Se ha provocado un ruido mediático en torno a la vigencia o no del convenio firmado el 10 de abril de 2019 entre Fonatur y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, sobre el impacto del Tren Maya en la península de Yucatán. Ese acuerdo tiene “buenas intenciones y era por cinco años, por lo que aún está vigente”, dicen los implicados. Las cosas se complicaron cuando el presidente rompió definitivamente con ese Foro.
A finales de julio de 2019, tres meses antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rompiera en definitiva su relación con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil (FCCyT), el gobierno federal acababa de firmar un convenio de colaboración con ese organismo para hacer estudios y reuniones académicas sobre el impacto del Tren Maya en la península de Yucatán.
El convenio fue firmado el 10 de abril de ese año entre el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y la última coordinadora del Foro Consultivo, Julia Tagüeña Parga, y se mantiene vigente pese a los embates de la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, contra esa asociación civil.
Consultado por Proceso, Fonatur admitió que el convenio firmado por ese organismo descentralizado y el Foro Consultivo tiene una vigencia de cinco años, por lo que no se suspendió con motivo de los desencuentros que el Conacyt tuvo con los científicos y académicos del Foro Consultivo.
“El convenio se encuentra vigente, de acuerdo con la cláusula décima, que a la letra dice: ‘El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de su firma, con una duración de cinco (5) años que podrá renovarse previo acuerdo que por escrito establezcan ‘LAS PARTES’, señaló Fonatur en una tarjeta informativa.
Más aún, el Fonatur también expresó que el citado acuerdo busca llevar a cabo actividades conjuntas “de capacitación, investigación, científicas, tecnológicas, sociales, económicas, culturales” y cualquier otra actividad relacionada con el proyecto denominado ‘Tren Maya’”.
El Fondo Nacional de Turismo también admitió que todavía no se han creado los órganos colegiados ni se han firmado convenios específicos que permitan a ambas instituciones “el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros” para el desarrollo de acciones con interés y beneficio mutuo.
Un convenio
con “buenas intenciones”
El trato que Fonatur le ha dado al Foro Consultivo contrasta con los recortes presupuestales que Álvarez-Buylla le aplicó a esa asociación civil, así como con la denuncia que el propio consejo presentó contra 31 exdirectivos del Foro y exfuncionarios del Conacyt que autorizaron y firmaron las transferencias de fondos.
La Fiscalía General de la República (FGR) pretendió imputarle a Julia Tagüeña los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero en su calidad de coordinadora general del Foro Consultivo, aunque ella ya no ocupa ese cargo. El argumento era que las transferencias del Conacyt a esa asociación civil eran ilegales.
Sin embargo, un juez federal desechó las acusaciones contra Tagüeña y otros tres extitulares del Foro Consultivo –José de Jesús Franco López, Gabriela Dutrénit Bielous y Patricia Zúñiga Cendejas–, con el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había reconocido la legalidad de las transferencias del Conacyt a la asociación civil dedicada a la difusión de la ciencia.
La firma del convenio entre el Fonatur y el Foro Consultivo buscaba que ambas partes desarrollaran dichos estudios de manera conjunta, por lo que no habría recursos adicionales para el Foro.
Fuentes cercanas a la negociación que en su momento sostuvieron el Foro Consultivo y Fonatur explicaron que al arrancar el gobierno de López Obrador existía una relación cordial entre los científicos de la asociación y varias dependencias del gobierno federal.
Por lo anterior, el titular de Fonatur buscó a los integrantes de la comunidad científica para la firma del convenio, cuyo propósito era organizar cursos, seminarios, simposios y reuniones académicas sobre la construcción del Tren Maya, impulsar actividades de interés común que se pudieran ejecutar en beneficio de ambas partes, intercambiar publicaciones académicas y el desarrollo de productos científicos y académicos que coadyuvaran a los objetivos de esta obra.
Además, ambas partes se comprometían a integrar una Comisión Técnica con personal del Foro Consultivo y el Fonatur para instrumentar programas, proyectos, acuerdos y convenios específicos que llevaran a la ejecución del convenio general, así como para dar seguimiento a todas las actividades conjuntas y evaluar sus resultados.
En las 14 cláusulas que integran el Convenio General de Colaboración entre el Foro Consultivo y Fonatur se especifica que los gastos erogados para realizar estudios o ejecutar cualquier proyecto conjunto se cubrirían con los recursos ordinarios que cada institución recibe por separado.
El convenio agrega que todos los productos generados a raíz del convenio no tendrán fines de lucro y sus derechos de autor de propiedad intelectual corresponden por igual a ambas partes, en la proporción en la que hayan colaborado.
En caso de aprobarse convenios específicos, el Foro Consultivo y el Fonatur acordaron buscar fuentes de financiamiento externas con otras instituciones participantes u organismos de carácter nacional e internacional.
El convenio, señalan fuentes cercanas a la negociación, reflejaba la buena relación que existía entre el Foro Consultivo y el gobierno de López Obrador hasta antes de que María Elena Álvarez se enemistara con los directivos de la asociación civil por las críticas del Foro Consultivo a las políticas de austeridad que afectaron a centros de investigación científica.
La causa penal contra el Foro
La ruptura del Foro Consultivo con Álvarez-Buylla se tradujo en una reforma al Estatuto Orgánico del Conacyt en 2019 para desconocer y subordinar a la asociación civil a la estructura burocrática del Conacyt, por lo que la última coordinadora general del FCCyT prefirió renunciar a su cargo, quedando la asociación totalmente ajena e independiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Posteriormente se conoció que el Conacyt denunció ante la FGR a varios directivos del Foro Consultivo por la comisión de diversos delitos, argumentando que el Consejo había transferido a la asociación civil 244 millones de pesos de forma irregular, entre enero de 2013 y junio de 2019.
En la carpeta de investigación, una agente del Ministerio Público federal de la FGR concluyó que 31 académicos y científicos que firmaron diversas minutas sobre los gastos operativos del Foro Consultivo habían actuado de forma irregular, por lo que la fiscalía solicitó a un juez de control que se libraran las órdenes de aprehensión correspondientes contra todos los implicados.
La causa penal contra los 31 exfuncionarios y académicos incluía una petición del Ministerio Público federal para imponer penas de cárcel de hasta 80 años contra los exfuncionarios y académicos, así como imponer la prisión preventiva justificada en contra de los científicos para que enfrentaran su proceso penal en una prisión de máxima seguridad, bajo el supuesto de que existía riesgo de que intentaran fugarse.
Debido a que la causa penal se judicializó ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, de haber procedido la petición de la FGR los científicos mexicanos hubieran sido ingresados en el Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano, donde están recluidos los narcos más peligrosos del país.
Sin embargo, un juez federal le negó la orden de aprehensión en dos ocasiones a la FGR, por lo que el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Alfredo Higuera Bernal, ordenó un cambio de estrategia y comenzó a citar a los académicos y exfuncionarios para que declaren ante el Ministerio Público federal y tengan acceso a la carpeta de investigación.
Al cierre de edición, cinco de los 31 señalados por la acusación inicial de la FGR habían acudido a la FEMDO con sus abogados, pero todos se reservaron su derecho a declarar o señalaron que darán una respuesta por escrito a las imputaciones de la fiscalía.
