La iniciativa de reforma eléctrica que López Obrador envió al Congreso cancela los contratos con particulares que obligan a la CFE a comprar falsos “excedentes” de energía, así como los destinados al “autoabastecimiento” que permiten a empresas simular que tienen “socios cuando en realidad son clientes”, generando con ello un “mercado ilegal paralelo”, afirma en entrevista la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Así, de aprobarse la iniciativa, grupos empresariales que se beneficiaron con las reformas energéticas de los sexenios pasados, serán los grandes perdedores.
La familia de Claudio X González, el magnate Ricardo Salinas Pliego y las empresas Iberdrola, Walmart, Ienova, Bimbo y BlackRock serán, entre otros, los grandes perdedores de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que el Congreso de la Unión la apruebe.
La razón: los nuevos cambios constitucionales cancelarán la compra de “los excedentes” falsos creados en permisos que se dieron a particulares, así como los permisos de “autoabasto” que posibilitaron que cada empresa se hiciera de “socios” cuando en realidad son “clientes”.
Ambos permisos –el primero llamado Producción Independiente de Energía (PIE) y el segundo Generadores de Autoabasto– fueron entregados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual, en la propuesta presidencial, desaparece.
Con el segundo esquema se creó un mercado eléctrico paralelo de cuando menos 77 mil 767 usuarios en el que se encuentran las grandes empresas consumidoras.
Ambos esquemas de ventas se iniciaron en 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se realizaron cambios a la Ley del Servicio Público Eléctrico, pero se constitucionalizaron a partir de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón, y se ampliaron con la reforma energética de diciembre de 2013, en la administración de Enrique Peña Nieto.
En entrevista con Proceso, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, esclarece cuáles serán los contratos que se cancelarán: todos los de Producción Independiente de Energía que establecieron excedentes que la CFE estuvo obligada a comprar durante 25 años, así como los de “autoabastecimiento” que “simularon tener socios cuando en realidad son clientes”.
El esquema de compra-venta de energía que se inició en 1992 y que se mantiene vigente, provocó que 62% de la energía que se consume en el país la genere la iniciativa privada y el 38% restante lo abastece la CFE.
El nuevo esquema invierte esta relación y da preponderancia de venta a la CFE, la cual venderá 54% a la población, y la iniciativa privada tendrá “hasta” 46% de mercado.
–¿Cuáles permisos se cancelarán y con base en qué? –se le pregunta a la titular de la Secretaría de Energía.
–Hay contratos de productores independientes con la CFE que la obligaron a comprar energía por 25 años; de esos hay 34 centrales eléctricas. Esos se van a cancelar y la CFE va a poder negociar, porque 46% de los privados que van a despachar son estos, pero ya no con un esquema de contrato fijo sino cada 24 horas previas y de acuerdo a la demanda que exige el mercado.
“Por ejemplo, la CFE va a decir: ‘Necesito tantos megawatts/hora de privados’. Luego podrá decir: ‘Tú, empresa que tienes este permiso, te voy a comprar’, pero lo hará tomando como base lo barato de la energía, lo cerca que está del nodo o del lugar donde se requiere”.
Actualmente los permisos de PIE tienen un periodo de 25 años y se pueden renovar. La mayoría aún tienen seis o siete años de vida. Por consiguiente, la nueva regla será que si hoy se requiere un megawatt se le podría comprar a ellos, pero ya no por obligación sino por lo barato de su energía y la ubicación de su central eléctrica.
La mayoría de los permisos de PIE son de españoles, en especial de Iberdrola, que dejarían de tener un mercado 100% seguro.
“Ahí se va a dar una negociación, como antes lo hacía la CFE, cuando podía buscar la energía que compraba en un mercado barato, ecológico y cercano”.
–¿Quién fija las reglas? ¿La CFE que se queda con las atribuciones de la CRE, misma que desaparece?
–Eso va a estar en las leyes secundarias claramente establecido.
–¿Con esto creen que van a evitar litigios internacionales?
–Nosotros no queremos ir más allá de nuestro derecho que tenemos como país y de mantener nuestra seguridad energética. Ahora hay una crisis energética mundial. Todo mundo anda resguardando su seguridad y viendo cómo satisface su demanda sin un alto impacto en todos los países y creo que no se van a dar abasto los tribunales.”
–¿Las cláusulas del T-MEC se pueden alegar de parte de las empresas extranjeras?
–No, no se puede porque cuando (el T-MEC) se renegoció, todo el tema energético quedó fuera. Lo que sí pueden decir los afectados es que sus inversiones se van a ver dañadas, pero resulta que esas inversiones estaban sujetas a 20 o 25 años en detrimento de México.
–¿Cuáles otros contratos no serán reconocidos?
–Los de autoabastecimiento que simularon. Por ejemplo, con la reforma de Peña Nieto se crearon 239 centrales eléctricas, con sus respectivos permisos que les otorgó la CRE, no la CFE.
“Esos 239 permisos generan y venden energía a 77 mil 767 clientes. Crearon un mercado paralelo, un mercado negro ilegal. Un ejemplo, Coca-Cola (o Femsa), pidió un permiso y se les dio para 50 megawatts e hizo una central para 500 e hizo ‘socios’ de un dólar a todas las tiendas Oxxo, que son muchísimas y parte de Coca-Cola, y estos los metieron como autoabasto en un mercado eléctrico paralelo, usando la línea de transmisión de la CFE, violando la Constitución actual y la Ley de la Industria Eléctrica.
Nahle señala que en este caso están empresas como Kimberly Clark, Bimbo y Walmart. Entonces, explica, los permisos del autoabasto desaparecen porque 95% de éstos los usaron para vender energía y no para consumir únicamente en sus
empresas.
La simulación
En una revisión de los permisos de autoabasto otorgados desde 1992 a 2019, se pudo constatar que son pocas las empresas que crearon una central para autoabastecerse y no cuentan con socios, por ejemplo Hewlett Packard de México, que obtuvo el permiso E/1413/AUT/2015, no cuenta con ningún socio y no tiene planes de expansión.
En cambio, Ienova, que obtuvo el permiso E/912/AUT/1992, tiene tres socios, entre ellos Liverpool, Volkswagen y Rotoplas, y con planes de expandirse con 20 empresas más.
O Proteus Solar (E/1511/AUT/2015) que tiene a 14 socios y 11 más para extenderse, entre ellos los bancos Banamex, HSBC y BBVA, y las empresas Whirpool y Avón.
O Cargill de México (E/291c/AUT/2004) a quien la CFE compra de manera obligada sus “excedentes”.
O Iberdrola Energía del Golfo (permiso E/1524/AUT72015), con 12 socios y pretensión de extenderse con 16 más; o Iberdrola Altamira (E71523/AUT/2015) con 12 socios y 16 para expansión.
El 4 de diciembre de 2019, Iberdrola Generación México, Iberdrola Energía Tamazunchale, Tamazunchale Energía y Protama, junto con Iberdrola México, notificaron a la Comisión Federal de Competencia Económica “su intención de realizar una concentración”.
Un caso emblemático es el de la familia de Claudio X. González Laporte. Desde hace varias décadas es propietaria de la empresa Kimberly Clark, la cual cuenta con el permiso E/177/AUT72000, otorgado el 14 de octubre de 2000. En él se establece la prohibición de venta o enajenación de energía y señala que sólo podrá vender el “excedente” a la CFE. Su vigencia es “indefinida”.
Uno de los hijos de González Laporte es Claudio X. González Guajardo, quien fue artífice de la agrupación Sí por México. Recientemente emitió un desplegado para oponerse a la reforma propuesta por el Ejecutivo y llamó a Morena “un peligro para México”, en alusión a la propaganda de 2006 contra López Obrador.
En 2007 la empresa Hidrorizaba II, propiedad de Guillermo González Guajardo, hermano de Claudio X., recibió el permiso E/629/AUT/2007 teniendo como socios a tres municipios de Veracruz y con la intención de extenderse a 37 municipios de esa entidad y de Jalisco y Puebla.
También tiene el permiso E/656/AUT/2007 con dos socios, el municipio de Boca del Río y Rafael Delgado, pero con 38 municipios más a unírseles, entre ellos varios del Estado de México.
En junio de 2015, Guillermo González Guajardo, como administrador único de Hidrorizaba, convocó a sesión de la empresa en la que se determinó un “aumento de capital social de la sociedad en su parte variable a favor de Protama, mediante la capitalización de saldo a su favor”.
A la familia de Claudio X. González también se le entregaron los permisos E/1024/AUT/2013 y E/1021/AUT/2013 para establecer la hidroeléctrica El Naranjal, en Veracruz. Entre sus socios destacan, además de Kimberly Clark, Crisoba y Guillermo González Guajardo, el exasesor de Carlos Salinas de Gortari, Joseph Maria Córdoba Montoya; así lo manifestó y aceptó la CRE. En ambos casos con planes de expansión para darle energía como socios a Banamex, Tiendas Chedraui, Industrias Peñoles y The Home Depot México, pero finalmente los permisos fueron revocados luego de enfrentamientos con los pobladores, que se negaron a la instalación de la hidroeléctrica y en los que murió un
manifestante.
Está también Ricardo Salinas Pliego, quien cuenta con ocho permisos otorgados por la CRE: Parque Eólico Coyoles (E/1432/AUT/2015), Parque Eólico El Vigil (E/1431/AUT/2015), Eólica Arriaga (E/920/AUT/2012), Eólica Chinampas (E/1395/AUT2015) y Geotérmica para el Desarrollo (con tres permisos: E/1025/AUT/2013, E/1428/AUT/2015 E/1429/AUT/2015). Todas estas empresas cuentan con entre 10 y 45 socios y con intención de expandirse con otras decenas de empresas y municipios.
Pero no son las únicas empresas que recurrieron al permiso de autoabastecimiento y que, de aprobarse en el Congreso, se verán afectadas. Están también, por ejemplo, Bimbo, con el permiso otorgado a través de la empresa Parque Eólico de Fenicias (E/2034/AUT/2018) que la CRE extendió el 28 de marzo de 2018. Tiene 15 socios y propone extenderse con nueve más, entre ellos Manufacturera Lee, Wrangler de México y Procter & Gamble.
Están también algunos permisos para Wal-Mart, que en este caso opera con el nombre de Eólica Tres Mesas 2. Obtuvo el permiso de la CRE E/1118/AUT/2014, donde tiene a sus tres empresas como socias: Wal-Mart, Suburbia y Servicios Administrativos Wal-Mart. También quiere expandirse a las empresas Frontera Renovable México, LLC y Frontera Renovable, S de RL de CV.
El costo para CFE
Estos dos tipos de permisos le generan a la CFE un costo de 438 mil millones de pesos, debido a que los contratos la obligan a comprarle a las empresas la energía y sus excedentes, lo cual vale 222 mil 900 millones de pesos al año de compra y 215 mil 400 millones de pesos por la energía que la CFE no despacha debido a que tiene que darle prioridad a los privados.
Además, según los mismos contratos, se les debe dar preferencia a los privados a la hora de subir la energía a las líneas de transmisión, las cuales son propiedad de la CFE. Así, la Comisión pierde 215 mil 400 millones de pesos por año por la energía que produce y que no puede “despachar” o subir a la red.
Nahle detalla que más que verlo en términos de números hay que verlo en cómo afecta a la energía no despachada por la CFE:
“Por estas obligaciones, la CFE despacha menos de 40% de la energía que produce y los privados, 60%. Ahora la CFE, con esta reforma, va a aumentar su negocio y a generar más energía, va a tener el control del mercado, no va a estar sujeto a los vaivenes de los privados y eso va a bajar el precio de la oferta de los privados. Pero también ahora la CFE va a poder producir más energía limpia, porque va a poner a operar sus hidroeléctricas sin tener la obligación de pagar los certificados de energías limpias a los privados”.
Claro, si el Congreso aprueba la reforma a los tres artículos constitucionales, 25, 27 y 28.
