en la mira por el espionaje ilegal llevado a cabo desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Ejército.
KBH Aviation y otra empresa de Ansbacher, llamada BSD Hight Tech Supplies Trading, eran gestionadas en Panamá por Alcogal.
Otro vendedor de material de espionaje en México, Moisés Marcovich Katz, controló a través de Alcogal dos sociedades de Panamá, llamadas Eyetech y Shmone, SA, vinculadas a fundaciones de Suiza y Panamá. Marcovich era socio de Yaniv David Zangilevitch en Eyetech Solutions, que distribuye en México material de diversas empresas israelíes al gobierno federal y a varios locales, entre los que se contó el de Miguel Ángel Mancera.
En el expediente de un juicio de divorcio en Israel, la exesposa de Zangilevitch exhibió un correo electrónico de septiembre de 2012 enviado por Markovich, en el que éste se refiere a 21 mil 300 dólares entregados como “regalos” a dos integrantes del “gobierno de Toluca”. No aclara si se trata del gobierno del Estado de México o de la Presidencia Municipal de Toluca, ambos en manos del PRI en ese entonces.
